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Con fecha 21 de mayo de 2024 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado oficio de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora al que acompaña Decreto por el que propone el nombramiento de la abogada fiscal doña Alba María Alonso Vidal como fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en dicha Fiscalía.

Hechos

Primero.

De conformidad con el artículo 18.3 in fine del EOMF y tras la creación por la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, con fecha 25 de abril de 2024 la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memora Democrática comunicó a los fiscales jefes de las fiscalías territoriales que dieran el impulso al nombramiento de fiscales delegados especialistas.

En respuesta a esta solicitud, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora ofertó entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de fiscal delegado provincial para la especialidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Dicha plaza fue solicitada tan solo por doña Alba María Alonso Vidal cuyo nombramiento propone la Fiscal Jefe considerando su interés y disposición en asumir esta responsabilidad.

Segundo.

En su escrito de fecha 27 de mayo de 2024, la Fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado emitió informe favorable a la propuesta realizada considerando que doña Alba María Alonso Vidal reúne la aptitud, habilidades y capacidad para desempeñar el cargo. En el mismo sentido favorable informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal».

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Alba María Alonso Vidal como Fiscal Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Zamora.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zamora, que trasladará copia del presente Decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 5 de junio de 2024.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.