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Con fecha 20 de diciembre de 2024 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito de la Excma. Sra. doña M.ª Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el que hace constar la solicitud de renuncia a la delegación de la especialidad contra los delitos de odio y discriminación presentada por don Alberto Rodríguez Fernández.

Hechos

Primero.

Mediante Decreto del FGE de fecha 15 de noviembre de 2011, don Alberto Rodríguez Fernández fue designado Fiscal Delegado para la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de Criminalidad Informática, especialidad que comprendía la materia referida a la Tutela de la igualdad y contra la discriminación. En su escrito de renuncia manifiesta que la carga de trabajo que comporta la función de Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, cargo para el que fue nombrado en Real Decreto 305/2024, de 19 de marzo, le dificulta seguir asumiendo las funciones propias de la citada especialidad.

Segundo.

En escrito con entrada en la Inspección Fiscal en fecha 30 de diciembre de 2024, el Fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, informó en el sentido de no oponer objeción alguna a la renuncia expresada por don Alberto Rodríguez Fernández. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

De igual forma la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Por lo que respecta a la renuncia presentada por don Alberto Rodríguez Fernández se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder a su cese.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Cesar a don Alberto Rodríguez Fernández como Fiscal Delegado especialista contra los delitos de odio y la discriminación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación y a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para su conocimiento y el del resto de los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículos 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 15 de enero de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.