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ECLI:ES:TC:2025:146

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y los magistrados y magistradas don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don Juan Carlos Campo Moreno y don José María Macías Castaño, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 8927-2024, promovido por doña Susana Margarita Torres Triay contra la resolución de la Dirección Provincial de las Illes Balears del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 31 de agosto de 2022, sobre prestación por nacimiento y cuidado de hijo como madre biológica de familia monoparental (expediente núm. 07-2022-007996-77); la sentencia núm. 32-2023, de 10 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Ciutadella de Menorca en los autos núm. 261-2022; la sentencia núm. 581/2023, de 13 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el recurso de suplicación núm. 310-2023; y el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2024 dictado en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 145-2024. Ha comparecido la letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 24 de noviembre de 2024, la procuradora de los tribunales doña Alicia Suau Casado, en nombre y representación de doña Susana Margarita Torres Triay, bajo la dirección de la letrada doña Aida Casanova Pérez, interpuso recurso de amparo contra la decisión administrativa y las resoluciones judiciales a las que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta sentencia.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) La demandante fue madre de una niña el 4 de mayo de 2022 con la que formaba una familia monoparental. Mediante resolución de la Dirección Provincial de las Illes Balears del INSS de 24 de mayo de 2022, dictada en el expediente núm. 07-2022-007996-77, obtuvo la prestación por nacimiento y cuidado de su hija menor durante dieciséis semanas [art. 177 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social LGSS)]. La demandante formuló solicitud de revisión de prestaciones solicitando su ampliación por dieciséis semanas adicionales, que es el plazo que hubiera correspondido al segundo progenitor en el supuesto de una familia biparental, siendo desestimada por silencia administrativo. Por resolución de 31 de agosto de 2022 se desestimó la reclamación previa presentada.

b) La demandante formuló demanda ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Ciutadella de Menorca, dando lugar al procedimiento núm. 261-2022, invocando, entre otros motivos, la vulneración del art. 14 CE. Fue desestimado por la sentencia núm. 32/2023, de 10 de marzo, por considerar que lo que se estaba planteando era una discriminación por indiferenciación, que es ajeno al ámbito de protección del art. 14 CE.

c) La demandante interpuso recurso de suplicación, con invocación del art. 14 CE, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, tramitado con el núm. 310-2023. Fue desestimado por la sentencia núm. 581/2023, de 13 de noviembre, que confirmó en su integridad la sentencia de instancia.

d) La demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, con invocación del art. 14 CE, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tramitado con el núm. 145-2024. Fue inadmitido por auto de 16 de octubre de 2024.

3. La demandante, con invocación del art. 14 CE, recurre en amparo la decisión administrativa de denegar la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de hija menor, como madre biológica de familia monoparental, y la confirmación judicial de esa decisión en todas las instancias, solicitando la nulidad de todas ellas con retroacción de actuaciones al momento previo al dictado de la resolución del INSS para que se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental invocado.

La demandante fundamenta la invocación del art. 14 CE en que las decisiones impugnadas han generado un trato desigualitario entre madres y menores integrantes de familias monoparentales y de los integrantes de familias biparentales así como una discriminación directa por circunstancias personales y familiares pues, en contravención con la jurisprudencia constitucional en la materia, no se establece una justificación objetiva y razonable para la diferencia de trato en cuanto al tiempo de cuidado de los menores por parte de sus progenitores en los casos de familias monoparentales, más reducido, y biparentales, más amplio. También se alega la existencia de una discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en tanto que las familias monoparentales están compuestas de manera mayoritaria por mujeres progenitoras.

La demandante alega que el recurso tiene especial trascendencia constitucional, de conformidad con lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de julio, FJ 2, entre otras razones, porque la vulneración alegada pudiera provenir de la ley, en concreto, de la modificación legislativa operada en los arts. 48.4 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y 177 LGSS por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo.

4. La Sección Primera del Tribunal, por providencia de 10 de marzo de 2025, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional como consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]; y dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para la remisión de testimonio de las actuaciones y emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento a los efectos de su personación en el presente proceso constitucional.

5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera del Tribunal, por diligencia de ordenación de 23 de mayo de 2025, tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones; por personada y parte a la letrada de la Administración de la Seguridad Social en nombre del INSS y la TGSS; y acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pudieran presentar alegaciones.

6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 25 de junio de 2025, presentó alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento (art. 14 CE), para cuyo restablecimiento insta que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas en amparo con retroacción de actuaciones al momento del dictado de la resolución administrativa a fin de que, en los términos expuestos en la STC 140/2024, de 6 de noviembre, se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

El Ministerio Fiscal, tras resumir la jurisprudencia constitucional establecida en la STC 140/2024, de 6 de noviembre, en la que se acuerda la inconstitucionalidad –sin nulidad– de los arts. 48.4 LET y 177 LGSS, hace aplicación de ella al presente recurso y considera que «procede la estimación del recurso pues al aplicar los mencionados artículos, recientemente declarados inconstitucionales, las resoluciones impugnadas han producido la discriminación prohibida por el art. 14 CE, tanto de la demandante de amparo por constituir una familia monoparental [por razón del modelo de familia], como de su hijo por razón de nacimiento, por haber nacido en una familia monoparental».

7. La Administración de la Seguridad Social, mediante escrito registrado el 19 de junio de 2025, presentó alegaciones allanándose a la demanda, poniendo de manifiesto que, a la vista de la jurisprudencia establecida en la STC 140/2024, de 6 de noviembre, y en las diversas sentencias que la aplican, la Dirección General del Servicio Jurídico de la Seguridad Social dictó la instrucción 10/2024, de 23 de diciembre, de la que se acompaña copia, en la que se autoriza para allanarse en los recursos de amparo pendientes ante el Tribunal Constitucional que resulten afectados por lo establecido en el fundamento jurídico 7 de la STC 140/2024, que es lo que sucede en el presente recurso. Incide en que el reconocimiento debe quedar supeditado al cumplimiento del resto de los requisitos legalmente establecidos para el percibo de la prestación, en los que se incluye el haber hecho efectivo el descanso, sin prestación de servicios por cuenta ajena, ni percibir las correspondientes retribuciones.

8. La demandante de amparo, mediante escrito registrado el 16 de junio de 2025, ratificó lo expuesto en su escrito de demanda reiterando sus pedimentos.

9. Por providencia de 4 de septiembre de 2025, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 8 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso.

El objeto del presente proceso es determinar si las resoluciones impugnadas han ocasionado a la demandante una discriminación por razón de nacimiento, contraria al art. 14 CE, en relación con el art. 39 CE, al aplicar el art. 48.4 LET, en relación con el art. 177 LGSS, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

2. Aplicación de la doctrina constitucional fijada en la STC 140/2024, de 6 de noviembre.

Conviene comenzar recordando, en relación con la incidencia que tiene en el presente recurso el allanamiento a las pretensiones de la recurrente por parte de la letrada de la Seguridad Social, que este tribunal ya ha dicho [por todas, STC 6/2017, de 16 de enero, FJ 2 b)], que «el allanamiento no podrá tener más alcance que el de un apoyo a la pretensión formulada por la parte demandante de amparo, pero nunca podrá dar lugar a la terminación anticipada del procedimiento, que deberá concluirse necesariamente mediante sentencia en la que este tribunal se pronuncie sobre las pretensiones del recurso de amparo».

Aclarado este punto, la cuestión de fondo planteada en este recurso de amparo es coincidente con la resuelta por la STC 140/2024, de 6 de noviembre, por lo que es preciso remitirse a sus fundamentos jurídicos, en los que, respectivamente, se expusieron la evolución de la doctrina constitucional sobre la protección por nacimiento y cuidado del menor (FJ 3), el alcance de las obligaciones que se imponen al legislador en relación con la regulación de los permisos por nacimiento y cuidado de menor (FJ 4), la prohibición de discriminación por razón de nacimiento en familia monoparental (FJ 5) y la legitimidad constitucional de la diferencia de trato basada en el nacimiento en familia monoparental (FJ 6), al tiempo que precisamos el alcance de la declaración de inconstitucionalidad realizada (FJ 7).

La citada STC 140/2024, de 6 de noviembre, estimando la cuestión de inconstitucionalidad planteada, declaró inconstitucionales –sin nulidad– los arts. 48.4 LET y 177 LGSS al apreciar que, pese al amplio margen de libertad en la configuración del sistema de Seguridad Social que nuestra Constitución reconoce al legislador, sin embargo, «una vez configurada una determinada herramienta de protección de las madres y los hijos (art. 39 CE), en este caso el permiso y la correspondiente prestación económica por nacimiento y cuidado de menor previstos, respectivamente, en los arts. 48.4 LET y 177 LGSS, su articulación concreta debe respetar las exigencias que se derivan del art. 14 CE y, por lo que se refiere a la cuestión suscitada, las derivadas de la prohibición de discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE. Y es esto lo que el legislador no hace, al introducir –mediante su omisión– una diferencia de trato por razón del nacimiento entre niños y niñas nacidos en familias monoparentales y biparentales que no supera el canon más estricto de razonabilidad y proporcionalidad aplicable en estos casos, al obviar por completo las consecuencias negativas que produce tal medida en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales» (FJ 6).

Los arts. 48.4 LET y 177 LGSS, al no prever la posibilidad de que, en circunstancias como las que concurren en el presente caso, «las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, puedan ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de dieciséis semanas, disfrutando del permiso (y también de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social) que se reconocería al otro progenitor, en caso de existir, generan ex silentio una discriminación por razón de nacimiento de los niños y niñas nacidos en familias monoparentales, que es contraria al art. 14 CE, en relación con el art. 39 CE, en tanto que esos menores podrán disfrutar de un período de cuidado de sus progenitores significativamente inferior a los nacidos en familias biparentales» (FJ 6).

En consecuencia, debe estimarse la demanda y otorgar el amparo solicitado. Como concretamos en la referida STC 140/2024, de 6 de noviembre, FJ 7, y hemos declarado en anteriores sentencias de amparo que hacen aplicación de ella, en tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET, y la prestación regulada en el art. 177 LGSS, ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica, el previsto para progenitor distinto conforme a la legislación aplicable, excluyendo las semanas que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar la demanda presentada por doña Susana Margarita Torres Triay y, en su virtud:

1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad ante la ley sin que proceda discriminación por razón de nacimiento (art. 14 CE).

2.º Restablecer a la recurrente en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución de la Dirección Provincial de las Illes Balears del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 31 de agosto de 2022, pronunciada en el expediente núm. 07-2022-007996-77; la sentencia núm. 32/2023, de 10 de marzo, del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ciutadella de Menorca, pronunciada en el procedimiento núm. 261-2022; la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 581/2023, de 13 de noviembre, pronunciada en el recurso de suplicación núm. 310-2023; y el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2024, pronunciado en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 145-2024.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento previo al pronunciamiento de la resolución administrativa anulada a fin de que, en los términos expuestos en el último párrafo del fundamento jurídico 2, se dicte otra respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a ocho de septiembre de dos mil veinticinco.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ricardo Enríquez Sancho.–Concepción Espejel Jorquera.–María Luisa Segoviano Astaburuaga.–Juan Carlos Campo Moreno.–José María Macías Castaño.–Firmado y rubricado.