En fecha 31 de julio de 2025 el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria remitió a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado propuesta de nombramiento de la Fiscal doña Raquel Alonso Galnares como Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública de dicha Fiscalía.
Hechos
Para cubrir el referido puesto, en fecha 3 de julio de 2025, el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria convocó la plaza de especialista a fin de que ésta pudiera ser interesada por los miembros de la plantilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal.
Transcurrido el plazo concedido en la referida convocatoria, la única solicitante para optar a dicho cargo fue doña Raquel Alonso Galnares, siendo esta propuesta por el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al estimar su idoneidad para el cargo en atención a su trayectoria y compromiso en sus anteriores responsabilidades.
Dado traslado de la propuesta al Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, en escrito de fecha 14 de octubre de 2025 emitió informe favorable al nombramiento de doña Raquel Alonso Galnares como Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública.
Fundamentos
El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegada/o especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe/a respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado/a (artículo 62.2).
Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre las/os Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.
La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe/a habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todas/os los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (artículo 62.2 RMF).
Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).
Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Igualmente, la propuesta del Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la Fiscal solicitante, propuesta en fecha 26 de julio de 2025, en el Expediente Gubernativo número 49/2025 incoado al efecto. Asimismo, ha sido oído el Consejo Fiscal.
En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:
1. Nombrar a la Fiscal doña Raquel Alonso Galnares como Delegada de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Notifíquese lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, al Fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria que trasladará copia del presente Decreto a la Fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de toda/os los Fiscales de la plantilla.
3. Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12, 1, b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.
Madrid, 24 de octubre de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
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