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Por Resolución 14 de marzo de 2025 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de marzo de 2025, número 69), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, un puesto de trabajo en este Departamento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 127 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Acreditados la observancia de lo previsto en el artículo 4.3 de la Orden TDF/379/2024, de 26 de abril, para la regulación de especialidades de los procedimientos de provisión de puestos del personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y el cumplimiento por el candidato seleccionado de los requisitos exigidos en la convocatoria y su idoneidad para el desempeño del puesto, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado.

Esta Subsecretaría resuelve la referida convocatoria en los términos que se expresan en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 57 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dicta el acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 16 de abril de 2025.–El Subsecretario de Industria y Turismo, Pablo Garde Lobo.

ANEXO