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Mediante oficio de fecha 17 de julio de 2026, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa propuso el nombramiento de doña María Catalina Pedrero Redondo como Fiscal Delegada de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Su recepción el día 23 de julio de 2026 en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado del escrito determinó la apertura del presente expediente gubernativo.

Hechos

Teniendo en cuenta que no se había procedido a formalizar el nombramiento de Delegado de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, en fecha 6 de julio de 2026, comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado en la delegación debería formular la correspondiente solicitud. La única peticionaria fue doña María Catalina Pedrero Redondo que desde el año 2013 lleva despachando la especialidad, función que ha asumido en exclusividad durante tres años.

La propuesta de nombramiento ha sido elevada, con fecha 17 de julio, a la Fiscalía General del Estado señalando los méritos y la capacidad de la candidata que la hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escritos de fecha 20 y 28 de julio de 2026, la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores y la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo no formularon objeción al nombramiento propuesto (artículo 62.2, párrafo tercero, RMF). El Consejo Fiscal informó en igual sentido (artículo 62.2, párrafo tercero, RMF).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal señala que los fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo.

Una vez recibida por la Inspección Fiscal, se dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (artículo 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento, se acuerda:

1. Nombrar a doña María Catalina Pedrero Redondo como Fiscal Delegada de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de Gipuzkoa.

2. Notificar lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, a la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo, a la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, que lo pondrá en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el presente decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 13.2 EOMF; STS 20/07/2015 Rec. Cas. 2099/2014; Orden de Servicio Inspección Fiscal 24/09/2015), cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley, si se dispusiera de legitimación para ello.

Madrid, 1 de septiembre de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.