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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de junio de 2026, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público institucional local, ejercicios 2014 a 2023, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Aprobar, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, un Plan de racionalización y eficiencia del sector público institucional local, orientado a evitar duplicidades, mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades dependientes.

– Impulsar la extinción, integración o reordenación de entidades públicas locales que no acrediten viabilidad económica, sostenibilidad financiera, utilidad pública efectiva o ausencia de duplicidades competenciales, evitando estructuras administrativas paralelas innecesarias.

– Establecer indicadores objetivos y homogéneos de evaluación de eficacia, eficiencia y sostenibilidad económica de organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones y consorcios locales.

– Reforzar el control económico-financiero sobre entidades del sector público institucional local con déficits estructurales persistentes o elevada dependencia de transferencias públicas.

– Garantizar que únicamente permanezcan aquellas entidades instrumentales locales que acrediten una función pública necesaria, una gestión eficiente y una situación económico-financiera sostenible.

– Llevar a cabo una reforma sobre la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia Financiera, de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios.

2. Instar a las entidades locales a:

– Avanzar en el proceso de reordenación de su sector público institucional y analizar la oportunidad de mantener de alta sus entidades instrumentales o bien de proceder a su transformación o extinción, bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

– Extremar la vigilancia sobre las entidades de su sector público institucional que se encuentren en situación de desequilibrio financiero o con un elevado nivel de endeudamiento que pudiera afectar a su viabilidad futura, y adoptar con celeridad las medidas necesarias para revertir dichas situaciones o, en su defecto, proceder a la disolución y liquidación de aquellas entidades, incluidas las que se encuentren en situación de inactividad.

– Reforzar los sistemas de supervisión continua y control financiero de sociedades, consorcios y entes instrumentales locales, para detectar desequilibrios económicos de forma temprana.

– Impulsar evaluaciones periódicas sobre la utilidad, eficiencia y sostenibilidad de los entes públicos dependientes, evitando estructuras administrativas redundantes.

– Mejorar la transparencia y la información pública sobre el sector público local instrumental y su situación financiera consolidada.

– Avanzar en procesos de simplificación y racionalización administrativa, favoreciendo la integración o disolución de entidades sin actividad relevante o económicamente inviables.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.–El Vicepresidente Primero, Álvaro Pérez López.–El Secretario Primero, Salvador de Foronda Vaquero.