La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el mandato contenido en los artículos 24, 25 y, especialmente, en el artículo 119 de la Constitución Española, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia, sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
A tal objeto, y desde la promulgación de la citada Ley 1/1996, de 10 de enero, el Estado y las Comunidades Autónomas que han asumido competencia en esta materia, asumen el coste económico derivado de la indemnización a los profesionales de la abogacía, de la procura y a otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales.
En su desarrollo fue aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, y en virtud de su artículo 37 se dictó la Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualizó el anexo II del citado reglamento, relativo a las retribuciones aplicables los profesionales de la abogacía y de la procura que prestan dicho servicio público. Esta actualización atemperó la depreciación económica como consecuencia de la congelación de los módulos compensatorios de las actuaciones desempeñadas por los citados profesionales.
Con posterioridad a ello, ha sido aprobado un nuevo Reglamento de asistencia de jurídica gratuita por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, que deroga el precedente, cuyo objetivo principal fue reforzar el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad, a través del fortalecimiento del servicio público de asistencia jurídica gratuita, dotándolo de mayor calidad, agilidad y modernización. Asimismo, se clarificaron definitivamente cuáles son los requisitos generales de acceso a la prestación del servicio público de justicia gratuita por parte de los profesionales del derecho, se estableció el sistema de libramientos mensuales y que tanto las certificaciones mensuales como la justificación anual para el pago de la asistencia jurídica gratuita deberá ser presentada en un formato que permita su tratamiento automatizado.
El artículo 43 del reglamento se dedica al régimen de retribución de los profesionales de la Abogacía y la Procura, determinando que su retribución se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales. Los módulos y bases económicas de referencia, aplicables a partir de la entrada en vigor de dicho reglamento, son los determinados en su anexo II.
Dicho precepto establece que, para años sucesivos, la persona titular del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda, determinará, en función de las dotaciones presupuestarias, el importe económico que, en atención a su complejidad, se asignará a cada una de las actuaciones previstas en el citado anexo II.
En atención a dicho precepto se dictó la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, por la que se actualizó el anexo II del citado reglamento, relativo a las retribuciones aplicables a los profesionales de la abogacía y de la procura que prestan dicho servicio público, incrementándose los importes económicos asignados a las actuaciones previstas en el citado anexo y desempeñadas por los profesionales en un 8 %.
Con posterioridad a dicha orden, recientemente ha sido aprobado el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, que ha dado nueva redacción a los anexos II y III del reglamento, determinando en consecuencia, los nuevos módulos y bases de compensación económica aplicables a las personas profesionales de la abogacía y de la procura que presten el servicio de asistencia jurídica gratuita, así como el momento del devengo de la indemnización.
La citada modificación reglamentaria se fundamenta en el esfuerzo de este Ministerio de adecuar el régimen de indemnización de los profesionales de la abogacía y de la procura, en la medida en que sus actuaciones en garantía de la adecuada prestación de este servicio público, han ido evolucionando con la finalidad de adecuarse a los requerimientos exigidos legalmente, y en particular, atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa y en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El principal objetivo de dicho real decreto ha sido garantizar la plena efectividad del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como la indemnización que reciben los profesionales actuantes, por lo que se ha modificado el reglamento hasta entonces vigente en aras de actualizar cuantas actuaciones realizan dichos profesionales en relación con los beneficiarios del derecho, y las indemnizaciones que reciben por ello.
Así, en la nueva redacción del anexo II del citado reglamento, se destaca, por una parte, la inclusión de nuevos conceptos, atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre y en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero y, por otra parte, la actualización de las cuantías retributivas asignadas a diferentes actuaciones.
En consecuencia, con ello se da respuesta integral a la nueva realidad derivada de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, incluyendo expresamente los distintos supuestos que pueden darse en el marco de los medios adecuados de solución de controversias, así como en los diferentes procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la extensión de los beneficiarios del derecho que ha configurado la Ley 1/1996, de 10 de enero, de conformidad con dicha ley orgánica.
Así, el anexo II refiere, de una parte, como novedad, los módulos y bases de compensación económica específicos aplicables a las personas profesionales de la abogacía que presten asistencia letrada en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias que den cumplimiento al requisito de procedibilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 de la citada Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
El sistema que se establece prevé una compensación superior en caso de alcanzarse un acuerdo entre las partes, en el marco al que se tiende desde los poderes públicos de promover una cultura de diálogo y acuerdo en la solución de las controversias, en el convencimiento de que ello beneficia al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Así, se exige dicha actividad negociadora como requisito de procedibilidad en todos los procesos declarativos del libro II y en los procesos especiales del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las excepciones recogidas en el apartado 2 del artículo 5 de la citada ley orgánica.
Precisamente en este marco institucional de promover la solución consensuada de las controversias, también se ha modificado el anexo II en el apartado relativo a las transacciones extrajudiciales en todo tipo de procedimientos, para fomentar la cultura del acuerdo, a cuyo fin se incrementa la compensación económica que pasa del 75 % de la cuantía aplicable al procedimiento al 125 % de dicha cuantía; por tanto, dicha compensación económica es idéntica a la que está prevista para cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias que den cumplimiento al requisito de procedibilidad.
El anexo II, de otra parte, ya incorpora las previsiones derivadas de las actuaciones que se desarrollen en cumplimiento de la disposición final décima de la citada ley orgánica, que contiene las modificaciones que se introducen en la Ley 1/1996, de 10 de enero, entre ellas, en su artículo 2.h), referido a los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctimas de determinados delitos, en vigor desde el 3 de octubre de 2025. Así, se recogen en el anexo II las actuaciones necesarias para garantizar el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones, del delito de maltrato habitual, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. Asimismo, las actuaciones que garanticen este derecho a las mujeres y personas menores de edad que sean víctimas de los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, se refiere de modo expreso en su disposición transitoria, sobre el régimen transitorio para la compensación de asistencia jurídica, a que hasta que se proceda a la modificación del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, en el supuesto del artículo 2.l) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se aplicarán los módulos y bases de compensación económica correspondientes a la jurisdicción penal en función del procedimiento de que se trate. Dicho precepto se refiere al reconocimiento del derecho, en el orden penal, a las personas jurídicas, cuando por requerimiento judicial haya de designarse defensa letrada y, en su caso, representación procesal, siempre que la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o inminente, se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica en el último ejercicio cuando, en este último caso, la sociedad se halle disuelta o en trámite de disolución por las causas y por el procedimiento legalmente previsto para ello. Asimismo, dicha Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, en su disposición final tercera procede a modificar el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, ampliando su ámbito en lo que se refiere al ámbito concursal y en el orden penal de las personas jurídicas.
Además de todo ello, el anexo II del reglamento incrementa las cuantías aplicables en los supuestos de los procedimientos penales de especial complejidad y en el procedimiento penal general respecto a las que habían sido ya incorporadas al mismo mediante la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo, con la finalidad de adaptarlas a la relevancia que tales actuaciones presentan.
En este marco, el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, además de concretar las nuevas cuantías que corresponden a las actuaciones que se han incorporado al anexo II antes citadas, ha modificado las cuantías que se corresponden con las actuaciones a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior que ya se recogían en el anexo II, en el marco de lo previsto en el propio artículo 43 del reglamento, con la finalidad de atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, a la mayor complejidad y a la dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. Así, ha modificado el contenido del anexo II del reglamento y ha procedido a derogar expresamente la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo.
En atención a cuanto ha quedado señalado, y de conformidad con el artículo 43.2 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, que habilita a la persona titular del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda, para determinar, en función de las disponibilidades presupuestarias y atendiendo a la complejidad de las actuaciones previstas en el anexo II, el importe económico asignado a cada una de ellas, se procede nuevamente, mediante la presente orden, a la actualización de las bases de compensación económica correspondientes a las actuaciones desarrolladas por los profesionales de la abogacía y de la procura en el marco del servicio público de asistencia jurídica gratuita, que serán aplicables desde la entrada en vigor de la presente orden.
La determinación de las nuevas cuantías se ha realizado tomando en consideración la diferente complejidad técnica de las actuaciones, la dedicación profesional necesaria para su adecuada realización, la carga efectiva de trabajo asociada a cada una de las actuaciones, la intensidad de la intervención exigida en cada procedimiento y la evolución de las funciones asumidas por los profesionales de la abogacía y de la procura como consecuencia de las modificaciones normativas introducidas en los últimos años.
Como resultado de dicha valoración, las bases de compensación correspondientes a las actuaciones desarrolladas por los profesionales de la abogacía se incrementan, con carácter general, en un 8 %. No obstante, en aquellos procedimientos cuyas características presentan un distinto grado de complejidad o dedicación profesional, la actualización se modula de forma específica. Así, en el ámbito de la jurisdicción civil, el módulo correspondiente al juicio completo de familia de mutuo acuerdo experimenta un incremento del 10 %, mientras que en el procedimiento cambiario y en las actuaciones relativas a la eficacia civil de resoluciones dictadas por tribunales eclesiásticos el incremento se fija en un 6 %.
Por su parte, las bases de compensación correspondientes a las actuaciones desarrolladas ante los órganos especializados de la jurisdicción mercantil se incrementan en un 7 %, atendiendo a las particularidades y al grado de especialización técnica que caracterizan las materias atribuidas a dichos órganos jurisdiccionales.
En cuanto a los profesionales de la procura, las bases de compensación económica previstas en los distintos módulos del anexo II se incrementan con carácter general en un 8 %, teniendo en cuenta las funciones de representación procesal que desempeñan, así como la evolución de las exigencias derivadas de la tramitación de los procedimientos judiciales.
La adopción de esta orden responde a los principios de buena regulación, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ordena que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, el proyecto de orden responde a tales principios: a los principios de necesidad y eficacia, pues la disposición da cumplimiento a la habilitación para actualizar el importe económico de las actuaciones previstas en el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita. Al principio de proporcionalidad, ya que la disposición contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad perseguida, contemplando la determinación del nuevo importe económico aplicable. Al principio de seguridad jurídica, ya que la norma incrementará la seguridad jurídica al adecuar el marco normativo aplicable, y da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 43.2 del reglamento citado. En cuanto al principio de transparencia, además de quedar claramente identificados los objetivos que persigue la norma en su preámbulo, se ha dado cumplimiento a los trámites propios de la participación pública a través del trámite de audiencia e información públicas. En relación con el principio de eficiencia, el principal objetivo de la norma es actualizar el importe económico de las actuaciones previstas en el anexo II del referido reglamento respecto a los operadores jurídicos afectados.
En atención a lo previsto en el artículo 43.2 del Reglamento de asistencia de jurídica gratuita, se han emitido informes por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y el Ministerio de Hacienda.
En su virtud, dispongo:
El importe económico que se asigna a cada una de las actuaciones previstas en el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, es el que figura en el anexo.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de noviembre de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.
| Asistencia a la persona detenida o presa | |
| Asistencia individualizada (procedimiento penal general). | 94,64 € |
| Asistencia individualizada (procedimiento enjuiciamiento rápido). | 84,11 € |
| Servicio de guardia de veinticuatro horas. Asistencia a la persona detenida-Audiencia Nacional. | 183,87 € |
| Servicio de guardia de veinticuatro horas. Asistencia a la persona detenida (procedimiento penal general). | 179,81 € |
| Servicio de guardia de 24 horas. Asistencia a la persona detenida en Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido (carácter excepcional). | 84,11 € |
| Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género | |
| Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el servicio de guardia de veinticuatro horas. | 94,64 € |
| Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia (con un límite de 189,28 euros). | 94,64 € |
| Por disponibilidad y por asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada asistencia (con un límite de 283,44 euros). | 141,72 € |
| Asistencia inmediata a las víctimas de terrorismo y de trata, a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, así como a las mujeres y personas menores de edad víctimas de delitos contra la libertad sexual | |
| Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el servicio de guardia de veinticuatro horas. | 94,64 € |
| Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia (con un límite de 189,28 euros). | 94,64 € |
| Por disponibilidad y por asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección cuando proceda, por cada asistencia (con un límite de 283,44 euros). | 141,72 € |
| Gastos de desplazamiento en los supuestos de asistencia inmediata a la mujer víctima de violencia de género, si el lugar en que hay que prestar la asistencia | |
| – Dista más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 15,23 € |
| – Dista más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 38,11 € |
| – Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 63,50 € |
| Gastos de desplazamiento en los supuestos de asistencia inmediata a las víctimas de terrorismo y de trata, a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, así como a las mujeres y personas menores de edad víctimas de delitos contra la libertad sexual, si el lugar en el que hay que prestar la asistencia | |
| – Dista más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 15,23 € |
| – Dista más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 38,11 € |
| – Dista más de 50 km. de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 63,50 € |
| Jurisdicción penal | |
| Procedimiento del Tribunal del Jurado. | 473,19 € |
| Procedimiento con Tribunal del Jurado ante la Audiencia Nacional. | 473,19 € |
| Procedimiento penal de especial complejidad. | 648,00 € |
| Por cada 250 acontecimientos. | 34,72 € |
| A partir de cinco comparecencias ante el tribunal, por cada cinco comparecencias. | 34,72 € |
| A partir de dos días de vista, por cada día. | 98,42 € |
| Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional. | 648,00 € |
| Por cada 250 acontecimientos. | 34,72 € |
| A partir de cinco comparecencias ante el tribunal, por cada cinco comparecencias. | 34,72 € |
| A partir de dos días de vista, por cada día. | 98,42 € |
| Procedimiento penal general. | 432,00 € |
| Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional. | 432,00 € |
| Procedimiento abreviado. | 314,93 € |
| Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional. | 314,93 € |
| Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia a la persona detenida. | 318,87 € |
| Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia a la persona detenida. | 307,93 € |
| Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil. | 314,93 € |
| Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional. | 314,93 € |
| Expedientes de vigilancia penitenciaria. | 159,83 € |
| Expedientes de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional. | 164,37 € |
| Asistencia a la comparecencia de la orden de protección. | 94,64 € |
| Juicios por delitos leves. | 110,22 € |
| Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia a juicio oral. | 314,93 € |
| Actuaciones en procedimientos penales con doble condición de acusación y defensa. | 50 % de la cuantía aplicable al procedimiento |
| Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión | |
| – Si distan más de 5 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 16,82 € |
| – Si distan más de 25 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 40,24 € |
| – Si distan más de 50 km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido judicial. | 58,32 € |
| Jurisdicción Civil | |
| Juicio ordinario. | 370,79 € |
| Verbal. | 234,01 € |
| Juicio completo de familia contencioso. | 317,84 € |
| Medidas provisionales. | 84,89 € |
| Juicio completo de familia de mutuo acuerdo. | 192,46 € |
| Filiación, paternidad, capacidad. | 282,53 € |
| Monitorio. | 181,61 € |
| División Judicial de patrimonios. | 234,01 € |
| Cambiario. | 231,82 € |
| Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio. | 84,89 € |
| Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del artículo 770.6.ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. | 84,89 € |
| Procesos sobre guardia y custodia o alimentos de hijos menores. | 169,52 € |
| Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos. | 82,55 € |
| Procedimiento completo de modificación de medidas. | 140,41 € |
| Jurisdicción voluntaria. | 209,95 € |
| Órganos judiciales especializados en Mercantil. | |
| Concurso microempresa o persona física completo. | 370,79 € |
| Concurso microempresa o persona física sin masa. | 234,01 € |
| Jurisdicción Contencioso-administrativa | |
| Vía administrativa previa (extranjería y asilo). | 113,55 € |
| Vía administrativa previa (extranjería y asilo) ante la Audiencia Nacional. | 104,98 € |
| Recurso contencioso-administrativo. | 277,60 € |
| Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. | 291,12 € |
| Jurisdicción Social | |
| Conciliación previa en materia laboral con acuerdo. | 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento |
| Procedimiento íntegro. | 185,06 € |
| Recurso de suplicación. | 100,94 € |
| Recursos | |
| Recurso de casación. | 351,67 € |
| Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio. | 33,64 € |
| Recurso de amparo. | 351,67 € |
| Recurso de apelación. | 142,99 € |
| Normas Generales | |
| Transacciones extrajudiciales. | 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento |
| Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión. | 47,31 € |
| Actuación letrada en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias en cumplimiento del artículo 6.11 de la Ley de asistencia jurídica gratuita | |
| – Con acuerdo. | 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento |
| – Sin acuerdo. | 32,40 € |
| Procedimientos en vía administrativa. | |
| Solicitudes y reclamaciones. | 23,33 € |
| Recursos en vía administrativa. | 69,98 € |
| Jurisdicción Penal | |
| Todos los procedimientos. | 46,44 € |
| Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional. | 108,00 € |
| Por cada 250 acontecimientos. | 34,72 € |
| Procedimiento penal de especial complejidad. | 108,00 € |
| Por cada 250 acontecimientos. | 34,72 € |
| Actuaciones en procedimientos penales con doble condición de acusación y defensa. | 50 % de la cuantía aplicable al procedimiento |
| Apelaciones. | 29,45 € |
| Jurisdicción Civil | |
| Todos los procedimientos. | 37,84 € |
| Apelaciones. | 29,43 € |
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