En el recurso interpuesto por don L. J. P. A. contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Olvera, doña Carlota Rodríguez Núñez, por la que se deniega la expedición de certificación literal de la totalidad del historial registral de una finca, así como la exhibición y copia de la documentación que motivó su inmatriculación, por no acreditarse el interés legítimo del solicitante.
Hechos
I
Mediante instancia extendida en modelo oficial de solicitud de publicidad formal y suscrita el día 20 de marzo de 2026, don L. J. P. A. solicitó certificación literal de la totalidad del historial registral de la finca registral número 3.624 de Puerto Serrano; que se le indicase expresamente el título aportado para su inmatriculación, y que se le remitiese copia de los documentos aportados en el expediente o se le permitiese su examen presencial, alegando como interés legítimo ser poseedor histórico de la finca y pretender emprender acciones legales.
En el impreso utilizado el solicitante hizo constar su nombre, documento nacional de identidad, teléfono y dirección de correo electrónico, estas dos últimas en la línea rotulada «teléfono de contacto» del recuadro de datos del solicitante, y señaló en el apartado b) como domicilio hábil a efectos de notificaciones de conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria uno sito en El Coronil. El apartado d), destinado a que el solicitante aceptase que dichas notificaciones se practicasen por vía telemática y se comprometiera a remitir acuse de recibo por igual medio, quedó sin cumplimentar, sin marcar la opción «sí» ni la opción «no» y sin consignar en él número de fax ni dirección de correo electrónico.
II
Presentada el día 15 de abril de 2026 dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Olvera, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Carlota Rodríguez Núñez, Registradora titular del Registro de la Propiedad de Olvera, previo examen y calificación de la capacidad de los otorgantes y de la validez de los actos dispositivos contenidos en el documento presentado, de sus formas y solemnidades, y de los asientos del Registro con él relacionados, de conformidad con los artículos 18, 19.Bis y 65 de la Ley Hipotecaria y 98, 99 y 100 de su Reglamento, he dictado la siguiente resolución:
Hechos
Se presenta solicitud de expedición de certificación por parte de L. J. P. A. sobre la finca registral 3624 de Puerto Serrano en la que se solicita “certificación literal de todo el historial registral como poseedor histórico de la finca para emprender acciones legales”. Además, se solicita “que se indique expresamente el título aportado para la inmatriculación”, “que se remita copia de los documentos aportados en el expediente, o se permita su examen presencial”.
Habiendo advertido al solicitante de la falta de acreditación de un interés legítimo, el mismo manifiesta por correo electrónico que ostenta la posesión de la finca, pero no se acredita este extremo. No se presenta ninguna prueba de tal posesión, sino únicamente manifestaciones del mismo interesado de que tiene en la finca actividad ganadera y que puede aportar facturas de piensos, veterinarios y servicios agrícolas que en ningún caso prueban tal posesión ni permiten establecer conexión alguna entre el solicitante de la información y la finca. Igualmente manifiesta la existencia de testigos y vecinos, pero no se presenta ningún testimonio válido a este efecto, y la existencia de denuncias y actuaciones previas en que consta el uso de la finca, sin que tampoco se acredite.
En otro email enviado a este Registro, el solicitante, además de lo anterior, manifiesta ser hermano del titular de la finca. La finca no consta inscrita a nombre de un particular sino de una sociedad.
También manifiesta ser colindante de la finca sobre la que se solicita la información, pero comprobado el historial registral de la finca así como los datos catastrales de la misma, el solicitante no es colindante ni lo fue al tiempo de practicarse la inmatriculación.
Por último insiste en la necesidad de una certificación literal completa de todo el historial para emprender acciones legales.
En el último correo remitido a este Registro, se remite un documento, que está incompleto y resulta ilegible, en que según se manifiesta, consta la actividad ganadera del solicitante de la certificación en una explotación denominada (…) desde 1992, a la que teóricamente pertenecería la finca registral 3624, sin que se acredite (además, la finca registral únicamente aparece en […] en su descripción), la cesión de instalaciones vinculada a esa actividad, la participación del solicitante en actividades agrícolas y ganaderas, y la explotación conjunta de varias fincas de la provincia de Cádiz integradas en la unidad productiva. Ninguno de estos extremos que se manifiestan resultan acreditados, ni hay elemento alguno que conecte estas manifestaciones con la finca registral en cuestión.
Por último manifiesta el solicitante, nuevamente sin que resulte debidamente acreditado, que existe un procedimiento monitorio abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera, en el que además no resulta expresamente incluida la finca registral 3624.
Por todo lo expuesto, y teniendo declarado la DGSJYFP que el anuncio de interposición de acciones no es motivo suficiente por sí solo para entender que concurre interés legítimo si no se acompaña de un principio de prueba del que resulte la verosimilitud de la solicitud (Resolución DGSJYFP 9 de enero de 2024), se deniega la expedición de la certificación literal de todo el historial registral y la aportación de la documentación en virtud de la cual se produjo la inmatriculación.
Se podrá obtener certificación de la que resulte la descripción completa de la finca así como su título de adquisición, que es a su vez el título por el cual la finca accedió a este Registro, así como su titular registral y cargas vigentes sobre la misma.
Fundamentos de Derecho
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 221, 222 y 227 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, los Registradores expedirán certificación a instancia de quien, a su juicio, tenga interés conocido en averiguar el estado del inmueble o derecho real de que se trate. Pues bien, de la solicitud presentada no resulta un interés legítimo, a juicio del Registrador, para emitir la certificación en los términos solicitados, ya que no resulta acreditado ninguno de los extremos alegados por el solicitante por los que tendría interés en conocer el historial registral literal completo de la finca. Los artículos 6, 221 y 222 de la Ley Hipotecaria, 39 y 332.3 del Reglamento Hipotecario, Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero de 1987 y de 29 de octubre 1996 –según la cual la publicidad registral se rige por los principios de publicidad directa, publicidad jurídica y protección de datos de carácter personal o El Registrador, que controla la petición de información, controla también la expedición de la misma–, artículos 31, 32, 34 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, el artículo 6 la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal que exige en el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, salvo –cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias– o –cuando los datos figuren en fuentes accesibles para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado y el artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el mismo sentido la Sentencia de 14 de octubre de 2002 del Tribunal Constitucional señala que el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz no otorga a sus titulares un poder ilimitado sobre cualquier ámbito de la realidad, sino que, al venir reconocido como medio de formación de la opinión pública solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con la finalidad expresada, careciendo de efecto legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la Constitución le atribuye especial protección. Y, por analogía, la resolución de 11 de septiembre 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado: Tercero.–El interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante. Cuarto.–Tal interés ha de probarse a satisfacción del Registrador; no es que dicho funcionario pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Por ello, la Instrucción señalada establece que el registrador puede dispensar de la prueba del interés a determinados profesionales, pero tal dispensa no es obligada, sino que podrá o no concederse según las circunstancias del caso. En el presente caso, es indudable que expresándose que el interés consiste en el inicio de actuaciones judiciales y/o administrativas, la alegación adolece de la falta de concreción suficiente. Quinto.–En el caso objeto del recurso, la dispensa no sea concedido, y, además, la Registradora ha tratado de averiguar la relación del solicitante con los titulares de derechos sobre las fincas cuya publicidad se solicita, los cuales han negado la existencia de relación alguna. Sexto.–En consecuencia, el interés legítimo exigido legalmente ni se ha probado en el presente supuesto, por lo que ha de confirmarse la decisión de la Registradora. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto. Resolución de 3 de febrero de 2010: En cuanto a la falta de interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (vid. Instrucción de 5 de febrero de 1987), conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro solo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001)… 5. Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante. Resolución de 19 de julio de 2012: Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (vid. Resolución de 3 de diciembre de 2010) conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro solo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001)… 3. Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el artículo 14 de la Instrucción de este Centro Directivo de 29 de octubre de 1996 ya señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Resolución de 14 de septiembre de 2012: Como tiene declarado esta Dirección General (vide Resoluciones en los vistos) queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos personales. Este principio se fundamenta, como recordó la Instrucción de esta Dirección General de 27 de enero de 1999, de un lado, en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que establece que solo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otro, en el artículo 4.2 de la misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidas. En este sentido, en cuanto al objeto del derecho fundamental a la protección de datos, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 20 de noviembre de 2000 aclaró que no se reduce solo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales… por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que solo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo… Resolución de 28 de abril de 2014: Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades institucionales del registro de la propiedad no figura la investigación privada con fines carentes de contenido patrimonial; b) que la publicidad del registro no puede extenderse a los datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del registro, ni a los datos carentes de relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales solo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular; y, c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende averiguar a través de la certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una finca, procede entender que el interés alegado, dacia la indeterminación con que se expresa y la falta de identificación del mandante, es ajeno a la institución registral. Y más recientemente, Resolución de 27 de junio de 2017:… solo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otra parte, en el artículo 4.2 de la misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidas… La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras cuestiones, que los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral… Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente expuesto.
A la vista de la(s) causa(s) impeditiva(s) relacionada(s) en los Hechos y de los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación,
Acuerdo
1.º Suspender el asiento solicitado por ser el defecto(s) señalado(s) de carácter subsanable (Art. 65 la Ley Hipotecaria).
2.º Notificar esta calificación al presentante y a la Autoridad Judicial que ha expedido el documento en el plazo de 10 días hábiles desde su fecha (Art. 322 Ley Hipotecaria y 58 y 59 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
3.º Prorrogar automáticamente el asiento de presentación del título por 60 días, contados desde la fecha de la última de las notificaciones a que se refiere el apartado precedente (Art. 323 Ley Hipotecaria). Los legalmente legitimados (…)
En Olvera, a fecha puesta al pie. La registradora, Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Carlota Rodríguez Núñez registradora titular de Registro de la Propiedad de Olvera a día veintiuno de abril del dos mil veintiséis».
III
Contra la anterior nota de calificación, don L. J. P. A. interpuso recurso mediante escrito fechado en El Coronil el día 30 de mayo de 2026, que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de Olvera el día 2 de junio de 2026, en el que alegaba, en síntesis, lo siguiente:
Primero. Que solicitó publicidad registral relativa a la finca registral 3.624 de Puerto Serrano, incluyendo la identificación del título utilizado para el acceso registral o inmatriculación de la finca, y que por nota de calificación de fecha 21 de abril de 2026 se denegó la expedición de certificación literal completa del historial registral y documentación asociada por considerarse insuficientemente acreditado el interés legítimo.
Segundo. Que no se pretende acceso indiscriminado al historial registral completo ni a documentación ajena carente de relevancia patrimonial, limitándose la solicitud al conocimiento del fundamento documental utilizado para el acceso registral de la finca, y que la propia nota de calificación reconoce la posibilidad de expedir certificación relativa al título de adquisición y acceso registral, limitando únicamente el acceso al historial literal completo.
Tercero. Que el compareciente mantiene y acredita una vinculación histórica, material y ganadera con el ámbito territorial relacionado con la explotación, aportando documentación acreditativa de actividad ganadera continuada y ortofotografías históricas anteriores al año 2019 en las que se aprecia presencia de ganado en el ámbito territorial objeto de controversia, documentación que constituye un principio razonable de acreditación de interés patrimonial y conexión material suficiente a efectos de publicidad registral limitada y proporcional.
Cuarto. Que de la información registral y catastral obtenida resulta que la finca registral 3.624 de Puerto Serrano se corresponde con la parcela 113 del polígono 17, referencia catastral 11029A017001130000XT, con una superficie aproximada de 8.326 metros cuadrados, constando representación gráfica georreferenciada e identificación precisa del inmueble, lo que permite conectar directamente la documentación ganadera, ortofotografías y restante documental aportada con la concreta finca registral respecto de la que se interesa la información.
Quinto. Que, con posterioridad a la nota de calificación, se intentaron diversas presentaciones electrónicas del recurso, siendo rechazadas por motivos exclusivamente relacionados con el canal de recepción empleado: una primera, ante el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, rechazada al indicarse que la remisión debía efectuarse directamente al Registro de la Propiedad correspondiente, y una segunda, dirigida al Registro de la Propiedad de Olvera a través del Registro Electrónico General, igualmente rechazada por no encontrarse habilitada la entidad destinataria para la recepción de registros por dicho sistema, acompañándose los justificantes acreditativos de ambos intentos, que evidencian la diligencia desplegada y la voluntad inequívoca de formalizar el recurso dentro de plazo.
Terminaba solicitando que se tuviera por interpuesto el recurso y que se estimase la petición, limitada a la identificación del título previo o inmatriculador utilizado para justificar el acceso registral de la finca y a la expedición, en su caso, de certificación circunscrita exclusivamente a dichos extremos. Acompañaba al escrito, además de los justificantes de presentación y rechazo antes reseñados, nota simple de la finca, documentación acreditativa de actividad ganadera, ortofotografías históricas, cartografía catastral y cartografía georreferenciada obtenida del geoportal registral.
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe en el que mantuvo íntegramente su nota de calificación y solicitó que el recurso se tuviera por extemporáneo, por haberse recibido el escrito por burofax postal el día 2 de junio de 2026, y elevó el expediente a este Centro Directivo el día 8 de junio de 2026.
Fundamentos de Derecho
Vistos el artículo 24 de la Constitución Española; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; los artículos 1, 3, 205, 207, 221, 222, 222 bis, 225, 226, 227, 228, 234, 322, 323, 325, 326, 327 y 328 de la Ley Hipotecaria; 14, 16, 30, 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); los artículos 332, 340, 342, 354.a) y 434 del Reglamento Hipotecario; 224 del Reglamento Notarial; las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de febrero y 12 de diciembre de 2000 y 7 de junio de 2001; las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero de 1987 y 29 de octubre de 1996; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio y 3 de diciembre de 2010, 19 de julio y 14 de septiembre de 2012, 28 de abril de 2014, 14 de julio, 14 de noviembre y 25 de noviembre de 2016 y 27 de junio de 2017 y 11 de diciembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de julio de 2022, 9 de enero, 28 de mayo y 3 de octubre de 2024, 3 de marzo de 2025 y 23 de abril de 2026.
1. Es objeto de este expediente decidir si procede o no la expedición de una certificación literal de la totalidad del historial registral de una finca, así como la exhibición y copia de la documentación que en su día motivó su inmatriculación, solicitadas por quien no es ni ha sido titular registral de aquélla y que alega, como interés legítimo, su condición de poseedor histórico y el propósito de emprender acciones legales.
2. Con carácter previo debe resolverse la excepción de extemporaneidad opuesta por la registradora en su informe, así como delimitar el material sobre el que este Centro Directivo puede pronunciarse.
Conforme al artículo 326, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria, el recurso deberá interponerse en el plazo de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación, plazo que, por estar señalado por meses, se computa de fecha a fecha con arreglo al artículo 30.4 de la Ley 39/2015 y cuyo transcurso determina la inadmisión del recurso. Sostiene la registradora que el recurso es extemporáneo, razonamiento que descansa sobre dos premisas: que la notificación de la calificación se produjo válidamente el día 22 de abril de 2026, de modo que el plazo habría vencido el día 22 de mayo siguiente, y que la única presentación relevante del recurso es la que tuvo entrada en el Registro el día 2 de junio de 2026.
La primera de tales premisas no puede compartirse, y ello basta para rechazar la excepción.
El artículo 322 de la Ley Hipotecaria contiene un régimen específico para la notificación de la calificación negativa. Tras remitirse a la legislación de procedimiento administrativo común, dispone que «será válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente», y añade que «se entenderá que es domicilio hábil a efecto de notificaciones el designado por el presentante al tiempo de la presentación, salvo que en el título se haya consignado otro a tal efecto».
Del precepto resultan dos requisitos cumulativos, ninguno de ellos dispensable.
El primero es de voluntad y ha de ser expreso y tempestivo: que el interesado haya manifestado su aceptación de este medio al tiempo de la presentación, sin que baste con que haya facilitado una dirección de correo electrónico entre sus datos de contacto, pues la consignación de un dato identificativo no equivale a la prestación del consentimiento que la ley exige, del mismo modo que la de un número de teléfono no autoriza a notificar telefónicamente; y es precisamente por ello por lo que el modelo oficial de solicitud de publicidad formal contiene un apartado específico destinado a recabar esa manifestación de voluntad y el compromiso de remitir acuse de recibo.
El segundo es de prueba: que quede constancia fehaciente, constancia que ha de serlo de la recepción y de su fecha, y no del mero envío, pues éste acredita la diligencia del remitente pero no el conocimiento del destinatario, que es el hecho al que la ley anuda el inicio del cómputo, correspondiendo la carga de preconstituir dicha prueba a quien practica la notificación.
Todo ello se inserta, además, en el marco de los artículos 14, 41 y 43 de la Ley 39/2015, que, para los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, subordinan la práctica de notificaciones electrónicas a que aquéllos las hayan elegido o consentido.
3. Proyectada la anterior doctrina sobre el supuesto de hecho, ninguno de los requisitos concurre.
El solicitante dejó en blanco el apartado d) del impreso oficial, destinado precisamente a que el interesado acepte que las notificaciones del artículo 322 de la Ley Hipotecaria se practiquen por vía telemática y se comprometa a remitir acuse de recibo por igual medio, sin marcar «sí» ni «no» y sin consignar en las líneas allí previstas dirección de correo electrónico ni número de fax; su dirección electrónica figura únicamente en el recuadro de datos del solicitante de la primera hoja, escrita a continuación del número de teléfono en la línea rotulada «teléfono de contacto», esto es, como simple dato de contacto.
No existe, por tanto, la manifestación expresa de voluntad que el artículo 322 exige, y su ausencia no puede suplirse por vía de interpretación, pues es la ley la que la configura como presupuesto de validez del medio telemático.
A ello se añade que en el apartado b) del mismo impreso el solicitante sí cumplimentó de manera afirmativa la designación de un domicilio postal completo «a efectos de notificaciones de conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria», que es el domicilio hábil que el propio precepto contempla y en el que la notificación debió practicarse.
Frente a ello, el informe del Registro afirma que la nota fue enviada y recibida por el recurrente en la dirección electrónica que él mismo facilitó «a estos efectos», afirmación que no se ajusta a lo señalado en la instancia, pues la dirección no fue facilitada a tal fin, sino consignada junto al teléfono entre los datos de contacto del solicitante, quedando sin cumplimentar el apartado destinado precisamente a recabar esa aceptación.
Tampoco existe constancia fehaciente de la recepción, ya que el único soporte probatorio incorporado al expediente es una captura de pantalla de la bandeja de mensajes enviados, que acredita el envío, pero nada dice del acceso del destinatario ni de su fecha, reconociendo el propio Registro que no dispone de más información al respecto.
Siendo la fecha de notificación el presupuesto sobre el que descansa la excepción de extemporaneidad, la ausencia de prueba de aquélla ha de resolverse en contra de quien la alega. No habiéndose practicado una notificación válida de la calificación, el plazo del artículo 326 de la Ley Hipotecaria no llegó a abrirse, y mal puede reputarse extemporáneo un recurso interpuesto antes de que comenzara a correr el plazo para interponerlo.
4. A la anterior conclusión ha de añadirse una segunda consideración, no ya subsidiaria sino autónoma, relativa al lugar en que el recurso pudo válidamente presentarse y a la fecha en que, por consiguiente, ha de entenderse interpuesto.
El artículo 327, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria permite presentar el recurso no sólo en el Registro que calificó, sino también en cualquier otro Registro de la Propiedad o en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 –hoy artículo 16.4 de la Ley 39/2015–, entre los que figura el Registro Electrónico de cualquiera de las Administraciones Públicas, del que el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado es manifestación señalada; y la finalidad del precepto no es otra que facilitar el acceso al recurso, evitando que la carga de hacer llegar el escrito al Registro calificador recaiga sobre el ciudadano.
En el presente caso, el recurrente presentó su escrito en dicho Registro Electrónico General los días 13 y 15 de mayo de 2026, ambos comprendidos en el mes que se computaría desde el día 22 de abril de 2026, sin que el ulterior rechazo de tales presentaciones obedeciera a defecto alguno del escrito ni a inactividad del interesado, sino a una limitación de interoperabilidad entre el Sistema de Interconexión de Registros y los registros de la Propiedad, que no son órganos integrados en aquél; se trata, por tanto, de un obstáculo puramente organizativo, ajeno a la esfera de control del ciudadano, sobre el que el principio «pro actione» impide hacer recaer las consecuencias de una deficiencia técnica de la propia Administración, máxime cuando el interesado, tras los sucesivos rechazos, actuó con diligencia remitiendo el escrito por burofax.
Y debe recordarse, en fin, que el párrafo cuarto del mismo artículo 327 de la Ley Hipotecaria limita expresamente la relevancia de la fecha de entrada en el Registro calificador a los efectos de la prórroga del asiento de presentación, sin que de él quepa extraer una regla general que anude a esa fecha, y sólo a ella, la interposición tempestiva del recurso.
De cuanto antecede resulta que el recurso ha de entenderse presentado el día 13 de mayo de 2026, fecha del asiento de entrada practicado en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado conforme al artículo 16.3 de la Ley 39/2015, sin que las vicisitudes posteriores del escrito, ajenas a la voluntad del interesado, puedan desplazar esa fecha.
Debe, en consecuencia, tenerse el recurso por interpuesto dentro del plazo de un mes que establece el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, rechazarse la excepción de extemporaneidad opuesta en el informe y entrar en el examen del fondo, no sin delimitar antes el objeto sobre el que este Centro Directivo puede pronunciarse.
5. Esa delimitación viene impuesta por el artículo 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, conforme al cual el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
De ahí resulta que no pueden ser valoradas en este expediente las ortofotografías históricas, la cartografía ni la documentación relativa a la explotación ganadera que el recurrente acompaña a su escrito, por no haber sido presentadas ante la registradora al tiempo de solicitar la publicidad.
No se trata de un rigor formalista, sino de una consecuencia de la propia naturaleza del recurso, que es medio de revisión de una calificación ya emitida y no cauce para completar a posteriori la solicitud: la registradora no pudo pronunciarse sobre lo que no se le presentó, y este Centro Directivo no puede revisar un juicio que nunca se emitió, quedando naturalmente a salvo el derecho del interesado a formular nueva solicitud acompañando esa documentación, que habrá de ser objeto de nueva y autónoma calificación.
Delimitado así el material sobre el que cabe pronunciarse, y reducida la pretensión en los términos del escrito de recurso, subsisten dos peticiones de naturaleza distinta que han de examinarse separadamente por regirse por regímenes diferentes: de una parte, la de obtener certificación literal de la totalidad del historial registral de la finca, sujeta al régimen general de la publicidad formal y del interés legítimo; y de otra, la relativa al título en cuya virtud se practicó la inmatriculación, en la que a su vez se comprenden la simple identificación de ese título, que consta en el asiento, y la obtención de copia o el examen del documento mismo, sujeta al régimen propio del artículo 342 del Reglamento Hipotecario.
6. Procede examinar, en primer término, la pretensión de obtener certificación literal de la totalidad del historial registral.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, de conformidad con los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el contenido del Registro sólo ha de ponerse de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos, interés que ha de justificarse ante el registrador, a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante.
La publicidad registral no es, pues, una publicidad indiscriminada al modo de la propia de un registro administrativo de libre acceso, sino una publicidad causal y controlada, sujeta a un doble filtro: el del interés legítimo y el de la normativa de protección de datos personales.
Ante una solicitud de publicidad formal el registrador debe calificar, en tres momentos sucesivos, si procede o no expedir la información atendiendo a la causa o finalidad alegada, que ha de ser propia de la institución registral –la investigación jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica, relativa al crédito, la solvencia y la responsabilidad, así como la estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales o administrativas, sin que quepa la investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente la normativa de protección de datos–; en segundo lugar, la existencia de un interés legítimo, que ha de ser un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado, salvo el caso de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio, respecto de los cuales lo presume el artículo 221.2; directo, o bien acreditarse debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa del artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario; y legítimo, concepto más amplio que el de interés directo, que alcanza a cualquier interés lícito, como precisó la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 24 de febrero de 2000 en relación con los fines lícitos a que se refiere el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria; y, en tercer lugar, qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral pueden incluirse y cuáles deben excluirse de la información que se expida.
7. Dentro del esquema expuesto ocupa un lugar propio la causa invocada en la instancia y rechazada por la nota, esto es, el propósito de emprender acciones legales.
Es doctrina reiterada, que la propia nota invoca con cita de la Resolución de 9 de enero de 2024 y que la de 28 de mayo de 2024 formula en idénticos términos, que «el anuncio de interposición de acciones no es motivo suficiente por sí solo (…) si no se acompaña de un principio de prueba del que resulte la verosimilitud de la solicitud».
Esta doctrina no opera, sin embargo, de modo automático ni en un solo sentido, pues la Resolución de 28 de mayo de 2024 apreció interés legítimo en quien solicitaba certificación literal del historial de una finca colindante con la suya alegando la eventual contratación o interposición de acciones, y la de 3 de marzo de 2025 recordó que, cuando quien solicita la información es el propio titular registral, el interés legítimo debe presumirse sin mayores indagaciones respecto de todos los asientos relativos a su finca, adoptando las debidas cautelas respecto de los datos personales de terceros; la diferencia entre unos y otros supuestos no reside en la fórmula empleada por el solicitante, sino en la existencia de un soporte objetivo, siquiera indiciario, que haga verosímil la relación jurídico-patrimonial alegada con la finca.
8. A la doctrina expuesta debe añadirse una precisión que resulta central en este expediente y que la nota de calificación apunta con acierto, relativa a la modalidad de publicidad interesada.
La solicitud no se contrae a una nota simple ni a una certificación de dominio y cargas vigentes, sino a la certificación literal de la totalidad del historial registral, esto es, a la reproducción íntegra de cuantos asientos se han practicado sobre la finca desde su inmatriculación, incluidos los no vigentes.
Esta modalidad de publicidad presenta dos rasgos que justifican un tratamiento más riguroso.
De un lado, la literalidad implica la reproducción del contenido de los asientos sin la elaboración profesional que caracteriza a la información en relación o extractada, lo que arrastra consigo datos personales, familiares y económicos que con frecuencia exceden de lo estrictamente necesario para la finalidad perseguida, siendo así que el principio de minimización de datos que consagra el Reglamento (UE) 2016/679 obliga al registrador a expedir la información en la modalidad menos invasiva que resulte suficiente para satisfacer el interés acreditado.
De otro, la extensión a los asientos no vigentes se rige por un criterio legalmente restrictivo, pues conforme a los artículos 234 de la Ley Hipotecaria y 340 de su Reglamento la certificación literal comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa de juez o tribunal o de los interesados, expresión esta última que presupone, precisamente, la acreditación de tal condición. De ello se sigue que el interés legítimo, exigible en toda solicitud de publicidad, ha de acreditarse con tanta mayor intensidad cuanto más amplia e invasiva sea la modalidad de publicidad interesada, sin que exista contradicción alguna en que la registradora deniegue la certificación literal íntegra y ofrezca simultáneamente certificación de la descripción, el título de adquisición, la titularidad y las cargas, pues es exactamente lo que el tercero de los juicios expuestos anteriormente.
9. Proyectada la doctrina expuesta en los tres fundamentos precedentes sobre el supuesto de hecho, la calificación debe ser confirmada en cuanto a esta primera pretensión.
El recurrente no es ni ha sido titular registral de la finca 3.624 de Puerto Serrano, ni ostenta sobre ella derecho inscrito alguno, ni consta que sea titular de finca colindante; y la causa invocada en la instancia, su condición de poseedor histórico de la finca y el propósito de emprender actuaciones legales, responde exactamente al supuesto que la doctrina de este Centro Directivo considera insuficiente, esto es, la mera afirmación de una situación posesoria y el anuncio de acciones futuras sin acompañamiento de principio de prueba alguno del que resulte la verosimilitud de lo alegado.
Debe subrayarse, para evitar equívocos, que lo que aquí se declara no es que el recurrente carezca de interés legítimo, sino que no lo acreditó ante la registradora al tiempo de formular su solicitud, distinción que no es meramente retórica, pues de los propios asientos resulta que la inmatriculación se practicó por el cauce del artículo 205 de la Ley Hipotecaria invocando como título previo una adquisición hereditaria no documentada, sin que tal circunstancia pueda sustituir a la prueba ni el registrador fundar su juicio de legitimación en conjeturas.
Nada impide, por tanto, que el interesado formule nueva solicitud de publicidad formal acompañando un principio de prueba de la relación jurídica que le vincula con la finca –singularmente, si lo que invoca es un derecho sucesorio, el certificado de defunción del causante, el del Registro General de Actos de Última Voluntad y el título sucesorio o el acta de declaración de herederos; y si lo invocado es, como aquí sucede, una situación posesoria de hecho, cualesquiera elementos objetivos que la hagan verosímil, tales como recibos del impuesto sobre bienes inmuebles girados a su nombre, documentación acreditativa del alta y del funcionamiento de la explotación ganadera sobre la finca, contratos relativos a su aprovechamiento, facturas de suministros o de servicios prestados en ella, o acta de notoriedad, sin que corresponda a este Centro Directivo predeterminar cuáles hayan de ser ni con qué grado de detalle, pues su valoración incumbe al registrador al calificar–, solicitud que habrá de ser objeto de nueva calificación en la que se ponderen los elementos entonces aportados conforme a la doctrina expuesta.
Y debe advertirse, para evitar que la presente resolución se interprete en un sentido que no tiene, que parte de esa documentación es la que el recurrente ha acompañado a su escrito de recurso y que, por las razones expuestas anteriormente, no ha podido ser valorada en este expediente por no haberse presentado en su momento ante la registradora, sin que nada impida que se aporte con una nueva solicitud.
Debe reconocerse, en fin, que la registradora advirtió al solicitante de la insuficiencia de la acreditación y le permitió completarla en sucesivas comunicaciones antes de calificar, proceder que merece expresa aprobación de este Centro Directivo, pues resulta especialmente aconsejable en supuestos como el presente, en que el solicitante actúa sin asistencia letrada y cumplimenta un impreso normalizado cuyo alcance técnico difícilmente puede conocer, y sin que el resultado infructuoso de ese trámite pueda volverse ahora contra quien lo ofreció.
10. Distinta naturaleza tiene la segunda de las peticiones, relativa al título en cuya virtud se practicó la inmatriculación de la finca, respecto de la cual el escrito de recurso limita ahora lo solicitado a que se le facilite su identificación y certificación circunscrita a ese extremo.
Conviene deslindar con precisión los dos planos que en ella se confunden.
De un lado, la identificación del título inmatriculador –la clase de documento, el funcionario que lo autorizó, su fecha y su número de protocolo–, así como la del título previo invocado a los efectos del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, son circunstancias que constan en el folio registral, forman parte del contenido del asiento y pueden por ello ser objeto de publicidad formal en los términos ordinarios; y es precisamente eso lo que la nota de calificación ya ofrece al declarar que el interesado podrá obtener certificación comprensiva de la descripción completa de la finca, así como de su título de adquisición, que es a su vez el título por el cual la finca accedió al Registro, del titular registral y de las cargas vigentes.
Existiendo coincidencia sustancial entre lo pedido en el recurso y lo concedido en la calificación, en este extremo el recurso carece de objeto, pues sólo puede dirigirse contra el contenido negativo de aquélla, y basta con que el recurrente se dirija al Registro solicitando la certificación en los términos ofrecidos para obtener la información que persigue, incluida la identificación del título en cuya virtud se practicó la inscripción 1.ª
11. De otro lado, y en un plano por completo diverso, se sitúa la pretensión de obtener copia del título mismo o su examen presencial, que el Registro no puede satisfacer en ningún caso, por las razones que seguidamente se exponen.
En efecto, el artículo 342 del Reglamento Hipotecario dispone que los registradores «también podrán expedir, a petición de los interesados, certificaciones de los documentos que conserven en su archivo y respecto de los cuales puedan considerarse como sus archiveros naturales», precepto que contiene un doble presupuesto: que el documento se conserve en el archivo del Registro y que el registrador pueda considerarse archivero natural del mismo.
Ninguno de ambos concurre respecto de la escritura de aportación social que sirvió de título inmatriculador, pues el artículo 434 del mismo reglamento establece que los títulos que se presenten en el Registro se devolverán a los interesados con la nota que proceda, una vez hecho de ellos el uso que corresponda o cuando caduque el asiento de presentación; el Registro de la Propiedad no archiva los títulos públicos inscribibles, sino que los califica, practica en su virtud los asientos procedentes y los devuelve, siendo archivero natural del documento notarial el notario autorizante y, en su caso, el Archivo de Protocolos, y correspondiendo el derecho a obtener copia a quienes lo ostenten conforme al artículo 224 del Reglamento Notarial.
Es esta doctrina consolidada, que ya declaró que no puede expedirse información relativa a la copia de una instancia que acompañó a un documento despachado cuando aquélla fue devuelta junto con éste, precisamente porque no procede el archivo de los títulos ni de las instancias que los acompañan.
No altera la conclusión el hecho de que en otros supuestos se haya afirmado la condición de archivero natural del registrador, señaladamente respecto de las alegaciones y documentos incorporados a la tramitación del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, según reconocieron las Resoluciones de 14 de noviembre de 2016 y 3 de octubre de 2024, pues la diferencia es precisamente la que el artículo 342 exige: en aquellos casos se trata de documentos que nacen y quedan incorporados al expediente registral, mientras que aquí se trata de un título que se presentó, se calificó y se devolvió; y en la misma línea la Resolución de 23 de abril de 2026 ha precisado los límites de esa condición, que, si bien admite la certificación de las alegaciones formuladas por los colindantes, niega que proceda expedirla respecto de los títulos de propiedad y de la certificación catastral por aquéllos aportados, cuya custodia no corresponde al registrador y que el interesado puede obtener por sus propios medios.
Procede, por tanto, confirmar también en este punto la calificación, si bien con la precisión de que la denegación no se funda propiamente en la falta de interés legítimo, fundamento que la nota emplea de modo unitario para ambas pretensiones, sino en la imposibilidad material y jurídica de expedir publicidad de documentos que el Registro no conserva ni debe conservar.
En definitiva, y por lo que hace al título que provocó la inmatriculación, el Registro únicamente puede facilitar su identificación en los términos expuestos en el fundamento anterior, por constar ésta en el asiento, y en ningún caso copia del título mismo ni su exhibición, cuya expedición corresponde al notario autorizante como archivero natural del documento y, en su caso, al Archivo de Protocolos, ante quienes habrá de acreditar el solicitante el interés que el artículo 224 del Reglamento Notarial exige.
Conviene, en fin, y dado que el recurrente actúa sin asistencia letrada, precisar el alcance práctico de cuanto queda expuesto.
El recurso se tiene por interpuesto en plazo y se resuelve en cuanto al fondo, pero se desestima. El interesado puede obtener desde ahora, dirigiéndose al Registro, certificación comprensiva de la descripción completa de la finca, del título por el que ésta accedió al Registro, del titular registral y de las cargas vigentes, sin necesidad de acreditar nada más. Puede asimismo formular nueva solicitud de certificación literal de la totalidad del historial registral acompañando el principio de prueba como se ha dicho anteriormente, que habrá de ser objeto de nueva y autónoma calificación. Y no puede obtener del Registro copia ni exhibición de la escritura que sirvió de título inmatriculador, que habrá de interesar, en su caso, del notario autorizante.
12. Por último, y aunque ello no altere el sentido de esta resolución, no puede este Centro Directivo dejar de formular tres observaciones sobre la forma de la calificación recurrida.
La primera, que su parte dispositiva acuerda suspender el asiento solicitado, notificar a la autoridad judicial que ha expedido el documento y prorrogar el asiento de presentación por sesenta días, fórmulas evidentemente tomadas de un modelo previsto para la calificación de títulos inscribibles y trasladadas de modo mecánico a una solicitud de publicidad formal; tales fórmulas, además de carecer de sentido en este procedimiento, generan en el destinatario una confusión que la claridad exigible a la calificación debe evitar. La segunda, que la nota cita como fundamento normas ya derogadas, debiendo entenderse hechas las referencias a la legislación de protección de datos al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, y las relativas al procedimiento administrativo común a la Ley 39/2015. Y la tercera, reiterando lo expuesto en los fundamentos tercero y cuarto, la necesidad de practicar las notificaciones del artículo 322 de la Ley Hipotecaria en el domicilio designado por el interesado y de preconstituir, cuando legítimamente se acuda a medios electrónicos, prueba suficiente de la recepción y de su fecha, exigencia cuya observancia no sólo protege al interesado sino también la posición del propio Registro, evitando que la excepción de extemporaneidad quede privada del soporte probatorio que la sustenta, como ha ocurrido en el presente caso.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 31 de julio de 2026.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez.
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