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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de diciembre de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2022, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2022.

2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Instar al Gobierno a:

– Que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía se base en criterios técnicos, económicos y de seguridad energética.

4. Instar a los órganos legislativos competentes a:

– Establecer un procedimiento para la reclamación de información sobre solicitudes y resoluciones de ayudas que no sean enviadas en tiempo y forma por los entes autonómicos, en el que se determine la forma y el momento de realizarse dicha reclamación, a los efectos de que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía pueda determinar con exactitud la ejecución de las diferentes líneas de ayuda gestionadas por los entes territoriales.

5. Instar a las comunidades autónomas a:

– Establecer un procedimiento para obtener, dentro del plazo más breve posible, el importe de los costes indirectos incurridos y el de las inversiones directas realizadas por cada uno de los entes autonómicos, a los efectos de poder controlar si se están sobrepasando los límites establecidos.

6. Instar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a:

– Adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero, con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos; ofrecer mayor información en la toma de decisiones; y ejecutar sus programas de gasto debidamente.

– Establecer un procedimiento que permita obtener de las comunidades y ciudades autónomas el importe de los costes indirectos en el plazo más cercano posible al momento en que hayan incurrido en ellos.

– Establecer un procedimiento para la obtención y utilización de la información existente en Egoveris, al objeto de verificar en tiempo real si se está superando el valor destinado a las inversiones directas.

– Determinar en sus procedimientos, en relación con el control y seguimiento del principio de gestión DNSH (Do Not Significant Harm), todas las tareas concretas del control a realizar e identificar las unidades responsables y la manera de acreditar las actuaciones de comprobación realizadas.

– Que su Plan de Medidas Antifraude recoja las fuentes de información para evaluar los riesgos, así como los canales de comunicación entre los gestores y los órganos encargados de la evaluación.

– Actualizar su código ético y de conducta incorporando las modificaciones requeridas por los cambios experimentados en el entorno, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del anterior en 2014 y los cambios organizativos y de volumen de operaciones producidos en estos 10 años.

– Explicar con detalle por qué el nivel de ejecución de las ayudas gestionadas directamente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía es bajo.

– Rebajar los tiempos de tratamiento y resolución de los expedientes, pues actualmente supera los 6 meses preceptivos.

– Planificar a nivel operativo e integral las actuaciones para la ejecución de las líneas de ayuda, de manera que se estimen con precisión los recursos personales y materiales necesarios para la ejecución, evaluación, seguimiento y reprogramación, para el cumplimiento de los objetivos establecidos y la distribución de estos recursos entre las distintas unidades organizativas (departamentos técnicos, de control y pagos).

– Determinar con exactitud la ejecución de las diferentes líneas de ayuda, gestionadas por los entes territoriales y, para ello, establecer un procedimiento para la reclamación de la información sobre solicitudes y resoluciones de ayudas, que no fue enviada puntualmente por los entes autonómicos, en el que se determine la forma y el momento de realizarse dicha reclamación.

– Dar cuenta de los expedientes retrasados que obran en su poder y de las fórmulas para sacar adelante el trabajo, así como explicar las licitaciones abiertas para contratación de las empresas que lo pueden llevar a cabo, informando del grado de cumplimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.