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Habiéndose intentado la notificación de la

concesión de este trámite en el domicilio designado

por el interesado en el expediente a efectos de

notificaciones y no habiéndose podido practicar, por

encontrarse éste ausente, se procede, de

conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, a su publicación en el "Boletín

Oficial del Estado" a los efectos de comunicar a

don Rafael Mata Sánchez, en calidad de

representante de la UTE "TCH Hispania, Sociedad

Anónima", y "Extremadura de Vías y Obras, Sociedad

Anónima", que por esta Dirección Provincial se ha

dictado con fecha 5 de octubre de 1999 expediente

de resolución de contrato de la obra "Adaptación

ciclos formativos en IES ``Suárez de Figueroa", de

Zafra". Expediente 6.224/97, cuya parte expositiva

dice lo siguiente:

En atención a todo lo anteriormente expuesto,

esta Dirección Provincial ha acordado:

1. Iniciar expediente de resolución del contrato

de obras referenciado por incumplimiento parcial

y total de los plazos establecidos para la ejecución

y conclusión de los trabajos, a la vez que un evidente

abandono de los mismos, todo ello de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 96 y 112, de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las

Administraciones Públicas.

2. Conceder el trámite de audiencia en virtud

del cual y dentro del plazo de diez días naturales,

a contar a partir del siguiente al de la notificación

de esta resolución, se le pondrá de manifiesto el

expediente presentar alegaciones junto a los

documentos y justificantes que tenga por conveniente;

artículos 97 de la ya citada Ley 13/1995, y 26 del

Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de

desarrollo parcial de la Ley 13/1995.

Se advierte a esa empresa que, en atención a lo

dispuesto en el artículo 114 de la ya citada Ley

13/1995, la resolución por incumplimiento culpable

del contratista lleva implícita la incautación de la

garantía, además de indemnizar a la Administración

de los posibles daños y perjuicios ocasionados en

lo que excedan, del importe de la garantía incautada.

Badajoz, 8 de noviembre de 1999.-La Directora

provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-3.642.