Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Examinado el expediente de referencia, una vez

practicada la información pública prevista por los

artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación

Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Vistos los documentos que presenta el Perito de

la Administración en el expediente, en los que se

ha tenido en cuenta el resultado de la referida

información pública;

Habida cuenta del informe favorable de la

Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 15 de

junio de 2000, y a propuesta de la Secretaría General

de este organismo; la Presidencia de esta

Confederación, en uso de las atribuciones que le confiere

la vigente legislación, ha resuelto con esta fecha:

Declarar la necesidad de la ocupación de los

bienes a que se refiere el indicado expediente y de

los cuales son propietarios los sujetos y entidades

que se relacionan en los anuncios publicados en

el "Boletín Oficial del Estado" número 66, de 18

de marzo; "Boletín Oficial de la Provincia de La

Rioja" número 44, de 13 de abril, ambos de 1999,

y en el "Diario Nueva Rioja" de 11 de marzo

de 1999. No habiéndose presentado reclamación

alguna contra el expediente, según certifica la

Alcaldía con fecha 25 de mayo de 1999.

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados, a quienes se entregará por mediación

de la Alcaldía una cédula-inventario con la exacta

descripción del bien que se expropia, advirtiendo

que contra la presente resolución que agota la vía

administrativa cabe imponer, con carácter

potestativo, recurso de reposición ante este mismo

órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

resolución, o bien puede optar por la interposición

de un recurso contencioso-administartivo ante la

Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Autónoma competente

por razón del territorio, en el plazo de dos meses

desde la fecha de la notificación, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Pública y del Procedimiento Administrativo Común, en

la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, que la modifica, y en los artículos 14, 25

y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en

el artículo 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2000.-El

Secretario general, Carlos de Miguel Domínguez.

-Rubricado.-55.505.