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El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Valencia, en la sesión celebrada el

veinte de diciembre de dos mil dos, de conformidad

con lo previsto en el artículo 40.6 de la Ley 62/1997,

de 26 de diciembre, de modificación de la Ley

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, de las facultades atribuidas

al Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Valencia por el artículo 9 de la Orden

ministerial de 30 de julio de 1998, por la que se

establece el régimen de tarifas por servicios

prestados por las Autoridades Portuarias, en materia

de resolución de reclamaciones sobre liquidaciones

por tarifas, y de lo establecido en el artículo 13

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y, a propuesta

de la Secretaria General, acordó lo siguiente:

Primero.-Revocar las delegaciones de

competencias que, en materia de resolución de reclamaciones

sobre liquidaciones por tarifas portuarias, fueron

efectuadas por el Consejo de Administración de

la Autoridad Portuaria de Valencia a favor del señor

Director de la entidad, y de los señores Directores

de las Áreas de Planificación y Estudios, de

Operaciones y Desarrollo Comercial del Puerto de

Sagunto y del Puerto de Gandía, en la sesión de

veinte de octubre de dos mil.

Segundo.-Delegar indistintamente en el Director

general de la Autoridad Portuaria de Valencia y

en el señor Subdirector general de Gestión y

Explotación de esta entidad, la facultad de resolución

de las reclamaciones que se fundamenten en razones

de concepto o naturaleza jurídica de las tarifas, así

como las fundamentadas en razones de cuantía y/o

errores cualesquiera que sea el importe en discusión.

Tercero.-Delegar, respectivamente, en las

personas que ostenten el cargo de responsable de la

gestión de los servicios portuarios de cada uno de los

puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de

Valencia, la facultad de resolución de reclamaciones

que se fundamenten en razones de cuantía y/o

errores en la liquidación y cuyo importe en discusión

no sea superior a tres mil (3.000) euros.

Cuarto.-Ordenar la publicación de los anteriores

acuerdos en el "Boletín Oficial del Estado".

Valencia, 23 de diciembre de 2002.-El Presidente,

Rafael del Moral Carro.-559.