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Por el presente anuncio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, y dado que intentada la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no ha podido

ser efectuada, se notifica a la sociedad Talleres

Castilla, S.L. que el Presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el ejercicio

de las competencias atribuidas en el apartado 1 del

artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónima, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, ha dictado,

con fecha 27 de octubre de 2003, Acuerdo de

Incoación de expediente sancionador , por el posible

incumplimiento de la obligación, por parte de la

entidad Talleres Castilla, S.L., de presentar, en plazo,

para su depósito en el Registro Mercantil las cuentas

anuales y documentación complementaria

correspondientes a los ejercicios 2000, 2001 y 2002,

establecida en la Sección Décima del Capítulo VII

(artículos 218 a 222) del Texto Refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas aprobado por Real

Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Este hecho puede ser constitutivo de la infracción

administrativa tipificada en el precitado apartado

1 del artículo 221 de dicho texto normativo, el cual

prevé la imposición de una sanción de multa,

graduable según los parámetros y previsiones

específicas contenidas en los apartados 2 y 3 del mismo

artículo.

A los efectos del régimen de recusación

establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, la competencia para la

instrucción de dicho expediente corresponde a funcionarios

de este Instituto, cuyo nombre consta en el acuerdo

de incoación íntegro.

La competencia para la resolución del expediente,

conforme a lo preceptuado en el artículo 127.2 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, así como

en el citado artículo 221 del Texto Refundido de

la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta

Presidencia.

Dado que este Acuerdo no se publica en su

integridad, de conformidad con la previsión del artículo

61 de la Ley 30/1992, se pone de manifiesto que,

durante el plazo de quince días, a contar desde

el siguiente a la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial del Estado, o al último de

exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento

de Barcelona, si éste fuera posterior, la sociedad

podrá acceder en la sede del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas -sito en la calle

Huertas, número 26, Madrid-a todos los

documentos que obren en el expediente, de los que podrá

obtener las copias que estime convenientes, formular

alegaciones y presentar los documentos e

informaciones que estimen pertinentes y, en su caso,

proponer prueba concretando los medios de que

pretendan valerse. Asimismo, en el supuesto de no

presentarse alegaciones, y dado que el presente

Acuerdo contiene un pronunciamiento preciso sobre

la responsabilidad imputada, la iniciación podrá ser

considerada propuesta de resolución, debiendo

entenderse, a tales efectos, por cada uno de los

incumplimientos correspondientes a los tres

ejercicios referidos, propuesta la imposición a la entidad

inculpada de una sanción de multa por importe

de 1.202,02 euros, en función de la cifra de capital

social de esta entidad que, según datos obrantes

en el Registro Mercantil de su domicilio, asciende

a 6.611,13 euros resultando una sanción, en su

conjunto, por importe de 3.606,06 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.-El Secretario

General, Pedro de María Martín.-&51.718.