Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Examinado el expediente de referencia, una vez

practicada la información pública prevista por los

artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Vistos los documentos que presenta el Perito de

la Administración en el expediente, en los que se

ha tenido en cuenta el resultado de la referida

información pública;

Habida cuenta del informe favorable de la

Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 12 de

septiembre de 2002, y a propuesta de la Secretaría

General de este organismo,

La Presidencia de esta Confederación, en uso de

las atribuciones que le confiere la vigente legislación,

ha resuelto con esta fecha declarar la necesidad

de la ocupación de los bienes a que se refiere el

indicado expediente y de los cuales son propietarios

los sujetos y entidades que se relacionan en los

anuncios publicados en el "Boletín Oficial del

Estado" número 136 y "Boletín Oficial de la Provincia

de Zaragoza" número 129, ambos de junio de 2002,

y en el diario "Heraldo de Aragón", de Zaragoza,

de fecha junio de 2002. No habiéndose presentado

reclamación alguna contra el expediente, según

certifica el Ayuntamiento de Luna en fecha 8 de julio

de 2002.

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados, a quienes se entregará, por

mediación de la Alcaldía, una cédula-inventario con la

exacta descripción del bien que se expropia,

advirtiéndole que contra la presente Resolución, que

agota la vía administrativa, cabe imponer, con carácter

potestativo, recurso de reposición ante este mismo

órgano en el plazo de un mes, contado a partir

del día siguiente al de la notificación de la presente

Resolución, o bien puede optar por la interposición

de un recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Autónoma competente

por razón del territorio, en el plazo de dos meses

desde la fecha de la notificación, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en

la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, que la modifica, y en los artículos 14, 25

y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en

el artículo 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2002.-El Secretario

general, Carlos de Miguel Domínguez.-56.652.