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Edicto

Por el Instructor del expediente reseñado en el

encabezamiento se remitió, por correo certificado

con acuse de recibo y a efectos de trámite de

audiencia, copia de lo actuado con relación nominal de

los documentos constitutivos del expediente y

fijación de plazo de alegaciones, no habiéndose tenido

conocimiento de la práctica de la notificación en

el domicilio del obligado a la devolución hasta el

18 de febrero de 2004, determinando esta

circunstancia un anterior doble intento de notificación

mediante comparecencia de persona al servicio de

la Administración General del Estado en el

domicilio del afectado los días 30 de diciembre de 2003

y 2 de enero de 2004, en horas diferentes, resultando

fallidos ambos intentos.

Dictada Resolución de 21 de enero de 2004 de

emplazamiento a don José Eligio Fernández Díaz

para que procediera a la devolución de la cantidad

reclamada, se ha procedido al traslado de la misma,

conjuntamente con la inicialmente enviada,

mediante presencia en su domicilio los días 5 y 6 de febrero

de 2004, en horas distintas, sin que haya podido

efectuarse la notificación por ausencia del afectado

o de otra persona que se hiciera cargo de la

documentación referida.

Esta circunstancia motiva que deba acudirse a

la notificación edictal en los términos previstos en

el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. En consecuencia, procede notificar y se

notifica a don José Eligio Fernández Díaz la parte

dispositiva de la Resolución de 21 de enero de 2004.

"En virtud de lo que antecede, esta Dirección

General resuelve:

Primero.-Emplazar a don José Eligio Fernández

Díaz para que proceda al reintegro voluntario de

la cantidad de dos mil setecientos cuarenta y ocho

euros con cinco céntimos de euro (2.748,05),

acreditada durante el período de tiempo que permaneció

suspendido provisionalmente de funciones, siendo

posteriormente sancionado con carácter firme, al

convertirle esta circunstancia en deudor de la

Hacienda Pública.

Segundo.-Que, salvo que obtenga del órgano

competente del Ministerio de Hacienda el pago

fraccionado de la deuda, de no efectuar el reintegro

aludido se procederá en el plazo de un mes a

notificar estos extremos a la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera, al objeto de que por la

misma se inicie el pertinente expediente

económico-administrativo al amparo de la Orden de 10 de

mayo de 1989 del entonces Ministerio de Economía

y Hacienda."

La presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá ser recurrida, de conformidad

con los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, ante la Dirección General de

Instituciones Penitenciarias mediante la interposición

de recurso potestativo de reposición en el plazo

de un mes, contado a partir del día siguiente a

su notificación, o ser impugnada directamente ante

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o el

del domicilio del interesado, a su elección, pudiendo

interponer, en este caso, recurso

contencioso-administratrivo en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente al de su notificación.

Madrid, 23 de febrero de 2004.-El Director

General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste

Castillejo.-8.214.