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Obra: Riegos del bajo Aragón. Proyecto de ampliación y gran reparación del canal de Caspe. Expediente 1.2.º adicional. Término municipal de Caspe (Zaragoza). Examinado el expediente de referencia; una vez practicada la información pública prevista por los artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Vistos los documentos que presenta el Perito de la Administración en el expediente, en los que se ha tenido en cuenta el resultado de la referida información pública. Habida cuenta del informe favorable de la Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 10 de mayo de 2005 y a propuesta de la Secretaría General de este Organismo; La Presidencia de esta Confederación en fecha 8 de junio de 2005, en uso de las atribuciones que le confiere la vigente legislación, ha resuelto: Declarar la necesidad de la ocupación de los bienes a que se refiere el indicado expediente y de los cuales son propietarios los sujetos y entidades que se relacionan en los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado n.º 28, Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 29, ambos de febrero de 2005 y en el Diario Heraldo de Aragón de Zaragoza de 31 de enero de 2005. No habiéndose presentado reclamación alguna contra el expediente, según certifica la Alcaldía de Caspe (Zaragoza) en fecha 15 de marzo de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes se entregará, una Cédula-Inventario con la exacta descripción del bien que se expropia, advirtiendo que contra la presente resolución que agota la vía administrativa cabe imponer, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante este mismo Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, o bien puede optar por la interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma competente por razón del territorio, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, y en los artículos 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el Art. 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Zaragoza, 8 de junio de 2005.-La Secretaria General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz.