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Por el presente edicto se comunica que con fecha 25 de octubre de 2005, el Delegado Instructor de las actuaciones previas 69/05 ha dictado providencia cuyo literal se transcribe a continuación:

«Habiéndose practicado en el día de hoy Liquidación Provisional en las Actuaciones Previas 69/05, seguidas como consecuencia del presunto alcance derivado de la gestión económico-financiera de la Junta Administrativa del Concejo de Paul por parte del anterior Presidente, y resultando la existencia de un presunto alcance por un importe total de diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro euros con siete céntimos (17.364,07 euros), de los que corresponden a principal quince mil ochocientos cuarenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos (15.846,55 euros) y mil quinientos diecisiete euros con cincuenta y dos céntimos (1.517,52 euros) a intereses, de conformidad con el artículo 47.º, apartado 1, letra f, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo requerir a D. Carlos Román Herrero, para que reintegre, deposite o afiance, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, y en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta resolución, el importe provisional del alcance más los intereses, bajo apercibimiento, en caso de no atender este requerimiento, de proceder al embargo de sus bienes.

Notifíquese al interesado. Firmada y rubricada por el Delegado Instructor y la Secretaria.»

Lo que se le comunica a los efectos de lo ordenado en la transcrita providencia, haciéndole saber que, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.º, apartado 1, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, contra la citada providencia cabe recurso ante la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, a interponer en el plazo de cinco días contados desde la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial del Estado, sin que ello implique la suspensión de las actuaciones. El recurso habrá de presentarse según prevé el artículo 63.º de la indicada norma en el Registro General del Tribunal o en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del lugar de residencia del interesado o de su representante procesal; debiendo, asimismo, valerse de Procurador y de Abogado, de acuerdo con los casos y en la forma prevista en el artículo 57.º, apartados 1 y 3.

Vitoria-Gasteiz, 27 de octubre de 2005.-La Secretaria de las actuaciones, Libe Zubiete Beitia.