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Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial para el otorgamiento de la declaración de utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva implícita de la instalación eléctrica que a continuación se detalla.

Peticionario: Sistemas Energéticos del Sardón, S.A.U.

Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, 4.ª planta, 41005 Sevilla. Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Parcela 5 del polígono 9 del término municipal El Granado (Huelva). Finca registral 430-N, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo 926, libro 16 de El Granado, folio 63. Finalidad:

A) Línea eléctrica subterránea de 20 KV para evacuación de la energía eléctrica producida por el parque eólico «El Sardón» hasta la subestación «Sierra del Granado», de 132/20 KV.

Características principales:

Línea subterránea de 20 KV D.C. con conductores de aluminio del tipo DHZ 400/500 m2 y una longitud de 1.200 metros.

Origen: Parque eólico «El Sardón». Destino: Subestación eléctrica «Sierra del Granado», de 132/20 KV. Término municipal afectado: El Granado (Huelva). Referencia expediente: E-HU. 05/03 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y 56-Au de la Delegación Provincial de Huelva.

B) Ampliación de la posición de transformación «El Sardón» en la subestación «Sierra del Granado», de 132/20 KV, para evacuación de la energía eléctrica producida por el parque eólico «El Sardón».

Características principales:

Estación transformadora tipo exterior convencional de potencia 40/53 MVA y relación de transformación 132/20 KV.

Término municipal afectado: El Granado (Hueva). Referencia expediente: 13.229-A.T.

Realizada la información pública correspondiente, conforme establece el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como la comunicación personal a los afectados por la instalación, se formularon alegaciones por don José Martín Ovando, en nombre y representación de don Matías Rodríguez Rodríguez, que venían a decir en síntesis que se diera por personado en el expediente en calidad de interesado y se remitiesen copias autentificadas de todos los documentos que formaban el expediente, para poder articular las alegaciones, con interrupción del plazo para formularlas, más aún teniendo en cuenta que personado en las dependencias de la Delegación Provincial, en dos ocasiones, no se ha mostrado el expediente completo, por lo que solicita el máximo de ampliación de plazo. Que se estaba vulnerando el procedimiento de expropiación y el de competencias. Que no existía utilidad pública. Que no existían razones de urgencia, así como necesidad que las obras se sitúen en la finca, por lo que muestra su absoluta oposición al expediente de expropiación y solicita archivo.

En cuanto a las alegaciones formuadas, huelga la personación en el expediente como interesado, dado que tal condición le pertenece por disposición legal según establece el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y prueba de ello es que la Administración, aun realizando la publicación de la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, en los medios que establece el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, también lo hizo de forma personal. La remisión de copias de todo el expediente excede del derecho que le confiere al ciudadano el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues el conocimiento del estado del expediente, así como el de obtener copias, han de entenderse en sede administrativa y más aún con interrupción del plazo para formular alegaciones, hasta tanto sean recibidas, pues de ser así se dejaría al arbitrio de los interesados en los expedientes los plazos que se establecen en las diferentes normas legales; pero es más, se ha esperado al último día del plazo para solicitar por vía fax, el 1 de diciembre de 2004, la interrupción y ampliación del plazo, alegando causa que no se ajusta a la realidad, puesto que, si bien faltaba algún documentos en la primera comparecencia, no fue así en la segunda, lo que hace injustificable la ampliación del plazo, que, además, no se puede conceder, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al hacer inviable la concesión dentro del plazo de la notificación personal. Pero en cualquier caso, la última publicación se realizó en el B.O.J.A. número 237, de 3 de diciembre, y en consecuencia se han podido realizar las alegaciones hasta el 30 de diciembre de 2004, por lo que, en definitiva, el señor Rodríguez Rodríguez ha tenido tiempo suficiente para ampliar, en su caso, las alegaciones. No existe vulneración del procedimiento de expropiación, pues se ha seguido fielmente el establecido en el artículo 143 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dado que el procedimiento regulado en el título VII del Real Decreto citado tiene el carácter de básico, según su disposición adicional primera, para aquellos procedimientos en que sean competentes las Comunidades Autónomas. Tampoco existe vulneración de competencias, al ser esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la competente para la tramitación del expediente, puesto que la tiene transferida la Junta de Andalucía mediante Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, y asignada mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, que regula la estructura orgánica. Afirmar que no existe utilidad pública para dicha instalación es desconocer la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que expresamente declara la utilidad pública de dicha clase de instalaciones en su artículo 52. En cuanto a la inexistencia de razones de urgencia, para la realización de las obras, es una mera afirmación sin fundamento que lo sustente; pero si se refiere a la forma del procedimiento, decir igualmente que lo por disposición legal. En cuanto a la ubicación y trazado de las instalaciones, éstas vienen definidas por la propia ubicación del parque eólico «El Sardón», en relación con la subestación eléctrica «Sierra de El Granado», de 132 KV, donde tiene este parque concedido su suministro de acceso y conexión eléctrica. En definitiva, no se pueden tener en cuenta las alegaciones para los fines pretendidos, y procede la continuación del expediente. Por tanto, cumplidos los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los capítulos II y V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, Esta Delegación Provincial, de acuerdo con el Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias para conocer en materia de energía, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ha resuelto declarar en concreto la utilidad pública de la instalación y la necesidad de la urgente ocupación que lleva implícita la de los bienes afectados.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-1991), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14-1-1999), entregando a las partes copia literal, con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa, y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación, ante el excelentísimo señor Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 48.2 y 114 y siguientes de la ya citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 26 de enero de 2005.-La Delegada provincial, Ana Barbeito Carrasco.