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Las obras de referencia fueron declaradas de interés general mediante Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. La relación de bienes y derechos afectados, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se sometió a información pública en los siguientes medios:

Boletín Oficial del Estado el 11 de diciembre de 2004.

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz el 3 de diciembre de 2004, de Toledo el 15 de diciembre de 2004 y de Huelva el 5 de enero de 2005. Diarios Regionales de «Hoy» de Badajoz, de «Toledo» y de «Huelva Información» el 2 de diciembre de 2004.

Igualmente, el anuncio se remitió a los Ayuntamientos afectados en los que se mantuvo expuesto al público durante el plazo de quince días.

Con fecha 10 de febrero de 2005, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, el Abogado del Estado emite informe favorable sobre la necesidad de ocupación. A la vista de lo anterior, y una vez cumplidos los demás trámites que establece la Ley de Expropiación Forzosa, la Presidencia de este Organismo, con fecha 16 de febrero de 2005, ha resuelto lo siguiente:

Declarar la necesidad de la ocupación de los bienes y derechos para ejecutar las obras de referencia.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes se notificará individualmente, de igual manera este anuncio.

Este acuerdo servirá de notificación a los propietarios desconocidos o cuya dirección o paradero se ignora, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El presente acuerdo no agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante la excelentísima señora Ministra de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a partir de su notificación en la forma que establece el artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Badajoz, 16 de febrero de 2005.-El Secretario General, Diego de la Cruz Otero.