Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Girona, en sesión celebrada con fecha 7 de junio de 1995 (expte. 48/94), fijó el justiprecio de la parcela n.º 56, de 6.561 m², de la propiedad denominada «La Clota», en L´Escala (Girona), cuyo derecho de reversión tienen reconocido Doña Catalina y doña Carolina Figueras Farrés, en 1.200.663 pts. En virtud de Sentencia firme n.º 329, de fecha 1 de abril de 2005, notificada con fecha 22 de septiembre de 2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha estimado en parte el recurso contencioso-administrativo n.º 246/98, interpuesto por el Abogado del Estado contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Girona, de fechas 7 y 26 de junio de 1995, que fijaban el justiprecio de reversión de ocho propiedades en «La Clota», en L´Escala, y dos propiedades en «Punta Falconera», en Rosas, las cuales fueron declaradas lesivas por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de noviembre de 1.997, modificando únicamente el justiprecio de la finca n.º 43 de «La Clota», con desestimación de lo restante peticionado, sin costas. Por lo expuesto, una vez determinado definitivamente el justiprecio reversional, y según lo dispuesto en el art. 48.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en su redacción vigente en el momento de ejercitarse el derecho de reversión (STS de 21-12-1996), deberá ingresarse la cantidad de siete mil doscientos dieciséis euros con trece céntimos (7.216,13 €; 1.200.663 pts.) en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de recepción/publicación de la presente notificación, en la c/c núm. 9000 0001 20 020000434 8 del Banco de España en Madrid, abierta a nombre de «Organismos Autónomos-Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (C.I.F. n.º Q-2830010A)». Una vez efectuado el referido ingreso, se formalizará la reversión mediante resolución administrativa-carta de pago, tal y como se contempla en el artículo 70.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, o en su caso, mediante escritura pública otorgada ante Notario.

Caso de no efectuar dicho ingreso o presentar alegaciones en plazo, transcurridos tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización del anterior plazo de seis meses, y según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dictará Resolución de caducidad y archivo de las actuaciones realizadas, por paralización del expediente.

Madrid, 15 de junio de 2006.-El Secretario General, don Alejandro Sáenz Aznárez.