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Mediante resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, se otorgó a Gas Natural SDG, S.A., autorización administrativa, se reconoció en concreto la utilidad pública y se aprobó el proyecto de ejecución de las instalaciones del gasoducto «Ramal APB (transporte secundario) a Palma del Río», que discurrirá íntegramente por el término municipal de Palma del Río (Córdoba). Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, convoca a los titulares de bienes y derechos afectados por el citado proyecto de instalaciones de gas, para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, según el orden establecido en el anexo de este anuncio, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva. El levantamiento de actas tendrá lugar el día 28 de marzo de 2006, en el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). En el expediente expropiatorio Gas Natural SDG, S.A., asumirá la condición de beneficiaria. Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes o derechos afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse.

Córdoba, 24 de enero de 2006.-El Delegado Provincial, Andrés Luque García.