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Por resolución del 21 de noviembre de 2005, el Director General de Costas, por delegación de la Ministra de Medio Ambiente, acordó declarar en concreto de utilidad pública para el fin de la protección integral del dominio público marítimo-terrestre, así como la iniciación de los trámites legales para su expropiación, los bienes y derechos que se relacionan en sus aspectos material y jurídico en el anejo de expropiaciones del proyecto «Actuación medioambiental e integral en la Playa Nueva (Los Guirres), t.m. de Tazacorte (Isla de La Palma)». Según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se abrió un período de información pública durante un plazo de quince días hábiles, así como solicitado informes del Ayuntamiento de Tazacorte y de los órganos competentes del Gobierno de Canarias, que han sido emitidos de forma favorable. Durante el período de información pública se han presentado alegaciones por uno de los afectados por la ejecución del proyecto, que se han estimado en parte en la resolución por la que se aprueba definitivamente el citado proyecto. Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Expropiación Forzosa y los artículos concordantes de su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, esta Dirección General ha resuelto declarar la necesidad de ocupación de los bienes, que figuran en el anejo de expropiaciones del proyecto «Actuación medioambiental e integral en la Playa Nueva (Los Guirres), t.m. de Tazacorte (Isla de La Palma)», cuya relación individualizada queda definitivamente aprobada. Disponer la publicación de la presente resolución en la forma prevista en el artículo 18.2 de la Ley de Expropiación, así como su notificación individual a cuantas personas aparezcan como interesadas en este procedimiento expropiatorio. Dicha publicación se realiza, asimismo, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los interesados desconocidos o de domicilio ignorado y para los casos en que no se pueda practicar la notificación individual.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Ministra de Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1 de la Ley de Expropiación Forzosa y 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de febrero de 2006.-Jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos E. González Pérez.