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Edicto: Por la Dirección del Centro Penitenciario de La Moraleja, se ha efectuado el tramite de notificación de la Resolución sancionadora de 15 de febrero de 2006 de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, dictada por delegación del Ministro del Interior en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que haya sido posible la entrega de la resolución mencionada, por lo que de conformidad con lo previsto en el párrafo 5 del artículo 59 de la aludida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe procederse a su notificación edictal. En consecuencia, procede notificar y se notifica la Resolución de 15 de febrero de 2006, dictada por la Directora General de Instituciones Penitenciarias por delegación del Ministro del Interior, cuya parte resolutoria, omitidas las referencias a Cuerpo de pertenencia y unidad de destino, dice así:

«Primero: Declarar al funcionario don Juan Carlos González Revuelta, autor disciplinariamente responsable de una falta muy grave de "abandono de servicio", de que queda hecha mención, tipificada en el artículo 31.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el artículo 6.c) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, imponiéndole la sanción de tres años de suspensión de funciones, establecida en el artículo 14.b), en relación con el 16, ambos del mismo Cuerpo legal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, es dado interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio, o Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes y dos meses, respectivamente, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el apartado 2) de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 48.2) y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y 9.a) y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.».

Madrid, 24 de marzo de 2006.-Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas.