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Antecedentes de hecho

1. Ante la imposibilidad de practicar la notificación de las resoluciones de caducidad a los titulares que se relacionan en la lista adjunta recaídas en sus expedientes por no aportar documentos y/o datos indispensables para la continuación del procedimiento, dejando transcurrir más de tres meses desde la finalización del plazo sin su presentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de enero, (B.O.E número 12 de 14 de enero de 1999), se resuelve caducando las solicitudes de inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas de la sección B y se procede al archivo de las actuaciones habidas en los expedientes relacionados.

2. Tras ser intentada la notificación de las resoluciones de desistimiento a los titulares que se relacionan en la lista adjunta recaídas en sus expedientes tras manifestarse en el expediente por los interesados su intención de desistir de su solicitud inicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de enero, (B.O.E número 12, de 14 de enero de 1999), se resuelve aceptando el desistimiento de las solicitudes de inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas de la sección B y se procede al archivo de las actuaciones habidas en los expedientes relacionados. 3. Al ignorarse el lugar en el que se han de practicar la notificación de las resoluciones de imposibilidad de continuar con el procedimiento por causas sobrevenidas de los expedientes relacionados en lista adjunta y no existiendo interesados acreditados en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. número 285, de 27 de noviembre de 1992, modificado por la Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E número 12, de 14 de enero de 1999), se resuelve declarar por terminados el procedimiento administrativo a que dio lugar las solicitudes de inscripción de aprovechamiento de aguas subterráneas de la sección B y se procede al archivo de las actuaciones habidas en los expedientes relacionados.

Fundamentos de Derecho

1. Es competente este organismo de Cuenca para dictar las resoluciones de conformidad con lo establecido por la Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto 1/2001, de 20 de julio de 2001; B.O.E número 176, de 24 de julio), y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986, de 11 de abril (B.O.E número 103, de 30 de abril de 1986), modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo (B.O.E de 6 de junio).

2. Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los antecedentes mencionados, el texto refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y conforme a los artículos 42.1 y 59.4 en relación con los artículos 92.1, 90.1, y 87.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E número 12, de 14 de enero de 1999), y las demás normas de general y pertinente aplicación, este organismo de Cuenca ha resuelto:

Caducar las solicitudes formuladas en los expedientes relacionados, aceptar los desistimientos presentados y declarar terminados por causas sobrevenidas la lista de expedientes relacionados, por lo que procederá al archivo de todos ellos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, y sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime oportuno, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el plazo de un mes, tal y como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, o impugnar directamente en sede jurisdiccional en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de competencia conferida a dicho órgano jurisdiccional por el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa en conexión con el artículo 10.1 j) del mismo texto.

Valencia, 1 de junio de 2007.-El Presidente (P.D. Resolución de 26 de mayo de 2004), el Comisario de Aguas Adjunto, José Francisco Martínez Mas.