Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Para los interesados que sean desconocidos o de los que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la notificación no se hubiese podido practicar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial especificada:

"Prestar conformidad a los planos de noviembre de 2010, en los que se recoge la ampliación a 200 metros de la anchura de la zona de servidumbre de protección en la zona de Barrikabaso, en el tramo comprendido entre los vértices M-42 a M-71, del deslinde de la margen izquierda de la ría de Plentzia del tramo comprendido desde la pasarela peatonal hasta los Arkotes, aprobado por O.M. de 05-12-1995, y entre los vértices M-1A al M-25 del deslinde del tramo comprendido entre los Arkotes y el límite con el t.m. de Sopelana, aprobado por O.M. de 23-04-2002, en el t.m. de Barrika (Vizcaya).

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Publicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución".

Madrid, 24 de febrero de 2011.- El Subdirector General de Dominio Público Marítimo Terrestre, José Ramón Martínez Cordero.