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Documento BOE-T-2001-6254

Sala Segunda. Sentencia 58/2001, de 26 de febrero de 2001. Recurso de amparo 4295/98. Promovido por don José Zambrano Dorantes frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su demanda contra la Dirección General de la Policía por haber denegado el abono de una gratificación por turnos rotatorios. Vulneración del derecho a la libertad sindical: STC 30/2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 77, de 30 de marzo de 2001, páginas 51 a 54 (4 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2001-6254

TEXTO ORIGINAL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4295/98, promovido

por don José Zambrano Dorantes, representado por la

Procuradora de los Tribunales doña Angustias del Barrio

León y asistido del Letrado don Vicente Javier García

Linares, contra la Sentencia de 24 de diciembre de 1997

dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en

Sevilla, en el recurso núm. 789/96, desestimatoria del

recurso contencioso-administrativo deducido contra la

Resolución de 8 de mayo de 1996, del Director General

de la Policía, que desestimó una solicitud formulada para

abono de la gratificación por turnos rotatorios a partir

del 1 de junio de 1991. Ha comparecido el Abogado

del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido

Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez,

quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Registro General de

este Tribunal el 16 de octubre de 1998 la Procuradora

doña Angustias del Barrio León, en representación de

don José Zambrano Dorantes, interpuso recurso de

amparo constitucional contra la Sentencia de la que se

hace mérito en el encabezamiento.

2. Los hechos relevantes para la resolución del

presente recurso de amparo son, sucintamente expuestos,

los siguientes:

a) El apartado 1.1 del Acuerdo de 22 de febrero

de 1989, de Medidas Económico-Funcionariales,

suscrito entre el Ministerio del Interior y diversos Sindicatos

del Cuerpo Nacional de Policía, estableció que: "A partir

del 1 de marzo de 1989 se percibirá por los

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía una gratificación

por importe de 6.500 pesetas mensuales cuando

realicen sus servicios en puestos de plantilla y su

desempeño conlleve la realización de turnos completos de

noche de forma habitual. Para percibir dicha

gratificación, los funcionarios tendrán que realizar todos los

servicios nocturnos que les correspondan mensualmente,

exceptuando únicamente los no realizados por permisos

expresamente autorizados".

b) El demandante es funcionario del Cuerpo

Nacional de Policía con destino en Sevilla, y se encontraba

prestando Servicio de Seguridad en la Prisión Sevilla 2,

puesto en el que venía percibiendo la gratificación por

turnos rotatorios a que luego se hará mención. Desde

el 1 de junio de 1992 el recurrente quedó liberado

totalmente del servicio en calidad de representante sindical

de la Asociación Nacional de Policía Uniformada, con

la autorización de la División de Personal otorgada de

acuerdo con la Circular 29, de 15 de febrero de 1988,

de la Dirección General de la Policía, en desarrollo del

art. 22.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A partir de entonces

la Administración General del Estado dejó de abonarle

la gratificación a que anteriormente se ha hecho

referencia, por lo que el demandante de amparo solicitó

el abono de ésta con efectos desde el 1 de junio de 1992.

c) La Dirección de la Policía, en Resolución de 8

de mayo de 1996, denegó dicha solicitud por entender

que, al estar dispensado completamente su autor de

la prestación de servicio por motivos sindicales, no

concurrían en él los requisitos para tener derecho a una

gratificación cuyo devengo exige la prestación

continuada y efectiva de servicios con turnos rotatorios de

mañana, tarde y noche durante todo el mes. La Administración

argumentó que se trataba de una gratificación que,

conforme a los arts. 4 del Real Decreto 311/1988, de 30

de marzo, de retribuciones del personal de las fuerzas

y cuerpos de seguridad del Estado, y 23.3 d) de la Ley

30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de

la función pública, no puede tener carácter fijo ni

periódico, por lo que sólo pueden percibirla los funcionarios

que reúnan las condiciones previstas y establecidas en

cada momento, que no concurrían, al no prestar servicios

efectivos, en el reclamante cuando formuló su solicitud.

Por último descartó que la falta de prestación de servicios

del liberado sindical fuese debida a permisos

expresamente autorizados contemplados en el Acuerdo

regulador y establecidos en el art. 30.1 c) de la citada Ley

30/1984 para la realización de funciones sindicales,

pues no se trata de ejercicio puntual y esporádico de

dichas funciones, sino de no prestar servicios con

carácter general.

d) Interpuesto recurso contencioso-administrativo

ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía fue desestimado por la Sentencia

de 24 de diciembre de 1997. En ella se razonaba que

el criterio acogido por la Sala en resoluciones anteriores

sobre la obligación de abonar la gratificación por turnos

rotatorios durante el período de vacaciones debía ser

abandonado a la vista de la Sentencia del Tribunal

Supremo de 3 de mayo de 1996, dictada en recurso de

casación en interés de ley que había fijado doctrina legal

en sentido divergente. Una vez notificada esta Sentencia

al demandante de amparo el 3 de febrero de 1998 éste

presentó escrito el 9 de marzo siguiente, en el cual

solicitaba la rectificación de la Sentencia por existir un error,

ya que él no había planteado la conocida cuestión de

si en el período de vacaciones debía abonarse la

gratificación, sino la cuestión singular de si, pese a no prestar

servicio efectivo de trabajo a turnos por estar dispensado

del servicio por motivos sindicales, tenía o no derecho

al cobro de la mencionada gratificación. Dicha solicitud

de rectificación fue rechazada de plano mediante

providencia de 10 de marzo por haberse formulado fuera

de plazo. El día 1 de julio de 1998 la Sala dictó de

oficio un Auto en el cual afirmaba que se había incurrido

en un error informático, por lo que había de aclararse

la Sentencia dictada, que debía ser sustituida por la que

seguidamente se insertaba. Dicha Sentencia, producto

de la aclaración, es de la misma fecha (24 de diciembre

de 1997), y en ella se razona que ha de partirse de

la singularidad del caso, pues no se trata de un

funcionario de Policía Nacional que no percibe la

gratifi

cación en el mes de vacaciones o períodos de inactividad

por licencias o permisos, sino de funcionario policial

representante sindical en servicios especiales que no

percibe la gratificación durante el período en que realiza

funciones sindicales, poniendo de relieve que el

concepto retributivo no tiene ninguna vinculación con el

puesto de trabajo y que resulta de aplicación lo dispuesto

en el art. 29.1 in fine, de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de medidas de reforma de la función pública.

Como consecuencia de ello el órgano judicial mantiene

el fallo desestimatorio del recurso

contencioso-administrativo, notificándolo así al Abogado del Estado el 15

de julio de 1998 y al demandante el día 20 inmediato.

El demandante de amparo solicitó la rectificación del

nombre del recurrente en el encabezamiento de la

Sentencia, a lo que accedió la Sala mediante Auto de 1

de septiembre de 1998, notificado el 28 del mismo mes

y año.

3. La demanda de amparo se interpone contra la

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia por violación

del art. 28.1 CE. El recurrente argumenta que la Sala

realiza una interpretación restrictiva del concepto de

permiso para realizar funciones sindicales establecido en

el art. 23.3 d) de la Ley 30/1984, pues lo ciñe a los

de corta duración, sin que exista previsión legal que

autorice tal restricción, de suerte que, merced a esta

interpretación, se coarta el ejercicio del derecho a la libertad

sindical, pues se priva a un liberado sindical de la

percepción del complemento que se le venía abonando

hasta que adquirió la condición de tal, lo que supone la

pretensión de imponer que al ejercicio de la actividad

sindical se haga seguir la consecuencia de sufrir un

empeoramiento en las condiciones económicas hasta

el momento disfrutadas.

En una segunda línea argumental, con cita de

nuestras SSTC 95/1996 y 161/1991, se sostiene que se

produce también una discriminación en el plano

retributivo del funcionario que realiza funciones sindicales

respecto del que no las lleva a cabo. Hay por ello, se

concluye, una violación del art. 14 CE.

4. Mediante providencia de 6 de abril de 2000 la

Sala Segunda admitió a trámite el recurso de amparo

y acordó dirigir atenta comunicación a la Sección

Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en

Sevilla, para que remitiese certificación o fotocopia

adverada de las actuaciones judiciales correspondientes al

Recurso núm. 789/96. Del mismo modo acordó el

emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el

proceso del que el presente recurso de amparo trae causa,

salvo el demandante.

5. Personado el Abogado del Estado mediante

escrito registrado el 10 de abril de 2000, y recibidas las

actuaciones judiciales reclamadas, el 9 de mayo de 2000

se tuvo a aquél por personado y se acordó dar vista

de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio

Fiscal, por plazo común de diez días, para que formularan

alegaciones conforme al art. 52.1 LOTC.

6. El demandante de amparo presentó sus

alegaciones el día 22 de mayo de 2000, dando por

reproducida la argumentación y peticiones de la demanda

y llamando la atención sobre la identidad del presente

recurso de amparo con el resuelto mediante la STC 31

de enero de 2000.

7. El Abogado del Estado formuló alegaciones

mediante escrito presentado el 2 de junio de 2000.

Expone el iter procesal de la Sentencia que ahora se recurre

en amparo y entiende que la Sentencia, con el contenido

que finalmente tiene, ha incurrido en un error patente,

pues parte de la consideración de que un liberado

sindical se encuentra en situación de servicios especiales,

lo que le conduce a argumentar con la aplicación del

art. 29.1 in fine, lo que a su juicio es claramente erróneo,

porque, de encontrarse en tal situación administrativa,

el funcionario afectado no cobraría de la Administración,

sino que percibiría lo que su Sindicato estuviera en

condiciones de pagarle. Tras esta inicial argumentación

entiende el representante procesal de la Administración

General del Estado que el recurso de amparo es

inadmisible por extemporáneo, pues la modificación de oficio

de la Sentencia y los errores patentes que contiene hacen

a la resolución judicial nula de pleno derecho por

vulneración "del derecho a la tutela judicial efectiva, no

como derecho individual, pues el agraviado no se queja,

sino como elemento objetivo del Ordenamiento y como

máxima procesal constitucional". De ahí, argumenta, que

no pueda servir de punto de referencia para el cómputo

del plazo de amparo. El recurrente debió plantear un

amparo mixto, contra la resolución administrativa por

vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad

sindical con base en el art. 43 LOTC, y contra la Sentencia

aduciendo incongruencia al cobijo del art. 44 LOTC.

Con carácter subsidiario entiende que el recurso de

amparo incurre también en la causa de inadmisibilidad

del art. 50.1 a) LOTC, en relación con los arts. 43.1

y 44.1 c) de la misma norma, pues el recurso

contencioso-administrativo no incluyó la alegación de ninguno

de los derechos fundamentales aquí invocados (igualdad

y libertad sindical), sino que se fundó en la aplicación

del art. 30.1 c) de la Ley 30/1984 y en la errónea

interpretación del acuerdo sobre medidas

económico-funcionariales. Sólo hay una referencia al derecho a la

negociación colectiva, cuya titularidad corresponde al

sindicato y no al actor (SSTC 208/1993 y 80/2000) y a

una Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de

septiembre de 1984 que no existe.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada entiende

que la resolución del recurso habrá de centrarse en la

invocación del derecho a la libertad sindical reconocido

en el art. 28 CE, quedando dentro de esta esfera la

aducida vulneración del art. 14 CE, toda vez que ésta

no se basa en una de las específicas causas de

discriminación recogidas en este último precepto

constitucional. Reconoce el Abogado del Estado la sustancial

identidad entre la cuestión aquí planteada y la resuelta

en la STC 30/2000, de 31 de enero, por lo que centra

su argumentación en la crítica ésta. Discrepa así de la

Sentencia constitucional en la afirmación de que la

pérdida de la gratificación por quien se encuentra liberado

de servicio por motivos sindicales pueda suponer un

potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar

funciones sindicales y que ello pueda proyectarse sobre

la organización sindical correspondiente. Esta afirmación

la reputa inverificable y perteneciente al reino de la

anticipación. Tampoco comparte que el examen del punto

constitucional permita prescindir sin más de las

condiciones que la norma convencional fija para la percepción

de una retribución extraordinaria, lo que en su criterio

constituye la tesis de la STC 30/2000. Descarta que

la percepción de una gratificación pertenezca al

contenido esencial del derecho de libertad sindical, por lo

que su encaje en el contenido adicional hace necesario

el examen de las condiciones precisas en que está

prevista su percepción, lo que, tras su análisis, le lleva a

entender que el demandante carece del derecho a ella.

8. El Ministerio Fiscal presentó alegaciones el 14

de junio de 2000. Tras realizar un resumen de los hechos

relevantes para la decisión de este recurso y de los

argumentos esgrimidos por el demandante resalta la

sustancial identidad del presente recurso de amparo con

el resuelto mediante la reciente STC 30/2000, por lo

que propugna la estimación de la demanda. Para

preservar el derecho fundamental a la libertad sindical del

demandante estima el Fiscal que bastará con la

declaración de nulidad de la Sentencia y del acuerdo

administrativo objeto de impugnación.

9. Por providencia de 22 de febrero de 2001 se

señaló para deliberación y votación de la presente

Sentencia el día 26 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de amparo se deduce contra

la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede

en Sevilla, de fecha 24 de diciembre de 1997, tal como

quedó redactada como consecuencia de su rectificación

de oficio mediante el Auto de 1 de julio de 1998, que,

sin alterar el fallo desestimatorio, dio nueva redacción

a la totalidad de sus fundamentos jurídicos.

La demanda de amparo invoca los arts. 14 y 28.1

CE, pero la queja esencial contenida en ella se reduce

a la violación del segundo de los derechos invocados,

careciendo de relevancia la invocación del primero.

Según criterio reiterado de este Tribunal, cuando se

alegan discriminaciones perturbadoras del ejercicio del

derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) las hipotéticas

vulneraciones del art. 14 CE quedan subsumidas en el

derecho reconocido en el art. 28.1 CE, salvo que la

discriminación impugnada concierna a alguna de las

circunstancias proscritas en el art. 14 CE, lo que aquí no

ocurre (por todas, SSTC 202/1997, de 25 de noviembre;

87/1998, de 21 de abril, y 191/1998, de 29 de

septiembre). De ahí que el presente recurso haya de

centrarse en la aducida lesión del derecho fundamental a

la libertad sindical.

2. Hemos de comenzar por dar respuesta a la

aducida extemporaneidad de la demanda de amparo

esgrimida por el Abogado del Estado, el cual entiende que

la Sentencia, tal como resulta del Auto de 1 de julio

de 1998, es nula de pleno derecho por vulnerar, en

una dimensión objetiva, el derecho a la tutela judicial

efectiva como consecuencia de los errores patentes que

contiene y de que fue modificada de oficio por el Tribunal

sentenciador. Esta nulidad llevaría a que no pudiera

reconocérsele el efecto iniciador del cómputo del plazo para

la presentación de la demanda de amparo, pues habría

producido una ampliación artificiosa de dicho plazo.

Pues bien, para rechazar la extemporaneidad de la

demanda de amparo basta con apreciar que, en realidad,

el Abogado del Estado pretende hacer valer una supuesta

vulneración de derechos fundamentales sufrida por el

propio demandante de amparo, para lo cual no se

encuentra legitimado. Pero es que, además, aunque se

aceptara la dimensión objetiva que el Abogado del

Estado da al derecho a la tutela judicial efectiva, la

rectificación de las Sentencias en las que se haya sufrido

un error material manifiesto puede realizarse en cualquier

momento, a tenor de lo que dispone el art. 267.2 LOPJ,

pues, como dijimos en la STC 48/1999, de 22 de marzo,

"en la regulación del art. 267 LOPJ coexisten dos

regímenes distintos: la aclaración propiamente dicha,

referida a "aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier

omisión que [las sentencias y los autos] contengan"

(núm. 1), y la rectificación de "los errores materiales

manifiestos y los aritméticos" (núm. 2). De manera que,

cuando se produzca un error material manifiesto, el órgano

jurisdiccional podrá en cualquier momento, incluso de

oficio, efectuar la corrección o rectificación que proceda.

Se trata de una válvula de seguridad necesaria para que

los Jueces y Tribunales hagan frente a las posibles

deficiencias o desajustes puramente materiales (esto es,

fácticos, aritméticos, mecanográficos, informáticos, etc.)

que se observen en sus resoluciones y que, utilizada

dentro de su lógica y para la finalidad legalmente

prevista, no lesiona derecho fundamental alguno, pues,

como se acaba de señalar, no forma parte del art. 24.1

CE el beneficiarse de errores materiales manifiestos o

de evidentes omisiones en la redacción o transcripción

del fallo o de la fundamentación que puedan sin lugar

a dudas deducirse del texto de la resolución judicial".

La cuestión se traslada así a la valoración de si se trata

de un error material manifiesto o si, por el contrario,

se trata de suplir la falta de argumentación de la

Sentencia, corregir errores judiciales de calificación jurídica,

realizar alteraciones en la apreciación probatoria, u otros

supuestos no amparados por esta excepcional facultad.

En la averiguación de si estamos o no en presencia

de un error material manifiesto hemos afirmado en la

Sentencia indicada que, "cuando el error material que

conduce a dictar una resolución equivocada o que no

se refiera al procedimiento de que se trataba sea un

error grosero manifiesto apreciable desde el texto de

la misma sin realizar interpretaciones o deducciones

valorativas, deducible a simple vista, en definitiva, si su

detección no requiere pericia o razonamiento jurídico alguno,

el órgano jurisdiccional podrá legítima y

excepcionalmente proceder a la rectificación ex art. 267 LOPJ, aun

variando el sentido del fallo. En cambio, como hicimos en las

SSTC 231/1991, de 10 de diciembre, 23/1994, de 27

de enero, 122/1996, de 8 de julio, y 164/1997, de 3

de octubre, cuando la rectificación (con alteración del

sentido del fallo) entrañe una nueva operación de

valoración, interpretación o apreciación en Derecho el órgano

jurisdiccional se habrá excedido de los estrechos límites

del citado precepto legal y habrá vulnerado el derecho

a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las partes

en el proceso". Esta argumentación nos llevó a declarar

la inexistencia de lesión del art. 24.1 CE incluso en un

caso en el cual se había producido una alteración del

sentido del fallo, circunstancia que aquí no se da y que

no puede dejar de tener relevancia en la ponderación

de los derechos en juego.

La aplicación de este criterio al caso sometido ahora

a nuestra consideración hace que debamos desestimar

la alegación del Abogado del Estado, pues la redacción

originaria de la Sentencia se refería a un supuesto

reiteradamente planteado ante ese órgano judicial (si había

o no derecho al cobro de la gratificación en los períodos

de vacaciones) que era diferente al planteado en el

concreto proceso, a saber, si era legítimo que quienes

percibían la gratificación dejaran de hacerlo como

consecuencia de su liberación del servicio por motivos de

representación sindical.

3. La misma suerte desestimatoria ha de correr la

segunda causa de inadmisión que, de forma subsidiaria,

alega el Abogado del Estado: la inadmisión del recurso

por falta de invocación del derecho fundamental aducido

en la vía judicial previa [art. 50.1 a) LOTC, en relación

con los arts. 43.1 y 44.1 c) de la misma norma]. Es

cierto que la única referencia al derecho a la libertad

sindical en que se funda el presente recurso de amparo

contenida en la demanda presentada en el proceso

contencioso-administrativo es la cita de una Sentencia

equivocada en su fecha, pero también lo es que en dicho

recurso se alude a que "el ejercicio de los derechos

sindicales (entre ellos las horas sindicales o bien la

liberación para el trabajo) no pueden suponer un perjuicio

para el trabajador". Pues bien, esta referencia al derecho

a la libertad sindical como derecho vulnerado, sucinta

pero atinada, es suficiente para tener por cumplido el

requisito que ahora estudiamos, ya dio ocasión al órgano

judicial para reparar la lesión del derecho fundamental

que motiva la demanda de amparo, razón última de la

exigencia de la previa invocación que preserva el carácter

subsidiario del recurso de amparo constitucional.

Reiteradamente hemos afirmado que, "en relación con el

requisito de previa invocación del derecho fundamental

vulnerado, establecido por el art. 44.1 c) LOTC, este

Tribunal se viene guiando por un criterio flexible, que

libera de la cita expresa del precepto constitucional

vulnerado siempre que ante los órganos judiciales hubiera

quedado identificado el derecho que se considera

atacado" [entre las más recientes, SSTC 265/2000, de 30

de octubre; 34/1999, de 22 de marzo, FJ 1; 99/1999,

de 31 de mayo, FJ 2 b)].

4. Despejadas las cuestiones procesales ha de

señalarse que el presente recurso de amparo guarda desde

la perspectiva constitucional esencial identidad, salvo en

las personas de los recurrentes, con el que fue tramitado

en este Tribunal con el núm. 2844/98 y resuelto por

la Sala Segunda en STC 30/2000, de 31 de enero. En

efecto, al igual que al ahora demandante de amparo,

al entonces recurrente, también funcionario del Cuerpo

Nacional de Policía, dejó de abonársele la gratificación

por turnos rotatorios desde que fue liberado de la

prestación de servicios para la realización de funciones

sindicales como representante regional de la Asociación

Nacional de Policía Uniformada. La absoluta identidad

en los hechos, así como la sustancial identidad de las

quejas y de su fundamentación, hace que hayamos de

remitirnos en su totalidad a la fundamentación jurídica

de la citada Sentencia.

De ello se deriva la estimación del recurso de amparo

en los mismos términos que en la STC 30/2000.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

1.o Declarar que se ha vulnerado el derecho del

demandante a la libertad sindical.

2.o Restablecerle en la integridad de su derecho y,

a tal fin, anular la Resolución del Director General de

la Policía de 8 de mayo de 1996 y la Sentencia de 24

de diciembre de 1997 dictada por la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso

núm. 789/96.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a veintiséis de febrero de dos mil

uno.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael de Mendizábal

Allende.-Julio Diego González Campos.-Tomás S. Vives

Antón.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo

Jiménez Sánchez.-Firmado y rubricado.

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