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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 1 de diciembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 868/1993, en el que son partes, de una, como demandantes, los Ayuntamientos de Fresnedoso y Sorihuela (Salamanca), y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de fechas 23 de febrero y 27 de marzo de 1990, desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 12 de diciembre de 1989, sobre expediente disciplinario incoado a un funcionario de dichas Corporaciones Municipales.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible, por falta de legitimación activa de las entidades recurrentes, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Piñeira de la Sierra, en representación de los Ayuntamientos de Fresnedoso y Sorihuela (Salamanca), contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 12 de diciembre de 1989, recaída en expediente disciplinario incoado a don Herminio Corredera Fernández, Secretario- Interventor de los Ayuntamientos demandantes, así como frente a las Resoluciones del Ministerio de Administraciones Públicas de fechas 23 de febrero y 27 de marzo de 1990, desestimatorias de los recursos de reposición deducidos contra aquélla, sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.