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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

ha dictado sentencia, con fecha 27 de marzo de 1998, en el recurso

contencioso-administrativo número 3/2.224/1995, en el que son partes, de

una, como demandante, doña María Isabel Sarasa Marcuello, y de otra,

como demandada, la Administración General del Estado, representada y

defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para

las Administraciones Públicas de fecha 16 de noviembre de 1995, sobre

integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente

pronunciamiento:

"Fallamos: Primero.-Estimar el presente recurso número 3/2.224/1995,

interpuesto por la representación de doña María Isabel Sarasa Marcuello,

contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas

de 16 de noviembre de 1995 descrita en el primer fundamento de Derecho,

que se anula y deja sin efecto por no ajustarse al ordenamiento jurídico,

y en su lugar declaramos el derecho de la recurrente a la integración

pretendida en el Cuerpo General Administrativo desde la fecha en que

se produjera vacante que le correspondía a ella a partir de la fecha en

que cumplía los requisitos de la integración, con abono de las diferencias

económicas correspondientes, siempre que no sobrepase el límite de cinco

años en la retroacción, desde su petición de 31 de octubre de 1995.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas."

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de

conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín

Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus

propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de agosto de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico,

Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.