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JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el articulo 94.1, de la Constitución y, por consiguiente, cumplidas los requisitos exigidos por la Legislación española, extiendo el presente Instrumento de Adhesión de España a la Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979, para que mediante su depósito y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 13, España pase a ser Parte de dicha Convención, con la siguiente declaración:
«España designa como Autoridad Central a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.»
En fe de lo cual, firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, han acordado lo siguiente:
La presente Convención tiene por objeto establecer normas sobre la cooperación internacional entre los Estados Partes para la obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos.
Con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las autoridades de cada uno de los Estados Partes proporcionarán a las autoridades de los demás que lo solicitaren, los elementos probatorios o informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho.
La cooperación internacional en la materia de que trata esta Convención se prestará por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos tanto por la Ley del Estado requirente como por la del Estado requerido.
Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta Convención, entre otros, los siguientes:
a) La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales.
b) La prueba pericial, consistente en dictámenes de Abogados o expertos en la materia.
e) Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos.
Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes de esta Convención podrán solicitar los informes a que se refiere el inciso c) del artículo 3.º
Los Estados Partes podrán extender la aplicación de esta Convención a la petición de informes de otras autoridades.
Sin perjuicio de lo anterior, serán atendibles las solicitudes de otras autoridades que se refieran a los elementos probatorios indicados en los incisos a) y b) del articulo 3.º
Las solicitudes a que se refiere esta Convención deberán contener lo siguiente:
a) Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto.
b) Indicación precisa de los elementos probatorios que se solicitan.
c) Determinación de cada uno de los puntos a que se refiera la consulta con indicación del sentido y alcance de la misma, acompañada de una exposición de los hechos pertinentes para su debida comprensión.
La autoridad requerida deberá responder a cada uno de los puntos consultados conforme a lo solicitado y en la forma más completa posible.
Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado requerido o serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. La respuesta será redactada en el idioma del Estado requerido.
Cada Estado Parte quedará obligado a responder las consultas de los demás Estados Partes conforme a esta Convención, a través de su autoridad central, la cual podrá transmitir dichas consultas a otros órganos del mismo Estado.
El Estado que rinda los informes a que alude el articulo 3.º, c), no será responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta proporcionada.
El Estado que recibe los informes a que alude el artículo 3.°, c), no estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta recibida.
Las solicitudes a que se refiere esta Convención podrán ser dirigidas directamente por las autoridades jurisdiccionales o a través de la autoridad central del Estado requirente, a la correspondiente autoridad central del Estado requerido, sin necesidad de legalización.
La autoridad central de cada Estado Parte recibirá las consultas formuladas por las autoridades de su Estado y las transmitirá a la autoridad central del Estado requerido.
Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en esta materia hubieren sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar.
A los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autoridad central.
La designación deberá ser comunicada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en el momento del depósito del Instrumento de Ratificación o Adhesión para que sea comunicada a los demás Estados Partes.
Los Estados Partes podrán cambiar en cualquier momento la designación de su autoridad central.
Los Estados Partes no estarán obligados a responder las consultas de otro Estado Parte cuando los intereses de dichos Estados estuvieren afectados por la cuestión que diere origen a la petición de información o cuando la respuesta pudiere afectar su seguridad o soberanía.
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los Instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los Instrumentos de Adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones especificas y que no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo Instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo Instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su Instrumento de ratificación o adhesión.
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El Instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del Instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
El Instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de Instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les trasmitirá la información a que se refiere el artículo 9.° y las declaraciones previstas en el artículo 16 de la presente Convención.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
Hecha en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 8 de mayo de 1979.
Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero
Suscrita en Montevideo. Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado
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Países signatarios |
Fecha de depósito Instrumento de Ratificación |
|---|---|
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Brasil |
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Colombia |
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Costa Rica |
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Chile |
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Ecuador |
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Guatemala |
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Haití |
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Honduras |
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Panamá |
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Paraguay |
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Perú |
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República Dominicana |
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Uruguay |
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Venezuela |
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El Instrumento original está depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual es además depositaria de los Instrumentos de ratificación, adhesión o denuncia.
La Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a la adhesión de cualquier otro Estado. Entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el segundo Instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo Instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su Instrumento de ratificación o adhesión.
14 de septiembre de 1979.
ESTADOS PARTE
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Estados |
Firma |
Fecha del depósito Instrumentos |
|---|---|---|
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Argentina |
19-5-1986 |
4- 9-1987 R |
|
Bolivia |
2-8-1983 |
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Brasil |
8-5-1979 |
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Colombia |
8-5-1979 |
28- 4-1983 R |
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Costa Rica |
8-5-1979 |
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|
Chile |
8-5-1979 |
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Ecuador |
8-5-1979 |
11- 5-1982 R |
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España |
|
11-12-1987 AD |
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El Salvador |
11-8-1980 |
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Guatemala |
8-5-1979 |
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Haití |
8-5-1979 |
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Honduras |
8-5-1979 |
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|
México |
3-8-1982 |
9- 3-1983 R (1) |
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Panamá |
8-5-1979 |
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|
Paraguay |
8-5-1979 |
16- 8-1985 R |
|
Perú |
8-5-1979 |
15- 5-1980 R (2) |
|
República Dominicana |
8-5-1979 |
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Uruguay |
8-5-1979 |
15- 5-1980 R (3) |
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Venezuela |
8-5-1979 |
16- 5-1985 R |
R = Ratificación.
AD = Adhesión.
RESERVAS Y DECLARACIONES
1) México:
(Suministro información conforme al artículo 9.º)
De conformidad con lo estipulado en el artículo 9.° de la Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero relativo a la designación de una autoridad central, me permito notificar a Vuestra Excelencia que por parte de México, ésta será la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2) Perú:
(Suministro información conforme al artículo 9.º)
El Gobierno del Perú ha designado a la Corte Suprema de Justicia de la República como Autoridad Central, mediante Resolución Suprema 0477, del 10 de agosto de 1981 (1 de septiembre).
3) Uruguay:
(Declaración hecha al firmar la Convención.)
Alcance que le otorga al orden público:
La República Oriental del Uruguay manifiesta que ratifica de modo expreso la línea de pensamiento sostenida en Panamá –CIDIP-I– reafirmando su acendrado espíritu panamericanista y su decisión clara y positiva de contribuir con sus ideas y su voto al efectivo desenvolvimiento de la comunidad jurídica.
Esta línea de pensamiento y conducta ha quedado patentizada en forma indubitable con la ratificación sin reservas por parte del Uruguay de todas las Convenciones de Panamá aprobadas por Ley número 14.534 del año 1976.
En concordancia con lo que antecede, la República Oriental del Uruguay da su voto afirmativo a la fórmula del orden público, sin perjuicio de dejar expresa y claramente señalado, de conformidad con la posición sustentada en Panamá, que, según su interpretación acerca de la prealudida excepción, ésta se refiere al orden público internacional, como un instituto jurídico singular, no identificable necesariamente con el orden público interno de cada Estado.
Por consecuencia, a juicio de la República Oriental del Uruguay, la fórmula aprobada comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para que en forma no discrecional y fundada, declaren no aplicable los preceptos de la Ley extranjera, cuando éstos ofendan en forma concreta, grave y manifiesta normas y principios esenciales de orden público internacional en los que cada Estado asiente su individualidad jurídica. (Declaración hecha al ratificar la Convención.)
Con la declaración formulada al firmarla.
(Suministro información conforme al artículo 9.º)
El 30 de agosto de 1985, envió información (Nota No. 961/1985), designando el Ministerio de Educación y Cultura, «Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional», como la autoridad central prevista en el artículo 9.° de la Convención.
La presente Convención entró en vigor de forma general el 14 de junio de 1980, y para España entrará en vigor el 10 de enero de 1988, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la misma.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 5 de enero de 1988.–El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Paz y Agüeras.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
