Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía, establece en su artículo cuarto la condonación del pago de las cuotas y recargos devengados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, afectos a las explotaciones agrarias, situados en las zonas que al efecto se determinen por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Obras Públicas y Transportes.

Tal condonación se hará extensiva, respecto a las mismas explotaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley citado, a las cuotas que pudieran haber sido objeto de moratoria en el ejercicio anterior, en aplicación de lo previsto en el Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de mayo.

La compensación a favor de los Ayuntamientos de los beneficios fiscales señalados se hará efectiva en base a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y, a tenor de lo preceptuado, en el artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, siguiendo el procedimiento que en la presente Orden se arbitra.

En su virtud, y para dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.

Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para otorgar las ayudas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 8/1993, que se contienen en el anexo de la presente Orden.

Artículo 2.

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Orden.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.

Madrid, 22 de febrero de 1994.

SOLBES MIRA

Excmos. Sres. Presidentes de Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Diputaciones Provinciales, Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de Ayuntamientos.

ANEXO

Base primera.

1. Las compensaciones a los Ayuntamientos como consecuencia de los daños producidos por la sequía en 1993, derivadas de la condonación en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que grava a las explotaciones agrarias situadas en las zonas que se determinan en la Orden del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaría del Gobierno de fecha 18 de junio de 1993 y en las señaladas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el ámbito de sus competencias en la Resolución de 12 de julio de 1993, se realizarán con cargo al crédito contenido en el Programa 912 C, otras aportaciones a las corporaciones locales, incluido en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, capítulo 4, transferencias corrientes, artículo 46 a corporaciones locales, concepto 460, compensación de los beneficios concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de inundaciones y otras catástrofes.

2. Con cargo al mismo crédito, se harán igualmente efectivas las compensaciones que por extensión se concedan en las cuotas del impuesto señalado en el párrafo precedente relativas al ejercicio de 1992, en aplicación del párrafo segundo, del número uno, del artículo cuarto, del Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo.

Base segunda.

Para proceder a las compensaciones en orden a las catalogaciones de los ámbitos territoriales y demás precisiones contenidas en las normas dictadas a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Obras Públicas y Transportes se seguirán las reglas de procedimiento reseñadas en las bases siguientes.

Base tercera.

Los municipios afectados, tanto en zonas de secano como de regadío, situados en los ámbitos territoriales definidos a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Obras Públicas y Transportes, deberán iniciar de oficio los expedientes de condonación a favor de los titulares de las fincas afectadas y sucesivamente proceder a la presentación, ante la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de la respectiva provincia, de la siguiente documentación:

a) Relaciones separadas de los titulares catastrales de las fincas rústicas beneficiadas con cada tipo de condonación y con referencia a cada ejercicio económico de los señalados en el Real Decreto-Ley 8/1993, de 21 de mayo, que deberán aparecer certificadas por el Interventor de la Corporación con referencia expresa a las cuotas y recargos y demás datos de identificación que consten en el Padrón municipal para la exacción del Impuesto de Bienes Inmuebles que recae sobre los de naturaleza rústica.

b) Certificación del registro contable de las bajas producidas en los derechos contraídos hasta la suma total de las cuotas y recargos objeto de condonación con referencia individualizada de las mismas.

c) En caso de que la cobranza del impuesto se haya realizado, certificación del reconocimiento expreso en contabilidad de la obligación contraída con cada interesado y de haber realizado la notificación expresa del derecho a la devolución de las cuotas y recargos indebidamente satisfechos, o de haber realizado el pago efectivo de la procedente devolución del ingreso, en su caso.

Las certificaciones señaladas en los apartados b) y c) anteriores podrán adoptar la forma de una o varias relaciones certificadas por contribuyentes en las que consten debidamente individualizados los extremos señalados.

Base cuarta.

Las Gerencias territoriales de la Dirección General de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, en colaboración con los respectivos municipios y los servicios de recaudación correspondientes, facilitarán y elaborarán, en su caso, los datos de desglose de los recibos que sean necesarios para que por el Ayuntamiento correspondiente se puedan realizar las actuaciones señaladas en la base precedente.

Base quinta.

Las Delegaciones Provinciales de Economía y Hacienda incoarán un expediente conjunto en relación con las solicitudes de compensación recibidas en cada periodo mensual, que será informado por la Gerencia territorial de la Dirección General de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, para su posterior remisión a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales acompañado de un informe en el que conste la propuesta de resolución que se entienda haya de adoptarse en cada caso.

Base sexta.

1. La Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, a la vista de los antecedentes e informe recibido, dictará la resolución correspondiente y procederá a expedir las propuestas de pago y órdenes de transferencia para que se proceda al pago efectivo a los respectivos Ayuntamientos de las obligaciones reconocidas por el Estado.

2. No obstante, en el caso de que por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales se observen faltas o insuficiencias en la documentación y certificaciones a las que se alude en la base tercera, se requerirá de oficio al respectivo Ayuntamiento para que en un plazo no superior a veinte días complete o aclare en forma los extremos que resulten no justificados.

En el supuesto de que dicho requerimiento no se cumpla, se dictará la resolución procedente valorando la suficiencia o insuficiencia total o parcial de los documentos aportados a la iniciación del expediente.

En cualquier caso, la resolución que conceda o deniegue el derecho a la compensación deberá ser expresa y notificada a los Ayuntamientos afectados concediendo los recursos que en derecho procedan.

Base séptima.

1. Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de los respectivos municipios no se pueda aportar en forma inmediata la documentación a que se refiere la base tercera anterior, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, valorando en cada caso las dificultades señaladas por los respectivos municipios, podrá realizar un anticipo de fondos a justificar de hasta el 70 por 100 del importe de las condonaciones presumiblemente concedidas a los particulares en las cuotas y recargos del impuesto de referencia, estableciéndose un plazo de tres meses a fin de que completen los extremos no justificados y se concluya la resolución del expediente.

2. Transcurrido el plazo señalado o la prórroga que se conceda en su caso, la Dirección General requerirá al Ayuntamiento respectivo para que en un plazo no superior a un mes aporte la documentación complementaria.

3. Finalizado el plazo de aportación señalado, se dictará la resolución definitiva en base a la documentación disponible, pudiendo exigirse en su caso el reintegro total o parcial de las cantidades anticipadas a los municipios afectados.

4. El importe adeudado por los municipios, en su caso, podrá ser objeto de compensación por el procedimiento previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Base octava.

1. Si como consecuencia de las actuaciones tendentes al desglose en los valores en recibo de las cuotas tributarias y recargos correspondientes a las fincas afectadas, se hiciera preciso suspender la cobranza del Padrón del Impuesto en todo o en parte, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales a petición razonada del respectivo municipio, previo informe de la Gerencia Territorial de la Dirección General de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y por conducto de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, siguiendo los trámites establecidos en el artículo 86 de la Ley 39/1992, de 29 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, podrá conceder un anticipo de Tesorería hasta el 75 por 100 como máximo del importe de la recaudación previsible como imputable al Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles que grava las explotaciones agrarias, pudiendo ser objeto de modulación en orden a la efectiva retirada de la gestión cobratoria de los valores en recibo correspondientes.

2. Los anticipos a que se hace referencia en la presente base no serán simultaneables con los señalados en la base séptima anterior y deberán ser regularizados:

a) Con cargo a las cantidades reconocidas a favor de los municipios en la forma prevista en la base sexta, previa resolución del expediente correspondiente.

b) Con cargo a la participación en los tributos del Estado, respecto a las cuotas no condonadas, una vez que obre el Padrón rectificado en poder del municipio o servicio recaudatorio correspondiente.

3. La regularización de los anticipos señalados en el presente apartado, salvo que existan razones expresas puestas de manifiesto en el expediente por el municipio o la propia Dirección General de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, deberá producirse en el plazo de los cinco meses siguientes a su concesión.

4. A tales efectos, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y los Delegados de Economía y Hacienda podrán solicitar los oportunos informes de la Dirección General de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y requerir, en su caso, a los municipios afectados la presentación de la documentación a que se hace referencia en el apartado 3, extremo que deberá ser cumplimentado en el plazo de un mes a partir del requerimiento realizado.

5. En el caso de que no se justifiquen por los municipios correspondientes la necesidad de concesión de una prórroga o no se presente la documentación correspondiente, el anticipo realizado será automáticamente cancelado con cargo a las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado hasta la concurrencia del débito y crédito mutuos tal como se señala en el artículo 86 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993, antes citado, pudiendo en cualquier caso, el municipio correspondiente, solicitar posteriormente las compensaciones a que hubiera lugar en la forma determinada en las bases tercera a sexta, ambas inclusive, de la presente Orden, siempre que las acciones correspondientes no hubieran prescrito.

Base novena.

1. Los valores en recibo anulados como consecuencia de la aplicación de los preceptos contenidos en la presente Orden deberán ser debidamente inutilizados y custodiados por los municipios, pudiendo en cualquier caso ser solicitada su presentación por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales a efectos de la justificación material del reconocimiento de la obligación de compensar en cada caso.

2. La no presentación de los valores debidamente inutilizados, en caso de que así se requiera, podrá dar origen a la suspensión de la tramitación del expediente y archivo de las actuaciones y, en su caso, a la exigencia del reintegro de las cantidades percibidas por el municipio.