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En lo relativo a los procedimientos referentes al arrendamiento de bienes inmuebles en el extranjero, y respecto de la regulación contenida en el Decreto 2926/1965, de 23 de septiembre, sobre el régimen especial de los bienes del Estado en el extranjero, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, operó un desplazamiento de competencias desde el Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio de Hacienda, en coherencia con el principio que inspiraba a esta norma de potenciar la posición de este último Departamento con el fin de reforzar la coordinación de la gestión patrimonial en el ámbito estatal, de tal forma que la instrucción de dichos procedimientos pasó a atribuirse a la Dirección General del Patrimonio del Estado y su resolución al Ministro de Hacienda (artículo 122 de la Ley 33/2003).

No obstante, la necesidad de simplificar y acelerar en lo posible la tramitación de estos procedimientos hizo aconsejable atribuir su resolución a los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, por disponer de un más directo conocimiento de las distintas circunstancias (necesidades de los órganos ocupantes, condiciones del mercado local, etc.) que han de tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la celebración de los correspondientes contratos. A esta finalidad sirvió la Orden HAC/725/2004, de 12 de marzo, por la que se delegaron en los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores (Subsecretaría y Dirección General del Servicio Exterior) determinadas competencias de gestión patrimonial relativas al arrendamiento de bienes en el extranjero.

La reciente reestructuración de los departamentos ministeriales llevada a cabo a través del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, ha afectado a la configuración de los elementos subjetivos de la delegación de competencias contenida en la Orden referenciada, por cuanto el Ministerio de Economía y Hacienda ha pasado a asumir las funciones del antiguo Departamento de Hacienda, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha subrogado en la posición del extinguido Ministerio de Asuntos Exteriores (artículos 1, 2, 5 y disposición final primera del Real Decreto 553/2004), por lo que se hace necesario renovar la delegación competencial.

Considerando lo anterior, parece necesario renovar la delegación de las competencias de gestión patrimonial en materia de arrendamientos de inmuebles en el extranjero, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y previa aprobación del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo:

Primero.-Se delega en el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación la competencia para resolver los procedimientos para el arrendamiento de bienes inmuebles, así como los relativos a la prórroga, novación y resolución anticipada de estos contratos y autorización del cambio de órgano u organismo ocupante a que hace referencia el artículo 122.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando estos procedimientos se refieran a bienes inmuebles sitos en el extranjero, su ocupante o usuario sea un órgano de la Administración del Estado en el exterior dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o personal de este Departamento, y la renta anual sea de 500.000 euros o superior.

Segundo.-Se delega en el Director General del Servicio Exterior la competencia para resolver los procedimientos para el arrendamiento de bienes inmuebles, así como los relativos a la prórroga, novación y resolución anticipada de estos contratos y autorización del cambio de órgano u organismo ocupante a que hace referencia el artículo 122.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando estos procedimientos se refieran a bienes inmuebles sitos en el extranjero, su ocupante o usuario sea un órgano de la Administración del Estado en el exterior dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o personal de este Departamento, y la renta anual sea inferior a 500.000 euros.

Tercero.-Semestralmente los órganos en los que se delegan las competencias referidas en los apartados anteriores informarán al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, de las resoluciones adoptadas en virtud de esta delegación.

Cuarto.-El ejercicio de las competencias delegadas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 10 de mayo de 2004.

SOLBES MIRA

Excmo. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación e Ilmo.

Sr. Director general del Servicio Exterior.