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Derechos Fundamentales

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Artículo 16.2 - Exención de la obligación de declarar sobre la ideología, religión o creencias

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias

Declarar sobre ideología, religión o creencias

  • Sala Primera. Sentencia 101/1983, de 18 de noviembre. Recurso de amparo 164-1983. Falta de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por los Diputados de la Agrupación Electoral Herri Batasuna


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 164-83
    Sentencia: 101/1983   [ECLI:ES:TC:1983:101]

    Fecha: 18/11/1983    Fecha publicación BOE: 14/12/1983

    Ver original (Referencia BOE-T-1983-32816)

    Comentario

    La jurisprudencia del tribunal ha dejado constancia de que el deber de acatar la Constitución que tienen los titulares de los poderes públicos es diferente ya que en este caso se aprecia un deber positivo de realizar funciones de acuerdo con la Constitución. Las manifestaciones de la libertad ideológica que consagra el art. 16 de la Constitución han de armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber positivo inherente al cargo público de actuar en el marco constitucional, que incluye la posibilidad de promover su reforma por los cauces que en la Constitución se recogen.

    "... El acceso al cargo implica un deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la misma, lo que no supone necesariamente una adhesión ideológica ni una conformidad a su total contenido, dado que también se respeta la Constitución en el supuesto extremo de que se pretenda su modificación por el cauce establecido".

    Fallo: desestimar recurso de amparo

    En este mismo sentido STC 122/1983 (FJ 5y 6)

  • Sala Segunda. Sentencia 47/1985, de 27 de marzo. Recurso de amparo 811-1983. Despido de Profesora por ejercicio de su actividad docente en forma no ajustada al ideario educativo del Centro en que prestaba sus servicios


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 811-1983
    Sentencia: 47/1985   [ECLI:ES:TC:1985:47]

    Fecha: 27/03/1985    Fecha publicación BOE: 19/04/1985

    Ver original (Referencia BOE-T-1985-6351)

    Comentario

    En esta sentencia se plantea la cuestión del despido de algunos profesores por no ajustarse en la docencia que impartían al ideario del centro, el tribunal concluye que el mero desacuerdo con el ideario del centro no puede fundamentar el cese de la relación contractual

    "...podemos concluir que una actividad docente hostil o contraria al ideario de un Centro docente privado puede ser causa legítima de despido del Profesor al que se le impute tal conducta o tal hecho singular, con tal de que los hechos o el hecho constitutivos de «ataque abierto o solapado» al ideario del Centro resulten probados por quien los alega como causa de despido, esto es, por el empresario. Pero el respeto, entre otros, a los derechos constitucionalizados en el art. 16 implica, asimismo, que la simple disconformidad de un Profesor respecto al ideario del Centro no puede ser causa de despido, si no se ha exteriorizado o puesto de manifiesto en alguna de las actividades educativas del Centro." FJ3

    Fallo: otorgar el amparo solicitado, entre otros motivos, por reconocer el derecho de la demandante a la libertad ideológica y a no ser objeto de discriminación por motivos ideológicos.

  • Pleno. Sentencia 160/1987, de 27 de octubre. Recurso de inconstitucionalidad 263-1985. Promovido por el Defensor del Pueblo contra la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, y contra el artículo 2, apartados 1, 2, 3 y 4, de la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, reguladora del régimen de recursos y régimen penal en materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria. Votos particulares


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 263-1985
    Sentencia: 160/1987   [ECLI:ES:TC:1987:160]

    Fecha: 27/10/1987    Fecha publicación BOE: 12/11/1987

    Ver original (Referencia BOE-T-1987-25336)

    Comentario

    El derecho constitucional a no declarar sobre las creencias, los principios religiosos e ideológicos, no resultaba vulnerado cuando el propio sujeto solicitara una prestación o exención al Estado, como era el caso del objetor para ser eximido de un deber constitucional

    "Es obvio que si la necesaria declaración del objetor, por los motivos que fueren, no supone vulnerar el derecho tampoco lo implicará la petición del Consejo dirigida al objetor para que amplíe los razonamientos de la solicitud, siempre que se atenga a los términos de ésta y a los motivos que se expongan de acuerdo con el art. 1.2 de la Ley 48/1984, ya que, razonablemente, cabe la posibilidad de una solicitud escueta, imprecisa, no razonada en principio o bien contradictoria, como señala el Abogado del Estado. La posible colisión con los derechos reconocidos en los arts. 16.2 y 18.1 C.E., desaparece por el mismo ejercicio del derecho a la objeción, que en sí lleva la renuncia del objetor a mantener en el ámbito secreto de su conciencia sus reservas ideológicas a la violencia y/o a la prestación del servicio militar, bien entendido que sin esa voluntad del objetor dirigida a extraer consecuencias jurídicas -y por tanto exteriores a su conciencia- de su objeción nadie podrá entrar en su intimidad ni obligarle a declarar sobre su ideología, religión o creencias. La intimidad personal y el derecho a no declarar íntimas convicciones es algo que el objetor ha de valorar y ponderar en el contexto de las garantías que la Constitución le reconoce y decidir, nunca mejor dicho, en conciencia, pero a sabiendas también de la especial naturaleza del derecho de objeción y de las garantías que asimismo compete exigir a la comunidad y en su nombre al Estado. 

    Fallo: desestimar el recurso de inconstitucionalidad

     Votos Particulares:

    Carlos de la Vega Benayas, que defiende el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental

    Fernando García Mon y Gonzalez Regueral  en el sentido de que no deben investigarse las convicciones del objetor bastando, para ser reconocido objetor, la mera  declaración de sus opciones ideológicas o religiosas.

    Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer , que discrepa de la mayor duración de la prestación social sustitutoria respecto del servicio militar.

  • Sala Segunda. Sentencia 292/1993, de 18 de octubre. Recurso de amparo 2410-1990. Contra Sentencias del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en autos sobre tutela de derechos fundamentales de la persona. Vulneración de la libertad sindical: limitaciones impuestas al empresario por el derecho de libertad ideológica.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 2410-90
    Sentencia: 292/1993   [ECLI:ES:TC:1993:292]

    Fecha: 18/10/1993    Fecha publicación BOE: 09/11/1993

    Ver original (Referencia BOE-T-1993-26824)

    Comentario

    La libertad ideológica y religiosa abarca no solo la dimensión ideológica y religiosa  sino cualquier opción, entre las que se encuentra la decisión sobre la afiliación sindical.

    "Siendo los sindicatos formaciones con relevancia social, integrantes de la estructura pluralista de la Sociedad democrática, no puede abrigarse duda alguna que la afiliación a un Sindicato es una opción ideológica protegida por el art. 16 de la C.E. La revelación de la afiliación sindical es, por tanto, un derecho personal y exclusivo del trabajador, que están obligados a respetar tanto el empresario, como los propios órganos sindicales. Es cierto que el empresario puede negar su reconocimiento al Delegado sindical que resulte haber sido ilegítimamente elegido, pero, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, no le es lícito exigir una conducta al Delegado que es contraria a un derecho constitucional. Deberá verificar ese cumplimiento por procedimientos respetuosos con el derecho de libertad ideológica de sus trabajadores, que no conllevan el conocimiento de su afiliación sindical, como son los que establecen aquellos ordenamientos en los que la acción sindical en la empresa depende de la concurrencia de un porcentaje mínimo de implantación, en los que se mantiene en secreto la afiliación de aquellos trabajadores que así lo desean" (FJ5).

    Fallo: Otorgar el amparo solicitado

  • Pleno. Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre. Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Reserva de ley orgánica, condiciones básicas de igualdad y derechos a la libertad ideológica y a la intimidad: constitucionalidad de la regulación foral del registro de profesionales que objetan a la práctica del aborto; nulidad del precepto legal que regula el régimen de acceso a la información contenida en el registro. Voto particular.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 825-2011
    Sentencia: 151/2014   [ECLI:ES:TC:2014:151]

    Fecha: 25/09/2014    Fecha publicación BOE: 28/10/2014

    Ver original (Referencia BOE-A-2014-11020)

    Comentario

    El TC entiende que no plantea ningún problema constitucional la exigencia de cumplimentar una solicitud para hacer efectiva la objeción de conciencia por parte del personal sanitario a la interrupción voluntaria del embarazo.  El modelo "puede contener datos identificativos del profesional, necesarios para formalizar por escrito, tal y como exige la norma estatal, su voluntad de objetar". El Tribunal justifica la existencia de la solicitud ya que entiende como necesario el consentimiento expreso en la "recogida y tratamiento de los datos relativos a su objeción de conciencia, pues no podemos olvidar que el art. 7.2 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal únicamente permite el tratamiento de datos que revelen la ideología de una persona si esta ha manifestado previamente su consentimiento de forma expresa y por escrito, precepto que trae causa en el art. 16.2 CE, en cuanto dispone que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".  Por tanto, el modelo solicita el consentimiento para ejercer un derecho. EL objetor presta el consentimiento de manera voluntaria. "Así, y teniendo en cuenta que el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 exige una manifestación escrita de la declaración de objeción de conciencia, resulta que dicha manifestación y el consentimiento para el tratamiento de los datos han de ir necesariamente unidos. No hay, pues, en este punto, restricción desproporcionada del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, sino las necesarias exigencias derivadas del ejercicio de un derecho que exime del cumplimiento de un deber, pudiendo ejercitarse en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la persona titular de la gerencia del Servicio Navarro de Salud".

    Fallo: Estimar parcialmente recurso de inconstitucionalidad

    Voto particular: el Magistrado Andrés Ollero emite un voto particular al considerar "que la creación del registro de profesionales sanitarios en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra no supera el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigible sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida". Y continúa defendiendo que la obligatoriedad de inscribirse en un registro limita el derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales que pueden tener un legítimo miedo a sufrir represalias en sus expectativas profesionales.

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