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Por Orden Ministerial se clasifica y registra la Fundación JUREI (justicia responsable e independiente);
Vista la escritura de constitución de la Fundación JUREI (justicia responsable e independiente), instituida en Madrid.
Antecedentes de hecho
Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción de la entidad en el Registro de Fundaciones.
La Fundación fue constituida mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Madrid, Don José M.a de Prada Guaita, el 25 de febrero de 2004, con el número 857 de su protocolo, por don Luis Bertelli Gálvez.
La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de los cuales siete mil quinientos han sido aportados por el fundador y depositados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación. Los veintidós mil quinientos euros restantes serán aportados en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la citada escritura.
El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:
Presidente: Don Luis Bertelli Gálvez.
Vicepresidenta: Doña Julia María Puche Rodríguez-Acosta.
Secretaria: Doña Frederique Gauthier.
El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de los Estatutos, radica en Madrid, calle Bocángel, 19, 1.o A, C.P. 28028.
El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:
«Sus fines de interés general, merecedores de apoyo especial conforme a la Resolución A 304/93 sobre Fundaciones del Parlamento Europeo y que reitera la Exposición de Motivos de la Ley 50/2002, son los siguientes:
1. La defensa de la democracia en su concreto valor superior de Justicia reconocido en el art. 1.1 de la Constitución española, reivindicándose a tal efecto:
a) La independencia Institucional del Poder Judicial, para lograr su absoluta autonomía frente a los demás Poderes del Estado.
b) Un diferente control de la Magistratura, para que esta tenga el deseado equilibrio entre poder y responsabilidad que nuestra sociedad necesita.
2. La pretensión de que los Derechos Humanos garantizados en los Convenios y Pactos internacionales y en la Constitución española, sean efectivamente reconocidos y respetados a todos por igual.
3. La asistencia social a los perjudicados y a sus familias como consecuencia de un funcionamiento anormal de la Justicia.»
Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actuación anuales ante el Protectorado.
Vistos la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre; y los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril y 562/2004, de 19 de abril.
Fundamentos de Derecho
La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de diciembre, de Fundaciones, en relación, con el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales (artículo 9), y con el Real Decreto 562/2044, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 8).
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus artículos 34 y 35, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución.
La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, establece que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determinarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta de dicha Ley, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.
La Fundación persigue fines de interés general, conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.
La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente para el cumplimiento de sus fines.
Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del Estado en el Departamento, ha dispuesto:
Primero: Clasificar a la Fundación JUREI (justicia responsable e independiente), instituida en Madrid, cuyos fines de interés general son cívicos, de defensa de los derechos humanos y de asistencia social.
Segundo: Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el número 28/1.313.
Tercero: Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.
Cuarto: Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 25 de mayo de 2004.
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
