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Documento BOE-A-2003-13022

Ley Orgnica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento ntegro y efectivo de las penas.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La Constitucin, en sus artculos 9.3 y 25, establece los principios de legalidad y tipicidad como fundamentos del ordenamiento jurdico penal, principios que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha concretado y desarrollado de manera muy clara. Ambos principios tienen como finalidad garantizar la seguridad jurdica de los ciudadanos, a la que hace expresa mencin tambin el artculo 9.3 de la Constitucin.

De acuerdo con ellos, el ciudadano tiene derecho a saber con certeza jurdica qu es delito o falta y qu no lo es. El mismo derecho tiene a saber cul es la pena que le corresponde a la accin tipificada en la norma penal como delito o falta.

Consecuencia lgica de estos derechos y exigencia necesaria del principio de seguridad jurdica que rige nuestro ordenamiento, es el derecho del ciudadano a conocer con certeza cul es la forma en la que se van a aplicar las penas, a saber, en definitiva, en qu se va a traducir en la prctica la pena o sancin impuesta.

La realidad diaria y la experiencia ponen de manifiesto cmo en el cumplimiento de las penas existen amplios mbitos de discrecionalidad, mbitos variables en los que resulta oportuno, segn la mejor doctrina, establecer reglas para hacer un pronstico ms certero de la pena a cumplir.

Esta ley orgnica se dirige a perfeccionar el ordenamiento jurdico con el fin de concretar la forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera ntegra y efectiva y, en consecuencia, dar mayor protagonismo al principio de seguridad jurdica en esta materia, siempre desde el escrupuloso respeto a los principios contenidos en el artculo 25 de la Constitucin.

II

Pero, adems de asegurar este derecho, la ley persigue un claro objetivo, conforme con su propia naturaleza penal: el de lograr una lucha ms efectiva contra la criminalidad. Como ha sealado autorizada doctrina penal, el mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, de modo que la certeza de un castigo, aunque ste sea moderado, surtir ms efecto que el temor de otro ms severo unido a la esperanza de la impunidad o de su incumplimiento.

La sociedad demanda una proteccin ms eficaz frente a las formas de delincuencia ms graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad, proteccin que el Estado de Derecho no slo puede sino que tiene la obligacin de proporcionar. La flexibilidad en el cumplimiento de las penas y los beneficios penitenciarios tienen su razn de ser en el fin de reinsercin y reeducacin del delincuente constitucionalmente consagrado, pero, precisamente por ello, la legislacin debe evitar que se conviertan en meros instrumentos al servicio de los terroristas y los ms graves delincuentes para lograr un fin bien distinto.

III

En primer lugar, se reforma el artculo 36 del Cdigo Penal para introducir en nuestro ordenamiento el conocido como "perodo de seguridad" en otros derechos europeos, el cual, en sntesis, significa que en determinados delitos de cierta gravedad el condenado no podr acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la pena impuesta.

Esta reforma procede de las propuestas elevadas por la comisin tcnica para el estudio de la reforma del sistema de penas. Se considera necesaria la introduccin de esta figura en nuestro ordenamiento penal, que sirve de puente entre este ordenamiento y el penitenciario, ya que, a la hora de determinar la proporcionalidad de las penas, su concreta extensin y su adecuacin a los fines de prevencin general y especial, no pueden hacerse propuestas al margen de la legislacin penitenciaria.

En efecto, el sistema de progresin de grados, permisos, rgimen abierto y concesin de libertad condicional puede hacer que la pena prevista por el Cdigo Penal y fijada en la sentencia quede muy distante de la efectivamente cumplida.

A fin de resolver esta situacin, al menos en lo tocante a los delitos de mayor gravedad, se establece en el artculo 36 del Cdigo Penal la precisin de que, cuando se imponga una pena de prisin superior a cinco aos, el condenado no podr ser clasificado en el tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta. Ello no obstante, se introduce la previsin de que el juez de vigilancia podr acordar bien su mantenimiento, bien la aplicacin del rgimen general de cumplimiento.

IV

En segundo lugar, se reforma el artculo 76 del Cdigo Penal para modificar el lmite mximo de cumplimiento de las penas elevndolo a 40 aos para los supuestos en que se cometan dos o ms delitos de terrorismo, estando alguno de ellos castigado con pena de prisin superior a 20 aos, lo que encaja en los casos en que se cometen atentados terroristas causando la muerte de personas.

Igualmente se eleva a 40 aos el lmite mximo de cumplimiento de las penas en los supuestos de que se hayan cometido dos o ms delitos de especial gravedad, castigados por la ley con ms de 20 aos de prisin.

La reforma supone ampliar el lmite mximo de cumplimiento de penas a 40 aos, desde el respeto escrupuloso al principio de que el cumplimiento de todas las penas correspondientes a todos los delitos cometidos por el mismo autor podra privar en algunos supuestos de efectos a los principios constitucionales de cumplimiento de las penas. Sin embargo, tambin es cierto que existen determinados delitos que por su especial gravedad, la naturaleza del bien jurdico lesionado, la reincidencia con que los cometen sus autores, as como por el hecho de que puedan llevarse a cabo por bandas organizadas con el nico fin de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pblica o atemorizar con estos fines a los habitantes de una poblacin o a los miembros de un colectivo social, poltico o profesional, exigen una respuesta ms contundente del ordenamiento jurdico penal.

Ms an cuando, en la prctica, las reglas que el Cdigo Penal estableci con el fin constitucional de dar cumplimiento a principios generales del ordenamiento jurdico penal se estn utilizando, precisamente, para vulnerar dichos principios, convirtindose en instrumentos que los terroristas utilizan en su beneficio en su constante vulneracin de las reglas y principios del Estado de Derecho.

V

La ley reforma el artculo 78 del Cdigo Penal para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificacin en tercer grado y el cmputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crmenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

Se trata de activar una respuesta penal ms efectiva frente a los autores de crmenes muy graves, que adems han cometido una pluralidad de delitos, es decir, frente a aquellos que se encuentren en los lmites mximos sealados por el artculo 76 del Cdigo Penal (25, 30 40 aos de cumplimiento efectivo de condena a pena de prisin) y siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. Cuando no lleguen a entrar en juego estos lmites mximos, debe mantenerse plenamente la facultad decisoria del juez o tribunal ya sealada al principio.

Con esta regla y frente a supuestos de condenas a 100, 200 300 aos, el delincuente cumplir en la prctica de forma ntegra y efectiva el lmite mximo de condena.

Adems, se incorporan igualmente los perodos mnimos de cumplimiento efectivo de las condenas que permitiran acceder a los beneficios penitenciarios, siempre que concurran las condiciones que con carcter general se precisan en la ley. En los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el juez de vigilancia penitenciaria podr acordar la concesin de un tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del lmite mximo de cumplimiento de la condena impuesta, y podr acordar la concesin de la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado lmite.

VI

Se modifican, igualmente, en el Cdigo Penal los artculos 90 y 91 relativos a la libertad condicional. Con esta modificacin se trata de mejorar tcnicamente los supuestos de otorgamiento de dicha libertad condicional y su adaptacin a las distintas modalidades delictivas.

As, se refuerza la necesidad de valorar en su conjunto todas las circunstancias a las que hace referencia el artculo antes de adoptar la decisin de conceder la libertad condicional. De este modo, el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no es el nico requisito determinante, sino que debe ser valorado junto con las dems circunstancias contempladas en el precepto.

Igualmente, se introduce el criterio de la satisfaccin de las responsabilidades civiles en los supuestos y en los trminos previstos en la Ley Orgnica General Penitenciaria. Por ltimo, tambin se explicitan las circunstancias que deben considerarse a la hora de conceder la libertad condicional en los casos de delitos de terrorismo y criminalidad organizada.

Con todo ello se consigue dotar de una mayor seguridad jurdica a la virtualidad de este beneficio penitenciario.

Asimismo, se modifica el artculo 93 del Cdigo Penal, con el fin de que en caso de incumplimiento de las condiciones y reglas de conducta que permitieron obtener la libertad condicional, cuando se trate de delitos de terrorismo, el penado cumpla el tiempo que reste del cumplimiento de condena con prdida del tiempo pasado en libertad condicional.

VII

Se introduce un nuevo apartado en la disposicin adicional quinta de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en el que se establece el efecto suspensivo del recurso contra resoluciones en materia de clasificacin de penados o concesin de libertad provisional para evitar la posibilidad de que la excarcelacin se produzca sin la intervencin del rgano jurisdiccional "ad quem", en los casos de delitos graves, para evitar que una excarcelacin inmediata por una decisin de libertad condicional haga ineficaz la resolucin que en virtud de un recurso de apelacin pueda dictarse.

No se desconoce con esta previsin la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la eficacia inmediata de las resoluciones que acuerdan la libertad provisional. Sin embargo, el supuesto normado es distinto, pues no se parte de una situacin de libertad que ha quedado interrumpida por una decisin judicial que no ha recado sobre el fondo, sino de una situacin de cumplimiento de pena por resolucin judicial de condena que puede verse interrumpida por un cambio en el rgimen de aplicacin de la pena. La diferencia es que en este caso la falta de libertad es la consecuencia inherente a la pena impuesta y la libertad supone una excarcelacin anticipada como consecuencia de una progresin de grado o un acuerdo de libertad condicional. Por otro lado, con el fin de asegurar que el efecto suspensivo del recurso dure lo menos posible, se prev que el rgano "ad quem" pueda pronunciarse sobre la puesta en libertad y que la tramitacin del recurso sea preferente y urgente.

VIII

En la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se introducen dos nuevos apartados en el artculo 72, en cuya virtud la clasificacin o progresin al tercer grado de tratamiento requerir, adems de los requisitos previstos por la ley, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que muestre signos inequvocos de haber abandonado la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el terrorismo.

El primer apartado exige la satisfaccin de la responsabilidad civil como requisito para alcanzar el tercer grado, teniendo en cuenta que el pronstico favorable de reinsercin social que preside la concesin de este grado de tratamiento debe considerar la conducta efectivamente observada por el penado en orden a restituir lo sustrado, reparar el dao e indemnizar los perjuicios materiales y morales, as como las garantas de que las satisfaga con el patrimonio que pudiese llegar a adquirir en tanto no haya satisfecho su responsabilidad.

Esta exigencia se justifica plenamente en aquellos delitos que han permitido al culpable obtener un importante enriquecimiento ilcito y no se satisfacen las responsabilidades pecuniarias fijadas en sentencia a causa de haber ocultado el penado su patrimonio. Por ello, se aplicar esta norma, singularmente, cuando el interno hubiera sido condenado por la comisin de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas, por delitos contra los derechos de los trabajadores, por delitos de terrorismo, por delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad Social, as como delitos contra la Administracin pblica comprendidos en los captulos V al IX del ttulo XIX del libro II del Cdigo Penal.

En el segundo apartado, la clasificacin en el tercer grado penitenciario en el caso de penados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones

criminales exige que los terroristas hayan satisfecho su responsabilidad civil en los trminos del apartado anterior, as como que hayan abandonado la actividad terrorista y hayan colaborado activamente con las autoridades para la obtencin de pruebas o la identificacin de otros terroristas, en los trminos previstos en la Decisin marco del Consejo de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.

IX

Dentro de la misma filosofa de garantizar la seguridad jurdica en el cumplimiento efectivo del contenido de las sentencias penales, se reforma el artculo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar a la Administracin de Justicia de ms medios legales que le permitan una eficaz ejecucin de las sentencias.

A tal fin, los jueces y tribunales podrn encomendar a la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigacin patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presentes y que vaya adquiriendo en el futuro el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia.

X

Por ltimo, mediante la disposicin transitoria nica, la ley establece que los criterios objetivos de acceso a los beneficios penitenciarios se apliquen a quienes cumplen en el momento de su entrada en vigor penas de prisin por delitos de terrorismo sin que se modifiquen, en estos casos, los plazos y dems condiciones por las que hasta ese momento se regan las condiciones de dichos beneficios.

Artculo primero. Modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal.

Uno. Se modifica el artculo 36 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que tendr la siguiente redaccin:

"Artculo 36.

1. La pena de prisin tendr una duracin mnima de seis meses y mxima de 20 aos, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Cdigo.

Su cumplimiento, as como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarn a lo dispuesto en las leyes y en este Cdigo.

2. Cuando la duracin de la pena de prisin impuesta sea superior a cinco aos, la clasificacin del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podr efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

El juez de vigilancia, previo pronstico individualizado y favorable de reinsercin social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolucin del tratamiento reeducador, cuando no se trate de delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, podr acordar razonadamente, odos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las dems partes, la aplicacin del rgimen general de cumplimiento."

Dos. Se modifica el artculo 76 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que tendr la siguiente redaccin:

"Artculo 76.

1. No obstante lo dispuesto en el artculo anterior, el mximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podr exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la ms grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho mximo, que no podr exceder de 20 aos. Excepcionalmente, este lmite mximo ser:

a) De 25 aos, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o ms delitos y alguno de ellos est castigado por la ley con pena de prisin de hasta 20 aos.

b) De 30 aos, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o ms delitos y alguno de ellos est castigado por la ley con pena de prisin superior a 20 aos.

c) De 40 aos, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o ms delitos y, al menos, dos de ellos estn castigados por la ley con pena de prisin superior a 20 aos.

d) De 40 aos, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o ms delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo y alguno de ellos est castigado por la ley con pena de prisin superior a 20 aos.

2. La limitacin se aplicar aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexin o el momento de su comisin, pudieran haberse enjuiciado en uno slo."

Tres. Se modifica el artculo 78 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que tendr la siguiente redaccin:

"Artculo 78.

1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artculo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podr acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificacin en tercer grado y el cmputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

2. Dicho acuerdo ser preceptivo en los supuestos previstos en los prrafos a), b), c) y d) del apartado 1 del artculo 76 de este Cdigo, siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.

3. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronstico individualizado y favorable de reinsercin social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolucin del tratamiento reeducador, podr acordar razonadamente, odos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las dems partes, la aplicacin del rgimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad slo ser aplicable:

a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del lmite mximo de cumplimiento de la condena.

b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del lmite mximo de cumplimiento de la condena."

Cuatro. Se modifica el artculo 90 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que tendr la siguiente redaccin:

"Artculo 90.

1. Se establece la libertad condicional en la pena privativa de libertad para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes:

a) Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario.

b) Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.

c) Que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronstico individualizado y favorable de reinsercin social, emitido en el informe final previsto en el artculo 67 de la Ley Orgnica General Penitenciaria.

No se entender cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por el artculo 72.5 y 6 de la Ley Orgnica General Penitenciaria.

Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entender que hay pronstico de reinsercin social cuando el penado muestre signos inequvocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y adems haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la produccin de otros delitos por parte de la banda armada, organizacin o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificacin, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuacin o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podr acreditarse mediante una declaracin expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una peticin expresa de perdn a las vctimas de su delito, as como por los informes tcnicos que acrediten que el preso est realmente desvinculado de la organizacin terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboracin con las autoridades.

2. El juez de vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados, podr imponerles motivadamente la observancia de una o varias de las reglas de conducta o medidas previstas en los artculos 83 y 96.3 del presente Cdigo."

Cinco. Se modifica el artculo 91 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, que tendr la siguiente redaccin:

"Artculo 91.

1. Excepcionalmente, cumplidas las circunstancias de los prrafos a) y c) del apartado 1 del artculo anterior, y siempre que no se trate de delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el juez de vigilancia penitenciaria, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las dems partes, podr conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales.

2. A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las dems partes, cumplidas las circunstancias de los prrafos a) y c) del apartado 1 del artculo anterior, el juez de vigilancia penitenciaria podr adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesin de la libertad condicional en relacin con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un mximo de 90 das por cada ao transcurrido de cumplimiento efectivo de condena, siempre que no se trate de delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Esta medida requerir que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en el apartado anterior y que acredite, adems, la participacin efectiva y favorable en programas de reparacin a las vctimas o programas de tratamiento o desintoxicacin, en su caso."

Seis. El actual artculo 93 del Cdigo Penal se convierte en apartado 1, y se adicionan los apartados 2 y 3, con la siguiente redaccin:

"2. En el caso de condenados por delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II de este Cdigo, el juez de vigilancia penitenciaria podr solicitar los informes que permitan acreditar que subsisten las condiciones que permitieron obtener la libertad condicional. Si en este perodo de libertad condicional el condenado delinquiera, inobservara las reglas de conducta o incumpliera las condiciones que le permitieron acceder a la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria revocar la libertad concedida, y el penado reingresar en prisin en el perodo o grado penitenciario que corresponda.

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el penado cumplir el tiempo que reste de cumplimiento de la condena con prdida del tiempo pasado en libertad condicional."

Artculo segundo. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Uno. Se aade un nuevo apartado 5 a la disposicin adicional quinta de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redaccin:

"5. Cuando la resolucin objeto del recurso de apelacin se refiera a materia de clasificacin de penados o concesin de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelacin del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendr efecto suspensivo que impedir la puesta en libertad del condenado hasta la resolucin del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensin.

Los recursos de apelacin a que se refiere el prrafo anterior se tramitarn con carcter preferente y urgente."

Dos. El actual apartado 5 de la disposicin adicional quinta pasar a ser el apartado 6.

Artculo tercero. Modificacin de la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Se introducen dos nuevos apartados, el 5 y el 6, en el artculo 72 de la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con la siguiente redaccin:

"5. La clasificacin o progresin al tercer grado de tratamiento requerir, adems de los requisitos previstos por el Cdigo Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustrado, reparar el dao e indemnizar los perjuicios materiales y morales ; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera ; las garantas que permitan asegurar la satisfaccin futura ; la estimacin del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisin del delito y, en su caso, el dao o entorpecimiento producido al servicio pblico, as como la naturaleza de los daos y perjuicios causados por el delito, el nmero de perjudicados y su condicin.

Singularmente, se aplicar esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisin de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas.

b) Delitos contra los derechos de los trabajadores.

c) Delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad Social.

d) Delitos contra la Administracin pblica comprendidos en los captulos V al IX del ttulo XIX del libro II del Cdigo Penal.

6. Del mismo modo, la clasificacin o progresin al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la seccin segunda del captulo V del ttulo XXII del libro II del Cdigo Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerir, adems de los requisitos previstos por el Cdigo Penal y la satisfaccin de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los trminos del apartado anterior, que muestren signos inequvocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y adems hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la produccin de otros delitos por parte de la banda armada, organizacin o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificacin, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuacin o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podr acreditarse mediante una declaracin expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una peticin expresa de perdn a las vctimas de su delito, as como por los informes tcnicos que acrediten que el preso est realmente desvinculado de la organizacin terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboracin con las autoridades."

Artculo cuarto. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se da una nueva redaccin y se introduce un nuevo apartado en el artculo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda con la siguiente redaccin:

"1. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil sern susceptibles de ejecucin provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. A efectos de ejecutar la responsabilidad civil derivada del delito o falta y sin perjuicio de la aplicacin de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los jueces o tribunales podrn encomendar a la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigacin patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia."

Disposicin transitoria nica.

Lo dispuesto, conforme a esta ley, en los artculos 90 y 93.2 del Cdigo Penal, respecto a las circunstancias para acceder a la concesin de la libertad condicional, y en el artculo 72.5 y 6 de la Ley Orgnica General Penitenciaria respecto a la clasificacin o progresin al tercer grado de tratamiento penitenciario, ser aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento de comisin de los hechos delictivos o de la fecha de la resolucin en virtud de la cual se est cumpliendo la pena.

Disposicin final primera. Naturaleza de esta ley.

Esta ley tiene carcter de ley orgnica, salvo el artculo cuarto que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley orgnica entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado".

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 30 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 30/06/2003
  • Fecha de publicación: 01/07/2003
  • Entrada en vigor: 2 de julio de 2003.
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • los arts. 36, 76, 78, 90, 91 y 93 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre , (Ref. BOE-A-1995-25444).
    • la disposicin adicional 5 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio , (Ref. BOE-A-1985-12666).
    • el art. 72 de la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-1979-23708).
    • el art. 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Audiencia Nacional
  • Audiencias Provinciales
  • Cdigo Penal
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Instituciones penitenciarias
  • Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
  • Penas
  • Presos y penados
  • Recurso de Apelacin
  • Responsabilidad Civil
  • Terrorismo

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