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Documento BOE-A-1985-12666

Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

El artculo 1. de la Constitucin afirma que Espaa se constituye en un Estado social y democrtico de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo poltico.

Es Estado de Derecho, al implicar, fundamentalmente, separacin de los poderes del Estado, imperio de la Ley como expresin de la soberana popular, sujecin de todos los poderes pblicos, a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico y garanta procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades pblicas, requiere la existencia de unos rganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes pblicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuacin administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos.

El conjunto de rganos que desarrollan esa funcin constituye el Poder Judicial del que se ocupa el ttulo VI de nuestra Constitucin, configurndolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendndole, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, segn las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan.

El artculo 122 de la Constitucin espaola dispone de que la Ley Orgnica del Poder Judicial determinar la constitucin, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurdico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarn un cuerpo nico y del personal al servicio de la Administracin de Justicia, as como el estatuto y el rgimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccin y rgimen disciplinario.

Las exigencias del desarrollo constitucional demandaron la aprobacin de una Ley Orgnica que regulara la eleccin, composicin y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aun antes de que se procediese a la organizacin integral del Poder Judicial. Tal Ley Orgnica tiene, en no pocos aspectos, un carcter provisional que se reconoce explcitamente en sus disposiciones transitorias, las cuales remiten a la futura Ley Orgnica del Poder Judicial.

La presente Ley Orgnica satisface, por tanto, un doble objetivo: pone fin a la situacin de provisionalidad hasta ahora existente en la organizacin y funcionamiento del Poder Judicial y cumple el mandato constitucional.

II

En la actualidad, el Poder Judicial est regulado por la Ley Provisional sobre organizacin del Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870, por la Ley Adicional a la Orgnica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882, por la Ley de Bases para la reforma de la Justicia Municipal de 19 de Julio de 1944 y por numerosas disposiciones legales y reglamentarias que, con posterioridad, se dictaron de forma dispersa en relacin con la misma materia.

Estas normas no se ajustan a las demandas de la sociedad espaola de hoy. Desde el rgimen liberal de separacin de poderes, entonces recin conquistado, que promulg aquellas Leyes, se ha transitado, un siglo despus, a un Estado Social y Democrtico de Derecho, que es la organizacin poltica de una Nacin que desea establecer una sociedad democrtica avanzada y en la que los poderes pblicos estn obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, a remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participacin de todos los ciudadanos en la vida poltica, econmica y social. El cumplimiento de estos objetivos constitucionales precisa de un Poder Judicial adaptado a una sociedad predominantemente industrial y urbana y diseado en atencin a los cambios producidos en la distribucin territorial de su poblacin, en la divisin social del trabajo y en las concepciones ticas de los ciudadanos.

A todo ello hay que aadir la notable transformacin que se ha producido, por obra de la Constitucin, en la distribucin territorial del poder. La existencia de Comunidades Autnomas que tienen asignadas por la Constitucin y los Estatutos competencias en relacin con la Administracin de Justicia obliga a modificar la legislacin vigente a ese respecto. Tanto la Constitucin como los Estatutos de Autonoma prevn la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia que, segn nuestra Carta Magna, culminarn la organizacin judicial en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma.

La ineludible e inaplazable necesidad de acomodar la organizacin del Poder Judicial a estas previsiones constitucionales y estatutarias es, pues, un imperativo ms que justifica la aprobacin de la presente Ley Orgnica.

Por ltimo, hay que sealar que sta es solamente una de las normas que, en unin de otras muchas, tiene que actualizar el cuerpo legislativo –tanto sustantivo como procesal– espaol y adecuarlo a la realidad jurdica, econmica y social. Ser preciso para ello una ardua labor de reforma de la legislacin espaola, parte de la cual ha sido ya acometida, al objeto de lograr un todo armnico caracterizado por su uniformidad.

III

Las grandes lneas de la Ley estn expresadas en su ttulo preliminar. Se recogen en l los principios que se consagran en la Constitucin. El primero de ellos es la independencia, que constituye la caracterstica esencial del Poder Judicial en cuanto tal. Sus exigencias se desenvuelven a travs de mandatos concretos que delimitan con el rigor preciso su exacto contenido. As, se precisa que la independencia en el ejercicio de la funcin jurisdiccional se extiende frente a todos, incluso frente a los propios rganos jurisdiccionales, lo que implica la imposibilidad de que ni los propios Jueces o Tribunales corrijan, a no ser con ocasin del recurso que legalmente proceda, la actuacin de sus inferiores, quedando igualmente excluida la posibilidad de circulares o instrucciones con carcter general y relativas a la aplicacin o interpretacin de la Ley.

De la forma en que la Ley Orgnica regula la independencia del Poder Judicial se puede afirmar que posee una caracterstica: su plenitud. Plenitud que se deriva de la obligacin que se impone a los poderes pblicos y a los particulares de respetar la independencia del Poder Judicial y de la absoluta sustraccin del estatuto jurdico de Jueces y Magistrados a toda posible interferencia que parta de los otros poderes del Estado, de tal suerte que a la clsica garanta –constitucionalmente reconocida– de inamovilidad se aade una regulacin, en virtud de la cual se excluye toda competencia del poder ejecutivo sobre la aplicacin del estatuto orgnico de aqullos. En lo sucesivo, pues, la carrera profesional de Jueces y Magistrados estar plena y regladamente gobernada por la norma o depender, con exclusividad absoluta, de las relaciones que en el mbito discrecional estatutariamente delimitado adopte el Consejo General del Poder Judicial.

La importancia que la plenitud de la independencia judicial tendr en nuestro ordenamiento debe ser valorada completndola con el carcter de totalidad con que la Ley dota a la potestad jurisdiccional. Los Tribunales, en efecto, controlan sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, con lo que ninguna actuacin del poder ejecutivo quedar sustrada a la fiscalizacin de un poder independiente y sometido exclusivamente al imperio de la Ley. Habr que convenir que el Estado de Derecho proclamado en la Constitucin alcanza, como organizacin regida por la ley que expresa la voluntad popular y como sistema en el que el Gobierno de los hombres es sustituido por el imperio de la ley, la mxima potencialidad posible.

Corolarios de la independencia judicial son otros preceptos del ttulo preliminar que concretan sus distintas perspectivas. As, la unidad de la jurisdiccin, que, en consecuencia con el mandato constitucional, es absoluta, con la nica salvedad de la competencia de la jurisdiccin militar, que queda limitada al mbito estrictamente castrense regulado por la ley y a los supuestos de estado de sitio; la facultad que se reconoce a los Jueces y Tribunales de requerir la colaboracin de particulares y poderes pblicos; y, en fin, la regulacin del procedimiento y de las garantas en l previstas, para los supuestos de expropiacin de los derechos reconocidos frente a la Administracin Pblica en una sentencia firme.

IV

Una de las caractersticas de la Constitucin espaola es la superacin del carcter meramente programtico que antao se asign a las normas constitucionales, la asuncin de una eficacia jurdica directa e inmediata y, como resumen, la posicin de indiscutible supremaca de que goza en el ordenamiento jurdico. Todo ello hace de nuestra Constitucin una norma directamente aplicable, con preferencia a cualquier otra.

Todos estos caracteres derivan del propio tenor del texto constitucional. En primer lugar, del artculo 9.1 que prescribe que los ciudadanos y los poderes pblicos estn sujetos a la Constitucin y al resto del ordenamiento. Otras disposiciones constitucionales, como la que deroga cuantas normas se opongan al texto constitucional o la que regula los procedimientos de declaracin de inconstitucionalidad, completan el efecto del citado prrafo 1 del Artculo 9. y cierran el sistema que hace de la Carta Magna la norma suprema de nuestro ordenamiento con todos los efectos jurdicos a ello inherentes.

El Ttulo preliminar de la presente Ley Orgnica singulariza en el Poder Judicial la vinculacin genrica del Artculo 9.1 de la Constitucin, disponiendo que las Leyes y Reglamentos habrn de aplicarse segn los preceptos y principios constitucionales y conforme a la interpretacin de los mismos que realice el Tribunal Constitucional. Se ratifica as la importancia de los valores propugnados por la Constitucin como superiores, y de todos los dems principios generales del Derecho que de ellos derivan, como fuente del Derecho, lo que dota plenamente al ordenamiento de las caractersticas de plenitud y coherencia que le son exigibles y garantiza la eficacia de los preceptos constitucionales y la uniformidad en la interpretacin de los mismos.

Adems, se dispone que slo proceder el planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad cuando no sea posible acomodar, por la va interpretativa, la norma controvertida al mandato constitucional. Se refuerza, con ello, la vinculacin del juzgador para con la norma fundamental, y se introduce en esa sujecin un elemento dinmico de proteccin activa, que trasciende del mero respeto pasivo por la Ley suprema.

El valor de la Constitucin como norma suprema del ordenamiento se manifiesta, tambin, en otros preceptos complementarios. As, se configura la infraccin de precepto constitucional como motivo suficiente del recurso de casacin y se menciona expresamente la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales, hacindose explcita proteccin del contenido esencial que salvaguarda la Constitucin.

V

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autnomas, sobre las que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La Ley contiene en este punto innovaciones importantes. As, se democratiza el procedimiento de designacin de los Jueces de Paz; se suprimen los Juzgados de Distrito, que se transforman en Juzgados de Primera Instancia o de Instruccin; se crean Juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, as como de lo Social, sustitutivos estos ltimos de las Magistraturas de Trabajo; se atribuyen competencias en materia civil a las Audiencias Provinciales y, en fin, se modifica la esfera de la Audiencia Nacional, creando en la misma una Sala de lo Social, y manteniendo las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo.

Sin embargo, las modificaciones ms relevantes son las derivadas de la configuracin territorial del Estado en Comunidades Autnomas que realiza la Constitucin y que, lgicamente, se proyecta sobre la organizacin territorial del Poder Judicial.

La Ley Orgnica cumple en este punto las exigencias constitucionales y estatutarias. Por ello, y como decisiones ms relevantes, se crean los Tribunales Superiores de Justicia, que culminarn la organizacin judicial en la Comunidad Autnoma, lo que implica la desaparicin de las Audiencias Territoriales hasta ahora existentes como rganos jurisdiccionales supraprovinciales de mbito no nacional.

A ello hay que aadir la regulacin de la participacin reconocida a las Comunidades Autnomas en la delimitacin de las demarcaciones territoriales, as como las competencias que se les asignan en referencia a la gestin de los medios materiales.

Con esta nueva organizacin judicial, necesitada del desarrollo que llevar a cabo la futura Ley de Planta y Demarcacin Judicial –que el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes Generales en el plazo de un ao–, se pretende poner a disposicin del pueblo espaol una red de rganos judiciales que, junto a la mayor inmediacin posible, garantice sobre todo la realizacin efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el artculo 24 de la Constitucin Espaola, entre ellos, destacadamente, el derecho a un juicio pblico sin dilaciones indebidas y con todas las garantas.

VI

Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitucin crea el Consejo General del Poder Judicial, al que encomienda el gobierno del mismo, y remite a la Ley Orgnica el desarrollo de las normas contenidas en su artculo 122.2 y 3.

En cumplimiento de tales mandatos, la presente Ley Orgnica reconoce al Consejo General todas las atribuciones necesarias para la aplicacin del estatuto orgnico de los Jueces y Magistrados, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccin y rgimen disciplinario. La Ley concibe las facultades de inspeccin de Juzgados y Tribunales, no como una mera actividad represiva, sino, ms bien, como una potestad que incorpora elementos de perfeccionamiento de la organizacin que se inspecciona.

Para la eleccin de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que, de acuerdo con el artculo 122.2 de la Constitucin Espaola, deben ser elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales, la Ley, informada por un principio democrtico, partiendo de la base de que se trata del rgano de gobierno de un Poder del Estado, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y en atencin al carcter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales, atribuye a stas la seleccin de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. La exigencia de una muy cualificada mayora de tres quintos –a la que la Constitucin requiere para la eleccin de los otros miembros– garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carcter general del sistema democrtico, la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformacin de un Consejo General que responda a una mayora parlamentaria concreta y coyuntural. La Ley regula tambin el estatuto de los miembros del Consejo y la composicin y atribuciones de los rganos en que se articula. Igualmente, se refuerza la mayora necesaria para la propuesta de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y otros cargos institucionales. Por ltimo, se atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra los actos y disposiciones emanados del pleno o de la comisin disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no susceptibles de alzada.

Resta aadir que la entrada en vigor de esta Ley Orgnica significar la derogacin de la Ley del mismo carcter 1/1980, de 10 de enero, cuya provisionalidad ya ha sido puesta de manifiesto.

La Ley Orgnica modifica el sistema de designacin de las Salas de Gobierno, introduciendo parcialmente los mtodos electivos. Ello est aconsejado por las funciones gubernativas y no jurisdiccionales que vienen llamadas a cumplir, as como por las nuevas competencias que esta misma Ley Orgnica les atribuye. En estas condiciones, habida cuenta de que la actividad de las Salas de Gobierno afecta fundamentalmente a Jueces y Magistrados y no incide directamente sobre los particulares, se adopta un sistema parcial de eleccin abierto y mayoritario, en el que desempea un papel notable el conocimiento personal de electores y elegidos.

La materializacin de los principios de pluralismo y participacin de que se quiere impregnar el gobierno del Poder Judicial impone una profunda modificacin de la actual regulacin del derecho de asociacin profesional que el artculo 127.1 de la Constitucin reconoce a Jueces, Magistrados y Fiscales. El rgimen transitorio de libertad asociativa hasta ahora existente contiene restricciones injustificadas a las que se pone fin. De ah que esta Ley Orgnica reconozca el derecho de libre asociacin profesional con la nica limitacin de no poder llevar a cabo actuaciones polticas ni tener vinculaciones con partidos polticos o sindicatos. Las asociaciones profesionales quedarn vlidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que ser llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial.

VII

La realizacin prctica del derecho, constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva, requiere como presupuesto indispensable que todos los rganos jurisdiccionales estn provistos de sus correspondientes titulares, Jueces o Magistrados. Muy graves perjuicios se producen en la seguridad jurdica, en el derecho a un juicio sin dilaciones, cuando los Juzgados y Tribunales se encuentran vacantes durante prolongados lapsos de tiempo, con la correspondiente acumulacin de asuntos pendientes y retraso en la Administracin de Justicia. Ello ha obligado a recurrir a frmulas de sustituciones o prrrogas de jurisdiccin especialmente inconvenientes en aquellos territorios en los que tiene lugar un progresivo y creciente incremento del trabajo. Resulta por todo ello indemorable afrontar y resolver tal problema.

Los hechos demuestran que los clsicos mecanismos de seleccin de personal judicial no permiten que la sociedad espaola se dote de Jueces y Magistrados en nmero suficiente. Es obligado, pues, recurrir a mecanismos complementarios. A tal fin, la Ley Orgnica prev un sistema de acceso a la carrera judicial de juristas de reconocido prestigio. Ello permitir, en primer lugar, hacer frente a las necesidades y cubrir las vacantes que de otra forma no podran serlo; en segundo trmino, incorporar a funcin tan relevante como la judicial a quienes, en otros campos jurdicos, han demostrado estar en condiciones de ofrecer capacidad y competencia acreditadas; por ltimo, lograr entre la carrera judicial y el resto del universo jurdico la smosis que, a buen seguro, se dar cuando se integren en la judicatura quienes, por haber ejercido el Derecho en otros sectores, aportarn perspectivas diferentes e incorporarn distintas sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad de enfoques. Los requisitos exigidos, y el hecho de que operarn aqu las mismas garantas de seleccin objetiva y rigurosa que rigen el clsico camino de la oposicin libre, aseguran simultneamente la imparcialidad del elector y la capacidad del elegido. No se hace con ello, en definitiva, otra cosa que incorporar a nuestro sistema de seleccin mecanismos experimentados con xito de antiguo no solo en varios pases, sino, incluso, entre nosotros mismos, y precisamente en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el sistema bsico de ingreso en la carrera judicial sigue siendo el de oposicin libre entre licenciados en Derecho, completada por la aprobacin de un curso en el centro de estudios judiciales y con las prcticas en un rgano jurisdiccional.

El acceso a la categora de Magistrado se verifica en las proporciones siguientes: de cada cuatro vacantes, dos se proveern con los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafn dentro de la categora; la tercera, por medio de pruebas selectivas y de especializacin en los rdenes contencioso-administrativo y social entre los Jueces, y la cuarta, por concurso entre juristas de reconocida competencia y con ms de diez aos de ejercicio.

Por lo que se refiere al rgimen de provisin de destinos, se sigue manteniendo como criterio bsico, en lo que respecta a Juzgados, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia, el de la antigedad. Ello no obsta, sin embargo, para que se introduzca tambin, como sistema de promocin en la carrera judicial, la especializacin que es, por un lado, necesaria a la vista de la magnitud y complejidad de la legislacin de nuestros das y, por otra parte, conveniente en cuanto introduce elementos de estmulo en orden a la permanente formacin de Jueces y Magistrados.

Por lo dems, la regulacin de la carrera judicial se realiza bajo el criterio bsico de su homologacin con las normas comunes que rigen el resto de los funcionarios pblicos, manteniendo tan solo aquellas peculiaridades que se derivan de su especfica funcin.

VIII

Los cuatro primeros Libros de la Ley regulan cuanto se refiere a la organizacin, gobierno y rgimen de los rganos que integran el Poder Judicial y de su rgano de gobierno. Los Libros V y VI establecen el marco bsico regulador de aquellos otros rganos, cuerpos de funcionarios y profesionales que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran de diversas formas con l, haciendo posible la efectividad de su tutela en los trminos establecidos por la Constitucin.

La Ley se refiere as, en primer lugar, al Ministerio Fiscal, que tiene por misin promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y el inters pblico, y la de velar por la independencia de los Tribunales y la satisfaccin del inters social conforme a lo previsto por el artculo 124 de la Constitucin.

Consagra tambin la Ley de la funcin de los Abogados y Procuradores, a los que se reserva la direccin y defensa de la representacin de las partes, pues a ellos corresponde garantizar la asistencia jurdica al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando as lo exija y, en todo caso, como derecho a la defensa y asistencia letrada expresamente reconocido por la Constitucin.

La Polica Judicial, como institucin que coopera y auxilia a la Administracin de Justicia, se ve potenciada por el establecimiento de unidades funcionalmente dependientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

Regula tambin la Ley el personal que sirve a la Administracin de Justicia, comprendiendo en l a los Secretarios, as como a los Mdicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuerpos todos ellos de funcionarios que en sus respectivas competencias auxilian y colaboran con los Jueces y Tribunales.

Las funciones de los Secretarios merecen especial regulacin en el Ttulo IV del Libro III, pues a ellos corresponde la fe pblica judicial al mismo tiempo que la ordenacin e impulso del procedimiento, vindose reforzadas sus funciones de direccin procesal.

Junto a las previsiones bsicas sobre la estructura y funciones de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, as como de los Mdicos Forenses, la Ley establece la previsin de que otros tcnicos puedan servir a la Administracin de Justicia, constituyendo al efecto cuerpos y escalas, o bajo contrato laboral. Con ello se trata de garantizar y potenciar la estructura del personal al servicio de los rganos judiciales y su cada vez ms necesaria especializacin.

IX

El ciudadano es el destinatario de la Administracin de Justicia. La Constitucin exige y esta Ley Orgnica consagra los principios de oralidad y publicidad, para lo que se acenta la necesaria inmediacin que ha de desarrollarse en las leyes procesales y, junto a ello, se regula por primera vez la responsabilidad patrimonial del Estado que pueda derivarse del error judicial o del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, sin perjuicio de la responsabilidad individual de Jueces y Magistrados de carcter civil, penal y disciplinaria, complementndose de esta forma un Poder Judicial plenamente responsable.

X

Las disposiciones adicionales, transitorias y final de la Ley regulan los problemas de su aplicacin econmica, haciendo posible la adecuacin de la organizacin judicial vigente a la que esta Ley establece y previendo expresamente las leyes de desarrollo que han de implantar en su totalidad la nueva organizacin del Poder Judicial.

TTULO PRELIMINAR
Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional
Artculo primero

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente a la Constitucin y al imperio de la ley.

Artculo segundo

1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.

2. Los Juzgados y Tribunales no ejercern ms funciones que las sealadas en el prrafo anterior, las de Registro Civil y las dems que expresamente les sean atribuidas por ley en garanta de cualquier derecho.

Artculo tercero

1. La jurisdiccin es nica y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitucin a otros rganos.

2. La competencia de la jurisdiccin militar quedar limitada al mbito estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por el Cdigo Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la declaracin de dicho estado y la Ley Orgnica que lo regula, sin perjuicio de lo que se establece en el artculo 9, apartado 2, de esta Ley.

Artculo cuarto

La jurisdiccin se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio espaol, en la forma establecida en la Constitucin y en las leyes.

Artculo quinto

1. La Constitucin es la norma suprema del ordenamiento jurdico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarn y aplicarn las leyes y los Reglamentos segn los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretacin de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

2. Cuando un rgano judicial considere, en algn proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitucin, plantear la cuestin ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgnica.

3. Proceder el planteamiento de la cuestin de inconstitucionalidad cuando por va interpretativa no sea posible la acomodacin de la norma al ordenamiento constitucional.

4. En todos los casos en que, segn la ley, proceda recurso de casacin, ser suficiente para fundamentarlo la infraccin de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponder siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.

Artculo sexto

Los Jueces y Tribunales no aplicarn los Reglamentos o cualquier otra disposicin contrarios a la Constitucin, a la ley o al principio de jerarqua normativa.

Artculo sptimo

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Captulo Segundo del Ttulo I de la Constitucin vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y estn garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.

2. En especial, los derechos enunciados en el artculo 53.2 de la Constitucin se reconocern, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

3. Los Juzgados y Tribunales protegern los derechos e intereses legtimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningn caso pueda producirse indefensin. Para la defensa de estos ltimos se reconocer la legitimacin de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estn legalmente habilitados para su defensa y promocin.

Artculo octavo

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican.

Artculo noveno

1. Los Juzgados y Tribunales ejercern su jurisdiccin exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley.

2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocern, adems de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estn atribuidas a otro orden jurisdiccional.

En este orden civil, corresponder a la jurisdiccin militar la prevencin de los juicios de testamentara y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaa o navegacin, limitndose a la practica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formacin del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la Autoridad judicial civil competente.

3. Los del orden jurisdiccional penal tendrn atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepcin de los que correspondan a la jurisdiccin militar.

4. Los del orden contencioso-administrativo conocern de las pretensiones que se deduzcan en relacin con los actos de la Administracin Pblica sujetos al Derecho administrativo y con las disposiciones reglamentarias.

5. Los del orden jurisdiccional social conocern de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, as como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislacin laboral.

6. La jurisdiccin es improrrogable. Los rganos judiciales apreciarn de oficio la falta de jurisdiccin y resolvern sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolucin ser fundada y se efectuar indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.

Artculo diez

1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podr conocer de asuntos que no le estn atribuidos privativamente.

2. No obstante, la existencia de una cuestin prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisin o que condicione directamente el contenido de sta, determinar la suspensin del procedimiento, mientras aqulla no sea resuelta por los rganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca.

Artculo once

1. En todo tipo de procedimiento se respetarn las reglas de la buena fe. No surtirn efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

2. Los Juzgados y Tribunales rechazarn fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entraen fraude de ley o procesal.

3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artculo 24 de la Constitucin, debern resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrn desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.

Artculo doce

1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los rganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.

2. No podrn los Jueces y Tribunales corregir la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico hecha por sus inferiores en el orden jerrquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.

3. Tampoco podrn los Jueces y Tribunales, rganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carcter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico que lleven a cabo en el ejercicio de su funcin jurisdiccional.

Artculo trece

Todos estn obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados.

Artculo catorce

1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrn en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por s mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la accin de la justicia y restaurar el orden jurdico.

2. El Ministerio Fiscal, por s o a peticin de aqullos, promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

Artculo quince

Los Jueces y Magistrados no podrn ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantas previstas en esta Ley.

Artculo diecisis

1. Los Jueces y Magistrados respondern penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las Leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en esta Ley.

2. Se prohben los Tribunales de Honor en la Administracin de Justicia.

Artculo diecisiete

1. Todas las personas y entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar, en la forma que la Ley establezca, la colaboracin requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecucin de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitucin y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.

2. Las Administraciones Pblicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades pblicas y privadas, y los particulares, respetarn y, en su caso, cumplirn las sentencias y las dems resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

Artculo dieciocho

1. Las resoluciones judiciales solo podrn dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en las leyes.

2. Las sentencias se ejecutarn en sus propios trminos. Si la ejecucin resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptar las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijar en todo caso la indemnizacin que sea procedente en la parte en que aqulla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Solo por causa de utilidad pblica o inters social, declarada por el Gobierno, podrn expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administracin Pblica en una sentencia firme, antes de su ejecucin. En este caso, el Juez o Tribunal a quien corresponda la ejecucin ser el nico competente para sealar por va incidental la correspondiente indemnizacin.

3. Lo dispuesto en este artculo se entiende sin perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo con la Constitucin y las leyes, corresponde al Rey.

Artculo diecinueve

1. Los ciudadanos de nacionalidad espaola podrn ejercer la accin popular, en los casos y formas establecidos en la ley.

2. Asimismo, podrn participar en la Administracin de Justicia: mediante la institucin del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los dems casos previstos en esta Ley.

3. Tiene el carcter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.

Artculo veinte

1. La justicia ser gratuita en los supuestos que establezca la ley.

2. Se regular por ley un sistema de justicia gratuita que de efectividad al derecho declarado en los artculos 24 y 119 de la Constitucin, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.

3. No podrn exigirse fianzas que por su inadecuacin impidan el ejercicio de la accin popular, que ser siempre gratuita.

LIBRO I
DE LA EXTENSIN Y LMITES DE LA JURISDICCIN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES
TTULO I
De la extensin y lmites de la jurisdiccin
Artculo veintiuno

1. Los Juzgados y Tribunales espaoles conocern de los juicios que se susciten en territorio espaol entre espaoles, entre extranjeros y entre espaoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte.

2. Se exceptan los supuestos de inmunidad de jurisdiccin y de ejecucin establecidos por las normas del Derecho Internacional Pblico.

Artculo veintids

En el orden civil, los Juzgados y Tribunales espaoles sern competentes:

1. Con carcter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en Espaa; en materia de constitucin, validez, nulidad o disolucin de sociedades o personas jurdicas que tengan su domicilio en territorio espaol, as como respecto de los acuerdos y decisiones de sus rganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro espaol; en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depsito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en Espaa el depsito o registro; en materia de reconocimiento y ejecucin en territorio espaol de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

2. Con carcter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tcitamente a los Juzgados o Tribunales espaoles, as como cuando el demandado tenga su domicilio en Espaa.

3. En defecto de los criterios precedentes y en materia de declaracin de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su ltimo domicilio en territorio espaol; en materia de incapacitacin y de medidas de proteccin de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando stos tuviesen su residencia habitual en Espaa; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cnyuges, nulidad matrimonial, separacin y divorcio, cuando ambos cnyuges posean residencia habitual en Espaa al tiempo de la demanda o el demandante sea espaol y tenga su residencia habitual en Espaa, as como cuando ambos cnyuges tengan la nacionalidad espaola, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su peticin de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiacin y de relaciones paternofiliales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en Espaa al tiempo de la demanda o el demandante sea espaol o resida habitualmente en Espaa; para la constitucin de la adopcin, cuando el adoptante o el adoptado sea espaol o resida habitualmente en Espaa; en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio espaol; en materia de obligaciones contractuales, cuando stas hayan nacido o deban cumplirse en Espaa; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio espaol o el autor del dao y la vctima tengan su residencia habitual comn en Espaa; en las acciones relativas a bienes muebles, si stos se encuentran en territorio espaol al tiempo de la demanda; en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su ltimo domicilio en territorio espaol o posea bienes inmuebles en Espaa.

4. Asimismo, en materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en Espaa si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de prstamos destinados a financiar su adquisicin; y en el caso de cualquier otro contrato de prestacin de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebracin del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en Espaa o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio espaol los actos necesarios para la celebracin del contrato; en materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio en Espaa; y en los litigios relativos a la explotacin de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando ste se encuentre en territorio espaol. En materia concursal se estar a lo dispuesto en su ley reguladora.

5. Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espaol y deban cumplirse en Espaa.

Artculo veintitrs

1. En el orden penal corresponder a la jurisdiccin espaola el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio espaol o cometidos a bordo de buques o aeronaves espaoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que Espaa sea parte.

2. Asimismo, conocer de los hechos previstos en las Leyes penales espaolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren espaoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad espaola con posterioridad a la comisin del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecucin.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales espaoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este ltimo caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendr en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

3. Conocer la jurisdiccin espaola de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, segn la ley penal espaola, como alguno de los siguientes delitos:

a) De traicin y contra la paz o la independencia del Estado.

b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.

c) Rebelin y sedicin.

d) Falsificacin de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos pblicos u oficiales.

e) Falsificacin de moneda espaola y su expedicin.

f) Cualquier otra falsificacin que perjudique directamente al crdito o intereses del Estado, e introduccin o expedicin de lo falsificado.

g) Atentado contra autoridades o funcionarios pblicos espaoles.

h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios pblicos espaoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administracin Pblica espaola.

i) Los relativos al control de cambios.

4. Igualmente ser competente la jurisdiccin espaola para conocer de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segn la ley penal espaola, como alguno de los siguientes delitos:

a) Genocidio.

b) Terrorismo.

c) Piratera y apoderamiento ilcito de aeronaves.

d) Falsificacin de moneda extranjera.

e) Los relativos a la prostitucin.

f) Trfico ilegal de drogas psicotrpicas, txicas y estupefacientes.

g) Y cualquier otro que, segn los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en Espaa.

5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 ser de aplicacin lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 de este artculo.

Artculo veinticuatro

En el orden contencioso-administrativo ser competente, en todo caso, la jurisdiccin espaola cuando la pretensin que se deduzca se refiera a disposiciones de carcter general o a actos de las Administraciones Pblicas espaolas. Asimismo conocer de las que se deduzcan en relacin con actos de los poderes pblicos espaoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.

Artculo veinticinco

En el orden social, los Juzgados y Tribunales espaoles sern competentes:

1. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en Espaa o el contrato se haya celebrado en territorio espaol; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio espaol o una agencia, sucursal, delegacin o cualquier otra representacin en Espaa; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad espaola, cualquiera que sea el lugar de prestacin de los servicios o de celebracin del contrato; y, adems, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en Espaa por trabajador espaol.

2. En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados en Espaa y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio espaol.

3. En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades espaolas o que tengan domicilio, agencia, delegacin o cualquier otra representacin en Espaa.

TTULO II
De la planta y organizacin territorial
CAPTULO I
De los Juzgados y Tribunales
Artculo veintisis

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales:

– Juzgados de Paz.

– Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.

– Audiencias Provinciales.

– Tribunales Superiores de Justicia.

– Audiencia Nacional.

– Tribunal Supremo.

Artculo veintisiete

1. En las Salas de los Tribunales en las que existan dos o ms Secciones, se designarn por numeracin ordinal.

2. En las poblaciones en que existan dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la misma clase, se designarn por numeracin cardinal.

Artculo veintiocho

En cada Sala o Seccin de los Tribunales habr una o ms Secretaras y una sola en cada Juzgado.

Artculo veintinueve

La planta de los Juzgados y Tribunales se establecer por ley. Ser revisada, al menos, cada cinco aos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades.

CAPTULO II
De la divisin territorial en lo judicial
Artculo treinta

El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autnomas.

Artculo treinta y uno

El municipio se corresponde con la demarcacin administrativa del mismo nombre.

Artculo treinta y dos

1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o ms municipios limtrofes, pertenecientes a una misma provincia.

2. La modificacin de partidos se realizar, en su caso, en funcin del nmero de asuntos, de las caractersticas de la poblacin, medios de comunicacin y comarcas naturales.

3. El partido podr coincidir con la demarcacin provincial.

Artculo treinta y tres

La provincia se ajustar a los lmites territoriales de la demarcacin administrativa del mismo nombre.

Artculo treinta y cuatro

La Comunidad Autnoma ser el mbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artculo treinta y cinco

1. La demarcacin judicial, que determinar la circunscripcin territorial de los rganos judiciales, se establecer por ley.

2. A tal fin, las Comunidades Autnomas participarn en la organizacin de la demarcacin judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de este, una propuesta de la misma en la que fijarn los partidos judiciales.

3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autnomas, redactar un anteproyecto, que ser informado por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobar el oportuno proyecto de Ley, que, en unin de las propuestas de las Comunidades Autnomas y del informe del Consejo General del Poder Judicial, remitir a las Cortes Generales para su tramitacin.

5. La demarcacin judicial ser revisada cada cinco aos o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autnomas determinarn, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Artculo treinta y seis

La creacin de Secciones y Juzgados corresponder al Gobierno cuando no suponga alteracin de la demarcacin judicial, odos preceptivamente la Comunidad Autnoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.

Artculo treinta y siete

1. Corresponde al Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, proveer a los Juzgados y Tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su funcin con independencia y eficacia.

2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitir anualmente al Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia, una relacin circunstanciada de las necesidades que estime existentes.

3. Podr atribuirse a las Comunidades Autnomas la gestin de todo tipo de recursos, cualquiera que sea su consideracin presupuestaria, correspondiente a las competencias atribuidas al Gobierno en el apartado 1 de este artculo, cuando los respectivos Estatutos de Autonoma les faculten en esta materia.

4. Los recursos propios que las Comunidades Autnomas destinen a las mismas finalidades debern recogerse en un programa anual que ser aprobado, previo informe favorable del Consejo del Poder Judicial, por la correspondiente Asamblea Legislativa.

TTULO III
De los conflictos de jurisdiccin y de los conflictos y cuestiones de competencia
CAPTULO I
De los conflictos de jurisdiccin
Artculo treinta y ocho

1. Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados o Tribunales y la Administracin sern resueltos por un rgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir, y por cinco vocales, de los que dos sern Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres sern Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.

2. El Presidente tendr siempre voto de calidad en caso de empate.

Artculo treinta y nueve

1. Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados o Tribunales y la jurisdiccin militar sern resueltos por una Sala compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, que la presidir, dos Magistrados de la Sala de lo Penal de dicho Alto Tribunal designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y dos Consejeros Togados del Consejo Supremo de Justicia Militar designados por dicho Consejo. Actuar como Secretario de esta Sala el de Gobierno del Tribunal Supremo.

2. El Presidente tendr siempre voto de calidad en caso de empate.

Artculo cuarenta

Anualmente se renovarn los componentes de los rganos colegiados decisorios previstos en los dos artculos anteriores.

Artculo cuarenta y uno

El planteamiento, tramitacin y decisin de los conflictos de jurisdiccin se ajustar a lo dispuesto en la ley.

CAPTULO II
De los conflictos de competencia
Artculo cuarenta y dos

Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolvern por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que sern designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuar como Secretario de esta Sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo.

Artculo cuarenta y tres

Los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrn ser promovidos de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecucin del fallo.

Artculo cuarenta y cuatro

El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningn Juez o Tribunal podr plantear conflicto de competencia a los rganos de dicho orden jurisdiccional.

Artculo cuarenta y cinco

Suscitado el conflicto de competencia en escrito razonado, en el que se expresarn los preceptos legales en que se funde, el Juez o Tribunal, odas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das, decidir por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al rgano jurisdiccional que est conociendo para que deje de hacerlo.

Artculo cuarenta y seis

1. Al requerimiento de inhibicin se acompaar testimonio del auto dictado por el Juez o Tribunal requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal y de los dems particulares que se estimen conducentes para justificar la competencia de aqul.

2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes por plazo comn de diez das, dictar auto resolviendo sobre su competencia.

Artculo cuarenta y siete

1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicar as al requirente y se elevarn por ambos las actuaciones a la Sala de Conflictos, conservando ambos rganos, en su caso, los testimonios necesarios para cumplir lo previsto en el apartado 2 del artculo 48.

2. La Sala, odo el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez das, dictar auto en los diez siguientes, sin que contra l quepa recurso alguno. El auto que se dicte resolver definitivamente el conflicto de competencia.

Artculo cuarenta y ocho

1. Desde que se dicte el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento, y desde que se tenga conocimiento de este por el Juez o Tribunal requerido, se suspender el procedimiento en el asunto a que se refiere aqul.

2. No obstante, la suspensin no alcanzar a las actuaciones preventivas o preparatorias ni a las cautelares, cualesquiera que sean los ordenes jurisdiccionales en eventual conflicto, que tengan carcter urgente o necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un quebranto irreparable o de difcil reparacin. En su caso, los Jueces o Tribunales adoptarn las garantas procedentes para asegurar los derechos o intereses de las partes o de terceros o el inters pblico.

Artculo cuarenta y nueve

Las resoluciones recadas en la tramitacin de los conflictos de competencia no sern susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Artculo cincuenta

1. Contra la resolucin firme en que el rgano del orden jurisdiccional indicado en la resolucin a que se refiere el apartado 6 del artculo 9 declare su falta de jurisdiccin en un proceso cuyos sujetos y pretensiones fuesen los mismos, podr interponerse en el plazo de diez das recurso por defecto de jurisdiccin.

2. El recurso se interpondr ante el rgano que dict la resolucin, quien, tras or a las partes personadas, si las hubiere, remitir las actuaciones a la Sala de Conflictos.

3. La Sala reclamar del Juzgado o Tribunal que declar en primer lugar su falta de jurisdiccin que le remita las actuaciones y, odo el Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez das, dictar auto dentro de los diez siguientes.

CAPTULO III
De las cuestiones de competencia
Artculo cincuenta y uno

1. Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolvern por el rgano inmediato superior comn, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales.

2. En la resolucin en que se declare la falta de competencia se expresar el rgano que se considere competente.

Artculo cincuenta y dos

No podrn suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subordinados entre s. El Juez o Tribunal Superior fijar, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, odas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das. Acordado lo procedente, recabarn las actuaciones del Juez o Tribunal inferior o le remitirn las que se hallare conociendo.

TTULO IV
De la composicin y atribuciones de los rganos jurisdiccionales
CAPTULO I
Del Tribunal Supremo
Artculo cincuenta y tres

El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el rgano jurisdiccional superior en todos los rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantas Constitucionales. Tendr jurisdiccin en toda Espaa y ningn otro podr tener el ttulo de Supremo.

Artculo cincuenta y cuatro

El Tribunal Supremo se compondr de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.

Artculo cincuenta y cinco

El Tribunal Supremo estar integrado por las siguientes Salas:

– Primera: de lo Civil.

– Segunda: de lo Penal.

– Tercera: de lo Contencioso-Administrativo.

– Cuarta: de lo Social.

Artculo cincuenta y seis

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocer:

1. De los recursos de casacin, revisin y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley.

2. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autnoma, cuando as lo determinen su Estatuto de Autonoma.

3. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.

4. De las peticiones de ejecucin de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Artculo cincuenta y siete

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocer:

1. De los recursos de casacin, revisin y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.

2. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, as como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonoma.

3. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.

Artculo cincuenta y ocho

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocer:

1. En nica instancia, de los recursos Contencioso-Administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones emanadas del Consejo de Ministros, o de sus Comisiones Delegadas del Gobierno de los recursos contra los actos y disposiciones procedentes del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los rganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en materia de personal y actos de administracin.

2. De los recursos de casacin que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

3. De los recursos de casacin que establezca la ley contra las sentencias dictadas en nica instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en recursos, contraactos y disposiciones procedentes de rganos de la Administracin del Estado.

4. De los recursos de casacin que establezca la ley contra las sentencias dictadas en nica instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en relacin con actos y disposiciones de las Comunidades Autnomas y siempre que dicho recurso se funde en infraccin de normas no emanadas de los rganos de aqullas.

5. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

6. De los recursos de revisin que establezca la ley y que no estn atribuidos a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artculo cincuenta y nueve

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocer de los recursos de casacin y revisin y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.

Artculo sesenta

1. Conocer adems cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior comn.

2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarn parte de la Sala.

Artculo sesenta y uno

Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado ms antiguo y el ms moderno de cada una de ellas conocer:

1. De los recursos de revisin contra las sentencias dictadas en nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.

2. De los incidentes de recusacin del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de ms de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusacin sern sustituidos por quienes corresponda.

3. De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo.

4. De la instruccin y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.

5. Del conocimiento de las pretensiones de declaracin de error judicial cuando ste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.

CAPTULO II
De la Audiencia Nacional
Artculo sesenta y dos

La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdiccin en toda Espaa.

Artculo sesenta y tres

1. La Audiencia Nacional se compondr de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones.

2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendr la consideracin de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, y los Presidentes de Sala, la categora de Magistrado del Tribunal Supremo.

Artculo sesenta y cuatro

1. La Audiencia Nacional estar integrada por las siguientes Salas:

– De lo Penal.

– De lo Contencioso-Administrativo.

– De lo Social.

2. En el caso de que el nmero de asuntos lo aconseje, podrn crearse dos o ms Secciones dentro de una Sala.

Artculo sesenta y cinco

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocer:

1. En nica instancia, del enjuiciamiento de las causas por los siguientes delitos:

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nacin y forma de Gobierno.

b) Falsificacin de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusin en la seguridad del trfico mercantil, en la economa nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de ms de una Audiencia.

d) Trfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales espaoles.

En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extender su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseados.

2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecucin de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisin impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a Espaa la continuacin de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecucin de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad.

3. De las cuestiones de cesin de jurisdiccin en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que Espaa sea parte.

4. De los procedimientos judiciales de extradicin pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detencin del presunto extradicto.

5. De los recursos que se interpongan contra las sentencias y dems resoluciones de los Juzgados Centrales de Instruccin.

6. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.

Artculo sesenta y seis

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia, de los recursos contra disposiciones y actos emanados de los Ministros y de los Secretarios de Estado, salvo que confirmen en va administrativa de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o tutela los dictados por rganos o entidades distintos, cualquiera que sea su mbito territorial.

Artculo sesenta y siete

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia:

1. De los procesos especiales de impugnacin de convenios colectivos cuyo mbito territorial de aplicacin sea superior al territorio de una Comunidad Autnoma.

2. De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolucin haya de surtir efecto en un mbito territorial superior al de una Comunidad Autnoma.

Artculo sesenta y ocho

1. Conocer adems cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan.

2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarn parte de la Sala.

Artculo sesenta y nueve

Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado ms antiguo y el ms moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocer de los incidentes de recusacin del Presidente, de los Presidentes de Sala o de ms de dos Magistrados de una Sala.

CAPTULO III
De los Tribunales Superiores de Justicia
Artculo setenta

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma culminar la organizacin judicial en el mbito territorial de aqulla, sin perjuicio de la jurisdiccin que corresponde al Tribunal Supremo.

Artculo setenta y uno

El Tribunal Superior de Justicia tomar el nombre de la Comunidad Autnoma y extender su jurisdiccin al mbito territorial de sta.

Artculo setenta y dos

1. El Tribunal Superior de Justicia estar integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

2. Se compondr de un Presidente, que lo ser tambin de su Sala de lo Civil y Penal, y tendr la consideracin de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempee el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.

Artculo setenta y tres

1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocer, como Sala de lo Civil:

a) Del recurso de casacin que establezca la ley contra resoluciones de rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autnoma, siempre que el recurso se funde en infraccin de normas del Derecho Civil, Foral o Especial, propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonoma haya previsto esta atribucin.

b) Del recurso extraordinario de revisin que establezca la ley contra sentencias dictadas por rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autnoma, en materia de Derecho Civil, Foral o Especial, propio de la Comunidad Autnoma, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonoma haya previsto esta atribucin.

2. Esta Sala conocer igualmente:

a) En nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribucin no corresponda, segn los Estatutos de Autonoma, al Tribunal Supremo.

b) En nica instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.

c) De las cuestiones de competencia entre rganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autnoma que no tenga otro superior comn.

3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:

a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonoma reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.

b) La instruccin y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autnoma, siempre que esta atribucin no corresponda al Tribunal Supremo.

c) La decisin de las cuestiones de competencia entre rganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la Comunidad Autnoma que no tengan otro superior comn.

4. Le corresponde, igualmente, la decisin de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de distintas provincias de la Comunidad Autnoma.

Artculo setenta y cuatro

1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocer, en nica instancia:

a) De los recursos contencioso-administrativos, contra los actos y disposiciones de los rganos de la Administracin del Estado que no estn atribuidos o se atribuyan por ley a otros rganos de este orden jurisdiccional.

b) De los recursos contencioso-administrativos que se formulen contra los actos y disposiciones administrativas del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma, de su Presidente y de los Consejeros, salvo que confirmen en va administrativa de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o tutela los dictados por rganos o entidades distintos.

c) De los recursos contra disposiciones y actos procedentes de los rganos de Gobierno de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autnoma y de sus Comisionados en materia de personal y actos de administracin.

d) Del recurso contencioso-electoral contra los acuerdos de las Juntas electorales sobre proclamacin de electos, as como sobre la eleccin y proclamacin de los Presidentes de las Corporaciones Locales.

2. En segunda instancia conocer de los recursos que establezca la ley y que se promuevan contra las resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Autnoma.

3. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia conocer igualmente de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Autnoma.

Artculo setenta y cinco

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocer:

1. En nica instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en mbito superior al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autnoma.

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autnoma.

3. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autnoma.

Artculo setenta y seis

Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocer de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artculo siguiente.

Artculo setenta y siete

1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado ms moderno de cada una de ellas conocer de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autnoma o de dos o ms Magistrados de una Sala o Seccin o de una Audiencia Provincial.

2. El recusado no podr formar parte de la Sala, producindose, en su caso, su sustitucin con arreglo a lo previsto en esta ley.

Artculo setenta y ocho

Cuando el nmero de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrn crearse, con carcter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdiccin limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autnoma, en cuya capital tendrn su sede. Dichas Salas estarn formadas, como mnimo, por su Presidente, y se completarn, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Artculo setenta y nueve

La Ley de planta podr, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el nmero de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aqulla determine.

CAPTULO IV
De las Audiencias Provinciales
Artculo ochenta

1. Las Audiencias Provinciales, que tendrn su sede en la capital de la provincia, de la que tomarn su nombre, extendern su jurisdiccin a toda ella.

2. Podrn crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarn adscritos uno o varios partidos judiciales.

Artculo ochenta y uno

1. Las Audiencias Provinciales se compondrn de un Presidente y dos o ms Magistrados. Tambin podrn estar integradas por dos o ms Secciones de la misma composicin, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidir la Seccin primera.

2. Cuando el escaso nmero de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podr constar su plantilla de uno o dos Magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completar para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolucin a dictar lo exija, con el nmero de Magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecer un turno para cada ao judicial.

Artculo ochenta y dos

Las Audiencias Provinciales conocern:

1. En juicio oral y pblico, y en nica instancia, de las causas por delito, a excepcin de las que la ley atribuya al conocimiento de los Juzgados de Instruccin o de otros Tribunales previstos en esta ley.

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia penal por los Juzgados de Instruccin de la provincia.

Las apelaciones de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instruccin en juicio de faltas, cuando as lo establezca la ley, se fallarn definitivamente en turno de reparto por un Magistrado de la Audiencia Provincial que actuar como Tribunal unipersonal.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en Primera Instancia en materia civil, por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.

4. De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre Juzgados de la provincia que no tengan otro superior comn.

5. De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no este atribuida a la Sala Especial existente a estos efectos en el seno de los Tribunales Superiores de Justicia.

6. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecucin de penas.

7. De los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.

Artculo ochenta y tres

1. El juicio del Jurado se celebrar en el mbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.

2. La Ley del Jurado deber regular su composicin y competencias, teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) La funcin de Jurado ser obligatoria y deber estar remunerada durante su desempeo. La ley regular los supuestos de incompatibilidad, recusacin y abstencin.

b) La intervencin del ciudadano en el Jurado deber satisfacer plenamente su derecho a participar en la administracin de Justicia reconocido en el artculo 125 de la Constitucin.

c) La jurisdiccin del Jurado vendr determinada respecto a aquellos delitos que la ley establezca.

d) La competencia para el conocimiento de los asuntos penales sujetos a su jurisdiccin se establecer en funcin de la naturaleza de los delitos y la cuanta de las penas sealadas a los mismos.

CAPTULO V
De los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de los de Vigilancia Penitenciaria y de Menores
Artculo ochenta y cuatro

En cada partido habr uno o ms Juzgados de Primera Instancia e Instruccin con sede en la capital de aqul y jurisdiccin en todo su mbito territorial. Tomarn su designacin del municipio de su sede.

Artculo ochenta y cinco

Los Juzgados de Primera Instancia conocern en el orden civil:

1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros Juzgados o Tribunales.

2. De los actos de jurisdiccin voluntaria previstos en la ley.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido.

4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido.

Artculo ochenta y seis

1. El Registro Civil estar a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegacin de stos, de los de Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los dems Registros Civiles, en su caso.

2. La ley de planta determinar las poblaciones en las que uno o varios Jueces desempearn con exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere ms de un Juzgado de Primera Instancia, cul o cules de entre ellos se encargarn del Registro Civil.

Artculo ochenta y siete

1. Los Juzgados de Instruccin conocern, en el orden penal:

a) De la instruccin de las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias.

b) De la instruccin y fallo de las causas por delito o falta en que as se establezca por la ley.

c) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en juicios de faltas por los Juzgados de Paz del partido.

d) De los procedimientos de hbeas corpus.

e) De las cuestiones de competencia en materia penal entre los Juzgados de Paz del partido.

2. Corresponde tambin a los Juzgados de Instruccin la autorizacin en resolucin motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecucin forzosa de los actos de la Administracin.

Artculo ochenta y ocho

En la villa de Madrid podr haber uno o ms Juzgados centrales de Instruccin, con jurisdiccin en toda Espaa, que instruirn las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que las fallarn cuando la ley lo disponga.

Artculo ochenta y nueve

La Ley de planta y demarcacin puede establecer, como rganos distintos, en aquellos partidos en que fuere conveniente, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instruccin.

Artculo noventa

1. En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrn establecer uno o mas Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarn la denominacin del municipio de su sede, y extendern su jurisdiccin al partido correspondiente.

3. Tambin podrn crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdiccin a ms de una provincia dentro de la misma Comunidad Autnoma.

Artculo noventa y uno

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocern, en primera o nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos no atribuidos a otros rganos de este orden jurisdiccional.

Artculo noventa y dos

1. En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de lo Social, tambin podrn establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados ncleos de trabajo lo aconsejen, delimitndose, en tal caso, el mbito de su jurisdiccin.

2. Los Juzgados de lo Social podrn excepcionalmente extender su jurisdiccin a dos o ms provincias dentro de la misma Comunidad Autnoma.

Artculo noventa y tres

Los Juzgados de lo Social conocern, en primera o nica instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estn atribuidos a otros rganos del mismo.

Artculo noventa y cuatro

1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habr uno o varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendrn las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecucin de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y dems que seale la ley.

2. Podrn establecerse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que extiendan su jurisdiccin a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma.

3. Tambin podrn crearse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuya jurisdiccin no se extienda a toda la provincia.

4. El cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria ser compatible con el desempeo de un rgano del orden jurisdiccional penal.

Artculo noventa y cinco

1. El nmero de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se determinar en la Ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de stos.

2. El Gobierno establecer la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autnoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo noventa y seis

En cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrn establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdiccin se extienda o bien a un partido determinado o agrupacin de partidos, o bien a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma. Tomarn su nombre de la poblacin donde radique su sede.

Artculo noventa y siete

Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relacin con los menores de edad, les atribuyan las leyes.

Artculo noventa y ocho

1. El Consejo General del Poder Judicial podr acordar, previo informe de la Sala de Gobierno, a propuesta, en su caso, de la Junta de Jueces, que en aquellas circunscripciones en que exista ms de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carcter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos propios del orden jurisdiccional de que se trate.

2. Este acuerdo se publicar en el Boletn Oficial del Estado y producir efectos desde el inicio del ao siguiente a aqul en que se adopte.

3. Los Juzgados afectados continuarn conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusin.

CAPTULO VI
De los Juzgados de Paz
Artculo noventa y nueve

1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instruccin, y con jurisdiccin en el trmino correspondiente, habr un Juzgado de Paz.

2. Podr existir una sola Secretara para varios Juzgados.

Artculo cien

1. Los Juzgados de Paz conocern, en el orden civil, de la sustanciacin en Primera Instancia, fallo y ejecucin de los procesos que la ley determine. Cumplirn tambin funciones de Registro Civil y las dems que la ley les atribuya.

2. En el orden penal, conocern en primera instancia de la sustanciacin, fallo, y ejecucin de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrn intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevencin, o por delegacin, y en aquellas otras que sealen las leyes.

Artculo ciento uno

1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos sern nombrados para un periodo de cuatro aos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaer en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.

2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos sern elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayora absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, as lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegir libremente.

3. Aprobado el acuerdo correspondiente, ser remitido al Juez de Primera Instancia e Instruccin, quien lo elevar a la Sala de Gobierno.

4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia proceder a designar al Juez de Paz. Se actuar de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y odo el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley.

5. Los Jueces de Paz prestarn juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instruccin y tomarn posesin ante quien se hallara ejerciendo la jurisdiccin.

Artculo ciento dos

Podrn ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, renan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estn incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeo de las funciones judiciales, a excepcin del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Artculo ciento tres

1. Los Jueces de Paz sern retribuidos por el sistema y en la cuanta que legalmente se establezca, y tendrn, dentro de su circunscripcin, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instruccin.

2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarn por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicacin.

LIBRO II
DEL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
TTULO I
De los rganos de Gobierno del Poder Judicial
CAPTULO NICO
Disposiciones generales
Artculo ciento cuatro

1. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia.

2. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitucin y lo previsto en la presente ley. Con subordinacin a l, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ejercern las funciones que esta ley les atribuye, sin perjuicio de las que correspondan a los Presidentes de dichos Tribunales y a los titulares de los restantes rganos jurisdiccionales.

Artculo ciento cinco

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nacin y ostenta la representacin del Poder Judicial y del rgano de gobierno del mismo. Su categora y honores sern los correspondientes al titular de uno de los tres poderes del Estado.

Artculo ciento seis

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos Tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce, adems, sobre los Juzgados Centrales de Instruccin.

2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen sus competencias en el propio Tribunal con respecto a los Juzgados y Tribunales radicados en la respectiva Comunidad Autnoma.

3. El resto de los rganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio mbito orgnico.

TTULO II
Del Consejo General del Poder Judicial
CAPTULO I
De las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial
Artculo ciento siete

El Consejo General del Poder Judicial tendr competencias en las siguientes materias:

1. Propuesta por mayora de tres quintos para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

2. Propuesta por mayora de tres quintos para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional cuando as proceda.

3. Inspeccin de Juzgados y Tribunales.

4. Formacin y perfeccionamiento, provisin de destinos, ascensos, situaciones administrativas y rgimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

5. Nombramiento mediante Orden de los Jueces y presentacin a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados.

6. Nombramiento de Secretario general y miembros de los Gabinetes o Servicios dependientes del mismo.

7. Ejercicio de las competencias relativas al Centro de Estudios Judiciales que la ley le atribuye.

8. Elaboracin y aprobacin del anteproyecto de presupuesto del Consejo.

9. Potestad reglamentaria en los terminos previstos en el articulo 110 de esta ley.

10. Publicacin oficial de la coleccin de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

11. Aquellas otras que le atribuyan las leyes.

Artculo ciento ocho

1. El Consejo General del Poder Judicial deber informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales en relacin con las siguientes materias:

a) Determinacin y modificacin de demarcaciones judiciales en los trminos del artculo 35 de esta ley.

b) Fijacin y modificacin de la plantilla orgnica de Jueces, Magistrados, Secretarios y personal que preste servicios en la Administracin de Justicia.

c) Estatuto orgnico de Jueces y Magistrados.

d) Estatuto orgnico de los Secretarios y del resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia.

e) Normas procesales y cualesquiera otras que afecten a la constitucin, organizacin, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.

f) Rgimen penitenciario.

g) Aquellas otras que le atribuyan las leyes.

2. El Consejo General del Poder Judicial emitir el informe en el plazo de treinta das. Cuando en la orden de remisin se haga constar la urgencia del informe, el plazo ser de quince das.

3. El Gobierno remitir dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de leyes.

4. El Consejo General ser odo con carcter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado.

Artculo ciento nueve

1. El Consejo General del Poder Judicial elevar anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluir las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de recursos, en general, para el correcto desempeo de las funciones que la Constitucin y las leyes asignan al Poder Judicial.

2. Las Cortes Generales, de acuerdo con los Reglamentos de las Cmaras, podrn debatir el contenido de dicha memoria y reclamar, en su caso, la comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial o del miembro del mismo en quien aqul delegue. El contenido de dicha memoria, de acuerdo siempre con los Reglamentos de las Cmaras, podr dar lugar a la presentacin de mociones, preguntas de obligada contestacin por parte del Consejo y, en general, a la adopcin de cuantas medidas prevean aquellos Reglamentos.

Artculo ciento diez

El Consejo General del Poder Judicial podr dictar Reglamentos sobre su personal, organizacin y funcionamiento en el marco de la legislacin sobre la funcin publica. Estos Reglamentos, que debern ser aprobados por el pleno del Consejo General por mayora de tres quintos de sus miembros, se publicarn en el Boletn Oficial del Estado, autorizados por el Presidente.

CAPTULO II
De la composicin del Consejo General del Poder Judicial y de la designacin y sustitucin de sus miembros
Artculo ciento once

El Consejo General del Poder Judicial estar integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un periodo de cinco aos.

Artculo ciento doce

1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial sern propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

2. Cada Cmara elegir, por mayora de tres quintos de sus miembros, cuatro Vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con ms de quince aos en el ejercicio de su profesin, procediendo para ello segn lo previsto en su respectivo Reglamento.

3. Adems, cada una de las Cmaras propondr, igualmente por mayora de tres quintos de sus miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales que se hallen en servicio activo.

4. En ningn caso podrn ser elegidos:

a) Quienes hubieran sido miembros del Consejo saliente.

b) Quienes presten servicios en los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo ciento trece

Los Vocales elegidos segn lo previsto en los artculos anteriores sern nombrados por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia.

Artculo ciento catorce

La sesin constitutiva del Consejo General del Poder Judicial ser presidida por el vocal de mayor edad, y se celebrar una vez nombrados los veinte Vocales del mismo, que tomarn posesin de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey.

Artculo ciento quince

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovar en su totalidad cada cinco aos, computados desde la fecha de su constitucin. A tal efecto, y con seis meses de antelacin a la expiracin del mandato del Consejo, su Presidente se dirigir a los de las Cmaras, interesando que por stas se proceda a la eleccin de los nuevos Vocales.

2. El Consejo saliente continuar en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Consejo.

Artculo ciento diecisis

1. El cese anticipado de un Vocal del Consejo General del Poder Judicial dar lugar a su sustitucin. A tal efecto, el Presidente del Consejo pondr esta circunstancia en conocimiento de la Cmara que hubiera elegido al Vocal cesante, al objeto de que proceda a efectuar nueva propuesta por idntica mayora que la requerida en el artculo 112.

2. El que fuese propuesto para sustituir al vocal cesante deber reunir los requisitos que para la eleccin de ste hubiera requerido el artculo 112.

CAPTULO III
Del Estatuto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial
Artculo ciento diecisiete

1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial desarrollarn su actividad con dedicacin absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesin o actividad, pblicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepcin de la mera administracin del patrimonio personal o familiar. Les sern de aplicacin, adems, las incompatibilidades especficas de los Jueces y Magistrados enunciadas expresamente en el artculo 389, apartado 2., de la presente Ley Orgnica.

2. La situacin administrativa para los que sean funcionarios pblicos, tanto judiciales como no judiciales, ser la de servicios especiales.

Artculo ciento dieciocho

1. Los destinos cuyos titulares se encuentren en situacin que lleve consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de duracin determinada y dotado de inamovilidad se podrn cubrir, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situacin, a travs de los mecanismos ordinarios de provisin.

2. Quienes ocupen los referidos destinos quedarn, cuando se reintegre a la plaza su titular, adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposicin del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y sin merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situacin prestarn sus servicios en los puestos que determinen las respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razn del servicio cuando stos se prestaren en lugar distinto del de su residencia, que permanecer en el de la plaza reservada que hubiere ocupado.

3. Mientras desempeen la plaza reservada, una vez transcurrido un ao desde que accedieran a la misma, o en cualquier momento cuando se encuentren en situacin de adscripcin, podrn acceder en propiedad a cualesquiera destinos por los mecanismos ordinarios de provisin y promocin. Ocuparn definitivamente la plaza reservada que sirvieren cuando vaque por cualquier causa. Cuando queden en situacin de adscritos, sern destinados a la primera vacante que se produzca en el Tribunal colegiado de que se trate o en los Juzgados del mismo orden jurisdiccional del lugar de la plaza reservada, a no ser que se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados procedentes de pruebas selectivas, si no reunieren esta condicin.

Artculo ciento diecinueve

1. La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exigir por los tramites establecidos para la de los Magistrados del Tribunal Supremo.

2. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarn ligados por mandato imperativo alguno, y no podrn ser removidos de sus cargos sino por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidades o incumplimiento grave de los deberes del cargo. La aceptacin de la renuncia competer al Presidente, y la apreciacin de las restantes causas del cese deber ser acordada por el Pleno del Consejo General por mayora de tres quintos de sus miembros.

3. Los Vocales elegidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 112 cesarn cuando, por jubilacin u otras razones, dejen de pertenecer a la Carrera Judicial. En tal caso, se proceder segn lo dispuesto en el artculo 116.

Artculo ciento veinte

Los Vocales del Consejo General no podrn ser promovidos durante la duracin de su mandato a la categora de Magistrado del Tribunal Supremo, ni nombrados para cualquier cargo de la Carrera Judicial de libre designacin o en cuya provisin concurra apreciacin de mritos.

Artculo ciento veintiuno

1. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibirn, por toda la duracin de su mandato, la retribucin que se fije como nica y exclusiva en atencin a la importancia de su funcin. Ser igual para todos e incompatible con cualquier otra retribucin.

2. Los Vocales que al tiempo de su eleccin no perteneciesen a Cuerpos del Estado o de las Administraciones Pblicas o, aun perteneciendo, no se hallasen en situacin de servicio activo y al cesar no se reintegrasen al mismo, siempre que hubieran desempeado el cargo durante un mnimo de tres aos, tendrn derecho a una remuneracin de transicin por un ao, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Esta remuneracin de transicin estar sujeta al mismo rgimen de concurrencia o incompatibilidad, en su caso, que se prevea para los haberes pasivos del Estado.

3. Cuando el Vocal del Consejo General del Poder Judicial tenga derecho a la percepcin de haberes pasivos, por pertenecer a cualquier Cuerpo o Escala de funcionarios pblicos, o a pensin del sistema de Seguridad Social, se le computar, a los efectos de determinacin del haber correspondiente, el tiempo de desempeo de aquellas funciones.

CAPTULO IV
De los rganos del Consejo General del Poder Judicial
SECCIN PRIMERA. Disposicin general
Artculo ciento veintids

1. El Consejo General del Poder Judicial se articula en los siguientes rganos:

– Presidente.

– Vicepresidente.

– Pleno.

– Comisin Permanente.

– Comisin Disciplinaria.

– Comisin de Calificacin.

2. Reglamentariamente se podrn establecer las Comisiones y Delegaciones que se estimen oportunas.

SECCIN SEGUNDA. Del Presidente
Artculo ciento veintitrs

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ser nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia, con ms, de quince aos de antigedad en su carrera o en el ejercicio de su profesin. Podr ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.

2. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptar por mayora de tres quintos de sus miembros en la propia sesin constitutiva del mismo.

3. El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se llevar a cabo en Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.

4. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial prestar juramento o promesa ante el Rey y tomar posesin de su cargo ante los Plenos del Consejo General del Poder Judicial y de dicho Alto Tribunal en sesin conjunta.

5. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial ser sustituido por el Vicepresidente en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legtimo.

Artculo ciento veinticuatro

1. El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial ser propuesto por el Pleno de ste entre sus Vocales, por mayora de tres quintos de sus componentes, y nombrado por el Rey.

2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en los supuestos previstos en el apartado 5 del artculo anterior, y desempea las dems funciones que le atribuyen las Leyes.

Artculo ciento veinticinco

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendr las siguientes funciones:

1. Ostentar la representacin del Consejo General del Poder Judicial.

2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisin Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad.

3. Fijar el orden del da de las sesiones del Pleno y de la Comisin Permanente.

4. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materias de la competencia del Pleno o de la Comisin Permanente.

5. Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolucin o despacho de un asunto.

6. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisin Permanente.

7. Ejercer la superior direccin de la actividad de los rganos tcnicos del Consejo.

8. Las dems previstas en la ley.

Artculo ciento veintisis

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesara:

a) Por haber expirado el trmino de su mandato, que se entender agotado en la misma fecha en que concluya el del Consejo General por el que hubiere sido propuesto.

b) Por renuncia.

c) A propuesta del Pleno del Consejo, por causa de notoria incapacidad, o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros.

2. Los casos a que se refieren las letras b) y c) de este artculo se comunicarn al Gobierno por mediacin del Ministerio de Justicia. En tales casos se proceder al nuevo nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

SECCIN TERCERA. Del Pleno
Artculo ciento veintisiete

Ser de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:

1. La propuesta de nombramiento por mayora de tres quintos del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Vicepresidente de este ltimo.

2. La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que habr de ser adoptada por mayora de tres quintos de sus miembros.

3. La propuesta de nombramiento de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y cualesquiera otros discrecionales.

4. La propuesta de nombramiento de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas.

5. Evacuar la Audiencia prevista en el artculo 124.4 de la Constitucin sobre nombramiento del Fiscal General del Estado.

6. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisin Permanente, de la Comisin Disciplinaria y de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los rganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados.

7. Resolver los expedientes de rehabilitacin instruidos por la Comisin Disciplinaria.

8. Evacuar los informes preceptivos y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la ley al Consejo General del Poder Judicial.

9. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separacin y jubilacin de los Jueces y Magistrados en los supuestos no previstos en el artculo 131.3.

10. Elegir y nombrar los Vocales componentes de las Comisiones y Delegaciones.

11. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del ao judicial leer su Presidente sobre el estado de la Administracin de Justicia.

12. Aprobar y remitir al Gobierno el anteproyecto de presupuesto del Consejo General.

13 Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros rganos del mismo.

Artculo ciento veintiocho

El Pleno se reunir, previa convocatoria del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente, en sesiones ordinarias y extraordinarias con arreglo a lo que se determine en el Reglamento de Organizacin aprobado por el propio Consejo. En todo caso, deber celebrarse sesin extraordinaria, cuando lo soliciten cinco de sus miembros, incluyendo en el orden del da los asuntos que estos hayan propuesto.

Artculo ciento veintinueve

El Pleno quedara vlidamente constituido cuando se hallaren presentes un mnimo de catorce de sus miembros, con asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya.

SECCIN CUARTA. De la Comisin Permanente
Artculo ciento treinta

1. Anualmente el Pleno del Consejo General del Poder Judicial proceder a designar la Comisin Permanente, que estar compuesta por el Presidente del Consejo, que la presidir, y cuatro Vocales elegidos por mayora de tres quintos, por acuerdo del Pleno del Consejo General: dos pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de la misma.

2. Las reuniones de la Comisin Permanente slo sern vlidas con asistencia de tres, al menos, de sus componentes, entre los que deber encontrarse el Presidente o quien legalmente le sustituya.

3. El Presidente podr delegar en el Vicepresidente, o en quien legalmente le sustituya, la presidencia de la Comisin Permanente para la resolucin de los asuntos de su competencia.

Artculo ciento treinta y uno

Compete a la Comisin Permanente:

1. Preparar las sesiones del Pleno.

2. Velar por la exacta ejecucin de los acuerdos del Pleno del Consejo.

3. Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carcter ntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilacin forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situacin administrativa.

4. Resolver sobre la concesin de licencias a los Jueces y Magistrados, en los casos previstos por la ley.

5. Autorizar el escalafn de la Carrera Judicial.

6. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o atribuidas por la ley.

SECCIN QUINTA. De la Comisin Disciplinaria
Artculo ciento treinta y dos

1. El Pleno del Consejo General elegir, anualmente, por mayora de tres quintos, de entre sus Vocales, a los componentes de la Comisin Disciplinaria, que estar integrada por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos entre los Vocales que pertenezcan a la Carrera Judicial, y los dos restantes, ajenos a sta.

2. La Comisin Disciplinaria deber actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayora. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los miembros, se proceder a su sustitucin por otro vocal del Consejo de idntica procedencia, que ser designado por la Comisin Permanente.

Artculo ciento treinta y tres

A la Comisin Disciplinaria corresponde la competencia para la instruccin de expedientes e imposicin de sanciones a Jueces y Magistrados.

SECCIN SEXTA. De la Comisin de Calificacin
Artculo ciento treinta y cuatro

1. Anualmente, el Pleno del Consejo General proceder a designar los componentes de la Comisin de Calificacin, que estar integrada por cinco miembros, elegidos en la misma forma establecida para la Comisin Disciplinaria.

2. Ser presidida y quedar vlidamente constituida en los mismos trminos previstos para la referida Comisin.

Artculo ciento treinta y cinco

Corresponder a la Comisin de Calificacin informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno.

Artculo ciento treinta y seis

Para la adecuada formacin de los criterios de calificacin de los Jueces y Magistrados, la Comisin podr recabar informacin de los distintos rganos del Poder Judicial y, en todo caso, recibir un informe anual elaborado por las correspondientes Salas de Gobierno de los rganos jurisdiccionales a que aqullos estuviesen adscritos, que deber fundarse en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

CAPTULO V
Del rgimen de los actos del Consejo
SECCIN PRIMERA. De la forma de adoptar acuerdos
Artculo ciento treinta y siete

1. Los acuerdos de los rganos colegiados del Consejo sern adoptados por mayora de los miembros presentes, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Quien presida tendr voto de calidad en caso de empate.

2. Las deliberaciones de los rganos del Consejo tendrn carcter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas.

3. El vocal que disintiere de la mayora podr pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podr formular voto particular, escrito y fundado, que se insertar en el acta, siempre que lo presente dentro del da siguiente a aquel en que se tom el acuerdo.

4. Cuando el Pleno haga uso de sus facultades de informe, se incorporarn al texto del acuerdo adoptado los votos particulares razonados, que se unirn a la documentacin que se remita al rgano destinatario.

SECCIN SEGUNDA. De la formalizacin de los acuerdos
Artculo ciento treinta y ocho

Los acuerdos de los rganos del Consejo General sern documentados por el Secretario general y suscritos por quien haya presidido.

SECCIN TERCERA. Rgimen de los actos del Consejo
Artculo ciento treinta y nueve

1. Adoptarn la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y que deber refrendar el Ministro de Justicia, los acuerdos del Consejo General sobre el nombramiento de Presidentes y Magistrados. Los nombramientos de Jueces se efectuarn por el Consejo mediante Orden. Todos ellos se publicarn en el Boletn Oficial del Estado.

2. Los restantes acuerdos, debidamente documentados e incorporados los votos particulares, si los hubiere, sern comunicados a las personas y rganos que deban cumplirlos o conocerlos. Estos acuerdos se publicarn en los casos y con las modalidades establecidas por las normas generales que les sean aplicables.

SECCIN CUARTA. De la ejecucin de los actos
Artculo ciento cuarenta

1. Los actos de los distintos rganos del Consejo General del Poder Judicial sern inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del rgimen de impugnacin previsto en esta Ley.

2. No obstante, cuando se interponga recurso contra los mismos, la Autoridad competente para resolverlo podr acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensin de la ejecucin, cuando la misma pudiera causar perjuicios de imposible o difcil reparacin, o cuando est as establecido por la ley.

Artculo ciento cuarenta y uno

Corresponder al Consejo General la ejecucin de sus propios actos, que llevarn a cabo los rganos tcnicos a su servicio con la colaboracin, si fuere necesaria, de la Administracin del Estado y de las Comunidades Autnomas.

SECCIN QUINTA. Del procedimiento y recursos
Artculo ciento cuarenta y dos

1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley, se observarn, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que, en ningn caso, sea necesaria la intervencin del Consejo de Estado.

2. Tratndose de actos declarativos de derechos, la revisin de oficio, y en su caso, la previa declaracin de lesividad se adoptarn por el Pleno del Consejo por mayora absoluta de sus miembros.

Artculo ciento cuarenta y tres

1. Los actos de trmite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensin y las resoluciones definitivas de la Comisin Permanente y de la Comisin Disciplinaria, sern impugnables en alzada ante el Pleno del Consejo General.

2. Los actos, resoluciones y disposiciones emanados del Pleno sern recurribles en va contencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

CAPTULO VI
De los rganos tcnicos al servicio del Consejo General
SECCIN PRIMERA. Disposiciones generales
Artculo ciento cuarenta y cuatro

El Reglamento de organizacin y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial determinar la estructura, funciones y competencias de sus rganos tcnicos.

Artculo ciento cuarenta y cinco

En los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial nicamente prestarn servicio miembros de las Carreras Judicial o Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Letrados del Estado, dems funcionarios de las Administraciones Pblicas, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracin de Justicia, en el nmero que fijen las correspondientes plantillas orgnicas.

Artculo ciento cuarenta y seis

1. Los Jueces, Magistrados, Secretarios y miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Letrados del Estado y funcionarios de las Administraciones Pblicas que hayan de prestar servicio en el Consejo General del Poder Judicial sern designados, previo concurso de mritos, por el Pleno del mismo.

2. La provisin de las plazas de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracin de Justicia que integren la plantilla orgnica del Consejo General del Poder Judicial se efectuar mediante concurso que se resolver otorgando la preferencia para las plazas anunciadas a los participantes de los respectivos Cuerpos que tengan mejor puesto en el correspondiente escalafn.

3. Los miembros de las Carreras y Cuerpos mencionados en los apartados anteriores que pasen a prestar servicio en los rganos tcnicos del Consejo General del Poder Judicial permanecern en la situacin de servicio activo en su carrera de origen y estarn sometidos al Reglamento de personal del Consejo.

SECCIN SEGUNDA. De los rganos tcnicos en particular
Artculo ciento cuarenta y siete

El Secretario general, que ser nombrado y removido libremente por el Pleno del Consejo, asistir a las sesiones de sus rganos, con voz y sin voto, y ejercer las funciones de gestin, tramitacin y documentacin de los actos del Consejo, as como las de direccin y coordinacin de los restantes rganos tcnicos.

Artculo ciento cuarenta y ocho

El Servicio de Inspeccin llevar a cabo, bajo la dependencia del Consejo General, funciones de comprobacin y control del funcionamiento de los servicios de la Administracin de Justicia, mediante la realizacin de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el Consejo General, todo ello sin perjuicio de la competencia de los rganos de gobierno de los Tribunales.

TTULO III
Del Gobierno interno de los Tribunales y Juzgados
CAPTULO I
De las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia
SECCIN PRIMERA. De la composicin de las Salas de Gobierno y de la designacin y sustitucin de sus miembros
Artculo ciento cuarenta y nueve

1. Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional estarn constituidas por el Presidente de dichos rganos, que las presidirn, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes y por un nmero de Magistrados igual al de stos.

2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia estarn constituidas por el Presidente de stos, que las presidirn, por los Presidentes de las Salas en ellos existentes y por un nmero de Magistrados o Jueces igual al de stos, elegidos por todos los Jueces y Magistrados de la Carrera Judicial en servicio activo que estuvieran destinados en los rganos jurisdiccionales radicados en la correspondiente Comunidad Autnoma. Uno, al menos, de los componentes de la Sala ser de la categora de Juez, salvo que no hubiere candidatos de dicha categora.

Artculo ciento cincuenta

Los miembros electivos de las Salas de Gobierno se renovarn en su totalidad cada cinco aos, computados desde la fecha de constitucin de aqulla. Transcurrido dicho plazo, la Sala de Gobierno continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitucin de la nueva.

Artculo ciento cincuenta y uno

1. La eleccin de miembros de las Salas de Gobierno se llevar a cabo conforme a las siguientes reglas:

1. La eleccin se llevar a cabo mediante voto personal, libre, igual, directo y secreto, admitindose el voto por correo. Deber convocarse con dos meses de antelacin a la terminacin del mandato de los anteriores miembros electivos.

2. Las candidaturas podrn incluir uno o varios candidatos, junto con su correspondiente sustituto hasta un nmero igual al de puestos a cubrir, y bastar para que puedan ser presentadas que conste el consentimiento de quienes las integren, aunque tambin podrn ser avaladas por un grupo de electores o por una asociacin profesional legalmente constituida. Las candidaturas sern abiertas, y los electores podrn votar a tantos candidatos y a otros tantos suplentes como plazas a cubrir.

3. Resultarn elegidos los candidatos que hubieren obtenido mayor nmero de votos. Si por aplicacin estricta de esta regla no resultare elegido para la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia ningn Juez, el Magistrado que hubiere resultado elegido con menor nmero de votos ceder su puesto en la misma al Juez que hubiere obtenido mayor nmero de votos entre los que fueren candidatos, salvo que no se hubieran presentado a eleccin candidatos de dicha categora.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artculo, existir en cada Tribunal una Junta electoral, presidida por su Presidente e integrada, adems, por el Magistrado ms antiguo y el ms moderno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las elecciones y dictar las instrucciones necesarias para su organizacin y, en general, para la correcta realizacin del proceso electoral.

4. A cada Junta Electoral corresponde proclamar las candidaturas, actuar como mesa electoral en el acto de la eleccin, proceder al escrutinio y proclamar los resultados, que se comunicarn al Consejo, y, en general, la direccin y ordenacin de todo el proceso electoral. Contra los acuerdos de la Junta Electoral podr interponerse recurso contencioso-administrativo electoral.

5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno de los miembros elegidos de la Sala de Gobierno, su puesto ser cubierto por el correspondiente sustituto.

6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto tambin cesare, el puesto ser cubierto por el candidato no elegido que hubiera obtenido mayor nmero de votos. Si no restaren candidatos electos, se convocarn elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos vacantes.

SECCIN SEGUNDA. De las atribuciones de las Salas de Gobierno
Artculo ciento cincuenta y dos

1. Las Salas de Gobierno desempean la funcin de Gobierno de sus respectivos Tribunales y, en particular, les compete:

1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala.

2. Establecer anualmente con criterios objetivos los turnos precisos para la composicin y el funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y fijar de modo vinculante las normas de asignacin de las ponencias que deban turnar los Magistrados.

3. Adoptar, con respecto a la inamovilidad judicial, las medidas necesarias en los casos de disidencia entre Magistrados que puedan influir en el buen orden de los Tribunales o en la Administracin de Justicia.

4. Completar provisionalmente la composicin de las Salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino especfico de los Magistrados de cada Sala.

5. Ejercer las facultades disciplinarias sobre Magistrados en los trminos establecidos en esta Ley.

6. Proponer al Presidente la realizacin de las visitas de inspeccin e informacin que considere procedentes.

7. Promover los expedientes de jubilacin por causa de incapacidad de los Magistrados, e informarlos.

8. Elaborar los informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la Memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal, con expresin detallada del nmero y clase de asuntos iniciados y terminados por cada Sala, as como de los que se hallaren pendientes, precisando el ao de su iniciacin, todo ello referido al 31 de diciembre. La Memoria deber contener, en todo caso, la indicacin de las medidas que se consideren necesarias para la correccin de las deficiencias advertidas.

9. Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopcin de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la Administracin de Justicia en cuanto a los respectivos rganos jurisdiccionales.

10. Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los Magistrados que integran los respectivos Tribunales y darles posesin.

11. Impulsar y colaborar en la gestin econmica en el Tribunal y, en general, cumplir las dems funciones que las Leyes atribuyan a los rganos de gobierno interno de los Tribunales y que no estn atribuidas expresamente a los Presidentes.

2. A las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia compete, adems:

1. Aprobar las normas de reparto de asuntos entre las Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados del mismo orden jurisdiccional con sede en la Comunidad Autnoma correspondiente.

2. Ejercer las facultades de los nmeros quinto al undcimo del apartado anterior, pero referidas tambin a los rganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autnoma correspondiente y a los Jueces y Magistrados en ellos destinados.

3. Proponer motivadamente al Consejo General del Poder Judicial los Magistrados suplentes, con expresin de las circunstancias personales y profesionales que en ellos concurran.

4. Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz.

5. Seleccionar y nombrar a los Jueces de provisin temporal.

SECCIN TERCERA. Del funcionamiento de las Salas de Gobierno y del rgimen de sus actos
Artculo ciento cincuenta y tres

1. Las Salas de Gobierno se reunirn, al menos, dos veces por mes, a no ser que no hubiere asuntos pendientes, y cuantas veces, adems, tengan que tratar de asuntos urgentes de inters para la Administracin de Justicia, o cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros, mediante propuesta razonada y con expresin de lo que deba ser objeto de deliberacin y decisin. La convocatoria se har por el Presidente, con expresin de los asuntos a tratar.

2. La Sala podr constituirse por el Presidente y dos miembros para las actuaciones no decisorias de carcter formal, tales como la recepcin de juramento o promesa o la toma de posesin de Jueces y Magistrados u otras de carcter anlogo.

3. En los dems casos, para su vlida constitucin, se requerir la presencia, al menos, de la mayora de sus miembros, que debern ser citados personalmente con veinticuatro horas de anticipacin como mnimo.

Artculo ciento cincuenta y cuatro

No podrn estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren inters directo o indirecto en el asunto de que se trate, siendo de aplicacin en este caso lo dispuesto en la ley para la abstencin y recusacin.

Artculo ciento cincuenta y cinco

El Presidente designar un ponente para cada asunto a tratar, que informar a la Sala y presentar, en su caso, la propuesta de acuerdo o resolucin, salvo que, por razones de urgencia, no sea posible, o por la escasa importancia del asunto, a juicio del Presidente, no lo requiera.

Artculo ciento cincuenta y seis

El Presidente, por propia iniciativa, a peticin del ponente o por acuerdo de la Sala, pasar a dictamen del Ministerio Fiscal aquellos asuntos en los que deba intervenir o en los que la ndole de los mismos lo haga conveniente. El ponente, a la vista del dictamen del fiscal, del que dar cuenta a la Sala, formular la correspondiente propuesta.

Artculo ciento cincuenta y siete

1. Concluida la discusin de cada asunto, se proceder a la votacin, que comenzar por el Juez o Magistrado ms moderno y seguir por orden de menor antigedad, hasta el que presidiere. La votacin ser secreta si lo solicitase cualquiera de los miembros.

2. El Juez o Magistrado que disintiere de la mayora podr pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podr formular voto particular, escrito y fundado, que se insertar en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razn de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la Sala, que no ser superior a tres das.

3. El Presidente tendr voto de calidad en caso de empate.

Artculo ciento cincuenta y ocho

1. El Secretario de Gobierno dar cuenta de los asuntos que se lleven a la Sala; estar presente en su discusin y votacin; redactar las actas, en que se har mencin de todos los acuerdos, refirindolos a los expedientes en que se insertare; anotar al margen los apellidos de los que estn presentes en la sesin; custodiar el libro de actas y dar, en su caso, las certificaciones correspondientes.

2. Los actos de las Salas de Gobierno gozarn de ejecutoriedad, sern recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial y les sern de aplicacin supletoria las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artculo ciento cincuenta y nueve

1. Los acuerdos de las Salas de Gobierno se llevarn a un libro de actas, que estar a cargo del Secretario de Gobierno y que no tendr otra publicidad que la que se efecte a instancia del que tenga un inters directo, legtimo y personal.

2. No obstante, a los acuerdos sobre normas de reparto entre Secciones y entre Juzgados de un orden jurisdiccional se les dar publicidad suficiente.

CAPTULO II
De los Presidentes de los Tribunales y Audiencias
Artculo ciento sesenta

Los Presidentes tendrn las siguientes funciones:

1. Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno.

2. Fijar el orden del da de las sesiones de la Sala de Gobierno, en el que debern incluirse los asuntos que propongan al menos dos de sus componentes.

3. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia de la Sala de Gobierno.

4. Autorizar con su firma los acuerdos de la Sala de Gobierno y velar por su cumplimiento.

5. Cuidar del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que existieren en la Administracin de Justicia, si estuvieren dentro de sus atribuciones, y, en otro caso, proponer al Consejo, de acuerdo con la Sala, lo que considere conveniente.

6. Despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial.

7. Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta en la primera reunin de la Sala de Gobierno.

8. Dirigir la inspeccin de los Juzgados y Tribunales en los trminos establecidos en esta Ley.

9. Determinar el reparto de asuntos entre las Secciones del Tribunal, de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno.

10. Presidir diariamente la reunin de los Presidentes de Salas y Magistrados y cuidar de la composicin de las Salas y Secciones conforme al artculo 19 de esta Ley.

11. Ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, as como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos.

12. Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo Tribunal o Audiencia.

13. Or las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias.

14. Las dems previstas en la Ley.

Artculo ciento sesenta y uno

1. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representacin del Poder Judicial en la Comunidad Autnoma correspondiente, siempre que no concurra el Presidente del Tribunal Supremo.

2. El Presidente de Sala a que se refiere el artculo setenta y ocho de esta Ley representa al Poder Judicial en las provincias a que se extiende la jurisdiccin de aqulla, salvo cuando concurra el del Tribunal Superior de Justicia o el del Tribunal Supremo. En el caso de que existan, conforme a dicho artculo, Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, tal representacin corresponde al Presidente de Sala que designe el Consejo General del Poder Judicial.

3. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia podr delegar en el de Sala a que se refiere el artculo anterior las funciones gubernativas que tenga por conveniente, referidas a la Sala o Salas correspondientes y a los rganos jurisdiccionales con sede en las provincias a los que aqulla o aqullas extiendan su jurisdiccin.

Artculo ciento sesenta y dos

Podrn los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias y, en su caso, las Salas de Gobierno, por conducto de aqullos, dirigir a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que estn comprendidos en su respectiva circunscripcin, dentro del mbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta sin dilacin al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General del Poder Judicial.

Artculo ciento sesenta y tres

En el Tribunal Supremo, y bajo la dependencia directa de su Presidente, funcionar un Gabinete Tcnico de Documentacin e Informacin. La ley determinar su composicin y plantilla.

Artculo ciento sesenta y cuatro

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales presiden las mismas, adoptan las medidas precisas para su funcionamiento y ejercen los poderes de Gobierno sobre el personal y dems funciones que les atribuye la ley, sin perjuicio, en todo caso, de las facultades de los rganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

CAPTULO III
De los Presidentes de las Salas y de los Jueces
Artculo ciento sesenta y cinco

Los Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces tendrn en sus respectivos rganos jurisdiccionales la direccin e inspeccin de todos los servicios y asuntos, adoptarn las resoluciones que la buena marcha de la Administracin de Justicia aconseje, darn cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de las anomalas o faltas que observen y ejercern las funciones disciplinarias que les atribuye la ley sobre el personal adscrito al servicio de la Sala o Juzgado correspondiente y las que les reconozcan las leyes procesales sobre el resto de profesionales que se relacionen con el Tribunal.

CAPTULO IV
De los Jueces Decanos y de las Juntas de Jueces
Artculo ciento sesenta y seis

1. En las poblaciones donde haya diez o ms Juzgados, sus titulares elegirn por mayora de tres quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayora en la primera votacin, bastar la mayora simple en la segunda, resolvindose los empates en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafn. La eleccin deber renovarse cada cuatro aos o cuando el elegido cesare por cualquier causa.

2. Donde haya menos de diez Juzgados, ejercer las funciones de Decano el Juez o Magistrado con mejor puesto en el escalafn.

3. Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del decanato lo justifiquen, el Consejo General del Poder Judicial, oda la Junta de Jueces, podr liberar a su titular total o parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

Artculo ciento sesenta y siete

1. Donde hubiere dos o ms Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirn entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarn por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podr proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administracin de Justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladar a la Sala de Gobierno para que sta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobacin.

2. El reparto se realizar bajo la supervisin del Juez Decano, asistido por un Secretario, y le corresponder a aqul resolver con carcter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.

Artculo ciento sesenta y ocho

Los Decanos velarn por la buena utilizacin de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidarn de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptarn las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algn derecho o producirse algn perjuicio grave e irreparable; oirn las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercern las restantes funciones que les atribuya la ley.

Artculo ciento sesenta y nueve

El Decano ostentar ante los poderes pblicos la representacin de todos y presidir la Junta de Jueces para tratar asuntos de inters comn que afecten a los titulares de todos o de alguno de los rganos jurisdiccionales. Esta Junta habr de convocarse por el Decano siempre que lo solicitare la cuarta parte de los Jueces de la poblacin.

Artculo ciento setenta

1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podrn reunirse en Junta, bajo la presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y prcticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposicin a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aqul les solicitare informe.

2. El Decano convocar la Junta cuando lo estime necesario o cuando lo solicite, al menos, la cuarta parte de los miembros de derecho de la misma.

3. Tambin podrn reunirse los Jueces de una misma provincia o Comunidad Autnoma, presididos por el ms antiguo en el destino, para tratar aquellos problemas que les sean comunes.

4. La Junta se considerar vlidamente constituida para tomar acuerdos cuando asistan la mitad ms uno de sus miembros, adoptndose los acuerdos por mayora simple.

5. La Junta elegir como Secretario a uno de sus miembros, que ser el encargado de redactar las actas de los acuerdos de las Juntas, as como de conservarlas y de expedir las certificaciones de las mismas.

CAPTULO V
De la inspeccin de los Juzgados y Tribunales
Artculo ciento setenta y uno

1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspeccin y vigilancia sobre todos los Juzgados y Tribunales para la comprobacin y control del funcionamiento de la Administracin de Justicia.

2. El Presidente del Consejo y los Vocales del mismo, por acuerdo del Pleno, podrn realizar visitas de informacin a dichos rganos.

3. El Consejo o su Presidente, cuando lo consideren necesario, podrn ordenar que el Servicio de Inspeccin dependiente de aqul, o los Presidentes, Magistrados o Jueces de cualquier Tribunal o Juzgado, realicen inspecciones a Juzgados o Tribunales o recaben informacin sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los deberes del personal judicial.

4. El Ministerio de Justicia, cuando lo considere necesario, podr instar del Consejo que ordene la inspeccin de cualquier Juzgado o Tribunal. En este caso, el Consejo notificar al Ministerio de Justicia la resolucin que adopte y, en su caso, las medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente ley concede al Ministerio Fiscal.

Artculo ciento setenta y dos

1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspeccin ordinaria y vigila el funcionamiento de las Salas y Secciones de este Tribunal.

2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen las mismas funciones en sus respectivos mbitos territoriales.

3. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respecto a las Salas de la misma y los Juzgados Centrales.

Artculo ciento setenta y tres

Se encomendar la inspeccin a Juez o Magistrado de igual o superior categora a la del titular del rgano inspeccionado.

Artculo ciento setenta y cuatro

1. Los Jueces y Presidentes de Secciones y Salas ejercern su inspeccin en los asuntos de que conozcan.

2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de su competencia o despachar visitas a algn Juzgado o Tribunal, lo manifestarn al Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, para que ste decida lo que corresponda.

Artculo ciento setenta y cinco

1. Los Jueces y Magistrados y el personal al servicio de la Administracin de Justicia deben prestar la colaboracin necesaria para el buen fin de la inspeccin.

2. Las facultades inspectoras se ejercern sin merma de la autoridad del Juez, Magistrado o Presidente.

3. El expediente de inspeccin se completar con los informes sobre el rgano inspeccionado, que podrn presentar los respectivos Colegios de Abogados y Procuradores, en todo aquello que les afecte. A tal fin, sern notificados, con la suficiente antelacin, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad inspectora.

Artculo ciento setenta y seis

1. La inspeccin comprender el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta y eficaz tramitacin de todos los asuntos.

2. La interpretacin y aplicacin de las leyes hechas por los Jueces o Tribunales, cuando administran Justicia, no podr ser objeto de aprobacin, censura o correccin, con ocasin o a consecuencia de actos de inspeccin.

Artculo ciento setenta y siete

1. El Juez o Magistrado que realice la inspeccin redactar un informe que elevar a quien la hubiere decretado.

2. De las visitas de inspeccin se levantar acta, en que se detallar el resultado de aqulla, y de la que se entregar copia al Juez o Presidente del rgano jurisdiccional inspeccionado. Estos, con respecto a dicha acta, podrn formular las correspondientes observaciones o precisiones y remitirlas a la Autoridad que hubiere ordenado la prctica de la inspeccin, dentro de los diez das siguientes.

3. El Presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dar cuenta, adoptar, a la vista del informe, cuando proceda, las medidas que estime convenientes dentro de sus atribuciones, y, cuando no tuviere competencia para resolver, propondr al Consejo General del Poder Judicial lo que considere procedente. La comunicacin al Consejo General se har por conducto de su Presidente. El Consejo General adoptar por s mismo las medidas que procedan, cuando hubiere ordenado la inspeccin.

CAPTULO VI
De las Secretaras de Gobierno
Artculo ciento setenta y ocho

1. En el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia existir una Secretara de Gobierno, desempeada por un Secretario, que estar auxiliado por los Oficiales, Auxiliares y Agentes que fije la plantilla.

2. En el Tribunal Supremo habr, adems, un Vicesecretario de Gobierno.

LIBRO III
DEL RGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES
TTULO I
Del tiempo de las actuaciones judiciales
CAPTULO I
Del perodo ordinario de actividad de los Tribunales
Artculo ciento setenta y nueve

El ao judicial, perodo ordinario de actividad de los Tribunales, se extender desde el 1 de septiembre, o el siguiente da hbil, hasta el 31 de julio de cada ao natural.

Artculo ciento ochenta

1. Durante el perodo en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, se formar en los mismos una Sala compuesta por su Presidente y el nmero de Magistrados que determine el Consejo General del Poder Judicial, la cual asumir las atribuciones de las Salas de gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas.

2. Los Magistrados que no formen parte de esta Sala podrn ausentarse, a partir del fin del perodo ordinario de actividad, una vez ultimados los asuntos sealados.

Artculo ciento ochenta y uno

1. Al inicio del ao judicial se celebrar un acto solemne en el Tribunal Supremo.

2. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentar en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

3. El Fiscal General del Estado leer tambin en este acto la Memoria anual sobre su actividad, la evolucin de la criminalidad, la prevencin del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

CAPTULO II
Del tiempo hbil para las actuaciones judiciales
Artculo ciento ochenta y dos

1. Son inhbiles los domingos, los das de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autnoma o localidad.

2. Son horas hbiles desde las ocho de la maana a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario.

Artculo ciento ochenta y tres

Tambin sern inhbiles los das del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.

Artculo ciento ochenta y cuatro

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos anteriores, todos los das del ao y todas las horas sern hbiles para la instruccin de las causas criminales, sin necesidad de habilitacin especial.

2. Los das y horas inhbiles podrn habilitarse por el Juez o Tribunal, con sujecin a lo dispuesto en las leyes procesales.

Artculo ciento ochenta y cinco

1. Los plazos procesales se computarn con arreglo a lo dispuesto en el Cdigo Civil. En los sealados por das quedarn excluidos los inhbiles.

2. Si el ltimo da de plazo fuere inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

TTULO II
Del modo de constituirse los Juzgados y Tribunales
CAPTULO I
De la audiencia pblica
Artculo ciento ochenta y seis

Los Juzgados y Tribunales celebrarn audiencia pblica todos los das hbiles para la prctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicacin de las sentencias dictadas y dems actos que seale la ley.

Artculo ciento ochenta y siete

1. En audiencia pblica, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarn toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango.

2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarn a la misma altura.

Artculo ciento ochenta y ocho

1. Los Jueces y los Presidentes de las Audiencias y Tribunales sealarn las horas de audiencia pblica que sean necesarias para garantizar que la tramitacin de los procesos se produzca sin indebidas dilaciones. Se darn a conocer a travs de un edicto fijado ostensiblemente en la parte exterior de las Salas de los Juzgados y Tribunales.

2. Los Jueces y Magistrados que formen Sala asistirn a la audiencia, de no mediar causa justificada.

Artculo ciento ochenta y nueve

1. El horario de trabajo de los Juzgados y Tribunales, sus Secretaras y oficinas judiciales ser fijado por el Consejo General del Poder Judicial, sin que pueda ser inferior al establecido para la Administracin Pblica.

2. Los Jueces y Magistrados, Presidentes, Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracin de Justicia, as como los Mdicos Forenses, debern ejercer su actividad respectiva en los trminos que exijan las necesidades del servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido.

Artculo ciento noventa

1. Corresponde al Presidente del Tribunal o al Juez mantener el orden en la Sala, a cuyo efecto acordar lo que proceda.

2. Asimismo ampararn en sus derechos a los presentes.

Artculo ciento noventa y uno

A los efectos de lo dispuesto en el artculo anterior, los que perturbaren la vista de algn proceso, causa u otro acto judicial, dando seales ostensibles de aprobacin o desaprobacin, faltando al respeto y consideraciones debidas a los Jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal, Abogados, Procuradores y Secretarios judiciales, sern amonestados en el acto por el Juez o Presidente y expulsados de la Sala, si no obedecieren a la primera advertencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran.

Artculo ciento noventa y dos

Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsin sern, adems, sancionados, con multa cuyo mximo ser la cuanta de la multa ms elevada prevista en el Cdigo Penal como pena correspondiente a las faltas.

Artculo ciento noventa y tres

1. Con la misma multa sern sancionados los testigos, peritos o cualquiera otro que, como parte o representndola, faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideracin, respeto y obediencia debidos a los Tribunales, cuando sus actos no constituyan delito.

2. No estn comprendidos en esta disposicin los Abogados y Procuradores de las partes, respecto de los cuales se observar lo dispuesto en el Ttulo V del Libro V.

Artculo ciento noventa y cuatro

1. Se har constar en el acta el hecho que motiva la sancin, la explicacin que, en su caso, d el sancionado y el acuerdo que se adopte por el Juez o Presidente.

2. Contra el acuerdo de imposicin de sancin podr interponerse en el plazo de tres das recurso de audiencia en justicia ante el propio Juez o Presidente, que lo resolver en el siguiente da. Contra el acuerdo resolviendo la audiencia en justicia o contra el de imposicin de la sancin, si no hubiese utilizado aquel recurso, cabr recurso de alzada, en el plazo de cinco das, ante la Sala de Gobierno, que lo resolver, previo informe del Juez o Presidente que impuso la sancin, en la primera reunin que se celebre.

Artculo ciento noventa y cinco

Cuando los hechos de que tratan los artculos anteriores llegaren a constituir delito, sus autores sern detenidos en el acto y puestos a disposicin del Juez competente.

CAPTULO II
De la formacin de las Salas y de los Magistrados suplentes
Artculo ciento noventa y seis

En los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarn tres Magistrados para formar la Sala.

Artculo ciento noventa y siete

Ello no obstante, podrn ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayora de aqullos, lo estime necesario para la administracin de Justicia.

Artculo ciento noventa y ocho

1. La composicin de las Secciones se determinar por el Presidente segn los criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno, a propuesta de aqul.

2. Sern presididas por el Presidente de la Sala, por el Presidente de Seccin o, en su defecto, por el Magistrado ms antiguo de los que la integren.

Artculo ciento noventa y nueve

Cuando no asistieren Magistrados en nmero suficiente para constituir Sala, concurrirn para completarla otros Magistrados que designe el Presidente del Tribunal respectivo, con arreglo a un turno en el que sern preferidos los que se hallaren libres de sealamiento y, entre stos, los ms modernos.

Artculo doscientos

1. Podr haber en las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia una relacin de Magistrados suplentes que sern llamados, por su orden, a formar las Salas en los casos en que por circunstancias imprevistas y excepcionales no puedan constituirse aqullas. Nunca podr concurrir a formar Sala ms de un Magistrado suplente.

2. Cada ao, el Consejo General del Poder Judicial confeccionar la relacin a que se refiere el apartado anterior, a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente y con arreglo a lo dispuesto en el artculo 152.2. 3. Los Magistrados suplentes estarn sujetos a las mismas causas de remocin de los Jueces y Magistrados en cuanto les fueran aplicables.

Artculo doscientos uno

1. El cargo de Magistrado suplente ser honorfico, sin perjuicio del derecho a ser remunerado en la forma que reglamentariamente se determine, dentro de las previsiones presupuestarias.

2. Slo podr recaer en quienes renan las condiciones necesarias para el ingreso en la Carrera Judicial.

3. Tendrn preferencia los que hayan desempeado funciones judiciales o ejercido profesiones jurdicas o docentes en estas materias. En ningn caso recaer el nombramiento en quienes ejerzan las profesiones de abogado o procurador.

Artculo doscientos dos

La designacin de los Magistrados que no constituyan plantilla de la Sala se har saber inmediatamente a los mismos y a las partes, a efectos de su posible abstencin o recusacin.

CAPTULO III
Del Magistrado ponente
Artculo doscientos tres

1. En cada pleito o causa que se tramite ante un Tribunal o Audiencia habr un Magistrado ponente, designado segn el turno establecido para la Sala o Seccin al principio del ao judicial, exclusivamente sobre la base de criterios objetivos.

2. La designacin se har en la primera resolucin que se dicte en el proceso y se notificar a las partes el nombre del Magistrado ponente y, en su caso, del que con arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresin de las causas que motiven la sustitucin.

Artculo doscientos cuatro

En la designacin de ponente turnarn todos los Magistrados de Sala o Seccin, incluidos los Presidentes.

Artculo doscientos cinco

Corresponder al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas:

1. El despacho ordinario y el cuidado de su tramitacin.

2. Examinar los interrogatorios, pliegos de posiciones y proposicin de pruebas presentadas por las partes e informar sobre su pertinencia.

3. Presidir la prctica de las pruebas declaradas pertinentes, siempre que no deban practicarse ante el Tribunal.

4. Informar los recursos interpuestos contra las decisiones de la Sala o Seccin.

5. Proponer los autos decisorios de incidentes, las sentencias y las dems resoluciones que hayan de someterse a discusin de la Sala o Seccin, y redactarlos definitivamente, si se conformase con lo acordado.

6. Pronunciar en Audiencia Pblica las sentencias.

Artculo doscientos seis

1. Cuando el Ponente no se conformare con el voto de la mayora, declinar la redaccin de la resolucin, debiendo formular motivadamente su voto particular.

2. En este caso, el Presidente encomendar la redaccin a otro Magistrado y dispondr la rectificacin necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo.

CAPTULO IV
De las sustituciones
Artculo doscientos siete

Proceder la sustitucin de los Jueces y Magistrados en los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen. Las sustituciones se harn en la forma establecida en el presente Captulo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para la composicin de las Salas y Secciones de los Tribunales.

Artculo doscientos ocho

1. El Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sern sustituidos por el Presidente de la Sala ms antiguo en el cargo.

2. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales sern sustituidos por el Presidente de Seccin ms antiguo o, si no las hubiere, por el Magistrado con mejor puesto en el escalafn.

3. Cuando la plantilla de la Audiencia no comprenda otra plaza que la de su Presidente, le sustituir el Magistrado titular que se hallare en turno para acudir a completar la Audiencia.

Artculo doscientos nueve

1. Los Presidentes de las Salas y de las Secciones sern sustituidos por el Magistrado con mejor puesto en el escalafn de la Sala o Seccin de que se trate.

2. En caso de vacante, asumir la presidencia de la Sala el Presidente de la Audiencia o Tribunal, si lo estimare procedente.

Artculo doscientos diez

1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instruccin, de lo Contencioso-administrativo, de Menores y de lo Social se sustituirn entre s en las poblaciones donde existan varios del mismo orden jurisdiccional, en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.

2. Si fuere el Decano el que deba ser sustituido, sus funciones se ejercern por el Juez que le sustituya en el Juzgado de que aqul sea titular, conforme a lo dispuesto en el prrafo anterior, o, en su caso, por el ms antiguo en el cargo.

Artculo doscientos once

1. Cuando en una poblacin slo existiere un Juez de un determinado orden jurisdiccional, ser sustituido por el titular de cualquiera de los restantes.

2. Tambin sustituirn los de distinto orden jurisdiccional, aun existiendo varios Jueces pertenecientes al mismo, cuando se agotaren las posibilidades de sustitucin entre ellos.

3. Corresponder a los Jueces de Primera Instancia e Instruccin la sustitucin de los dems ordenes jurisdiccionales. La de aqullos corresponder a los Jueces de lo Contencioso-administrativo y de lo Social, segn el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Artculo doscientos doce

1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instruccin, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo Social desempearn las funciones inherentes a su juzgado y al cargo que sustituyan.

2. En los casos en que no sea posible la aplicacin de lo dispuesto en los artculos precedentes, ejercer la jurisdiccin el Juez sustituto, que ser nombrado en la misma forma que los Magistrados suplentes y sometido a su mismo rgimen jurdico. Reglamentariamente se determinar su remuneracin, dentro de las previsiones presupuestarias.

Artculo doscientos trece

Los Jueces de Paz sern sustituidos por los respectivos Jueces sustitutos.

Artculo doscientos catorce

Cuando no pudiese aplicarse lo establecido en los artculos anteriores, o resultare aconsejable para un mejor despacho de los asuntos, la Sala de Gobierno prorrogar la jurisdiccin del titular de un Juzgado del mismo grado y orden del que deba ser sustituido, que desempear ambos cargos.

Artculo doscientos quince

Las prrrogas de jurisdiccin se comunicarn al Consejo General del Poder Judicial para su aprobacin, sin perjuicio de empezar a desempearlas, si as lo acordase la Sala de Gobierno.

Artculo doscientos diecisis

1. No podrn conferirse comisiones de servicios para Juzgados o Tribunales si no es por tiempo determinado, concurriendo circunstancias de especial necesidad y previa conformidad del interesado.

2. Las comisiones se otorgarn por el Consejo General del Poder Judicial, odas las Salas de Gobierno correspondientes.

3. No se conferirn comisiones para los cargos de Presidente y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, ni para el Presidente de Audiencia Provincial.

CAPTULO V
De la abstencin y recusacin
Artculo doscientos diecisiete

Los Jueces y Magistrados debern abstenerse y, en su defecto, podrn ser recusados cuando concurra causa legal.

Artculo doscientos dieciocho

nicamente podrn recusar:

1. En los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos, las partes y el Ministerio Fiscal.

2. En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador particular o privado, el actor civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.

Artculo doscientos diecinueve

Son causas de abstencin y, en su caso, de recusacin:.

1. El vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los expresados en el artculo anterior.

2. El vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el Letrado y el Procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.

3. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de stas.

4. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algn delito o falta.

5. Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como Letrado, o intervenido en l como Fiscal, perito o testigo.

6. Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

7. Tener pleito pendiente con alguna de stas.

8. Amistad ntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los expresados en el artculo anterior.

9. Tener inters directo o indirecto con el pleito o causa.

10. Haber sido instructor de la causa cuando el conocimiento del juicio est atribuido a otro Tribunal o haber fallado el pleito o causa en anterior instancia.

11. Ser una de las partes subordinado del Juez que deba resolver la contienda litigiosa.

Artculo doscientos veinte

Ser tambin causa de abstencin y, en su caso, de recusacin en los procesos en que sea parte la Administracin Pblica, encontrarse el Juez o Magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razn de los cuales se sigue el proceso, en alguna de las circunstancias mencionadas en los nmeros 1 al 8 y 11 del artculo anterior.

Artculo doscientos veintiuno

1. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causas expresadas en los artculos anteriores se abstendr del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.

2. La abstencin ser motivada y se comunicar a la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo. Cuando el que se abstenga forme parte de un rgano colegiado, la comunicacin tendr lugar por conducto del Presidente de la Sala o Seccin.

3. Si la Sala de Gobierno no estimare justificada la abstencin, ordenara al Juez o Magistrado que contine en el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusacin y de la imposicin al Juez o Magistrado, si hubiera suficiente motivo para ello, de la correccin disciplinaria que proceda, elevndolo en este caso a conocimiento del Consejo General del Poder Judicial para que se haga constar en el expediente personal del Juez o Magistrado a los efectos que corresponda.

Artculo doscientos veintids

1. Cumplido lo dispuesto en el artculo anterior, si el Juez o Magistrado no recibiere en el plazo de cinco das la orden de que contine en el conocimiento del asunto, se apartar definitivamente de ste y remitir, en su caso, las actuaciones al que deba sustituirle.

2. La abstencin ser comunicada a las partes.

Artculo doscientos veintitrs

1. La recusacin deber proponerse tan luego como se tenga conocimiento de la causa en que se funde. Si dicho conocimiento fuere anterior al pleito, habr de proponerse al inicio del mismo, pues en otro caso no se admitir a tramite.

2. La recusacin se propondr por escrito firmado por el recusante, quien deber ratificarse a presencia judicial. Cuando el escrito lo firme su Procurador, deber acompaar poder especial para la recusacin de que se trate. El escrito en que se proponga la recusacin deber ir firmado por Letrado cuando su intervencin fuere necesaria en el pleito.

Artculo doscientos veinticuatro

1. Instruirn los incidentes de recusacin:

a) Cuando el recusado sea el Presidente de un Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo o el Presidente de alguna de sus Salas, el Presidente de Sala ms antiguo, y si el recusado fuere el ms antiguo, el que le siga en antigedad.

b) Cuando el recusado sea un Presidente de Audiencia Provincial, el Magistrado ms antiguo de dicha Audiencia.

c) Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, Tribunal Superior o del Tribunal Supremo, el Magistrado ms antiguo de su Sala, y si el recusado fuere el ms antiguo, el que le siga en antigedad.

d) Cuando el recusado sea un Juez, el que legalmente le sustituya, si perteneciere a la carrera judicial.

2. Si no fuere posible lo establecido en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno correspondiente designar el instructor del incidente de entre los Magistrados o Jueces de la provincia o, en su defecto, de la Comunidad Autnoma, y, en su caso, si no los hubiere, solicitar del Consejo General del Poder Judicial el nombramiento correspondiente.

Artculo doscientos veinticinco

1. Formulada la recusacin, pasar el pleito o causa al conocimiento del sustituto y se remitir, en su caso, el escrito y los documentos de la recusacin a aquel a quien corresponda instruir el incidente.

2. Este entregar copia del escrito y documentos al recusado, requirindole para que en el plazo de tres das informe sobre la recusacin.

3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusacin, se resolver el incidente sin ms trmites.

4. En otro caso, ordenar el Instructor la prctica de la prueba, si se hubiere propuesto en forma y fuere pertinente, en el plazo de diez das, y, acto seguido, remitir lo actuado a la autoridad competente para decidir, que lo har por medio de auto, odo el Ministerio Fiscal. Cuando el recusado fuere un Juez, la resolucin corresponder al propio Instructor.

Artculo doscientos veintisis

En los juicios verbales, cualquiera que sea el orden jurisdiccional, y en los de faltas, si el Juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de la recusacin, pasarn las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal. El Instructor acordar que comparezcan las partes a su presencia en el da y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, odas las partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolver sobre si ha o no lugar a la recusacin, en el mismo acto.

Artculo doscientos veintisiete

1. La resolucin que desestime la recusacin acordar devolver el conocimiento del pleito o causa al recusado, en el estado en que se hallare. Esta resolucin llevar consigo la condena en costas del recusante, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resolucin que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podr imponer a ste una multa de cinco mil a cien mil pesetas.

2. La resolucin estimatoria de la recusacin apartara definitivamente al Juez o Magistrado del conocimiento del pleito o causa. Continuar conociendo de l, hasta su terminacin, aquel a quien corresponda su sustitucin.

Artculo doscientos veintiocho

Contra la decisin de la recusacin no se dar recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer valer, al recurrir contra la resolucin que decida el pleito o causa, la posible nulidad de esta.

TTULO III
De las actuaciones judiciales
CAPTULO I
De la oralidad, publicidad y lengua oficial
Artculo doscientos veintinueve

1. Las actuaciones judiciales sern predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentacin.

2. Las declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificacin de los periciales y vistas, se llevarn a efecto ante Juez o Tribunal con presencia o intervencin, en su caso, de las partes y en audiencia pblica, salvo lo dispuesto en la ley.

Artculo doscientos treinta

Podrn utilizarse en el proceso cualesquiera medios tcnicos de documentacin y reproduccin, siempre que ofrezcan las debidas garantas de autenticidad. La ley regular los requisitos y forma de su utilizacin.

Artculo doscientos treinta y uno

1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y dems funcionarios de Jugados y Tribunales usarn el castellano, lengua oficial del Estado.

2. Los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y dems funcionarios de Jugados y Tribunales podrn usar tambin la lengua oficial propia de la Comunidad Autnoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensin.

3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, as como los testigos y peritos, podrn utilizar la lengua que sea tambin oficial en la Comunidad Autnoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autnoma tendrn, sin necesidad de traduccin al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se proceder a su traduccin cuando deban surtir efectos fuera de la jurisdiccin de los rganos judiciales sitos en la Comunidad Autnoma, salvo, en este ltimo caso, si se trata de Comunidades Autnomas con lengua oficial propia coincidente, o por mandato del Juez o a instancia de parte que alegue indefensin.

5. En las actuaciones orales, el Juez o Tribunal podr habilitar como intrprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aqulla.

Artculo doscientos treinta y dos

1. Las actuaciones judiciales sern pblicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. Excepcionalmente, por razones de orden pblico y de proteccin de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolucin motivada, podrn limitar el mbito de la publicidad y acordar el carcter secreto de todas o parte de las actuaciones.

Artculo doscientos treinta y tres

Las deliberaciones de los Tribunales son secretas. Tambin lo ser el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley sobre la publicacin de los votos particulares.

Artculo doscientos treinta y cuatro

Los Secretarios y personal competente de los Jugados y Tribunales facilitarn a los interesados cuanta informacin soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrn examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la ley. En los mismos casos, se expedirn los testimonios que se soliciten, con expresin de su destinatario, salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa.

Artculo doscientos treinta y cinco

Los interesados tendrn acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carcter reservado, mediante las formas de exhibicin, testimonio o certificacin que establezca la ley.

Artculo doscientos treinta y seis

1. La publicidad de los edictos se entender cumplida mediante la insercin, segn proceda, en los Boletines Oficiales que sealen las leyes procesales.

2. La publicacin en cualquier otro medio se podr acordar a peticin y a costa de la parte que lo solicite.

CAPTULO II
Del impulso procesal
Artculo doscientos treinta y siete

Salvo que la ley disponga otra cosa, el rgano jurisdiccional dar de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto los provedos necesarios.

CAPTULO III
De la nulidad de los actos judiciales
Artculo doscientos treinta y ocho

Los actos judiciales sern nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

1. Cuando se produzcan con manifiesta falta de jurisdiccin o de competencia objetiva o funcional.

2. Cuando se realicen bajo violencia o bajo intimidacin racional y fundada de un mal inminente y grave.

3. Cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infraccin de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensin.

Artculo doscientos treinta y nueve

Los Jueces o Tribunales cuya actuacin se hubiese producido con intimidacin o violencia, tan luego como se vean libres de ella, declararn nulo todo lo practicado y promovern la formacin de causa contra los culpables.

Artculo doscientos cuarenta

1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensin, se harn valer por medio de los recursos establecidos en la Ley contra la resolucin de que se trate o por los dems medios que establezcan las leyes procesales.

2. Sin perjuicio de ello, el Juez o Tribunal podr, de oficio antes de que hubiere recado sentencia definitiva, y siempre que no proceda la subsanacin, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

Artculo doscientos cuarenta y uno

Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido solo podrn anularse si lo impusiere la naturaleza del termino o plazo.

Artculo doscientos cuarenta y dos

1. La nulidad de un acto no implicar la de los sucesivos que fueren independientes de aqul ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse cometido la infraccin que dio lugar a la nulidad.

2. La nulidad de parte de un acto no implicar la de las dems del mismo que sean independientes de aqulla.

Artculo doscientos cuarenta y tres

Los actos de las partes que carezcan de los requisitos exigidos por la ley sern subsanables en los casos, condiciones y plazos previstos por las leyes procesales.

CAPTULO IV
De las resoluciones judiciales
Artculo doscientos cuarenta y cuatro

1. Las resoluciones de los Tribunales cuando no estn constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carcter gubernativo, se llamarn acuerdos.

2. La misma denominacin se dar a las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estn sujetas a la jurisdiccin disciplinaria se impongan en las sentencias o en otros actos judiciales.

Artculo doscientos cuarenta y cinco

1. Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carcter jurisdiccional se denominarn:

a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenacin material del proceso.

b) Autos, cuando decidan recursos contra provindencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma.

c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, segn las Leyes procesales, deban revestir esta forma.

2. Las sentencias podrn dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley.

3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisin u otros extraordinarios que establezca la ley.

4. Llamase ejecutoria el documento pblico y solemne en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarn en nombre del Rey.

Artculo doscientos cuarenta y seis

En los casos en que la ley ordene al Secretario formular propuesta de resolucin, el Juez podr adoptar la modalidad de conforme o dictar la resolucin que proceda.

Artculo doscientos cuarenta y siete

Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en acta en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y dems actos solemnes incluirn la fundamentacin que proceda.

Artculo doscientos cuarenta y ocho

1. La frmula de las providencias se limitar a la determinacin de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin ms fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. No obstante, podrn ser sucintamente motivadas sin sujecin a requisito alguno cuando se estime conveniente.

2. Los autos sern siempre fundados y contendrn en prrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurdicos y, por ultimo, la parte dispositiva. Sern firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten.

3. Las sentencias se formularn expresando, tras un encabezamiento, en prrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por ltimo, el fallo. Sern firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten.

4. Al notificarse la resolucin a las partes se indicar si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, rgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.

CAPTULO V
De la vista, votacin y fallo
Artculo doscientos cuarenta y nueve

Las vistas de los asuntos se sealarn por el orden de su conclusin, salvo que en la Ley se disponga otra cosa.

Artculo doscientos cincuenta

Corresponder a los Presidentes de Sala y a los de Seccin el sealamiento de las vistas o trmite equivalente y el del comienzo de las sesiones del juicio oral.

Artculo doscientos cincuenta y uno

1. El Juez o el ponente tendrn a su disposicin los autos para dictar sentencia o resolucin decisoria de incidentes o de recursos.

2. El Presidente y los Magistrados podrn examinar los autos en cualquier tiempo.

Artculo doscientos cincuenta y dos

1. Concluida la vista de los autos, pleitos o causas o desde el da sealado para la votacin y fallo, podr cualquiera de los Magistrados pedirlos para su estudio.

2. Cuando los pidieren varios, fijar el que presida el plazo que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedan dictarse las sentencias dentro del tiempo sealado para ello.

Artculo doscientos cincuenta y tres

Los autos y sentencias se deliberarn y votarn inmediatamente despus de las vistas y, cuando as no pudiera hacerse, sealar el Presidente el da en que deban votarse, dentro del plazo sealado para dictar la resolucin.

Artculo doscientos cincuenta y cuatro

1. La votacin, a juicio del Presidente, podr tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisin que haya de dictarse.

2. Votar primero el ponente y despus los dems Magistrados por orden inverso al de su antigedad. El que presida votar el ltimo.

3. Empezada la votacin, no podr interrumpirse sino en caso de fuerza mayor.

Artculo doscientos cincuenta y cinco

1. Los autos y sentencias se dictarn por mayora absoluta de votos, salvo que expresamente la Ley seale una mayor proporcin.

2. En ningn caso podr exigirse un nmero determinado de votos conformes que altere la regla de la mayora.

Artculo doscientos cincuenta y seis

Cuando fuere trasladado o jubilado algn Magistrado, votar los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aun no se hubieren fallado.

Artculo doscientos cincuenta y siete

1. Si despus de la vista y antes de la votacin algn Magistrado se imposibilitare y no pudiere asistir al acto, dar un voto fundado y firmado y lo remitir directamente al Presidente.

2. Si no pudiere escribir ni firmar, lo extender ante un Secretario de la Sala.

3. El voto as emitido se unir a los dems y se conservar, rubricado por el que presida, con el libro de sentencias.

4. Cuando el impedido no pudiere votar ni aun de este modo, se votar el pleito o la causa por los no impedidos que hubieren asistido a la vista y, si hubiere los necesarios para formar mayora, estos dictarn sentencia.

Artculo doscientos cincuenta y ocho

Cuando no hubiere votos bastantes para constituir la mayora que exige el artculo 255, se ver de nuevo el asunto, sustituyndose el impedido, separado o suspenso en la forma establecida en esta Ley.

Artculo doscientos cincuenta y nueve

Las sentencias se firmarn por el Juez o por todos los Magistrados no impedidos dentro del plazo establecido para dictarlas.

Artculo doscientos sesenta

1. Todo el que tome parte en la votacin de una sentencia o auto definitivo firmar lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayora; pero podr, en este caso, anuncindolo en el momento de la votacin o en el de la firma, formular voto particular, en forma de sentencia, en la que podrn aceptarse, por remisin, los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la dictada por el Tribunal con los que estuviere conforme.

2. El voto particular, con la firma del autor, se incorporar al libro de sentencias y se notificar a las partes junto con la sentencia aprobada por mayora. Cuando, de acuerdo con la ley, sea preceptiva la publicacin de la sentencia, el voto particular, si lo hubiere, habr de publicarse junto a ella.

3. Tambin podr formularse voto particular, con sujecin a lo dispuesto en el prrafo anterior, en lo que resulte aplicable, respecto de los autos decisorios de incidentes.

Artculo doscientos sesenta y uno

Cuando, despus de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite algn Magistrado de los que votaron y no pudiere firmar, el que hubiere presidido el Tribunal lo har por l, expresando el nombre de aquel por quien firme y despus las palabras voto en Sala y no pudo firmar.

Artculo doscientos sesenta y dos

1. Cuando en la votacin de una sentencia o auto no resultare mayora de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volvern a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.

2. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolver mediante celebracin de nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentndose dos mas, si hubiese sido impar el numero de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par. Concurrir para ello, en primer lugar, el Presidente de la Sala, si no hubiere ya asistido; en segundo lugar, los Magistrados de la misma Sala que no hayan visto el pleito; en tercer lugar, el Presidente de la Audiencia, y, finalmente, los Magistrados de las dems Salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional.

Artculo doscientos sesenta y tres

1. El que deba presidir la Sala de discordia har el sealamiento de las vistas de discordia y designaciones oportunas.

2. Cuando en la votacin de una sentencia o auto por la Sala de discordia o, en su caso, por el pleno de la Sala no se reuniere tampoco mayora sobre los puntos discordados, se proceder a nueva votacin, sometiendo solo a sta los dos pareceres que hayan obtenido mayor nmero de votos en la precedente.

Artculo doscientos sesenta y cuatro

1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirn para la unificacin de criterios y la coordinacin de prcticas procesales. Las reuniones se convocarn por el Presidente de la Sala, por si, a peticin mayoritaria de los Magistrados, as como en los dems casos que establezca la Ley. Sern presididos por el Presidente de Sala.

2. En todo caso quedar a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolucin de los distintos procesos de que conozcan.

Artculo doscientos sesenta y cinco

En cada Juzgado o Tribunal se llevar, bajo la custodia del Secretario respectivo, un libro de sentencias, en el que se incluirn firmadas todas las definitivas, autos de igual carcter, as como los votos particulares que se hubieren formulado, que sern ordenados correlativamente segn su fecha.

Artculo doscientos sesenta y seis

1. Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, sern depositadas en la Secretara del Juzgado o Tribunal y se permitir a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.

2. Los Secretarios podrn en los autos certificacin literal de la sentencia.

Artculo doscientos sesenta y siete

1. Los Jueces y Tribunales no podrn variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien despus de firmadas, pero si aclarar algn concepto oscuro o suplir cualquier omisin que contengan.

2. Los errores materiales manifiestos y los aritmticos podrn ser rectificados en cualquier momento.

3. Estas aclaraciones o rectificaciones podrn hacerse de oficio dentro del da hbil siguiente al de la publicacin de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal presentadas dentro de los dos das siguientes al de la notificacin, siendo en este caso resueltas por el rgano jurisdiccional dentro del da siguiente al de la presentacin del escrito en que se soliciten la aclaracin o rectificacin.

CAPTULO VI
Del lugar en que deben practicarse las actuaciones
Artculo doscientos sesenta y ocho

1. Las actuaciones judiciales debern practicarse en la sede del rgano jurisdiccional.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los Juzgados y Tribunales podrn constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdiccin para la prctica de aqullas, cuando fuere necesario o conveniente para la buena administracin de justicia.

Artculo doscientos sesenta y nueve

1. Los Juzgados y Tribunales slo podrn celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la poblacin de su sede cuando as lo autorice la ley.

2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la Administracin de Justicia lo aconsejen, y a peticin del Tribunal o Juzgado, podr disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en poblacin distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado mbito territorial comprendido en la circunscripcin de aqullos.

CAPTULO VII
De las notificaciones
Artculo doscientos setenta

Las diligencias de ordenacin, providencias, autos y sentencias se notificarn a todos los que sean parte en el pleito o la causa, y tambin a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando as se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la Ley.

Artculo doscientos setenta y uno

Las notificaciones podrn practicarse por medio del correo, del telgrafo o de cualquier medio tcnico que permita la constancia de su prctica y de las circunstancias esenciales de la misma segn determinen las leyes procesales.

Artculo doscientos setenta y dos

1. En las poblaciones en que existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad judicial lo justifique, podr establecerse un servicio comn dependiente del Decanato para la prctica de las notificaciones que deban hacerse por aqullos.

2. Tambin podr establecerse un local de notificaciones comn a los varios Juzgados y Tribunales de una misma poblacin, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizar un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local comn por incomparecencia del Procurador que deba ser notificado. La recepcin de la notificacin por este servicio producir plenos efectos.

3. Asimismo, podrn establecerse servicios de Registro General para la presentacin de escritos o documentos dirigidos a rganos jurisdiccionales.

CAPTULO VIII
De la cooperacin jurisdiccional
Artculo doscientos setenta y tres

Los Jueces y Tribunales cooperarn y se auxiliarn entre s en el ejercicio de la funcin jurisdiccional.

Artculo doscientos setenta y cuatro

1. Se recabar la cooperacin judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripcin del Juzgado o Tribunal que la hubiere ordenado o sta fuere de la especfica competencia de otro Juzgado o Tribunal.

2. La peticin de cooperacin, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal a quien se dirija, se efectuar siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a travs de rganos intermedios.

Artculo doscientos setenta y cinco

No obstante, podrn los Jueces realizar cualesquiera diligencias de instruccin penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdiccin, cuando el mismo se hallare prximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al Juez competente. Los Jueces y Tribunales de otros ordenes jurisdiccionales podrn tambin practicar diligencias de instruccin o prueba fuera del territorio de su jurisdiccin cuando no se perjudique la competencia del Juez correspondiente y venga justificado por razones de economa procesal.

Artculo doscientos setenta y seis

Las peticiones de cooperacin internacional sern elevadas por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia al Ministerio de Justicia, el cual las har llegar a las Autoridades competentes del Estado requerido, bien por la va consular o diplomtica o bien directamente si as lo prevn los Tratados internacionales.

Artculo doscientos setenta y siete

Los Juzgados y Tribunales espaoles prestarn a las autoridades judiciales extranjeras la cooperacin que les soliciten para el desempeo de su funcin jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que Espaa sea parte y, en su defecto, en razn de reciprocidad segn lo previsto en el artculo siguiente.

Artculo doscientos setenta y ocho

1. Si se acredita la existencia de reciprocidad o se ofrece sta por la autoridad judicial extranjera requirente, la prestacin de cooperacin internacional slo ser denegada por los Juzgados y Tribunales espaoles:

1. Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperacin sea de la exclusiva competencia de la jurisdiccin espaola.

2. Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial espaola requerida. En tal caso, sta remitir la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad requirente.

3. Cuando la comunicacin que contenga la solicitud de cooperacin no rena los requisitos de autenticidad suficiente o se halle redactada en idioma que no sea el castellano.

4. Cuando el objeto de la cooperacin solicitada sea manifiestamente contrario al orden publico espaol.

2. La determinacin de la existencia de reciprocidad con el estado requirente corresponder al Gobierno, a travs del Ministerio de Justicia.

TTULO IV
De la fe pblica judicial y de la documentacin
CAPTULO I
De las funciones atribuidas a los Secretarios
Artculo doscientos setenta y nueve

1. Las actuaciones de los Secretarios en el curso de los procedimientos judiciales se denominarn actas, diligencias y notas.

2. Tambin podrn expedir copias certificadas o testimonios de las actuaciones judiciales no secretas ni reservadas a las partes interesadas y bajo su responsabilidad, con sujecin a lo establecido en las leyes.

3. Asimismo corresponder a los Secretarios la practica de las notificaciones y dems actos de comunicacin y de cooperacin judicial en la forma que determinen las Leyes.

Artculo doscientos ochenta

1. Las actas tienen por objeto dejar constancia de la realizacin de un acto procesal o de un hecho con trascendencia procesal.

2. Las diligencias podrn ser de constancia, de ordenacin, de comunicacin o de ejecucin.

3. Las notas podrn ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trmite a que se refieran.

Artculo doscientos ochenta y uno

1. El Secretario es el nico funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondindole tambin la facultad de documentacin en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carcter de autoridad.

2. La plenitud de la fe pblica en los actos en que la ejerza el Secretario no precisa la intervencin adicional de testigos.

3. La representacin en juicio podr conferirse en todos los procedimientos mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que haya de conocer del asunto.

Artculo doscientos ochenta y dos

1. No obstante lo establecido en el artculo anterior, los Secretarios podrn habilitar a uno o mas oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial, as como las diligencias de constancia y de comunicacin.

2. Estas habilitaciones subsistirn mientras no sean revocadas; la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaer sobre el oficial autorizante.

CAPTULO II
De la dacin de cuenta y de la conservacin y custodia de los autos
Artculo doscientos ochenta y tres

1. Los Secretarios pondrn diligencias para hacer constar el da y hora de presentacin de las demandas, de los escritos de iniciacin del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentacin este sujeta a un plazo perentorio.

2. En todo caso, se dar a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresin de la fecha y hora de presentacin.

Artculo doscientos ochenta y cuatro

1. Los Secretarios darn cuenta a la Sala, al ponente o al Juez, en cada caso, de los escritos y documentos presentados en el mismo da de su presentacin o al siguiente da hbil.

2. Lo mismo harn respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la presencia judicial.

Artculo doscientos ochenta y cinco

Tambin darn cuenta, al siguiente da hbil, del transcurso de los plazos procesales y de los autos que hubieren tomado estado para cualquier resolucin, salvo cuando les correspondiere la ordenacin del trmite.

Artculo doscientos ochenta y seis

1. La dacin de cuenta se har oralmente, por el orden de presentacin de los escritos o por el que tomaren estado los autos respectivos, sin otra anteposicin que la de los que sean urgentes o tengan reconocida preferencia por la Ley.

2. Cuando proceda, se documentar mediante diligencia y, en su caso, se acompaar propuesta de resolucin.

Artculo doscientos ochenta y siete

Corresponder a los Secretarios la llevanza de los libros y el archivo y conservacin de las actuaciones, salvo que en sta u otra ley se encomienden a los Jueces o Presidentes.

CAPTULO III
De las diligencias de ordenacin y de las propuestas de resolucin
Artculo doscientos ochenta y ocho

En los Juzgados y Tribunales corresponder a los Secretarios dictar las diligencias de ordenacin, que tendrn por objeto dar a los autos el curso ordenado por la ley e impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trmites de conformidad con las Leyes procesales, y se limitaran a la expresin de lo que se disponga con el nombre del Secretario que las dicte, la fecha y la firma de aqul.

Artculo doscientos ochenta y nueve

Las diligencias de ordenacin sern revisables por el Juez o el Ponente, de oficio o a instancia de parte, en los casos y forma previstos en las leyes procesales.

Artculo doscientos noventa

Corresponder al Secretario proponer al Juez o Tribunal las resoluciones que, con arreglo a la ley, deban revestir la forma de providencia o auto, incluidos los autos definitivos en los asuntos de jurisdiccin voluntaria, mientras no se suscite contienda. Se exceptan las providencias en que se revisen las diligencias de ordenacin y los autos decisorios de cuestiones incidentales o resolutorios de recursos, de procesamiento o los limitativos de derechos.

Artculo doscientos noventa y uno

Las propuestas a que se refiere el artculo anterior se sujetarn a los requisitos de forma prescritos en esta Ley para la resolucin judicial que deba dictarse, suscribindose por el Secretario proponente.

TTULO V
De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia
Artculo doscientos noventa y dos

1. Los daos causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, as como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia darn a todos los perjudicados derecho a una indemnizacin a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Ttulo.

2. En todo caso, el dao alegado habr de ser efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

3. La mera revocacin o anulacin de las resoluciones judiciales no presupone por s sola derecho a indemnizacin.

Artculo doscientos noventa y tres

1. La reclamacin de indemnizacin por causa de error deber ir precedida de una decisin judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisin podr resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisin. En cualquier otro caso distinto de ste se aplicaran las reglas siguientes:

a) La accin judicial para el reconocimiento del error deber instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del da en que pudo ejercitarse.

b) La pretensin de declaracin del error se deducir ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el rgano a quien se imputa el error, y si ste se atribuyese a una Sala o Seccin del Tribunal Supremo la competencia corresponder a la Sala que se establece en el artculo 61. Cuando se trate de rganos de la jurisdiccin militar, la competencia corresponder a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

c) El procedimiento para sustanciar la pretensin ser el propio del recurso de revisin en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administracin del Estado.

d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince das, con informe previo del rgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.

e) Si el error no fuera apreciado se impondrn las costas al peticionario.

f) No proceder la declaracin de error contra la resolucin judicial a la que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.

g) La mera solicitud de declaracin del error no impedir la ejecucin de la resolucin judicial a la que aqul se impute.

2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de dao causado por el anormal funcionamiento de la Administracin de Justicia, el interesado dirigir su peticin indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitndose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del estado. Contra la resolucin cabr recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la indemnizacin prescribir al ao, a partir del da en que pudo ejercitarse.

Artculo doscientos noventa y cuatro

1. Tendrn derecho a indemnizacin quienes, despus de haber sufrido prisin preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuanta de la indemnizacin se fijar en funcin del tiempo de privacin de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La peticin indemnizatoria se tramitar de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artculo anterior.

Artculo doscientos noventa y cinco

En ningn caso habr lugar a la indemnizacin cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

Artculo doscientos noventa y seis

El estado responder tambin de los daos que se produzcan por dolo o culpa grave de los Jueces y Magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos por los cauces del proceso declarativo que corresponda ante el Tribunal competente. En estos procesos ser siempre parte el Ministerio Fiscal.

Artculo doscientos noventa y siete

Lo dispuesto en los artculos anteriores no obstar a la exigencia de responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados, por los particulares, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

LIBRO IV
DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS
TTULO I
De la Carrera Judicial y de la provisin de destinos
CAPTULO I
De la Carrera Judicial
Artculo doscientos noventa y ocho

1. Los Jueces y Magistrados que forman la Carrera Judicial ejercern las funciones jurisdiccionales en los Juzgados y Tribunales de todo orden que regula esta Ley.

2. Tambin ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujecin al rgimen establecido en esta Ley, sin carcter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los Magistrados suplentes, los que sirven plazas de Jueces en rgimen de provisin temporal o como sustitutos, los Jueces de Paz y sus sustitutos.

Artculo doscientos noventa y nueve

La Carrera Judicial consta de tres categoras:

– Magistrado del Tribunal Supremo.

– Magistrado.

– Juez.

Artculo trescientos

El Consejo General del Poder Judicial aprobar cada tres aos, como mximo, y por perodos menores cuando fuere necesario, el escalafn de la Carrera Judicial, que ser publicado en el Boletn Oficial del Estado, y comprender los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.

CAPTULO II
Del ingreso y ascenso en la Carrera Judicial
Artculo trescientos uno

1. El ingreso en la Carrera Judicial por la categora de Juez se producir mediante la superacin de oposicin libre y de las pruebas realizadas en el Centro de Estudios Judiciales, previa convocatoria de las plazas vacantes y un numero adicional que permita atender las nuevas que se produzcan hasta la siguiente convocatoria.

2. En cada convocatoria se reservar una tercera parte de las plazas que se convoquen para juristas de reconocida competencia, quienes por concurso de mritos accedern directamente al Centro de Estudios Judiciales.

3. Tambin ingresarn en la Carrera Judicial por la categora de Magistrado del Tribunal Supremo, o de Magistrado, juristas de reconocida competencia en la forma y proporcin establecidos en la ley.

4. En todos los casos se exigir no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad que establece esta Ley.

Artculo trescientos dos

1. Para concurrir a la oposicin libre de acceso al Centro de Estudios Judiciales se requiere ser espaol, mayor de edad y Licenciado en Derecho, as como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece esta Ley.

2. Para tomar parte en el concurso es preciso, adems, contar con seis aos, al menos, de ejercicio profesional como jurista.

Artculo trescientos tres

Estn incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos fsica o psquicamente para la funcin judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitacin; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estn en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Artculo trescientos cuatro

El Tribunal para acceso al Centro de Estudios Judiciales estar presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo en que delegue, y sern vocales: un Magistrado, un Fiscal, dos Catedrticos de Universidad de distintas Disciplinas Jurdicas, un Abogado en ejercicio y un Letrado del Estado que actuar como Secretario.

Artculo trescientos cinco

El Tribunal ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Los Catedrticos sern propuestos por el Consejo de Universidades; el Letrado del Estado, por el Ministro de Justicia; el Abogado, por el Consejo General de la Abogaca, y el Fiscal, por el Fiscal General del Estado.

Artculo trescientos seis

1. Las normas por las que ha de regirse el acceso al Centro de Estudios Judiciales, los ejercicios y los programas se aprobarn por el Ministro de Justicia, odos el Consejo General del Poder Judicial y el propio Centro.

2. En ningn caso podr el Tribunal aprobar en las pruebas previstas en el artculo 301 de esta Ley a un numero de candidatos superior al de las plazas que hubieran sido convocadas segn lo dispuesto en dicho artculo.

Artculo trescientos siete

1. Los aspirantes que hayan superado la oposicin o el concurso seguirn un curso en el Centro de Estudios Judiciales y realizarn prcticas en un rgano jurisdiccional.

2. Los que superen el curso y las prcticas sern nombrados Jueces por el orden de la propuesta hecha por el Centro de Estudios Judiciales.

3. El nombramiento se extender por el Consejo General del Poder Judicial, mediante orden, y con la toma de posesin quedarn investidos de la condicin de Juez.

Artculo trescientos ocho

En ningn caso podr superar el curso del Centro de Estudios Judiciales un numero de aspirantes superior al de vacantes efectivamente existentes en la Carrera Judicial en el momento de finalizar aquel.

Artculo trescientos nueve

1. Los que no superen el curso podrn repetirlo en el siguiente, al que se incorporarn con la nueva promocin.

2. Si tampoco superaren este curso, quedarn definitivamente excluidos y decados en la expectativa de ingreso en la Carrera Judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado.

Artculo trescientos diez

Las plazas que hubieren quedado vacantes en los concursos acrecern a las correspondientes al turno de oposicin.

Artculo trescientos once

1. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categora de Magistrados, dos se proveern con los Jueces que ocuparen el primer lugar en el escalafn dentro de esta categora; la tercera, por medio de pruebas selectivas en los ordenes jurisdiccionales civil y penal, y de especializacin en los ordenes contencioso-administrativo y social entre Jueces; y la cuarta, por concurso, entre juristas de reconocida competencia y con mas de diez aos de ejercicio profesional.

2. En los dos primeros casos ser necesario que todos hayan prestado tres aos de servicios efectivos como Jueces.

3. Quienes accedieren a la categora de Magistrado sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarn al escalafn inmediatamente a continuacin del ltimo Magistrado que hubiese ascendido a esta categora.

4. Las vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecern el turno de pruebas selectivas y de especializacin, si estuvieren convocadas o, en otro caso, al de antigedad.

Artculo trescientos doce

1. Las pruebas selectivas para la promocin de la categora de Juez a la de Magistrado en los ordenes jurisdiccionales civil y penal se celebrarn en el Centro de Estudios Judiciales y tendern a apreciar las condiciones de madurez y formacin jurdicas de los aspirantes, as como sus conocimientos en las distintas ramas del Derecho. Podrn consistir en la realizacin de estudios, superacin de cursos, elaboracin de dictmenes o resoluciones y su defensa ante el Tribunal, exposicin de temas y contestacin a las observaciones que el Tribunal formule o en otros ejercicios similares.

2. Las pruebas para la promocin de la categora de Juez a la de Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo y de lo social tendern adems a apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de cada orden jurisdiccional.

3. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios y, en su caso, los programas se aprobaran por el Consejo General del Poder Judicial, odo el Centro de Estudios Judiciales.

Artculo trescientos trece

1. Para resolver los concursos entre juristas de reconocida competencia a que se refieren los apartados 2 y 3 del artculo 301 y el apartado 3 del artculo 311, el Ministerio de Justicia, al tiempo de convocarlos, aprobar y publicar las correspondientes bases, en las que se graduar la puntuacin de los mritos que puedan concurrir en los solicitantes, con arreglo al siguiente baremo:

a) Ttulos y grados acadmicos obtenidos en relacin con las disciplinas jurdicas.

b) Aos de servicio en relacin con disciplinas jurdicas en el cuerpo de procedencia o en la profesin que ejerciera.

c) La realizacin, convenientemente acreditada, de cursos de especializacin jurdica.

d) La presentacin de ponencias, comunicaciones, memorias o trabajos similares en cursos y congresos de inters jurdico.

e) Publicaciones cientfico-jurdicas.

f) Nmero y naturaleza de los asuntos que hubiera dirigido ante los Juzgados y Tribunales, dictmenes emitidos, asesoramientos y servicios jurdicos prestados en el ejercicio de la abogaca.

2. En la valoracin de los mritos relacionados no podrn establecerse puntuaciones que por s solas superen a ms de dos del conjunto de las restantes.

3. La puntuacin de los mritos referida en la letra f) no podr ser inferior a la mxima puntuacin atribuida a cualquiera de los otros apartados.

4. El tiempo de ejercicio profesional de los candidatos que hayan ejercido la abogaca se acreditar mediante certificacin del Consejo General de la Abogaca, en la que debern consignarse tambin aquellas incidencias de carcter disciplinario que hayan afectado al candidato durante su ejercicio profesional.

5. Para valorar los mritos a que se refiere el prrafo primero de este artculo que hubieran sido aducidos por los solicitantes, el Tribunal podr convocar a stos para mantener una entrevista individual de una duracin mxima de una hora, en la que se debatirn los citados mritos.

6. El concurso ser resuelto por el mismo Tribunal que haya de juzgar la oposicin libre.

Artculo trescientos catorce

El Tribunal de las pruebas selectivas, previstas en el artculo 312, ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial y estar compuesto en la forma prevista en el artculo 304 .Cuando se trate de pruebas para la promocin a la categora de Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo y de lo social, ser la establecida en el indicado artculo, si bien sus miembros sern elegidos entre especialistas en Derecho Pblico o Laboral, respectivamente.

Artculo trescientos quince

Las oposiciones y concursos para cubrir las vacantes de la Carrera Judicial del Secretario y del resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia sern convocadas, a instancia de la Comunidad Autnoma en cuyo mbito territorial se produzcan las vacantes, por el rgano competente y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

CAPTULO III
Del nombramiento y posesin de los Jueces y Magistrados
Artculo trescientos diecisis

1. Los Jueces sern nombrados, mediante Orden, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los Magistrados y los Presidentes sern nombrados por Real Decreto, a propuesta de dicho Consejo.

3. La presentacin a Real Decreto se har por el Ministro de Justicia, que refrendar el nombramiento.

Artculo trescientos diecisiete

1. Los nombramientos se remitirn al Presidente del Tribunal o Audiencia a quien corresponda dar o mandar dar posesin a los nombrados.

2. Tambin se comunicar a stos y a los Presidentes del Tribunal o Audiencia de su destino anterior.

3. Cuando los Presidentes de la Sala y Seccin o Jueces cesen en su destino, por ser nombrados para otro cargo, elaborarn un alarde o relacin de los asuntos que queden pendientes en el respectivo rgano, consignando la fecha de su iniciacin y el estado en que se hallen, remitiendo copia al Presidente del Tribunal o de la Audiencia.

4. Al tomar posesin, el nuevo titular del rgano, examinar el alarde elaborado por el anterior, suscribindolo en caso de conformidad.

Artculo trescientos dieciocho

1. Los miembros de la Carrera Judicial prestarn, antes de posesionarse del primer destino, el siguiente juramento o promesa:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico, lealtad a la Corona, administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos.

2. El mismo juramento o promesa se prestar antes de posesionarse del primer destino que implique ascenso de categora en la carrera.

Artculo trescientos diecinueve

1. Los Presidentes, Magistrados y Jueces se presentaran a tomar posesin de sus respectivos cargos dentro de los veinte das naturales siguientes al de la fecha de la publicacin de su nombramiento en el Boletn Oficial del Estado. Para los destinados a la misma poblacin en que hubieran servido el cargo, el plazo ser de ocho das. Los que hayan de jurar o prometer el cargo tomaran posesin dentro de los tres das siguientes al del juramento o promesa.

2. El Consejo General del Poder Judicial podr prorrogar tales plazos, mediando justa causa.

Artculo trescientos veinte

1. La toma de posesin del Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados de los Tribunales y Audiencias se har en audiencia pblica ante la Sala de Gobierno del Tribunal al que fueren destinados o ante la del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autnoma correspondiente.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia que fuesen nombrados sin haber pertenecido con anterioridad a la Carrera Judicial, en el mismo acto de su toma de posesin ante las Salas de Gobierno respectivas, prestarn el juramento o promesa en los terminos previstos en el artculo 318.

Artculo trescientos veintiuno

1. Los Jueces prestarn el juramento o promesa, cuando proceda, ante la Sala de Gobierno del Tribunal o Audiencia a que pertenezca el Juzgado para el que hayan sido nombrados y, asimismo, en audiencia pblica.

2. La posesin ser en el Juzgado al que fueren destinados, en audiencia pblica y con asistencia del personal del Juzgado. Dar la posesin el Juez que estuviere ejerciendo la jurisdiccin.

Artculo trescientos veintids

1. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesin se entender que renuncia al cargo y a la Carrera Judicial.

2. El Presidente del Tribunal o Audiencia dar cuenta al Consejo General del juramento o promesa y posesin o, en su caso, del transcurso del tiempo sin hacerlo.

Artculo trescientos veintitrs

1. Si concurriese justo impedimento en la falta de presentacin, podr ser rehabilitado el renunciante. La rehabilitacin se acordar por el Consejo General, a solicitud del interesado.

2. En tal caso, el rehabilitado deber presentarse a prestar juramento o promesa y posesionarse de su cargo en el plazo que se le seale, que no podr ser superior a la mitad del plazo normal.

3. Si la plaza a la que fuere destinado hubiere sido cubierta, ser destinado a la que elija, de las correspondientes a su categora y para la que rena las condiciones legales que hubiere quedado desierta en concurso. En otro caso, ser destinado forzoso.

CAPTULO IV
De los honores y tratamientos de los Jueces y Magistrados
Artculo trescientos veinticuatro

El Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los de los Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales y dems Magistrados, de seora ilustrsima. Los Jueces, el de seora.

Artculo trescientos veinticinco

En los actos de oficio, los Jueces y Magistrados no podrn recibir mayor tratamiento que el que corresponda a su empleo efectivo en la Carrera Judicial, aunque lo tuvieren superior en diferente carrera o por otros ttulos.

CAPTULO V
De la provisin de plazas en los Juzgados, en las Audiencias y en los Tribunales Superiores de Justicia
Artculo trescientos veintisis

La provisin de destinos de la Carrera Judicial se har por concurso, en la forma que determina esta Ley, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo.

Artculo trescientos veintisiete

1. No podrn concursar los electos, ni los que se encontraren en una situacin de las previstas en esta Ley que se lo impida.

2. Tampoco podrn concursar los Jueces y Magistrados que no lleven el tiempo que reglamentariamente se determine, que no podr ser inferior a un ao, en destino al que hubieren accedido voluntariamente.

Artculo trescientos veintiocho

La Ley que fije la planta determinar los criterios para clasificar los Juzgados y establecer la categora de quienes deban servirlos.

Artculo trescientos veintinueve

1. Los concursos para la provisin de los Juzgados se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora necesaria, tengan mejor puesto en el escalafn.

2. Los concursos para la provisin de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora de Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, tengan mejor puesto en el escalafn. En su defecto, se cubrirn con Magistrados que hayan prestado, al menos, cinco aos de servicios en el orden contencioso-administrativo o social; y a falta de stos, de acuerdo con lo previsto en la regla general del apartado primero.

3. Para la provisin de los Juzgados de Menores se aplicar la regla general establecida en el apartado primero de este artculo, aunque tendrn preferencia quienes acrediten la especializacin correspondiente en el Centro de Estudios Judiciales, segn se determine reglamentariamente.

Artculo trescientos treinta

1. Los concursos para la provisin de las plazas de Magistrados de las Salas o Secciones de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias se resolvern en favor de quienes, ostentando la categora necesaria, tengan mejor puesto en el escalafn.

2. En cada Sala o Seccin de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, una de las plazas se reservar a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, con preferencia del que ocupe el mejor puesto escalafonal. Si la Sala o Seccin se compusiere de cinco o ms Magistrados, el numero de plazas cubiertas por este sistema ser de dos.

3. En la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrir con un jurista de reconocido prestigio con ms de diez aos de ejercicio profesional en la Comunidad Autnoma, nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la asamblea legislativa; las restantes plazas sern cubiertas por Magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre los que lleven cinco aos en la categora y tengan especiales conocimientos en Derecho Civil, Foral o especial, propio de la Comunidad Autnoma.

Artculo trescientos treinta y uno

1. Quienes accedieren a un Tribunal Superior de Justicia sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial, lo harn a los solos efectos de prestar servicios en el mismo, sin que puedan optar ni ser nombrados para destino distinto, salvo su posible promocin al Tribunal Supremo, por el turno de Abogados y otros juristas de reconocida competencia a que se refiere el artculo 343.

2. A todos los dems efectos sern considerados miembros de la Carrera Judicial.

Artculo trescientos treinta y dos

Los que asciendan a la categora de Magistrado mediante prueba selectiva con especializacin en el orden contencioso-administrativo o social, conservarn los derechos a concursar a plazas de otros ordenes jurisdiccionales, de acuerdo con su antigedad en el escalafn comn. Para ocupar plaza de su especialidad slo se les computar el tiempo desempeado en sta.

Artculo trescientos treinta y tres

1. Las plazas de Presidente de seccin de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias se proveern por concurso que se resolver en favor de quienes, ostentando la categora de Magistrado, tengan mejor puesto en el escalafn. Por el mismo sistema se proveern las presidencias de Sala en los Tribunales Superiores de Justicia.

2. Tendrn preferencia quienes hubieren prestado cinco aos de servicios en el orden jurisdiccional de que se trate.

3. No podrn acceder a tales Presidencias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente por comisin de falta grave o muy grave, cuya anotacin en el expediente no hubiere sido cancelada.

Artculo trescientos treinta y cuatro

Las plazas que quedaren vacantes por falta de solicitantes se proveern por los que sean promovidos o asciendan a la categora necesaria, con arreglo al turno que corresponda.

Artculo trescientos treinta y cinco

1. Las plazas de Presidentes de Salas de la Audiencia Nacional se proveern, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, con Magistrados del Tribunal Supremo o con quienes sean promovidos a esta categora.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveer por el Consejo General del Poder Judicial, por un perodo de cinco aos, entre Magistrados del Tribunal Supremo, con tres aos de servicios prestados en la categora, que renan las condiciones idneas para el cargo.

Artculo trescientos treinta y seis

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales sern nombrados por un perodo de cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre los Magistrados que lo soliciten, de entre los que llevan diez aos de servicios en la Carrera.

Artculo trescientos treinta y siete

1. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se nombrarn por un perodo de cinco aos, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre Magistrados que hubieren prestado diez aos de servicios en la categora, lo hubieren solicitado y lleven, al menos, veinte aos perteneciendo a la Carrera Judicial.

2. El nombramiento de Presidente de un Tribunal Superior de Justicia tendr efectos desde su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, sin perjuicio de la preceptiva publicacin en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma.

Artculo trescientos treinta y ocho

Los Presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias cesaran por alguna de las causas siguientes:

1. Por expiracin de su mandato, salvo que sean confirmados en el cargo por sucesivos perodos de cinco aos.

2. Por dimisin, aceptada por el Consejo General.

3. Por resolucin acordada en expediente disciplinario.

Artculo trescientos treinta y nueve

El Presidente de la Audiencia Nacional quedara, cuando cese en su cargo, adscrito al Tribunal Supremo hasta que obtenga plaza en el mismo en propiedad.

Artculo trescientos cuarenta

Los Presidentes de los Tribunales Superiores y de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo continuarn en servicio activo y quedarn adscritos, a su eleccin, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquel del que procedieren, y sern destinados para ocupar la primera vacante que se produzca en la Audiencia o Tribunal a que estuvieren adscritos si no obtuvieren otra plaza a su instancia con anterioridad.

Artculo trescientos cuarenta y uno

1. Para la provisin de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas Comunidades Autnomas que gocen de Derecho Civil Especial o Foral, as como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorar como mrito la especializacin de estos Derechos Civil Especial o Foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad.

2. Reglamentariamente se determinarn los criterios de valoracin sobre el conocimiento del idioma y el Derecho Civil Especial o Foral de las referidas Comunidades Autnomas, como mrito preferente en los concursos para rganos jurisdiccionales de su territorio.

CAPTULO VI
De la provisin de plazas en el Tribunal Supremo
Artculo trescientos cuarenta y dos

Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombraran, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres aos de servicios en la categora.

Artculo trescientos cuarenta y tres

En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro se proveern entre miembros de la Carrera Judicial con diez aos, al menos, de servicios en la categora de Magistrado y no menos de veinte en la Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

Artculo trescientos cuarenta y cuatro

De cada cuatro plazas reservadas a la Carrera Judicial, correspondern:

a) Dos a Magistrados que hubieran accedido a la categora mediante las correspondientes pruebas selectivas en los ordenes jurisdiccionales civil y penal y de especializacin en los ordenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social. En este turno slo se exigirn quince aos en la carrera y cinco en la categora.

b) Dos a Magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al Tribunal Supremo sealadas en el artculo anterior.

Artculo trescientos cuarenta y cinco

Podrn ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los abogados y juristas de prestigio que, cumpliendo los requisitos exigidos para ello, renan mritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial y hayan desempeado su actividad profesional por tiempo superior a veinte aos, preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que hubieren de ser designados.

Artculo trescientos cuarenta y seis

Cuando el numero de Magistrados de una Sala no sea mltiplo de cinco, se adjudicar una plaza ms al grupo b) del artculo 344; al grupo a) del mismo artculo; o al grupo de juristas de prestigio, sucesivamente y por este orden.

Artculo trescientos cuarenta y siete

Quienes tuvieren acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial, se incorporarn al escalafn de la misma ocupando el ltimo puesto en la categora de Magistrados del Tribunal Supremo. Se les reconocer, a todos los efectos, veinte aos de servicios.

CAPTULO VII
De la situacin de los Jueces y Magistrados
Artculo trescientos cuarenta y ocho

Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Excedencia voluntaria o forzosa.

4. Suspensin.

Artculo trescientos cuarenta y nueve

Los Jueces y Magistrados se encuentran en situacin de servicio activo cuando ocupan plaza correspondiente a la Carrera Judicial, estn pendientes de la toma de posesin en otro destino o les ha sido conferida comisin de servicio con carcter temporal.

Artculo trescientos cincuenta

1. Podrn conferirse comisiones de servicio a los Jueces y Magistrados para participar en misiones de cooperacin jurdica internacional o para prestar servicios en el Ministerio de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial o en otro Juzgado o Tribunal.

2. Las comisiones de servicio tendrn una duracin mxima de seis meses y no sern prorrogables, siendo requisito para su otorgamiento, adems de la previa conformidad del interesado, el prevalente inters del servicio debidamente motivado y el informe de los superiores jerrquicos de las plazas afectadas por la comisin.

Artculo trescientos cincuenta y uno

Los Jueces y Magistrados pasarn a la situacin de servicios especiales:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misin por perodo superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades pblicas extranjeras o en programas de cooperacin internacional.

b) Cuando adquieran la condicin de funcionarios al servicio de Organismos Internacionales o de carcter supranacional.

c) Cuando sean adscritos al servicio del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.

d) Cuando cumplan el servicio militar o la prestacin sustitutoria equivalente.

Artculo trescientos cincuenta y dos

Se considerar en situacin de servicios especiales al Juez o Magistrado en el que se de alguna de las siguientes condiciones:

a) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas.

b) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo o Fiscal General del Estado.

c) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los rganos constitucionales u otros cuya eleccin corresponda a las Cmaras.

d) Cuando accedan a la condicin de Diputado o Senador de las Cortes Generales, o miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

e) Cuando presten servicio en virtud de nombramiento por Real Decreto en la Presidencia del Gobierno o en el Ministerio de Justicia.

Artculo trescientos cincuenta y tres.

1. A los miembros de la Carrera Judicial en situacin de servicios especiales se les computar el tiempo que permanezcan en tal situacin a efectos de ascensos, antigedad y derechos pasivos, y tendrn derecho a la reserva de plaza y localidad de destino que ocupasen. En todos los casos recibirn las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeen y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepcin de la antigedad que pudieran tener reconocida como funcionarios.

2. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas que pierdan dicha condicin por disolucin de la correspondiente Cmara o terminacin del mandato de la misma, podrn permanecer en la situacin de servicios especiales, hasta su nueva constitucin.

Artculo trescientos cincuenta y cuatro

1. Los Jueces y Magistrados que fueren nombrados para cargo poltico o de confianza de carcter no permanente debern comunicar al Consejo General del Poder Judicial la aceptacin o renuncia del cargo para el que hubieren sido nombrados dentro de los ocho das siguientes a la publicacin del nombramiento en el Boletn Oficial del Estado o de la Comunidad Autnoma.

2. La aceptacin o la toma de posesin del expresado cargo determinar automticamente la situacin de servicios especiales del nombrado, con aplicacin del rgimen prescrito en el artculo 353.

Artculo trescientos cincuenta y cinco

Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 352, 2, d), quienes estn en situacin de servicios especiales debern incorporarse a su plaza o a la que durante esta situacin hubiesen obtenido, dentro del plazo de veinte das, a contar desde el siguiente al del cese en el cargo o desde la fecha de licencia. De no hacerlo as, pasarn automticamente a la situacin de excedencia voluntaria por inters particular.

Artculo trescientos cincuenta y seis

1. La excedencia forzosa se producir por supresin de la plaza de que sea titular el Juez o Magistrado, cuando signifique el cese obligado en el servicio activo.

2. Los excedentes forzosos gozarn de la plenitud de sus derechos econmicos y tendrn derecho al abono, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en dicha situacin.

Artculo trescientos cincuenta y siete

1. Proceder declarar en situacin de excedencia voluntaria a los miembros de la Carrera Judicial cuando se encuentren en situacin de servicio activo en un Cuerpo o Escala de las Administraciones Pblicas o de la Carrera Fiscal, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector pblico, y no les corresponda quedar en otra situacin.

2. Los miembros de la Carrera Judicial tendrn derecho a un periodo de excedencia voluntaria, no superior a tres aos, para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fecha de nacimiento de ste. Los sucesivos hijos darn derecho a un nuevo perodo de excedencia que, en su caso, pondr fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, slo uno de ellos podr ejercer este derecho.

3. Podr concederse igualmente la excedencia voluntaria a los miembros de la Carrera Judicial cuando lo soliciten por inters particular. En este supuesto no podr declararse la excedencia voluntaria hasta haber completado tres aos de servicios efectivos desde que se accedi a la Carrera Judicial o desde el reingreso, y en ella no se podr permanecer ms de diez aos continuados ni menos de dos aos.

4. Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar como candidatos en elecciones generales, autonmicas o locales debern solicitar la excedencia voluntaria. Si fueren elegidos para el cargo, pasarn a la situacin que legalmente les corresponda de conformidad con lo prescrito en esta ley; en caso contrario podrn solicitar el reingreso en el servicio activo.

Artculo trescientos cincuenta y ocho

Los miembros de la Carrera Judicial en excedencia voluntaria no devengarn retribuciones ni les ser computable el tiempo permanecido en tal situacin a efectos de ascensos, antigedad y derechos pasivos.

Artculo trescientos cincuenta y nueve

1. El Juez o Magistrado declarado suspenso quedar privado temporalmente del ejercicio de sus funciones.

2. La suspensin puede ser provisional o definitiva y tendr lugar en los casos y en la forma establecidos en esta Ley.

Artculo trescientos sesenta

El suspenso provisional tendr derecho a percibir en esta situacin el 75 por 100 de las retribuciones bsicas y la totalidad de las retribuciones por razn familiar. No se les acreditar haber alguno en caso de incomparecencia o rebelda.

Artculo trescientos sesenta y uno

El tiempo de suspensin provisional que tenga su origen en un procedimiento disciplinario no podr exceder de seis meses, salvo caso de paralizacin de aquel imputable al interesado. Esta circunstancia determinar la prdida de toda retribucin hasta que el expediente sea resuelto.

Artculo trescientos sesenta y dos

Cuando la suspensin no sea declarada definitiva ni se acuerde la separacin, el tiempo de duracin de aqulla se computar como de servicio activo y se acordar la inmediata reincorporacin del suspenso a su plaza, con reconocimiento de todos los derechos econmicos y dems que procedan desde la fecha en que tuvo efecto la suspensin.

Artculo trescientos sesenta y tres

1. La suspensin tendr carcter definitivo cuando se imponga en virtud de condena o como sancin disciplinaria. Ser de abono el tiempo de suspensin provisional.

2. La suspensin definitiva, impuesta como condena o como sancin disciplinaria superior a seis meses, implicar la prdida del destino, y la vacante se cubrir en forma ordinaria.

3. En todo caso, la suspensin definitiva supondr la privacin de todos los derechos inherentes a la condicin de Juez o Magistrado hasta que, en su caso, fuere reintegrado el suspenso al servicio activo.

Artculo trescientos sesenta y cuatro

El reingreso en el servicio activo de los excedentes forzosos se har por orden de mayor tiempo en esta situacin, sin necesidad de solicitud del interesado y con ocasin de la primera vacante para la que rena las condiciones legales.

Artculo trescientos sesenta y cinco

1. El reingreso de los excedentes voluntarios deber ir precedido de solicitud dirigida al Consejo General del Poder Judicial.

2. Reglamentariamente se establecern los documentos que debern acompaarse y los informes que, en su caso, deban ser interesados, segn que la excedencia voluntaria sea o no por inters particular.

Artculo trescientos sesenta y seis

1. Los suspensos definitivamente debern solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez das desde la finalizacin del perodo de suspensin. El transcurso de este plazo sin que el interesado solicite el reingreso motivar la declaracin de excedencia voluntaria por inters particular, con efectos desde la fecha en que finalizara el perodo de suspensin.

2. Reglamentariamente se establecern los documentos que debern acompaarse y los informes que deban ser solicitados.

Artculo trescientos sesenta y siete

El reingreso de los excedentes voluntarios y suspensos exigir declaracin de aptitud por el Consejo General, que se ajustar a lo prevenido en esta ley sobre condiciones que deben reunirse para el ingreso en la Carrera Judicial.

Artculo trescientos sesenta y ocho

1. Los que hayan de reingresar al servicio activo debern participar en cuantos concursos se anuncien para la provisin de plazas de su categora, hasta obtener destino en propiedad. Si no lo hicieran, quedar sin efecto la declaracin de aptitud y, de no estar ya en ella, sern declarados en situaciones de excedencia voluntaria por inters particular.

2. Los excedentes forzosos gozarn de preferencia, por una sola vez, para ocupar vacante en la poblacin donde servan cuando se produjo el cese en el servicio activo.

Artculo trescientos sesenta y nueve

La concurrencia de peticiones para la adjudicacin de vacantes, cualquiera que fuere el sistema de su provisin, entre quienes deban reingresar al servicio activo, se resolver por el siguiente orden de prelacin:

1. Excedentes forzosos.

2. Suspensos.

3. Rehabilitados.

4. Excedentes voluntarios.

CAPTULO VIII
De las licencias y permisos
Artculo trescientos setenta

1. Los Jueces y Magistrados residirn en la poblacin donde tenga su sede el Juzgado o Tribunal que sirvan y no podrn ausentarse de la circunscripcin en que ejerzan sus funciones, excepto cuando lo exija el cumplimiento de sus deberes judiciales o usen de licencia o permiso.

2. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia podr autorizar por causas justificadas la residencia en lugar distinto, siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo.

3. No se considerarn ausencias a los efectos de este artculo los desplazamientos fuera de su sede que efecten los Magistrados o Jueces que no sean nicos o no se encuentren de guardia, desde el final de las horas de audiencia el sbado o vspera de fiesta, hasta el comienzo de la audiencia del primer da hbil siguiente.

Artculo trescientos setenta y uno

1. Los Jueces y Magistrados tendrn derecho a un permiso anual de un mes de vacaciones, excepto los destinados en las islas Canarias, que podrn acumular en un solo perodo las vacaciones correspondientes a dos aos.

2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los Tribunales disfrutarn de este permiso durante el mes de agosto; se excepta aqullos a quienes corresponda formar la Sala prevista en el artculo 180.

Artculo trescientos setenta y dos

El permiso anual de vacaciones podr denegarse para el tiempo en que se solicite cuando por los asuntos pendientes en un Juzgado o Tribunal, por la acumulacin de peticiones de licencias en el territorio o por otras circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse el regular funcionamiento de la Administracin de Justicia.

Artculo trescientos setenta y tres

1. Los Jueces y Magistrados tendrn derecho a licencias por razn de matrimonio de quince das de duracin y de catorce semanas en caso de parto.

2. Tendrn tambin derecho a licencia, sin limitacin de sus haberes, para realizar estudios relacionados con la funcin judicial, previo informe favorable del Presidente del Tribunal correspondiente, que tendr en cuenta las necesidades del servicio. Finalizada la licencia, se elevar al Consejo General del Poder Judicial memoria de los trabajos realizados, y si su contenido no fuera bastante para justificarla, se compensar la licencia con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado.

3. Tambin podrn disfrutar de permisos de tres das, sin que puedan exceder de seis permisos en el ao natural, ni de uno al mes, debindose justificar la necesidad a los superiores respectivos, de quienes habrn de obtener autorizacin.

Artculo trescientos setenta y cuatro

El que por hallarse enfermo no pudiera asistir al despacho, lo comunicar al Presidente del que inmediatamente dependa, y de persistir la enfermedad mas de cinco das, tendr que solicitar licencia acreditando aqulla y la previsin mdica sobre el tiempo preciso para su restablecimiento.

Artculo trescientos setenta y cinco

1. Las licencias por enfermedad, transcurrido el sexto mes, slo darn derecho al percibo de las retribuciones bsicas y por razn de familia, sin perjuicio de su complemento, en lo que corresponda, con arreglo al rgimen de seguridad social aplicable.

2. Las licencias para realizar estudios en general darn derecho a percibir las retribuciones bsicas y por razn de familia.

3. Las licencias por enfermedad, hasta el sexto mes inclusive, y las dems licencias y permisos no afectarn al rgimen retributivo de quien los disfrute o los haya obtenido.

Artculo trescientos setenta y seis

Cuando circunstancias excepcionales lo impongan, podr suspenderse o revocarse el disfrute de las licencias o de los permisos, ordenndose a los Jueces y Magistrados la incorporacin al Juzgado o Tribunal.

Artculo trescientos setenta y siete

Reglamentariamente se desarrollar el rgimen jurdico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duracin, y cuanto no se halle establecido en la presente ley.

TTULO II
De la independencia judicial
CAPTULO I
De la inamovilidad de los Jueces y Magistrados
Artculo trescientos setenta y ocho

1. Gozarn de inamovilidad los Jueces y Magistrados que desempeen cargos judiciales.

2. Los que hayan sido nombrados por plazo determinado gozarn de inamovilidad slo por ese tiempo.

3. Los casos de renuncia, excedencia, traslado y promocin se regirn por sus normas especficas establecidas en esta ley.

Artculo trescientos setenta y nueve

1. La condicin de Jueces o Magistrados se perder por las siguientes causas:

a) Por renuncia a la Carrera Judicial. Se entendern incursos en este supuesto los previstos en los 322 y 357-3.

b) Por prdida de la nacionalidad espaola.

c) En virtud de sancin disciplinaria de separacin de la Carrera Judicial.

d) Por imposicin de pena principal o accesoria de separacin del cargo judicial, inhabilitacin absoluta o especial para cargo pblico. Los Tribunales que dictaren estas sentencias remitirn testimonio de ellas al Consejo General del Poder Judicial, una vez que hubieren ganado firmeza.

e) Por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad, salvo que proceda su jubilacin.

f) Por jubilacin.

2. La separacin en los casos previstos en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior se acordar previo expediente, con intervencin del Ministerio Fiscal.

Artculo trescientos ochenta

Los que hubieren perdido la condicin de Juez o Magistrado por alguna de las causas previstas en los apartados a), b) y c) del artculo 379 de esta ley, podrn solicitar del Consejo General del Poder Judicial su rehabilitacin.

Artculo trescientos ochenta y uno

1. La rehabilitacin se conceder por el Consejo General del Poder Judicial, cuando se acredite el cese definitivo o la inexistencia, en su caso, de la causa que dio lugar a la separacin, valorando las circunstancias de todo orden.

2. Si la rehabilitacin se denegare, no podr iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los tres aos siguientes, plazo que se computar a partir de la resolucin denegatoria inicial del Consejo General del Poder Judicial.

Artculo trescientos ochenta y dos

El Juez o Magistrado que hubiere sido rehabilitado ser destinado con arreglo a lo dispuesto en esta ley.

Artculo trescientos ochenta y tres

La suspensin de los Jueces y Magistrados slo tendr lugar en los casos siguientes:

1. Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2. Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisin, de libertad bajo fianza o de procesamiento.

3. Cuando se decretare en expediente disciplinario o de incapacidad, ya con carcter provisional, ya definitivo.

4. Por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensin, cuando no procediere la separacin.

Artculo trescientos ochenta y cuatro

1. En los supuestos de los dos primeros apartados del artculo anterior, el Juez o Tribunal que conociera de la causa lo comunicar al Consejo General del Poder Judicial, quien har efectiva la suspensin, previa audiencia del Ministerio Fiscal.

2. En el caso del apartado 4, el Tribunal remitir testimonio de la sentencia al Consejo General del Poder Judicial.

3. La suspensin durar, en los casos de los apartados 1 y 2 del artculo anterior, hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. En los dems casos, por todo el tiempo a que se extienda la pena, sancin o medida cautelar.

Artculo trescientos ochenta y cinco

Los Jueces y Magistrados slo podrn ser jubilados:

1. Por edad.

2. Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

Artculo trescientos ochenta y seis

La jubilacin por edad es forzosa y se decretar con la antelacin suficiente para que el cese en la funcin se produzca efectivamente al cumplir la edad de sesenta y cinco aos para Jueces y Magistrados de todas las categoras.

Artculo trescientos ochenta y siete

1. Cuando en un Juez o Magistrado se apreciare incapacidad permanente, la Sala de Gobierno respectiva, por s, a instancia del Ministerio Fiscal o del interesado, formular propuesta de jubilacin al Consejo General del Poder Judicial.

2. El expediente de jubilacin por incapacidad permanente podr ser iniciado, asimismo, por el Consejo General de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

3. Los jubilados por incapacidad permanente podrn ser rehabilitados y volver al servicio activo si acreditaren haber desaparecido la causa que hubiere motivado la jubilacin.

Artculo trescientos ochenta y ocho

Los procedimientos de separacin, traslado, jubilacin por incapacidad permanente y rehabilitacin se formarn con audiencia del interesado e informe del Ministerio Fiscal y de la Sala de Gobierno respectiva, sin perjuicio de las dems justificaciones que procedan, y se resolvern por el Consejo General del Poder Judicial.

CAPTULO II
De las incompatibilidades y prohibiciones
Artculo trescientos ochenta y nueve

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

1. Con el ejercicio de cualquier otra jurisdiccin ajena a la del Poder Judicial.

2. Con cualquier cargo de eleccin popular o designacin poltica del Estado, Comunidades Autnomas, Provincias y dems entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.

3. Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administracin del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autnomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras.

4. Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.

5. Con todo empleo, cargo o profesin retribuida, salvo la docencia o investigacin jurdica, as como la produccin y creacin literaria, artstica, cientfica y tcnica, y las publicaciones derivadas de aqulla, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

6. Con el ejercicio de la Abogaca y de la Procuradura.

7. Con todo tipo de asesoramiento jurdico, sea o no retribuido.

8. Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por s o por otro.

9. Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervencin directa, administrativa o econmica en sociedades o empresas mercantiles, pblicas o privadas, de cualquier gnero.

Artculo trescientos noventa

1. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesin de los expresados en el artculo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, debern optar, en el plazo de ocho das, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.

2. Quienes no hicieren uso de dicha opcin en el indicado plazo se entender que renuncian al nombramiento judicial.

Artculo trescientos noventa y uno

1. No podrn pertenecer simultneamente a una misma Sala Magistrados que estuvieren unidos por vnculo matrimonial o situacin de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre s dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que existiere ms de una Seccin, en cuyo caso podrn participar en las diversas Secciones.

2. Esta disposicin ser aplicable tambin a los Presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias, as como a los Presidentes de Sala, respecto de los Magistrados que dependan de ellos.

3. Tambin lo ser a los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de las Audiencias Provinciales respecto de los miembros del Ministerio Fiscal destinados en las Fiscalas correspondientes a dichos Tribunales. Exceptanse los destinos de Presidentes de Seccin y Magistrados en Audiencias Provinciales en que existan cinco o ms Secciones.

Artculo trescientos noventa y dos

Lo dispuesto en el artculo anterior ser aplicable:

1. A los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional con los Jueces centrales.

2. A los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias, con los Jueces del territorio de su jurisdiccin.

3. A los Magistrados de las Audiencias con los Jueces que dependan del orden jurisdiccional a que aqullos pertenezcan.

4. A los Jueces de Primera Instancia e Instruccin respecto a los miembros del Ministerio Fiscal destinados en Fiscalas en cuya demarcacin ejerzan su jurisdiccin aqullos, con excepcin de los Partidos en que existan diez o ms Juzgados de esa clase.

5. A los Presidentes, Magistrados y Jueces respecto de los Secretarios y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia que de ellos dependan directamente.

Artculo trescientos noventa y tres

No podrn los Jueces y Magistrados desempear su cargo:

1. En las Salas de Tribunales y Juzgados donde ejerzan habitualmente, como Abogado o Procurador, su cnyuge o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta incompatibilidad no ser aplicable en las poblaciones donde existan diez o ms Juzgados de Primera Instancia e Instruccin o Salas con tres o ms Secciones.

2. En una Audiencia Provincial o Juzgado que comprenda dentro de su circunscripcin territorial una poblacin en la que, por poseer el mismo, su cnyuge o parientes de segundo grado de consanguinidad intereses econmicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la funcin jurisdiccional. Se exceptan las poblaciones superiores a cien mil habitantes en las que radique la sede del rgano jurisdiccional.

3. En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la abogaca o el cargo de procurador en los dos aos anteriores, a su nombramiento.

Artculo trescientos noventa y cuatro

1. Cuando un nombramiento d lugar a una situacin de incompatibilidad de las previstas en los artculos anteriores quedar el mismo sin efecto y se destinar con carcter forzoso al Juez o Magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrirse.

2. Cuando la situacin de incompatibilidad apareciere en virtud de circunstancias sobrevenidas, el Consejo General del Poder Judicial proceder al traslado forzoso del Juez o Magistrado, en el caso del nmero 1 del artculo anterior, o del ltimo nombrado en los restantes. En su caso podr proponer al Gobierno el traslado del miembro del Ministerio Fiscal incompatible, si fuera de menor antigedad en el cargo. El destino forzoso ser a cargo de que no implique cambio de residencia si existiera vacante, y en tal caso sta no ser anunciada a concurso de provisin.

Artculo trescientos noventa y cinco

No podrn los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos polticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estar prohibido:

1. Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios pblicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones pblicos que no tengan carcter judicial, excepto aqullas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Tomar en las elecciones legislativas o locales ms parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercern las funciones y cumplimentarn los deberes inherentes a sus cargos.

Artculo trescientos noventa y seis

Los Jueces y Magistrados no podrn revelar los hechos o noticias referentes a personas fsicas o jurdicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artculo trescientos noventa y siete

La competencia para la autorizacin, reconocimiento o denegacin de compatibilidades, con arreglo a lo dispuesto en este captulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva.

CAPTULO III
De la inmunidad judicial
Artculo trescientos noventa y ocho

1. Los Jueces y Magistrados en servicio activo slo podrn ser detenidos por orden de Juez competente o en caso de flagrante delito. En este ltimo caso se tomarn las medidas de aseguramiento indispensables y se entregar inmediatamente el detenido al Juez de Instruccin ms prximo.

2. De toda detencin se dar cuenta, por el medio mas rpido, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el Juez o Magistrado. Se tomarn por la autoridad judicial que corresponda las prevenciones que procedan para atender a la sustitucin del detenido.

Artculo trescientos noventa y nueve

1. Las autoridades civiles y militares se abstendrn de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia.

Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o funcin, se solicitarn por escrito o se recibirn en el despacho oficial de aqul, previo aviso.

2. Cuando se trate de auxilio o cooperacin por razn del cargo o de la funcin jurisdiccional, se prestar sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no est legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del Juez o Tribunal. La denegacin se comunicar a la autoridad peticionaria con expresin suficiente de la razn que la justifique.

Artculo cuatrocientos

Cuando en la instruccin de una causa penal fuere necesaria la declaracin de un Juez o Magistrado, y esta pudiera prestarse legalmente, no podr excusarse aqul de hacerlo. Si la autoridad judicial que hubiera de recibir la declaracin fuere de categora inferior, acudir al despacho oficial del Juez o Magistrado, previo aviso, sealndose da y hora.

CAPTULO IV
Del rgimen de asociacin profesional de los Jueces y Magistrados
Artculo cuatrocientos uno

De acuerdo con lo establecido en el artculo 127 de la Constitucin, se reconoce el derecho de libre asociacin profesional de Jueces y Magistrados, que se ejercer de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Las asociaciones de Jueces y Magistrados tendrn personalidad jurdica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Podrn tener como fines lcitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realizacin de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general. No podrn llevar a cabo actividades polticas ni tener vinculaciones con partidos polticos o sindicatos.

3. Las asociaciones de Jueces y Magistrados debern tener mbito nacional, sin perjuicio de la existencia de Secciones cuyo mbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia.

4. Los Jueces y Magistrados podrn libremente asociarse o no a asociaciones profesionales.

5. Slo podrn formar parte de las mismas quienes ostenten la condicin de Jueces y Magistrados en servicio activo. Ningn Juez o Magistrado podr estar afiliado a ms de una asociacin profesional.

6. Las asociaciones profesionales quedaran vlidamente constituidas desde que se inscriban en el registro que ser llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La inscripcin se practicar a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se acompaar el texto de los estatutos y una relacin de afiliados.

Slo podr denegarse la inscripcin cuando la asociacin o sus estatutos no se ajusten a los requisitos legalmente exigidos.

7. Los estatutos debern expresar, como mnimo, las siguientes menciones:

a) Nombre de la asociacin.

b) Fines especficos.

c) Organizacin y representacin de la asociacin. Su estructura interna y funcionamiento debern ser democrticos.

d) Rgimen de afiliacin.

e) Medios econmicos y rgimen de cuotas.

f) Formas de elegirse los cargos directivos de la asociacin.

8. La suspensin o disolucin de las asociaciones profesionales quedar sometida al rgimen establecido para el derecho de asociacin en general.

9. Sern de aplicacin supletoria las normas reguladoras del derecho de asociacin en general.

CAPTULO V
De la independencia econmica
Artculo cuatrocientos dos

1. El Estado garantiza la independencia econmica de los Jueces y Magistrados mediante una retribucin adecuada a la dignidad de la funcin jurisdiccional.

2. Tambin garantizar un rgimen de Seguridad Social que proteja a los Jueces y Magistrados y a sus familiares durante el servicio activo y la jubilacin.

Artculo cuatrocientos tres

El rgimen de retribuciones de los Jueces y Magistrados se regir por ley, atendiendo para su fijacin a la exclusiva y plena dedicacin a la funcin jurisdiccional, a la categora y al tiempo de prestacin de servicios. Se retribuir, adems, la responsabilidad del cargo y el puesto de trabajo.

Artculo cuatrocientos cuatro

Junto a las dems partidas correspondientes a retribuciones de Jueces y Magistrados, los Presupuestos Generales del Estado contendrn una consignacin anual para la dotacin de los Jueces de provisin temporal, Jueces de Paz, otras atenciones de personal judicial a que den lugar los preceptos de esta ley y dems exigencias de la Administracin de Justicia.

TTULO III
De la responsabilidad de los Jueces y Magistrados
CAPTULO I
De la responsabilidad penal
Artculo cuatrocientos cinco

La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigir conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artculo cuatrocientos seis

El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podr incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la accin popular.

Artculo cuatrocientos siete

Cuando el Tribunal Supremo, por razn de los pleitos o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algn acto de Jueces o Magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicar, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoacin de la causa. Lo mismo harn, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias.

Artculo cuatrocientos ocho

Cuando otras Autoridades judiciales tuvieren conocimiento, a travs de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisin de un delito o falta por un Juez o Magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarn al Juez o Tribunal competente, odo el Ministerio Fiscal, con remisin de los antecedentes necesarios.

Artculo cuatrocientos nueve

Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro rgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autnoma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la accin penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 406.

Artculo cuatrocientos diez

1. Para que pueda incoarse causa, en virtud de querella del ofendido, o en el caso de ejercerse la accin popular, con el objeto de exigir responsabilidad penal a Jueces o Magistrados, deber preceder un antejuicio con arreglo a los trmites que establecen las leyes procesales y la declaracin de haber lugar a proceder contra ellos.

2. Del antejuicio conocer el mismo Tribunal que, en su caso, deba conocer de la causa.

CAPTULO II
De la responsabilidad civil
Artculo cuatrocientos once

Los Jueces y Magistrados respondern civilmente por los daos y perjuicios que causaren cuando, en el desempeo de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa.

Artculo cuatrocientos doce

La responsabilidad civil podr exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en el juicio que corresponda.

Artculo cuatrocientos trece

1. La demanda de responsabilidad civil no podr interponerse hasta que sea firme la resolucin que ponga fin al proceso en que se suponga producido el agravio, ni por quien no haya reclamado oportunamente en el mismo, pudiendo hacerlo.

2. En ningn caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterar la resolucin firme recada en el proceso.

CAPTULO III
De la responsabilidad disciplinaria
Artculo cuatrocientos catorce

Los Jueces y Magistrados estn sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantas establecidas en esta ley.

Artculo cuatrocientos quince

1. La responsabilidad disciplinaria slo podr exigirse por la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en este captulo, incoado ya por propia iniciativa, ya a instancia del agraviado, o en virtud de orden judicial superior, o, a iniciativa del Ministerio Fiscal.

2. No se podr incoar expediente de responsabilidad disciplinaria en relacin con hechos objeto de causa penal, en tanto sta no haya concluido por sobreseimiento o sentencia absolutoria, suspendindose, en su caso, el trmite del expediente administrativo en curso, si despus de su iniciacin se incoara causa penal por el mismo hecho.

En tales supuestos, los plazos de prescripcin de los que habla el artculo siguiente de esta ley, comenzarn a computarse desde la conclusin de la causa penal.

3. En ningn caso un mismo hecho sancionado en causa penal podr ser objeto de un posterior expediente de responsabilidad disciplinaria.

Artculo cuatrocientos diecisis

1. Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos podrn ser leves, graves o muy graves.

2. Las faltas leves prescribirn a los dos meses; las graves, a los seis meses, y las muy graves, al ao desde la fecha de su comisin.

3. La prescripcin se interrumpir en el momento en que se inicie el procedimiento disciplinario.

Artculo cuatrocientos diecisiete

Se considerarn faltas muy graves:

1. La infraccin de las incompatibilidades establecidas en la presente ley.

2. La intromisin, dirigiendo rdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicacin o interpretacin de las leyes que corresponda a cualquier otro rgano jurisdiccional.

3. El abandono o el retraso injustificado y reiterado en el desempeo de la funcin jurisdiccional.

4. La ausencia injustificada, por ms de diez das, del lugar en que presten sus servicios.

5. Los enfrentamientos graves y reiterados, por causas imputables a los Jueces y Magistrados, con las Autoridades de la circunscripcin en que desempeen su cargo.

6. Las elecciones u omisiones que generen, conforme al artculo 411, responsabilidad civil.

7. La comisin de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves sin que hubieren sido canceladas las anotaciones correspondientes.

Artculo cuatrocientos dieciocho

Se considerarn faltas graves:

1. La falta de respeto ostensible a los superiores en el orden jerrquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.

2. La infraccin de las prohibiciones o deberes establecidos en la presente ley.

3. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda a los Secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les corresponden.

4. La ausencia injustificada por ms de tres das del lugar en que presten sus servicios.

5. Corregir la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico hecha por los inferiores en el orden jurisdiccional, salvo cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.

6. El exceso o abuso de autoridad respecto de los Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de los Juzgados y Tribunales y de los miembros del Ministerio Fiscal, Abogados, Procuradores y particulares que acudieren a los mismos en cualquier concepto.

7. La inasistencia injustificada a los juicios o vistas que estuvieran sealados, cuando no constituya falta muy grave.

8. El incumplimiento de la obligacin establecida en el apartado 3 del artculo 317 de esta ley y el retraso o desidia en el despacho de los asuntos que no pueda calificarse como muy grave.

9. La comisin de una falta de carcter leve habiendo sido sancionado anteriormente por otras dos leves, cuyas anotaciones no hubieran sido canceladas.

10. La recomendacin de cualesquiera asuntos de que conozcan los Juzgados y Tribunales.

Artculo cuatrocientos diecinueve

Se considerarn faltas leves:

1. La falta de respeto a los superiores jerrquicos que no constituya falta grave.

2. La desconsideracin con iguales o inferiores en el orden jerrquico judicial, con los miembros del Ministerio Fiscal, Abogados y Procuradores, con los Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de los Juzgados y Tribunales o con los particulares que acudieren a los mismos en cualquier concepto.

3. El retraso en el despacho de los asuntos o en su resolucin cuando no constituya falta ms grave.

4. La ausencia injustificada por tres das o menos del lugar en que presten servicios.

5. Las infracciones o la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecidos en esta ley, cuando no constituya infraccin ms grave.

Artculo cuatrocientos veinte

1. Las sanciones que se puedan imponer a los Jueces y Magistrados por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:

a) Advertencia.

b) Reprensin.

c) Multa de hasta cincuenta mil pesetas.

d) Suspensin de un mes a un ao.

e) Traslado forzoso.

f) Separacin.

2. Las faltas leves slo podrn sancionarse con advertencias o reprensin; las graves, con reprensin o multa, y las muy graves, con suspensin, traslado forzoso o separacin.

3. Las sanciones prescribirn a los cuatro meses en los casos de faltas leves, al ao en los casos de faltas graves y a los dos aos en los casos de faltas muy graves.

4. El plazo de prescripcin se computar a partir del da siguiente al en que adquiera firmeza la resolucin en que se imponga.

Artculo cuatrocientos veintiuno

Sern competentes para la imposicin de sanciones:

1. Para las correspondientes a faltas leves, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a los Jueces y Magistrados dependientes de los mismos.

2. Para las correspondientes a faltas graves, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, respectivamente, a los Jueces y Magistrados dependientes de cada una de ellas.

3. Para las correspondientes a faltas muy graves, la comisin disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, salvo las previstas en la regla siguiente.

4. Para las de traslado forzoso y separacin, el Pleno del Consejo General.

Artculo cuatrocientos veintids

1. La sancin de advertencia se impondr sin ms trmite que la audiencia del interesado, previa, de considerarse necesario, una sumaria informacin.

2. Las restantes sanciones debern ser impuestas por el procedimiento establecido en los artculos siguientes.

Artculo cuatrocientos veintitrs

El procedimiento disciplinario se iniciar por Acuerdo de la Sala de Gobierno o Presidente que deban conocer del mismo, o, en su caso, del Consejo General del Poder Judicial. En el acto que mande iniciar el procedimiento se designar un instructor de igual categora, al menos, a la de aqul contra el que se dirija el procedimiento. A propuesta del Instructor se designar un Secretario.

Artculo cuatrocientos veinticuatro

El Instructor podr proponer a la Comisin Disciplinaria del Consejo General, previa citacin de aqul contra el que se dirija el procedimiento, la suspensin provisional del mismo. La propuesta se har por conducto del Presidente o de la Sala de Gobierno, en su caso, y deber darse audiencia al Ministerio Fiscal y al interesado. Slo podr acordarse cuando aparezcan indicios racionales de la comisin de una falta muy grave.

Artculo cuatrocientos veinticinco

1. El Instructor practicar cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar la responsabilidad, con intervencin del Ministerio Fiscal y, en su caso, del interesado.

2. A la vista de aqullas, el Instructor formular, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrn los hechos imputados. El pliego de cargos se notificar al interesado para que pueda contestarlo en el plazo de ocho das y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia ser calificada por el Instructor.

3. Cumplido lo anterior, el Instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal, formular propuesta de resolucin, de la que se dar traslado al interesado, para que en el plazo de ocho das alegue lo que a su derecho convenga. Evacuado dicho trmite, o transcurrido el plazo para ello, se remitir lo actuado a la autoridad que hubiere ordenado iniciar el procedimiento para la decisin que proceda. Cuando esta autoridad entienda procedente una sancin que no est dentro de su competencia, elevar el procedimiento, con su propuesta, a la que sea competente.

4. Podrn las autoridades competentes devolver el expediente al Instructor para que formule pliego de cargos, comprenda otros hechos en el mismo o complete la instruccin.

5. La duracin del procedimiento sancionador no exceder de seis meses. Cuando, por razones excepcionales, se prolongase por mayor plazo, el Instructor deber dar cuenta cada diez das del estado de su tramitacin y de las circunstancias que impiden su conclusin a la autoridad que hubiere mandado proceder.

6. La resolucin que recaiga deber ser notificada al interesado y al Ministerio Fiscal, quienes podrn interponer contra la misma los recursos que legalmente procedan.

7. Las resoluciones en que se impongan sanciones de suspensin, traslado forzoso y separacin slo sern ejecutorias cuando hubieren ganado firmeza.

Artculo cuatrocientos veintisis

1. Las sanciones disciplinarias sern anotadas en el expediente personal del interesado, con expresin de los hechos imputados.

2. La autoridad que las impusiere cuidar de que se cumpla lo anterior.

Artculo cuatrocientos veintisiete

1. La anotacin de la sancin de advertencia quedar cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquiri firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposicin de sancin.

2. La anotacin de las restantes sanciones, con excepcin de la de separacin, podr cancelarse, a instancia del interesado y odo el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro aos desde la imposicin firme de la sancin, segn que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposicin de sancin.

3. La cancelacin borrar el antecedente a todos los efectos.

TTULO IV
De los Jueces en rgimen de provisin temporal
Artculo cuatrocientos veintiocho

1. Podrn cubrirse en rgimen de provisin temporal las vacantes de Jueces que resulten desiertas en los concursos, y hasta tanto se cubran por los procedimientos ordinarios.

2. En las convocatorias de oposiciones habrn de incluirse todas las plazas vacantes, incluidas las servidas por Jueces de provisin temporal. Estas ltimas debern anunciarse en los concursos de traslado al menos una vez al ao.

Artculo cuatrocientos veintinueve

Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ponderarn si los rganos jurisdiccionales vacantes pueden ser servidos adecuadamente mediante sustitucin, prrrogas de jurisdiccin o comisiones de servicio, o si stos son insuficientes para asegurar su regular funcionamiento. En este supuesto, elevarn al Consejo General del Poder Judicial una relacin de los Juzgados que exijan su provisin temporal inmediata, en unin de un informe razonado que lo justifique.

Artculo cuatrocientos treinta

El Consejo General, valorando dicho informe y todos los antecedentes de que disponga o estime necesario recabar, decidir si procede o no utilizar la aplicacin del rgimen extraordinario de provisin regulado en este ttulo, comunicando su decisin a la Sala de Gobierno correspondiente.

Artculo cuatrocientos treinta y uno

1. Cuando se autorizare este rgimen de provisin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia anunciar concurso de todas las vacantes a cubrir por este medio dentro de la Comunidad Autnoma, en el que slo podrn tomar parte aquellos licenciados en derecho que soliciten una, varias o todas las plazas convocadas y que renan los dems requisitos exigidos para el ingreso en la Carrera Judicial.

2. Tendrn preferencia:

a) Los que ostenten el ttulo de Doctor en Derecho.

b) Los que hayan ejercido cargo de Jueces sustitutos.

c) Los que hubieran aprobado oposiciones a otras carreras del Estado en que se exija el ttulo de licenciado en Derecho.

d) Los que acrediten docencia universitaria de disciplina jurdica.

e) Los que tengan mejor expediente acadmico.

3. De los nombramientos efectuados se dar cuenta al Consejo General, que los dejar sin efecto si no se ajustaren a la ley.

Artculo cuatrocientos treinta y dos

1. Los nombrados Jueces con carcter temporal quedarn sujetos, durante el tiempo en que desempearen dichos cargos, al estatuto jurdico de los miembros de la Carrera Judicial y tendrn derecho a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se sealen dentro de las previsiones presupuestarias.

2. Los nombramientos se harn por un ao, que podr prorrogarse por otro ms, con arreglo al mismo procedimiento, salvo lo previsto en la letra e) del apartado 1 del artculo siguiente.

Artculo cuatrocientos treinta y tres

1. Quienes ocuparen plazas judiciales en rgimen de provisin temporal cesarn:

a) Por transcurso del plazo para el que fueron nombrados.

b) Por dimisin, aceptada por la Sala de Gobierno que los nombr.

c) Por decisin de dicha Sala, cuando incurrieren en alguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin establecida en esta ley, previa una sumaria informacin con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal.

d) Por acuerdo de aqulla, cuando dejaren de atender diligentemente los deberes del cargo, con las mismas garantas en cuanto a procedimiento establecidas en el nmero anterior.

e) Cuando fuere nombrado un Juez titular para la plaza servida en rgimen de provisin temporal.

2. Los ceses, cualquiera que fuere la causa que los determine, se comunicarn al Consejo General del Poder Judicial.

TTULO V
Del Centro de Estudios Judiciales
Artculo cuatrocientos treinta y cuatro

1. El Centro de Estudios Judiciales es una entidad de Derecho pblico con personalidad jurdica propia dependiente del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Consejo General del Poder Judicial.

2. Tendr como funcin la colaboracin con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en la seleccin, formacin y perfeccionamiento de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Secretariado y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia.

La formacin y perfeccionamiento de los miembros de la Carrera Judicial se realizar bajo la exclusiva direccin del Consejo General del Poder Judicial.

3. Reglamentariamente se establecer la organizacin del Centro y designacin del personal directivo. Asimismo se establecern las relaciones permanentes del Centro con los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.

LIBRO V
DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE COOPERAN CON LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Y DE LOS QUE LA AUXILIAN
TTULO I
Del Ministerio Fiscal
Artculo cuatrocientos treinta y cinco

1. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros rganos, el Ministerio Fiscal tiene por misin promover la accin de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters publico tutelado por la ley, de oficio o a peticin de los interesados, as como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante stos la satisfaccin del inters social.

2. El Ministerio Fiscal se regir por lo que disponga su Estatuto orgnico.

TTULO II
De los Abogados y Procuradores
Artculo cuatrocientos treinta y seis

Corresponde en exclusiva la denominacin y funcin de Abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la direccin y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurdico.

Artculo cuatrocientos treinta y siete

1. En su actuacin ante los Juzgados y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarn al principio de buena fe, gozarn de los derechos inherentes a la dignidad de su funcin y sern amparados por aqullos en su libertad de expresin y defensa.

2. Los Abogados debern guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razn de cualquiera de las modalidades de su actuacin profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

Artculo cuatrocientos treinta y ocho

1. Corresponde exclusivamente a los Procuradores la representacin de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa.

2. Ser aplicable a los Procuradores lo dispuesto en el prrafo segundo del artculo anterior.

Artculo cuatrocientos treinta y nueve

1. Los Abogados y Procuradores, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarn juramento o promesa de acatamiento a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico.

2. La colegiacin de los Abogados y Procuradores ser obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los trminos previstos en esta ley y por la legislacin general sobre Colegios profesionales, salvo que acten al servicio de las Administraciones Pblicas o entidades pblicas por razn de dependencia funcionarial o laboral.

Artculo cuatrocientos cuarenta

1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrn designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que renan los requisitos exigidos por las leyes.

2. Se designarn de oficio, con arreglo a lo que en aqullas se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervencin. La defensa de oficio tendr carcter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los trminos en que establezca la ley.

3. En los procedimientos laborales y de seguridad social la representacin podr ser ostentada por graduado social colegiado.

Artculo cuatrocientos cuarenta y uno

Es obligacin de los poderes pblicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado, en los trminos establecidos en la Constitucin y en las leyes.

Artculo cuatrocientos cuarenta y dos

1. Los Abogados y Procuradores estn sujetos en el ejercicio de su profesin a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, segn proceda.

2. Las correcciones disciplinarias por su actuacin ante los Juzgados y Tribunales se regirn por lo establecido en esta ley y en las leyes procesales. La responsabilidad disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes Colegios y Consejos conforme a sus Estatutos, que debern respetar en todo caso las garantas de la defensa de todo procedimiento sancionador.

TTULO III
De la Polica Judicial
Artculo cuatrocientos cuarenta y tres

La funcin de la Polica Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguacin de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta funcin competer, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autnomas o de los Entes Locales, dentro del mbito de sus respectivas competencias.

Artculo cuatrocientos cuarenta y cuatro

1. Se establecern unidades de Polica Judicial que dependern funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeo de todas las actuaciones que aqullas les encomienden.

2. Por ley se fijar la organizacin de estas unidades y los medios de seleccin y rgimen jurdico de sus miembros.

Artculo cuatrocientos cuarenta y cinco

1. Corresponden especficamente a las unidades de Polica Judicial las siguientes funciones:

a) La averiguacin acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detencin de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.

b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.

c) La realizacin material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coercin y ordenare la autoridad judicial o fiscal.

d) La garanta del cumplimiento de las rdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.

e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperacin o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

2. En ningn caso podrn encomendarse a los miembros de dichas unidades la prctica de actuaciones que no sean las propias de la Polica Judicial o las derivadas de las mismas.

Artculo cuatrocientos cuarenta y seis

1. En las funciones de investigacin penal, la Polica Judicial actuar bajo la direccin de los Juzgados y Tribunales y del Ministerio Fiscal.

2. Los funcionarios de Polica Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuacin o investigacin concreta dentro de las competencias a que se refiere el artculo 443 de esta ley, no podrn ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la origino, si no es por decisin o con la autorizacin del Juez o Fiscal competente.

TTULO IV
De la representacin y defensa del Estado y dems Entes pblicos
Artculo cuatrocientos cuarenta y siete

1. La representacin y defensa del Estado y de sus Organismos Autnomos, salvo que, en cuanto a stos, sus disposiciones autoricen otra cosa, as como la de los rganos constitucionales, correspondern a los letrados integrados en los servicios jurdicos del Estado, sin perjuicio de que, para casos determinados y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.

2. La representacin y defensa de las Comunidades Autnomas y las de los Entes Locales correspondern a los letrados que sirvan en los servicios jurdicos de dichas Administraciones Pblicas, salvo que designen Abogado colegiado que les represente y defienda. Los letrados integrados en los servicios jurdicos del Estado podrn representar y defender a las Comunidades Autnomas en los trminos que se establecern reglamentariamente.

TTULO V
De las sanciones que puedan imponerse a los que intervienen en los pleitos o causas
Artculo cuatrocientos cuarenta y ocho

Los Abogados y Procuradores que intervengan en los pleitos y causas, cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o las leyes procesales, podrn ser corregidos a tenor de lo dispuesto en este ttulo, siempre que el hecho no constituya delito.

Artculo cuatrocientos cuarenta y nueve

Los Abogados y Procuradores sern tambin corregidos disciplinariamente por su actuacin ante los Juzgados y Tribunales:

1. Cuando en su actuacin forense faltaren oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.

2. Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren reiteradamente al que presida el Tribunal.

3. Cuando no comparecieren ante el Tribunal sin causa justificada una vez citados en forma.

4. Cuando renuncien injustificadamente a la defensa o representacin que ejerzan en un proceso, dentro de los siete das anteriores a la celebracin del juicio o vistas sealadas.

Artculo cuatrocientos cincuenta

1. Las correcciones que puedan imponerse a las personas a que se refieren los dos artculos anteriores son:

a) Apercibimiento.

b) Multa cuya mxima cuanta ser la prevista en el Cdigo Penal como pena correspondiente a las faltas.

2. La imposicin de la correccin de multa se har atendiendo a la gravedad, antecedentes y circunstancias de los hechos cometidos, y en todo caso se impondr siempre con audiencia del interesado.

Artculo cuatrocientos cincuenta y uno

1. La correccin se impondr por el Juez o por la Sala ante la que se sigan las actuaciones.

2. Podr imponerse en los propios autos o en procedimiento aparte. En todo caso, por el Secretario se har constar el hecho que motive la actuacin correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o por la Sala.

Artculo cuatrocientos cincuenta y dos

Contra el acuerdo de imposicin de la correccin podr interponerse, en el plazo de tres das, recurso de audiencia en justicia ante el Juez o la Sala, que lo resolvern en el siguiente da. Contra este acuerdo o contra el de imposicin de la sancin, en el caso de que no se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabr recurso de alzada, en el plazo de cinco das, ante la Sala de Gobierno, que lo resolver previo informe del Juez o de la Sala que impuso la correccin, en la primera reunin que celebre.

Artculo cuatrocientos cincuenta y tres

Cuando fuere procedente alguna de las correcciones especiales previstas en las leyes procesales para casos determinados, se aplicar, en cuanto al modo de imponerla y recursos utilizables, lo que establecen los dos artculos anteriores.

LIBRO VI
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
TTULO I
Disposiciones comunes
Artculo cuatrocientos cincuenta y cuatro

1. Bajo la denominacin de personal al servicio de la Administracin de Justicia se comprenden los Secretarios Judiciales, los Mdicos Forenses, los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales, as como los miembros de los Cuerpos que puedan crearse, por ley, para el auxilio y colaboracin con los Jueces y Tribunales.

2. Los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administracin de Justicia tendrn el carcter de Cuerpos nacionales. En ningn caso sern retribuidos por el sistema de arancel.

Artculo cuatrocientos cincuenta y cinco

Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administracin de Justicia, incluido en el artculo anterior, corresponden al Ministerio de Justicia, en todas las materias relativas a su Estatuto y rgimen jurdico, comprendidas la seleccin, formacin y perfeccionamiento, as como la provisin de destinos, ascensos, situaciones administrativas y rgimen disciplinario.

Artculo cuatrocientos cincuenta y seis

En todo lo no previsto en esta ley y en los reglamentos orgnicos respectivos, se aplicar al personal al servicio de la Administracin de Justicia, con carcter supletorio, lo dispuesto en la legislacin general del Estado sobre la funcin pblica.

Artculo cuatrocientos cincuenta y siete

Podrn aspirar a los Cuerpos que integren el personal al servicio de la Administracin de Justicia los espaoles mayores de edad que tengan el ttulo exigible en cada caso o estn en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicacin de la convocatoria, no hayan sido condenados, ni estn procesados ni inculpados por delito doloso, a menos que hubiesen obtenido la rehabilitacin o hubiere recado en la causa auto de sobreseimiento; no se hallen inhabilitados para el ejercicio de funciones pblicas, y no hayan sido separados mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Administraciones Locales, ni suspendidos para el ejercicio de funciones pblicas, en va disciplinaria o judicial, salvo que hubiesen sido debidamente rehabilitados.

Artculo cuatrocientos cincuenta y ocho

1. La seleccin del personal al servicio de la Administracin de Justicia se realizar mediante convocatoria pblica, de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mrito y capacidad, mediante pruebas selectivas en la forma en que dispone la presente ley y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

2. En las convocatorias podr, en su caso, establecerse como mrito valorable el manejo de mquinas autorizadas.

Artculo cuatrocientos cincuenta y nueve

1. Todos los que integren el personal al servicio de la Administracin de Justicia prestarn juramento o promesa al tomar posesin de su primer destino.

2. El juramento o promesa se prestar ante el Presidente del Tribunal, el de la Audiencia o ante el Juez donde sea destinado el funcionario segn corresponda.

3. Cuando fueren destinados a organismos distintos de los Juzgados o Tribunales, lo harn ante aquella autoridad a cuyas inmediatas rdenes hayan de estar.

Artculo cuatrocientos sesenta

La forma del juramento o promesa ser la siguiente:

Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi cargo frente a todos.

Artculo cuatrocientos sesenta y uno

1. Los Secretarios Judiciales debern abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran podrn ser recusados.

2. Sern aplicables a la recusacin de los Secretarios las prescripciones del captulo v, ttulo II, del libro III de esta ley. La pieza de recusacin se instruir cuando el recusado fuere un Secretario de Juzgado, Tribunal o Audiencia, por el propio Juez o por el Magistrado ponente, y se fallar por aqul o por la Sala o Seccin que conozca del proceso.

Artculo cuatrocientos sesenta y dos

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales estn obligados a poner en conocimiento del Juez o Presidente las causas que en ellos concurran y que pudieran justificar su abstencin en el pleito o causa.

2. Adoptarn aquellas autoridades, de oficio o a solicitud de parte, con audiencia del funcionario, en su caso, las medidas que procedan para garantizar su imparcialidad en las actuaciones judiciales.

Artculo cuatrocientos sesenta y tres

Se aplicarn a los Mdicos Forenses las prescripciones que, respecto a la recusacin de los peritos, establecen las leyes procesales.

Artculo cuatrocientos sesenta y cuatro

1. Sern corregidos disciplinariamente los funcionarios que integran al servicio de la Administracin de Justicia, si incurrieren en alguna de las faltas previstas en esta Ley para los Jueces y Magistrados, en cuanto les fueren aplicables o en los supuestos establecidos para los funcionarios de la Administracin Civil del Estado, en su caso.

2. Podrn imponrseles las sanciones previstas para Jueces y Magistrados, por el procedimiento establecido para las mismas. El instructor ser un Juez, Magistrado, Secretario o, en su caso, un miembro del Ministerio Fiscal; en ningn caso podr ser el Instructor el titular del Juzgado o Magistrado de la Sala en la que preste servicios el funcionario expedientado. El Instructor designar un Secretario de la misma o superior categora que el sujeto a expediente.

3. La sancin de advertencia se impondr por el respectivo Juez o Presidente; las de reprensin, multa y suspensin, por la correspondiente Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia; la de traslado forzoso, por el Ministro de Justicia, y la de separacin, por el Consejo de Ministros.

4. Las sanciones, con exclusin de la de advertencia, contra la que slo cabr splica ante el propio rgano que la dict, sern susceptibles de recurso para ante el Ministro de Justicia cuando hubieran sido impuestas por las Salas de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Las resoluciones del Ministerio de Justicia resolviendo el recurso anterior o, en su caso, imponiendo el traslado forzoso, as como las del Consejo de Ministros en todo caso, agotarn la va administrativa.

5. Las resoluciones sancionadoras que decidan definitivamente en va gubernativa sern recurribles ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de la misma.

Artculo cuatrocientos sesenta y cinco

1. El procedimiento disciplinario se iniciar por acuerdo de la autoridad competente, ya por propia iniciativa, ya a instancia del agraviado, o en virtud de orden superior o a iniciativa del Ministerio Fiscal.

2. El Instructor podr proponer al Ministro de Justicia la suspensin provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario, con audiencia del Ministerio Fiscal y del interesado.

Artculo cuatrocientos sesenta y seis

La autoridad competente para sancionar lo es para decretar la cancelacin y la rehabilitacin.

Artculo cuatrocientos sesenta y siete.

La jubilacin forzosa por edad de los Secretarios y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia ser a los sesenta y cinco aos.

Artculo cuatrocientos sesenta y ocho

El personal que sirva en las Fiscalas podr ser corregido disciplinariamente, en la forma establecida en los artculos 464 y siguientes de esta ley, por los rganos del Ministerio Fiscal, con arreglo a lo dispuesto en su Estatuto y Reglamento.

Artculo cuatrocientos sesenta y nueve

1. Sin perjuicio de lo dems dispuesto en el presente ttulo, los Jueces y Tribunales podrn recabar el auxilio, colaboracin o asesoramiento de cualesquiera funcionarios u rganos tcnicos de la Administracin Pblica, que vendrn obligados a prestrselos.

2. Asimismo, podr disponerse, a solicitud del Consejo General del Poder Judicial, la adscripcin, a determinados rganos jurisdiccionales, de funcionarios pertenecientes a Cuerpos Tcnicos o Facultativos de la Administracin, para desempeo permanente de las facultades sealadas en el apartado anterior, los cuales quedarn en la situacin que determine su legislacin especfica.

Artculo cuatrocientos setenta

1. El personal al servicio de la Administracin de Justicia a que se refiere el artculo cuatrocientos cincuenta y nueve ejercer libremente el derecho de sindicacin de acuerdo con lo previsto en la legislacin general del Estado para funcionarios pblicos.

2. El ejercicio del derecho de huelga por parte del personal a que se refiere el apartado anterior se ajustar a lo establecido en la legislacin general del Estado para funcionarios pblicos, aunque estar en todo caso sujeto a las garantas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administracin de Justicia.

Artculo cuatrocientos setenta y uno

En los concursos para la provisin de plazas en el territorio de aquellas Comunidades Autnomas que tengan una lengua oficial propia, se valorar como mrito el conocimiento de sta en los trminos que se establecern reglamentariamente.

TTULO II
De los Secretarios Judiciales
Artculo cuatrocientos setenta y dos

Los Secretarios Judiciales integran un solo Cuerpo, que se regir por lo establecido en esta ley y en las normas reglamentarias orgnicas que la desarrollen.

Artculo cuatrocientos setenta y tres

1. Los Secretarios Judiciales ejercen la fe pblica judicial y asisten a los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en esta ley y en las leyes procesales.

2. Les corresponde ostentar la jefatura directa del personal de la Secretara de que son titulares, sin perjuicio de la superior direccin de Jueces y Presidentes.

3. A los Secretarios corresponde la guarda y deposito de la documentacin, su archivo, y la conservacin de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, as como responden del debido depsito, en las instituciones legales, de cuantas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan.

4. Igualmente estar a su cargo la confeccin de la estadstica judicial.

Artculo cuatrocientos setenta y cuatro

Los Secretarios Judiciales estn sujetos a las incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y situaciones establecidas en esta ley para los Jueces y Magistrados, con excepcin de las prohibiciones previstas en el artculo 395.

Artculo cuatrocientos setenta y cinco

Para el ingreso en el Cuerpo de Secretarios judiciales se requiere la licenciatura en Derecho y no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad absoluta, superar las pruebas selectivas correspondientes y un curso en el Centro de Estudios Judiciales.

Artculo cuatrocientos setenta y seis

1. Las categoras del Cuerpo de Secretarios Judiciales son tres.

2. Se proveern entre los funcionarios pertenecientes a la primera categora las plazas de Secretario y Vicesecretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Secretarios de Sala de dicho alto Tribunal, Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, Secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

3. Las Secretaras de las Salas de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias Provinciales y de Juzgados servidos por Magistrados se proveern entre los Secretarios pertenecientes a la segunda categora.

4. Las Secretaras de los Juzgados que no han de ser servidos por Magistrados se cubrirn con funcionarios de tercera categora.

Artculo cuatrocientos setenta y siete

El ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales tendr lugar por la tercera categora.

Artculo cuatrocientos setenta y ocho

1. Se reservar en el Cuerpo de Secretarios Judiciales una de cada seis vacantes de la tercera categora al personal del Cuerpo de Oficiales que est en posesin del ttulo de licenciado en Derecho y lleve, al menos, cinco aos de servicios efectivos en aqul.

2. La seleccin de los aspirantes por este turno se har por concurso, con arreglo a baremo de mritos preestablecido, en funcin de su historial acadmico y profesional, y de su antigedad.

3. Los seleccionados tendrn que superar un curso en el Centro de Estudios Judiciales, en la forma que reglamentariamente se establezca.

4. Las vacantes que no se cubran por este turno acrecern al turno general.

Artculo cuatrocientos setenta y nueve

1. El Secretario y Vicesecretario de Gobierno del Tribunal Supremo sern nombrados, entre los Secretarios de primera categora que lo soliciten, por el Ministerio de Justicia, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, entre los peticionarios que acrediten ms de quince aos de servicios efectivos.

2. Las restantes vacantes del Cuerpo se anunciarn a concurso de traslado entre Secretarios de la categora que corresponda, y el nombramiento recaer en el solicitante con mejor puesto escalafonal. La plaza o plazas que resultaren desiertas se proveern con quienes sean promovidos a la categora correspondiente o ingresen en el Cuerpo, segn criterio de antigedad.

Artculo cuatrocientos ochenta

1. La promocin a la primera categora se har por concurso entre Secretarios de la segunda, que se resolver en favor del concursante que ostente el mejor puesto en el escalafn.

2. De cada tres vacantes que se produzcan en la segunda categora, dos se proveern con los Secretarios de la tercera categora que ocuparen el primer lugar en el escalafn, y una por medio de pruebas selectivas entre Secretarios de la tercera categora que hubieran prestado tres aos de servicio en ella. Las plazas de este turno que quedaren desiertas acrecern al turno de antigedad.

Artculo cuatrocientos ochenta y uno

1. Las vacantes de Secretarios de Juzgados de Paz se anunciarn a concurso entre funcionarios del Cuerpo de Oficiales, cubrindose con arreglo al siguiente orden de preferencia:

a) Oficiales que estuvieren en posesin del ttulo de licenciado en Derecho.

b) Oficiales titulares de una Secretara de Juzgado de Paz.

c) Dems Oficiales.

2. La preferencia dentro de estos grupos se producir por el mejor puesto escalafonal.

Artculo cuatrocientos ochenta y dos

1. Podrn cubrirse en rgimen de provisin temporal las Secretaras que hayan de ser servidas por miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de la ltima categora que resulten desiertas en los concursos de traslado y no puedan ser provistas hasta que se celebren nuevas pruebas de ingreso en dicho Cuerpo, cuando no puedan atenderse adecuadamente mediante el mecanismo ordinario de sustitucin o ste sea insuficiente para asegurar su regular funcionamiento.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior ser aplicable a las Secretaras de los Juzgados de Paz cuando resultaren desiertas en los concursos de traslado.

3. El rgimen de provisin temporal se ajustar a lo establecido en el ttulo IV del libro IV, en cuanto resulte aplicable.

Artculo cuatrocientos ochenta y tres

Los Secretarios sern sustituidos con sujecin a la siguientes reglas:

1. El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, por el Vicesecretario y, en su defecto, por el Secretario de Sala ms antiguo.

2. Los Secretarios de Gobierno de los restantes Tribunales, por turno entre los Secretarios de Sala.

3. Los Secretarios de Sala y los de las Audiencias Provinciales por los dems de la propia Sala o Audiencia y, en su defecto, por los de las restantes Salas o, por un Oficial, con preferencia para los licenciados en Derecho.

4. Los Secretarios de los Juzgados se sustituirn entre s dentro del mismo orden jurisdiccional, y cuando no fuere esto posible o lo aconsejaren las necesidades del servicio, sustituir al Secretario un Oficial, con preferencia de aquel que sea licenciado en Derecho.

5. La designacin de Oficial sustituto del Secretario, cuando hubiere ms de uno en la Secretara, corresponder al Juez o Presidente, a propuesta, en su caso, del titular de sta.

TTULO III
De los Oficiales, Auxiliares y Agentes
Artculo cuatrocientos ochenta y cuatro

1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes son funcionarios de carrera que prestan sus servicios en los Juzgados y Tribunales.

2. Tambin podrn desempear sus funciones en el Consejo General del Poder Judicial y organismos y servicios de la Administracin de Justicia.

3. Prestarn servicio en las Fiscalas los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracin de Justicia necesarios para las atenciones de las mismas, segn la plantilla que se fije por el Ministerio de Justicia, odo el Consejo Fiscal.

4. En los Juzgados y Tribunales estarn bajo la direccin del Secretario, quien responder del buen funcionamiento de la Secretara. El Juez o Presidente ostenta, sin embargo, la superior inspeccin.

Artculo cuatrocientos ochenta y cinco

Los Oficiales que presten servicios en Juzgados y Tribunales realizan las labores de tramitacin de los asuntos y otras que se les encomienden de la misma naturaleza, de acuerdo con lo que determinen las leyes y reglamentos; efectan los actos de comunicacin que les atribuye la ley y sustituyen a los Secretarios cuando stos no se sustituyan entre s.

Artculo cuatrocientos ochenta y seis

Los Auxiliares que presten servicios en Juzgados y Tribunales realizarn las funciones de colaboracin en el desarrollo general de la tramitacin procesal, las de registro, las tareas ejecutivas no resolutorias, los actos de comunicacin que les atribuya la ley; podrn sustituir, en su caso, a los Oficiales, y cumplen aquellas otras funciones que se les encomiendan de acuerdo con la ley y los reglamentos.

Artculo cuatrocientos ochenta y siete

Los Agentes Judiciales guardan y hacen guardar Sala; son ejecutores de los embargos, lanzamientos y dems actos cuya naturaleza lo requiera; realizan los actos de comunicacin no encomendados a otros funcionarios; actan como Polica Judicial con carcter de Agentes de la autoridad; y se ocupan de las funciones de vigilancia, custodia, porteo y otras anlogas, relacionadas con la funcin, que les puedan ser encomendadas, dentro de lo que establezcan los reglamentos.

Artculo cuatrocientos ochenta y ocho

Cuando los Oficiales, Auxiliares y Agentes desarrollen su funcin en otros Centros, organismos y servicios, se ocuparn de las tareas propias del puesto que se les asigne, que sern anlogas a las expresadas, en sus respectivos casos, en los artculos anteriores.

Artculo cuatrocientos ochenta y nueve

Los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales estn sujetos a las causas de incompatibilidad que se preven en la legislacin de incompatibilidades de funcionarios al servicio de las Administraciones Pblicas. En todo caso son incompatibles:

1. Con el ejercicio de funciones jurisdiccionales en cualquier Juzgado o Tribunal.

2. Con todo empleo, cargo o profesin retribuida, salvo la docencia o investigacin jurdica, as como la produccin y creacin literaria, artstica, cientfica y tcnica, y las publicaciones derivadas de aqulla, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

3. Con el ejercicio de la abogaca o el de la procuradura o cualquier otra profesin que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

4. Con los empleos al servicio de Abogado o Procurador.

5. Con la condicin de agente de seguros y la de empleado de los mismos o de una compaa de seguros.

6. Con el desempeo de los cargos de gerente, consejero o asesor de empresas que persigan fines lucrativos.

7. Con el ejercicio de las funciones periciales ante los Tribunales y Juzgados.

8. Con la de Gestor Administrativo, o empleado de los mismos en estas actividades.

Artculo cuatrocientos noventa

Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficiales deben tener ttulo de Bachiller o equivalente. En el Cuerpo Auxiliar, el de Graduado Escolar o equivalente, y en el Cuerpo de Agentes, el certificado de escolaridad o equivalente.

Artculo cuatrocientos noventa y uno

1. Las pruebas de seleccin y perfeccionamiento podrn celebrarse en los diversos territorios judiciales.

2. Los que superaren dichas pruebas y no obtuvieren destino, sern considerados aspirantes de los respectivos Cuerpos y cubrirn por su orden las vacantes que se produzcan.

Artculo cuatrocientos noventa y dos

Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar, con cinco aos, al menos, de servicios efectivos y sin nota desfavorable en el expediente, que, con arreglo a baremo de mritos preestablecido, acrediten condiciones de preparacin y responsabilidad para cargo superior y estn en posesin del ttulo de Bachiller o equivalente, podrn ingresar en el Cuerpo de Oficiales por un turno restringido y en la forma que reglamentariamente se determine. Se reservar la mitad de las vacantes para su provisin por este turno. Las que no se cubran por este procedimiento acrecern al turno libre.

Artculo cuatrocientos noventa y tres

Los Agentes Judiciales con tres aos, al menos, de servicios efectivos y sin nota desfavorable en el expediente que, con arreglo a baremo de mritos preestablecido, acrediten condiciones de preparacin y responsabilidad para cargo superior y se hallen en posesin del ttulo correspondiente, podrn ingresar en el Cuerpo Auxiliar por un turno restringido, en la forma que reglamentariamente se determine. La mitad de las vacantes que se produzcan se reservarn para su provisin por este turno. Las plazas no cubiertas por este procedimiento acrecern al turno general.

Artculo cuatrocientos noventa y cuatro

1. La provisin de vacantes en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes se efectuar mediante concurso de traslado.

2. Las plazas se adjudicarn a los solicitantes de mayor antigedad de servicios efectivos en el Cuerpo de que se trate, y las que resultaren desiertas se cubrirn con quienes ingresen en el Cuerpo segn el orden obtenido en las pruebas de seleccin.

Artculo cuatrocientos noventa y cinco

1. No podrn concursar los electos ni los que se encuentren en situacin de las previstas en esta ley que se lo impida.

2. Tampoco podrn concursar los que no llevaren en destino al que hubieren tenido acceso voluntariamente el plazo que reglamentariamente se determine, y que no ser inferior a un ao.

Artculo cuatrocientos noventa y seis

Cada ao, al menos, se convocarn pruebas selectivas para proveer todas las vacantes que no hayan sido cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en los artculos anteriores.

TTULO IV
De los Mdicos Forenses y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia
Artculo cuatrocientos noventa y siete

1. Los Mdicos Forenses constituyen un Cuerpo titulado superior al servicio de la Administracin de Justicia.

2. Estarn a las inmediatas rdenes de los Jueces, Tribunales y Fiscales de la poblacin o poblaciones para las que fueren nombrados.

3. Adems de lo establecido en la legislacin sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas, ser, en todo caso, incompatible con la funcin de mdico de empresa o de entidades aseguradoras, con cargos pblicos electivos, y no podrn desarrollar actividades que menoscaben el ejercicio de sus funciones.

Artculo cuatrocientos noventa y ocho

1. Los Mdicos Forenses desempearn funciones de asistencia tcnica a los Juzgados, Tribunales y Fiscalas en las materias de su disciplina profesional, con sujecin, en su caso, a lo establecido en las leyes procesales.

2. Les corresponder, tambin con arreglo a lo que disponen dichas leyes, la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos lesionados o enfermos que se hallaren bajo la jurisdiccin de aqullos, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.

3. Los Mdicos Forenses se abstendrn de intervenir como particulares en los casos que pudieren tener relacin con sus funciones.

Artculo cuatrocientos noventa y nueve

1. Los aspirantes al Cuerpo de Mdicos Forenses debern ser licenciados en Medicina. Su ingreso se efectuar mediante la superacin de las correspondientes pruebas selectivas.

2. El Centro de Estudios Judiciales con el asesoramiento y cooperacin de los organismos competentes, elaborar los programas de seleccin y perfeccionamiento.

Artculo quinientos

1. Las plazas vacantes de Mdicos Forenses se proveern mediante concurso, que se resolver en favor de quienes tengan mejor puesto en el escalafn.

2. No obstante, cuando la plaza vacante sea de una concreta especialidad o exigiere su desempeo determinadas condiciones, en la resolucin del concurso que la anuncie tendrn preferencia quienes acrediten la especializacin correspondiente o renan las condiciones o mritos exigidos, y, en caso de igualdad, ser preferido el que tenga mejor puesto escalafonal.

Artculo quinientos uno

1. Los destinos sern a una poblacin o a un Instituto de Medicina Legal, regional o provincial, con especificacin del cargo o de la funcin a desempear por razn de especializacin.

2. En todo caso, podrn crearse Agrupaciones de Forensas servidas por un solo Mdico Forense.

Artculo quinientos dos

La adjudicacin de las plazas desiertas a funcionarios de nuevo ingreso se har segn el orden obtenido en las pruebas de seleccin, con arreglo a las peticiones de los interesados y a las caractersticas del cargo o especialidades de la funcin.

Artculo quinientos tres

1. Por el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, odos, en su caso, los directores de los Institutos de Medicina Legal, se dictarn las normas precisas sobre actuacin de los Mdicos Forenses ante los rganos radicados en cada mbito territorial y sobre adscripcin de aqullos a efectos gubernativos a rganos jurisdiccionales o Fiscales determinados.

2. La adscripcin se har a los Juzgados, Decanatos, Audiencias, Tribunales o Fiscalas que tengan su sede en la poblacin de la residencia oficial del Mdico Forense.

Artculo quinientos cuatro

1. En las capitales de provincia en las que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia y haya Facultad de Medicina, existir un Instituto Regional de Medicina Legal. Tambin existir en aquellas capitales de provincia en las que tengan su sede Salas del Tribunal Superior de Justicia con jurisdiccin en una o ms provincias y haya Facultad de Medicina. En las dems capitales de provincia existir un Instituto Provincial.

2. Tanto en los Institutos Regionales como en los Provinciales prestarn sus servicios los Mdicos Forenses necesarios para cubrir las necesidades de todos los rganos judiciales de la respectiva demarcacin. Adems, en los Institutos Regionales prestarn servicios quienes ejercen docencia en los departamentos de Medicina Legal, en la forma en que reglamentariamente se determine.

Artculo quinientos cinco

1. El Instituto de Toxicologa es un rgano tcnico adscrito al Ministerio de Justicia cuya misin es auxiliar a la Administracin de Justicia.

2. En sus funciones tcnicas tendr carcter independiente y emite sus informes de acuerdo a la reglas de investigacin cientfica que estime adecuadas.

3. Son funciones del Instituto de Toxicologa.

a) Emitir los informes y dictmenes que soliciten las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

b) Practicar los anlisis e investigaciones toxicolgicas que sean ordenadas por los Mdicos Forenses y las autoridades judiciales o gubernativas, o del Ministerio Fiscal.

Artculo quinientos seis

1. En los Institutos de Medicina Legal, tanto Regionales como Provinciales, un Mdico Forense ejercer la direccin del Centro en la forma que reglamentariamente se determine.

2. En ellos prestarn servicios Ayudantes Tcnicos Sanitarios, que se seleccionarn mediante pruebas especficas encaminadas a valorar la preparacin para el ejercicio de sus funciones y que no podrn ser destinados ms que en los citados organismos. Se asimilarn a los Oficiales de la Administracin de Justicia.

3. Asimismo, podrn existir Auxiliares, que se seleccionarn tambin mediante pruebas especficas y que no podrn ser destinados ms que en los citados organismos. Se asimilarn a los Auxiliares de la Administracin de Justicia.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los dos prrafos anteriores, en dichos Centros prestarn servicios los Auxiliares y Agentes de la Administracin de Justicia que determine la plantilla.

Artculo quinientos siete

1. Los Mdicos titulares de los servicios oficiales de sanidad sustituirn a los Mdicos Forenses en las intervenciones que, en caso de urgencia, les sean encomendadas por la autoridad, judicial o fiscal.

2. En caso necesario, auxiliarn a los Mdicos Forenses.

Artculo quinientos ocho

1. Adems de los funcionarios de los Cuerpos citados en los artculos precedentes, podrn prestar servicios en la Administracin de Justicia los profesionales y expertos que sean permanente u ocasionalmente necesarios para auxiliarla.

2. Los profesionales referidos en el apartado anterior podrn constituir Cuerpos Tcnicos o Escalas especializadas al servicio de la Administracin de Justicia, y su seleccin, as como sus derechos, deberes e incompatibilidades especficas se determinarn reglamentariamente, sin perjuicio, para estas ltimas, del rgimen general establecido para el personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

3. Tambin podrn ser contratados en rgimen laboral por el Ministerio de Justicia.

4. Cuando se trate de funcionarios de las Administraciones Pblicas, stos actuarn bajo la dependencia funcional del Tribunal o Juzgado respectivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

1. En el plazo de un ao, el Gobierno remitir a las Cortes Generales los proyectos de ley de planta de demarcacin Judicial, de reforma de la legislacin tutelar de menores, del proceso contencioso-administrativo, de conflictos jurisdiccionales y del jurado.

2. Asimismo y en idntico plazo, el Gobierno aprobar los Reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley Orgnica.

Segunda

1. Los Tribunales Superiores de Justicia tendrn su sede en la ciudad que indiquen los respectivos Estatutos de Autonoma.

2. Si no la indicaren, tendrn su sede en la misma ciudad en que la tenga la Audiencia Territorial existente en la Comunidad Autnoma a la fecha de entrada en vigor de esta ley.

3. En aquellas Comunidades Autnomas donde existan ms de una Audiencia Territorial en el momento de entrar en vigor esta ley, una ley de la propia Comunidad Autnoma establecer la sede del Tribunal Superior de Justicia en alguna de las sedes de dichas Audiencias Territoriales, salvo que las instituciones de autogobierno de la respectiva Comunidad Autnoma hubieran ya fijado dicha sede de acuerdo con lo previsto en su Estatuto.

4. En los restantes casos, el Tribunal Superior de Justicia tendr su sede en la capital de la Comunidad Autnoma.

Tercera

1. En aquellas Comunidades Autnomas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, exista ms de una Audiencia Territorial, se crean, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 78, una Sala de lo Contencioso-Administrativo y otra de lo Social, integradas en el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Tendrn la composicin y extendern su jurisdiccin a las provincias que seale la legislacin de planta y demarcacin, y su sede en la ciudad en que la tenga, a la entrada en vigor de esta ley, una de las Audiencias Territoriales, siempre que en ella no haya de radicarse el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma.

2. En Santa Cruz de Tenerife se crean una Sala de lo Social y otra de lo Contencioso-Administrativo, integradas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Extendern su jurisdiccin a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y su composicin vendr determinada en la Ley de Planta.

Cuarta

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley se proceder a la constitucin del rgano colegiado al que corresponde resolver los conflictos de jurisdiccin que se planteen entre los Tribunales y la Administracin. Los plenos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado designarn miembros respectivos con antelacin suficiente. Una vez constituido dicho rgano colegiado en la propia sede del Tribunal Supremo, se anunciar ello en el Boletn Oficial del Estado, a fin de que asuma, desde el da siguiente, las competencias que la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948, atribuye al Jefe del Estado y al Consejo de Ministros, incluso respecto de los conflictos que se hallaren en tramitacin.

Quinta

1. El recurso de reforma podr interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia en materia de ejecucin de penas sern recurribles en apelacin y queja ante el Tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelacin contra resolucin administrativa que no se refiera a la clasificacin del penado.

3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia en lo referente al rgimen penitenciario y dems materias no comprendidas en el nmero anterior sern recurribles en apelacin o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelacin contra resolucin administrativa. Conocer de la apelacin o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcacin el establecimiento penitenciario.

4. El recurso de queja a que se refieren los nmeros anteriores slo podr interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisin de un recurso de apelacin.

5. Se aplicar a los recursos lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien slo podrn recurrir el Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional, sin que estos ltimos precisen de asistencia letrada o representacin por Procurador en cuanto al recurso de reforma. En todo caso, el Fiscal ser parte en cuantos recursos se prevn en la presente disposicin.

Sexta

1. Quedan suprimidos los Tribunales arbitrales de censos de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lrida y Gerona.

2. La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles en materia de censos en Catalua, regulados por la Ley de 31 de diciembre de 1945, queda atribuida a los Jueces de Primera Instancia competentes en razn del lugar en que est situada la finca, que conocern de esta materia por los trmites del juicio declarativo que corresponda por la cuanta.

3. Los Tribunales Arbitrales de Censos de Catalua, sin perjuicio de lo dispuesto en prrafos anteriores, continuarn la tramitacin de los procedimientos en curso, incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, hasta su terminacin, incluida la ejecucin de sentencias.

4. La respectiva Audiencia Provincial se har cargo de los archivos de los Tribunales suprimidos.

Sptima

Cuando los Estatutos de Autonoma atribuyan a los rganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autnoma el conocimiento de los recursos contra la calificacin de ttulos sujetos a inscripcin en un Registro de la Propiedad de la Comunidad, corresponder al Presidente del Tribunal Superior de Justicia la resolucin del recurso. El Presidente resolver definitivamente en va gubernativa cuando el recurso se funde en el Derecho Civil, Foral o especial privativo de la Comunidad Autnoma. En otro caso, su decisin ser apelable, conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

Octava

1. La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles sobre impugnacin de acuerdos sociales establecidos en la Ley de 17 de julio de 1951, sobre rgimen jurdico de las Sociedades Annimas, y en la Ley 52/1974, de 19 de diciembre, General de Cooperativas, as como los que versen sobre nulidad de registro de cualquiera de las modalidades de la Propiedad Industrial a que se refiere la Real Orden de 30 de abril de 1930, por la que se aprueba el texto refundido del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, sobre Propiedad Industrial, quedar en todo caso atribuida a los Jueces de Primera Instancia que resulten competentes con arreglo a las mismas disposiciones.

2. Sus resoluciones sern apelables para ante la Sala competente, cuyas sentencias sern, a su vez, susceptibles de recurso de casacin cuando ello proceda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Novena

El artculo 34 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, quedar redactado como sigue:

Las categoras de la Carrera Fiscal sern las siguientes:

1. Fiscales de la Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados de Alto Tribunal. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendr la consideracin de Presidente de Sala.

2. Fiscales equiparados a Magistrados.

3. Abogados-Fiscales equiparados a Jueces.

Dcima

1. La Ley de Planta determinar las plazas que, en el Ministerio de Justicia, sern servidas por miembros de la Carrera Judicial.

2. Las referidas plazas se cubrirn por concurso de mritos, que convocar y resolver el Ministro de Justicia en la forma que se determine reglamentariamente.

Undcima

Queda autorizado el Gobierno para actualizar cada cinco aos las cuantas de las multas mencionadas en el texto.

Duodcima

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia y previo dictamen del Consejo de Estado, aprobar en el plazo de un ao un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que se contengan las modificaciones derivadas de la legislacin posterior a la misma y se regularicen, aclaren y armonicen los textos legales refundidos.

Decimotercera

1. Queda suprimido el Tribunal Arbitral de Seguros. Se atribuye a los rganos del orden juirisdiccional civil el conocimiento de todos los asuntos litigiosos anteriormente asignados a la competencia de aqul.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Arbitral de Seguros resolver expresamente, en el plazo mximo de un ao, todos los asuntos litigiosos que se hallasen pendientes ante l con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgnica. Dictada resolucin expresa o, en cualquier caso, transcurrido el citado plazo de un ao, que se contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Orgnica, los interesados podrn deducir sus pretensiones directamente ante los correspondientes rganos de la jurisdiccin civil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.–Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

1. Hasta que entre en vigor la Ley de Planta, continuarn funcionando las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo existentes en el Tribunal Supremo.

2. En dicha Ley se regular la situacin de quienes en la fecha de su entrada en vigor sean Presidentes de las citadas Salas.

Segunda.–Tribunales Superiores de Justicia.

1. En el plazo de un ao, a partir de la entrada en vigor de esta ley, se constituirn los Tribunales Superiores de Justicia y, una vez en funcionamiento, desaparecern las Audiencias Territoriales.

2. En tanto no entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, subsistirn las Audiencias Territoriales existentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, as como la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

3. Hasta que entren en funcionamiento los Tribunales Superiores de Justicia, las competencias que la presente ley atribuye a su Sala de lo Civil y Penal continuarn residenciadas en las Salas del Tribunal Supremo que actualmente las tienen atribuidas, salvo que los Estatutos de Autonoma las atribuyan a la respectiva Audiencia Territorial.

4. Los Magistrados destinados en las Salas de lo Civil de las Audiencias Territoriales pasarn, cuando stas sean suprimidas, a prestar servicio en el Tribunal Superior o Audiencias correspondientes de la sede donde aqullas se encuentren radicadas, de conformidad con los criterios que establezca la Ley de Planta.

5. Los Magistrados de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Territoriales, cuando stas sean suprimidas, se integrarn en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Tercera.–Juzgados de Primera Instancia e Instruccin y Juzgados de Distrito.

1. El Gobierno, dentro del ao siguiente a la promulgacin de la Ley de Demarcacin, odo el Consejo General del Poder Judicial, efectuar la conversin de los actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, o, en su caso, de Paz, con arreglo a las siguientes reglas:

1. En las poblaciones donde estuvieran separados los rdenes civil y penal, los Juzgados de Distrito pasarn a ser Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, servidos por el mismo personal que tienen en la actualidad, excepto los encargados con exclusividad del Registro Civil, que pasarn a ser Juzgados de Primera Instancia.

2. En las dems poblaciones, cuyos Juzgados de Primera Instancia e Instruccin se hallaren servidos por Magistrados, los Juzgados de Distrito se convertirn en Juzgados de Primera Instancia e Instruccin y continuarn prestando servicio en los mismos los Jueces titulares y dems personal en ellos destinados.

3. En los Juzgados de Distrito a convertir segn la regla anterior, los Jueces titulares a quienes por antigedad correspondiera ascender, durante el plazo previsto para la conversin, permanecern con la categora de Magistrados, conservando su nmero en el escalafn en el mismo Juzgado, no surtiendo efectos econmicos el ascenso hasta que la conversin se efecte. El ascendido podr optar por la efectividad inmediata del ascenso, con cambio de destino.

4. En las poblaciones con Juzgados de Primera Instancia e Instruccin servidos por Jueces se aplicar lo dispuesto en la norma anterior, salvo que, por el escaso volumen de trabajo, resulte procedente la supresin del Juzgado o Juzgados de Distrito existentes.

En este ltimo supuesto, el Juez y Secretario destinados en el Juzgado que se suprima gozarn, por una sola vez, de preferencia para ocupar las vacantes existentes en el Juzgado o Juzgados de Primera Instancia e Instruccin de la localidad, al que, en otro caso, quedarn adscritos en la forma y con las funciones que, con carcter general, establezca el Consejo General del Poder Judicial, hasta tanto ocupen otra plaza en propiedad en su propio Cuerpo o Carrera, en los concursos que reglamentariamente se convoquen y a los que necesariamente habrn de concurrir, reconocindoseles preferencia para ocupar las vacantes que se produzcan dentro de la misma provincia.

Si no obtuvieren destino en los tres primeros concursos que se convoquen, podrn ser destinados con carcter forzoso a las vacantes existentes.

El personal asistencial y colaborador quedar adscrito al Juzgado o Juzgados de Primera Instancia e Instruccin al que pertenezca el de Distrito, y gozar de preferencia para ocupar las vacantes que en ellos se produzcan.

5. Los Juzgados de Distrito que radiquen en poblaciones que no sean cabeza de partido judicial se convertirn en Juzgados de Primera Instancia e Instruccin cuando las necesidades del servicio lo aconsejaren, y continuarn servidos por los Jueces y dems personal en ellos destinados.

Los restantes Juzgados de Distrito sern sustituidos por Juzgados de Paz, y el Juez, Secretario y el personal que en aqullos prestaban servicios gozarn, en su caso, de la adscripcin provisional y preferencias establecidas en la regla 4.

6. En aquellas poblaciones en las que en la actualidad hubiese dos o ms Juzgados de Distrito y no estuviese unificado el Registro Civil, se determinar el Juzgado de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instruccin encargado de llevar aquel servicio.

2. Producida la conversin de Juzgados a que se refiere la norma anterior, se observarn las reglas siguientes:

1. Los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Primera Instancia o en Juzgados de Instruccin continuarn conociendo hasta su terminacin de cuantos asuntos civiles y penales tuvieran en trmite, y, desde la fecha de la conversin, comenzarn a entender de los civiles o de los penales que les correspondieren, por reparto o por el servicio de guardia.

2. Los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, cuando existieren otro u otros de esta clase, seguirn conociendo igualmente hasta su terminacin de los procedimientos civiles y penales pendientes, y en la fecha de la conversin, asumirn el conocimiento de los asuntos civiles y penales que, por reparto o servicio de guardia, les correspondiere.

3. Los asuntos pendientes en los Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Paz pasarn a conocimiento del respectivo Juzgado de Primera Instancia e Instruccin, excepto en aquello que con arreglo a esta ley corresponda al Juzgado de Paz.

4. Las apelaciones civiles y penales interpuestas contra las resoluciones de los Juzgados de Distrito con anterioridad a la fecha de la conversin, seguirn sustancindose ante los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin. Las que se promuevan con posterioridad a aquella fecha se tramitarn ante la Audiencia Provincial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Cuarta.–Juzgados de Menores.

Los actuales Tribunales Titulares de Menores continuarn ejerciendo sus funciones hasta que entren en funcionamiento los Juzgados de Menores.

Quinta.–Jueces y Fiscales de ingreso y ascenso.

1. A la entrada en vigor de la presente ley quedar sin efecto la distincin, dentro de las categoras de Juez y Fiscal, de los grados de ingreso y de ascenso.

2. A tal efecto, quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica 5/1981, de 16 de noviembre, de Integracin de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administracin de Justicia, ostentasen la categora y grado de Jueces de ingreso, quedarn situados por su orden, a continuacin del ltimo de los que ostentaren la categora y grado de Juez de ascenso, dentro del escalafn de la Carrera Judicial.

Sexta.–Integracin de Abogados Fiscales de ascenso y de ingreso.

1. Quienes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, ostentaran la categora y grado de Abogado Fiscal de ascenso, a efectos de categora personal, y de Abogado Fiscal de ingreso, quedarn situados, por su orden, dentro del escalafn de la Carrera Fiscal, a continuacin del ltimo de los que ostentaren la categora y grado de Abogado Fiscal de ascenso.

2. Los Abogados Fiscales de ingreso que hubieren ejercido el derecho de opcin reconocido en la disposicin transitoria segunda de la citada ley y ostentaren, a efectos de categora personal, el grado de ascenso, recuperarn, desde la entrada en vigor de la presente ley, todos los derechos a que renunciaron, pudiendo, cuando les corresponda la promocin a la segunda categora por antigedad, optar por continuar en la misma categora, renunciando a todos los efectos del ascenso. Igual derecho tendrn los Abogados Fiscales de ingreso procedentes del antiguo Cuerpo de Fiscales de Distrito.

3. Los tres aos de servicios efectivos en la categora tercera exigidos por el artculo 37, primero, dos, del Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal para acceder a la segunda categora a travs de las pruebas selectivas, se entendern referidos para todos los Abogados Fiscales de ingreso, ostenten o no el grado de ascenso a ttulo personal, a los servicios prestados en la categora a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Sptima.–Escuela Judicial.

1. A la entrada en vigor de la presente ley, la Escuela Judicial pasar a denominarse Centro de Estudios Judiciales. El personal, el patrimonio y los medios y recursos econmicos se transfieren al Centro de Estudios Judiciales.

2. El Director, el Jefe de Estudios y el Secretario de la Escuela Judicial continuarn en sus funciones hasta que tomen posesin los titulares de los correspondientes rganos directivos del Centro de Estudios Judiciales.

3. Los cursos que se estuvieren celebrando sern asumidos por el Centro de Estudios Judiciales, que desarrollar tambin los siguientes hasta que se promulgue su Reglamento.

Octava.–Situaciones de Jueces y Magistrados.

1. Los Jueces y Magistrados que se hallaren en situacin de excedencia especial o supernumerarios y les correspondiere, con arreglo a esta ley, la de excedencia voluntaria, debern solicitar el reingreso al servicio activo dentro del plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Planta. Si no formularen peticin en el indicado plazo, pasarn automticamente a la situacin de excedencia voluntaria por inters particular, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

2. Los que se encontraren en situacin de supernumerarios o de excedencia voluntaria y les correspondiere la de servicios especiales, en aquel ltimo supuesto, se considerarn en la situacin que corresponda a partir de la entrada en vigor de la presente ley, contndoles como servicios efectivos en la Carrera el tiempo que permanecieron en excedencia voluntaria, correspondiendo la de servicios especiales, segn lo dispuesto en esta Ley.

3. Cuando cesen en la situacin de excedencia especial, a menos que hubiesen obtenido plaza, quedarn adscritos con carcter provisional a las Salas del Tribunal Supremo, a las de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia, o a los Juzgados de la poblacin en los que se encontraban destinados al cesar en el servicio activo que designe la Sala de Gobierno respectiva, en funcin de su categora y orden jurisdiccional en que servan.

4. Esta adscripcin se mantendr hasta que se produzca la primera vacante de su categora y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias o Juzgados a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicar fuera de concurso con carcter preferente.

5. El plazo de diez aos a que se refiere el apartado 3 del artculo 357 comenzar a contarse, para los Jueces y Magistrados que se encontraran en situacin de excedencia voluntaria el da de la entrada en vigor de la presente ley, a partir de esta ltima fecha.

Novena.–Comisiones de servicio.

Los Jueces y Magistrados que a la entrada en vigor de la presente ley estuvieran en comisin en rganos jurisdiccionales, en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o en cualquier otro departamento ministerial u organismo administrativo, cesarn en dicha comisin, reintegrndose a su destino judicial en el plazo de dos meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

Dcima.–Procedimientos disciplinarios.

1. Los procedimientos disciplinarios iniciados a la entrada en vigor de esta ley se adaptarn a lo dispuesto en la misma sobre competencia, procedimiento y recursos.

2. En cuanto a la tipificacin de los hechos o de las conductas y la imposicin de sanciones, se aplicar el principio de irretroactividad, salvo que lo establecido en esta ley fuera ms favorable para el sometido a procedimiento disciplinario, a juicio del mismo.

Undcima.–Presidentes de Sala del Tribunal Supremo.

Los actuales Presidentes de Sala del Tribunal Supremo continuarn desempeando su cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sean ratificados o sustituidos por aqul en el plazo de tres meses.

Duodcima.–Provisin de plazas en el Tribunal Supremo.

1. Las vacantes que se produzcan en las Salas del Tribunal Supremo a partir de la entrada en vigor de la presente ley se proveern conforme a lo dispuesto en la misma, aplicndose transitoriamente las siguientes reglas:

1. Las vacantes producidas por cese de Magistrados no procedentes de la Carrera Judicial se proveern entre Abogados y otros juristas de reconocido prestigio.

2. Las vacantes que dejen los procedentes de la Carrera Judicial se proveern de la manera siguiente:

a) La primera, con Magistrados que hubieren prestado diez aos de servicios en rganos especializados en el orden jurisdiccional propio y la Sala de que se trate.

b) La segunda, con Magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al Tribunal Supremo.

c) La tercera, por igual turno que la primera, y la cuarta, por el mismo turno que la segunda.

2. No obstante lo anterior y en cuanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los turnos segundo y cuarto se proveern en la forma que establece la letra a) del artculo 344 de la presente Ley.

3. Las reglas anteriores se aplicarn siempre de manera que no se vulnere la proporcin establecida en el artculo 344 de esta ley.

4. Cuando se hubiere alcanzado la composicin prevista en esta ley, seguirn aplicndose las normas generales de provisin previstas en la misma.

Decimotercera.–Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales.

1. Los actuales Presidentes de las Audiencias Territoriales y Provinciales continuarn desempeando el cargo hasta que, constituido el Consejo General del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en esta ley, sean ratificados o sustituidos por aqul en el plazo de tres meses.

2. Constituidos los Tribunales Superiores de Justicia, cesarn en su cargo quienes en tal fecha fueran Presidentes de Audiencia Territorial y se proceder a efectuar el nombramiento de los Presidentes de aqulla.

3. Los Presidentes de Audiencias Provinciales y Territoriales que cesaren en su cargo quedarn adscritos, respectivamente, a la Audiencia o al Tribunal Superior y sern destinados para ocupar la primera vacante que se produzca en la Audiencia o Tribunal a que estuvieran adscritos, si no obtuvieran otra plaza, a su instancia, con anterioridad.

No obstante, los Presidentes de las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona, si cesaren en su cargo, sern adscritos al Tribunal Supremo.

Decimocuarta.–Jueces Decanos.

Los actuales Decanos de Juzgados de Primera Instancia e Instruccin en las poblaciones donde haya diez o ms, continuarn desempeando sus cargos hasta que la respectiva Junta de Jueces efecte la eleccin a que se refiere el artculo 166 de esta ley, en el plazo de dos meses. Si no fueren elegidos o nombrados para el cargo, sern adscritos, en su caso, a la Audiencia de la respectiva capital hasta que obtengan destino en propiedad.

Decimoquinta.–Magistrados por oposicin de lo Contencioso-Administrativo.

1. Los Magistrados que hubieran ingresado por oposicin en el orden Contencioso- Administrativo tendrn derecho a ser promovidos por el turno de la letra a) del artculo 344 y conservarn la reserva a su favor de dos de cada cinco plazas de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ello no obstante, el Consejo General del Poder Judicial gozar de libertad de criterio, en la promocin, cuando no hubiese Magistrados de esta clase que reunieren las condiciones legales, o ninguno de ellos ostentare mritos suficientes para la promocin. Los que sean promovidos en virtud del prrafo anterior, se entendern comprendidos, a efectos de la proporcin en la composicin de la Sala, en el turno de la letra a) del artculo 344 de la presente ley.

2. Los Magistrados a que se refiere el apartado anterior conservarn los derechos reconocidos en la disposicin final primera de la Ley 17/1980, de 24 de abril, que establece el rgimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial.

3. Tendrn preferencia sobre los dems miembros de la Carrera Judicial para la provisin de plazas de especialistas en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de las plazas en los Juzgados especializados en dicho orden jurisdiccional en los trminos previstos en los artculos 329-2 y 330-2.

4. Los Magistrados de lo Contencioso-Administrativo por oposicin procedentes de la Carrera Fiscal quedarn en la misma situacin de excedencia voluntaria y slo podrn ocupar plazas del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Decimosexta.–Magistrados suplentes.

Hasta que termine el ao judicial en que entre en vigor la presente ley continuarn desempeando sus cargos los actuales Magistrados suplentes. En el plazo de tres meses siguientes a su entrada en vigor, las Salas de Gobierno harn nueva propuesta de Magistrados suplentes para el prximo, cumpliendo lo establecido en la misma.

Decimosptima.–Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

1. Desde la entrada en vigor de la presente ley no se convocarn concursos para el ingreso en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

2. Los actuales Magistrados de Trabajo procedentes de la Carrera Judicial se integrarn en la misma con la categora que tuvieran en ella y ocupando el puesto escalafonal que les corresponda, rigindose en lo sucesivo, para la provisin de destinos y promocin de categoras, por las disposiciones de esta ley.

3. Los que procedan de la Carrera Fiscal se integrarn en la Judicial, donde slo podrn ocupar plazas del orden jurisdiccional social, colocndose en el escalafn con el nmero bis que les corresponda en razn de su antigedad en aqulla, en la que permanecern en situacin de excedencia voluntaria.

4. A efectos de la preferencia para cubrir las plazas de especialistas en las Salas y Juzgados de lo Social, establecida en los artculos 329-2 y 330-2, de esta ley, los actuales Magistrados de Trabajo la tendrn sobre los dems miembros de la Carrera Judicial.

5. El actual escalafn del Cuerpo de Magistrados de Trabajo se mantendr como escala anexa al de la Carrera Judicial, conservando todos sus componentes la colocacin, categora y antigedad que tienen en l; esta escala determinar entre ellos el orden de preferencia para la provisin de plazas en las Salas de lo Social y en los Juzgados de lo Social.

Decimoctava.–Tribunal Central de Trabajo.

El Tribunal Central de Trabajo quedar suprimido en la fecha en que entren en funcionamiento las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que sern establecidas por la ley que fije la planta de los Tribunales. Sern de aplicacin las reglas siguientes:

1. Los Presidentes y Magistrados del Tribunal Central que, en virtud de lo dispuesto en la disposicin transitoria anterior, se integren en la Carrera Judicial, pasarn a constituir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, segn exija la Ley de Planta, y si excedieren de la plantilla que se establezca, se seguir un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigedad en el cargo, quedando los restantes adscritos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad. Dicha Sala conocer de todos los asuntos pendientes en el Tribunal Central, con excepcin de los que correspondan a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

2. Los Secretarios de Sala y el de Gobierno del Tribunal Central de Trabajo pasarn a prestar servicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y en la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y si excedieren de la plantilla que se establezca, se seguir un orden de preferencia atendiendo a la mayor antigedad en el cargo, quedando los restantes adscritos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad.

Decimonovena.–Magistraturas de Trabajo.

1. Hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Social, continuarn ejerciendo sus funciones las actuales Magistraturas de Trabajo.

2. Mientras continen en funcionamiento las Magistraturas de Trabajo, las plazas vacantes se proveern en la forma establecida en el artculo 329 de esta ley.

Vigsima.–Personal al servicio de la jurisdiccin laboral.

1. El personal administrativo, auxiliar y subalterno que, a la entrada en vigor de la presente ley, preste servicios en las Magistraturas de Trabajo o en el Tribunal Central de Trabajo, continuar prestndolos en los mismos rganos y, desde que se establezcan, en los Juzgados de lo Social y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con sujecin al rgimen que en la actualidad es aplicable hasta que se dicten los Reglamentos de personal al servicio de la Administracin de Justicia, los cuales establecern las normas para su integracin en los distintos Cuerpos de aqulla.

2. Ser aplicable al personal a que se refiere esta disposicin, desde la entrada en vigor de la presente ley, el rgimen de incompatibilidades establecido en el artculo 489.

Vigsima primera.–Secretarios de la Jurisdiccin de Trabajo.

En la fecha de entrada en vigor de la Ley de Planta, el Cuerpo de Secretarios de la Jurisdiccin de Trabajo se integrar en el Cuerpo de Secretarios Judiciales conforme a las siguientes reglas:

1. Los Secretarios de la Magistratura de Trabajo, de las categoras a y b, pasarn a integrar la categora segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales, escalafonndose por orden del mayor tiempo de servicios prestados en el Cuerpo de procedencia.

2. Los Secretarios procedentes de la Jurisdiccin de Trabajo tendrn preferencia para ocupar las plazas de los Juzgados de lo Social y en las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia.

3. En el momento en que se estructuren y entren en funcionamiento las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, gozarn de absoluta preferencia los Secretarios de la Jurisdiccin de Trabajo de la actual categora a, sobre los de la b, para servir aqullos.

Vigsima segunda.–Secretarios Judiciales.

1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedar sin efecto la distincin, dentro de la tercera categora del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de los grados de ingreso y de ascenso.

2. A tal efecto, quienes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgnica 5/1981, de 16 de noviembre, ostentaren el grado de ingreso de la tercera categora, quedarn situados, por su orden, a continuacin del ltimo de los que ostentaren el grado de ascenso de la tercera categora, dentro del escalafn del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

3. Los Secretarios judiciales que, al amparo de lo establecido en la norma sexta del artculo sexto de la Ley Orgnica 5/1981, de 16 de noviembre, y por ocupar plaza de inferior categora que la que les corresponda hubieran adquirido la categora superior a todos los efectos, excepto los econmicos, conservarn la misma situacin hasta tanto ocupen plaza de su categora.

4. Los funcionarios que estn en posesin del ttulo de licenciado en Derecho y que procedan de los Cuerpos declarados a extinguir de Oficiales de Sala del Tribunal Supremo y Audiencias, Oficiales de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y escala tcnica del Cuerpo Administrativo de los Tribunales, que estn en situacin de activo a la entrada en vigor de la presente ley, quedarn integrados en el Cuerpo de Secretarios Judiciales en la tercera categora, a continuacin del ltimo que figure en ella, por orden de antigedad de servicio.

5. Los Secretarios Judiciales destinados en Fiscalas sern adscritos provisionalmente, a la entrada en vigor de esta ley, a los Tribunales y Audiencias existentes en la misma poblacin donde prestan servicios, hasta tanto adquieran destino en propiedad en los concursos de provisin ordinarios, en los que gozarn de preferencia, por una sola vez, para ocupar las vacantes que se produzcan en aqulla.

Vigsima tercera.–Retribuciones de Secretarios judiciales.

Los Secretarios judiciales remunerados exclusivamente por arancel o acogidos al sistema mixto de retribucin mediante sueldo y participacin arancelaria, nicamente percibirn, desde la entrada en vigor de la presente Ley, los sueldos y complementos con arreglo a su categora y destino, establecidos con carcter general para el Secretariado, ms un treinta por ciento del sueldo que les corresponda, en concepto de gratificacin, sin que puedan percibir participacin arancelaria de clase alguna, y tendrn derecho a la percepcin de haberes pasivos en la forma y cuanta establecida para los funcionarios pblicos, considerndose como servicios abonables los prestados en el Cuerpo desde la fecha de ingreso.

Vigsima cuarta.–Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de ms de siete mil habitantes.

1. Desde la entrada en vigor de la presente ley, no se convocarn ms oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de ms de siete mil habitantes, que se declara a extinguir.

2. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de ms de siete mil habitantes que, a la entrada en vigor de esta ley, estn en posesin del ttulo de licenciado en Derecho, se integrarn en la tercera categora del Secretariado de la Administracin de Justicia, cubriendo por riguroso orden de antigedad de servicios efectivos, mediante concurso especfico a este Cuerpo, las vacantes que en ese momento existieren en la citada categora.

3. Las Secretaras de Juzgados de Paz de poblaciones de ms de siete mil habitantes, mientras queden miembros del Cuerpo a que se refiere esta disposicin que renan los requisitos legales para cubrirlas, se anunciarn, cuando vacaren, a concurso entre los mismos.

4. Declarada desierta una plaza que est servida por Secretario del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de ms de siete mil habitantes por falta de peticionario, quedar reservada la plaza para su provisin de acuerdo con lo establecido en el artculo 481 de esta ley.

5. Los funcionarios del Cuerpo declarado a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de Municipios de ms de siete mil habitantes con cinco aos de servicios efectivos que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, obtengan la licenciatura en Derecho, podrn participar en los concursos a que se refiere el artculo 478.

Vigsima quinta.–Letrados del Ministerio de Justicia.

Los miembros de la Carrera Judicial que se hallaren en situacin de supernumerarios, por pertenecer en activo o en servicios especiales al Cuerpo Especial Tcnico de Letrados del Ministerio de Justicia, integrado en la actualidad en el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, si al ingresar en el servicio activo no obtuvieren en el Ministerio de Justicia alguna plaza de aquellas a las que se refiere la disposicin adicional dcima, quedarn adscritos al Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad.

Vigsima sexta.–De los funcionarios de los actuales Tribunales Tutelares de Menores.

1. La Escala de Jueces unipersonales de menores queda declarada a extinguir. Sus miembros podrn seguir ocupando plaza en los nuevos Juzgados de Menores de la localidad en la que hubieren venido prestando servicio. En el desempeo de las funciones jurisdiccionales se les aplicar el Estatuto Jurdico de la Carrera Judicial.

2. Quienes pertenezcan a la Escala de Secretarios de Tribunales Titulares de Menores se integrarn en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, ocupando en el escalafn un nmero bis segn la antigedad que ostentaren en la escala de procedencia.

3. El personal que a la entrada en vigor de la presente ley preste servicios en los Tribunales Tutelares de Menores continuar prestndolos en dichos rganos y desde que se establezcan en los Juzgados de Menores, con sujecin al rgimen que en la actualidad les es aplicable, hasta que se dicten los Reglamentos de personal al servicio de la Administracin de Justicia, los cuales establecern las normas para su integracin en los distintos Cuerpos de aqulla.

Ser aplicable al personal a que se refiere esta disposicin, desde la entrada en vigor de la presente ley, el rgimen de incompatibilidades establecido en el artculo 489.

Vigsima sptima.–Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitacin Social.

1. Los actuales Juzgados de Peligrosidad y Rehabilitacin Social que tengan atribuidas funciones de vigilancia penitenciaria, as como aquellos que las tengan atribuidas con exclusividad, continuarn ejerciendo tales funciones como Juzgados de Vigilancia Penitenciaria hasta que la Ley de Planta establezca estos ltimos. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los referidos Juzgados se denominarn de Vigilancia Penitenciaria y desarrollarn las funciones que como tales correspondan, sin perjuicio de cuanto al respecto establezca la Ley de Planta.

2. Las funciones en materia de peligrosidad y rehabilitacin social correspondern a los Juzgados de Instruccin. Ser competente el Juzgado de Instruccin en cuyo territorio se haya manifestado de modo principal la presunta peligrosidad.

3. Mientras no se disponga otra cosa, la actual Sala de Peligrosidad y Rehabilitacin Social, constituida en la Audiencia Nacional, seguir conociendo de los recursos de apelacin y de queja contra las resoluciones que dicten los Juzgados de Instruccin en la materia a que se refiere el apartado anterior.

4. Los asuntos en trmite sern resueltos por el Juzgado al que corresponda de acuerdo con la legislacin anterior.

Vigsima octava.–Rgimen transitorio de jubilaciones.

1. Los Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados, Jueces y Fiscales se jubilarn de acuerdo con el siguiente rgimen transitorio:

El 1 de enero de 1986, los que hayan cumplido setenta aos.

Durante 1986, los que vayan cumpliendo setenta aos.

El 1 de enero de 1987, los que hayan cumplido sesenta y nueve aos.

Durante 1987, los que vayan cumpliendo sesenta y nueve aos.

El 1 de enero de 1988, los que hayan cumplido sesenta y ocho aos.

Durante 1988, los que vayan cumpliendo sesenta y ocho aos.

El 1 de enero de 1989, los que hayan cumplido sesenta y siete aos.

Durante 1989, los que vayan cumpliendo sesenta y siete aos.

El 1 de enero de 1990, los que hayan cumplido sesenta y seis aos.

Durante 1990, los que vayan cumpliendo sesenta y seis aos.

A partir del 1 de enero de 1991, la jubilacin ser a los sesenta y cinco aos.

2. Los miembros de los restantes Cuerpos de la Administracin de Justicia que, a la entrada en vigor de la ley, tengan ms de sesenta y dos aos y menos de sesenta y cinco, se jubilarn cuando haya transcurrido la mitad del tiempo que en dicha fecha les falte para cumplir los sesenta y ocho aos de edad. Los que a la referida fecha hubiesen cumplido los sesenta y cinco aos se jubilarn a los dos aos de su entrada en vigor, salvo que antes cumplan los setenta.

Vigsima novena.

Los procesos a que se refiere la disposicin adicional octava que se hayan iniciado antes de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarn su tramitacin con arreglo a las normas vigentes en el momento de su iniciacin.

Trigsima.

En tanto la legislacin de Planta y demarcacin no disponga otra cosa, las ciudades de Ceuta y Melilla conservarn la adscripcin judicial que tienen en la actualidad.

Trigsima primera.

En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley de Planta y conforme a lo dispuesto en esta ley sern elegidos los Jueces de Paz, cesando en su cargo los que hasta ese momento lo viniesen desempeando.

Trigsima segunda.

Dentro del mes siguiente a la publicacin de esta Ley Orgnica en el Boletn Oficial del Estado, todos los miembros de la Carrera Judicial y personal al servicio de la Administracin de Justicia que an no lo hubieren realizado, prestarn el juramento o promesa previsto, respectivamente, en los artculos 318 y 460 de la presente ley.

Trigsima tercera.

Las pruebas selectivas y los concursos para ingresar en los Cuerpos a que se refiere esta ley, para promocin interna o para provisin de vacantes, que estn convocadas a la fecha de su entrada en vigor, sern resueltos por el rgano a quien corresponda la resolucin conforme a la legislacin anterior.

Trigsima cuarta.

Mientras no se apruebe la Ley de Planta, los rganos jurisdiccionales existentes continuarn con la organizacin y competencias que tienen a la fecha de entrada en vigor de esta ley.

DISPOSICIN DEROGATORIA
Disposicin derogatoria.

1. Quedan derogadas las siguientes leyes y disposiciones:

Ley Provisional sobre Organizacin del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870.

Ley Adicional a la Orgnica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882.

Ley Orgnica de las Magistraturas de Trabajo de 17 de octubre de 1940.

Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de julio de 1944.

Ley de 17 de julio de 1947, Orgnica del Cuerpo Nacional de Mdicos Forenses.

Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en los particulares que regulan aquella jurisdiccin y la estructura de sus rganos.

Ley 11/1966, de 18 de marzo, sobre ordenacin orgnica de los Funcionarios de la Administracin de Justicia.

Ley 33/1966, de 31 de mayo, sobre reforma orgnica de los Cuerpos de la Jurisdiccin de Trabajo.

Las disposiciones de la Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases, Orgnica de la Justicia, declaradas en vigor por el Real Decreto-ley 24/1976, de 26 de noviembre, por el que se prorroga el plazo para la articulacin de la Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases, Orgnica de la Justicia.

Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional.

Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto articulado parcial de la Ley de Bases, Orgnica de la Justicia, de 28 de noviembre de 1974, sobre Juzgados de Distrito y otros extremos.

Ley Orgnica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

La disposicin adicional primera de la Ley 17/1980, de 24 de abril, por la que se establece el rgimen retributivo de los funcionarios al servicio del Poder Judicial.

La Ley Orgnica 5/1981, de 16 de noviembre, sobre integracin de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administracin de Justicia.

Ley Orgnica 12/1983, de 16 de noviembre, de modificacin de competencias de la Audiencia Nacional.

Ley Orgnica 4/1984, de 30 de abril, por la que se modifica la 5/1981, de 16 de noviembre.

Cuantas otras leyes y disposiciones se opongan a lo establecido por esta Ley Orgnica.

2. Queda, no obstante, en vigor la Ley Orgnica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.

DISPOSICIN FINAL
Disposicin final.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor al siguiente da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 1 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 01/07/1985
  • Fecha de publicación: 02/07/1985
  • Entrada en vigor: 3 de julio de 1985.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 230 y se aprueba la Instruccin 1/2018, relativa a la obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios Informticos: Acuerdo de 22 de noviembre de 2018 (Ref. BOE-A-2018-16846).
  • SE MODIFICA los arts. 58, 66, 74 y 90, por Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-16673).
  • Cuestion:
    • 4314/2018 promovida por supuesta inconstitucionalidad de los incisos indicados del art. 294.1 (Ref. BOE-A-2018-12261).
    • 3377/2018 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 367.1 (Ref. BOE-A-2018-10395).
  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 5465/2013, la constitucionalidad, interpretado conforme al fj6, del art. 564 y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2016-12361).
    • la no inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2, la disposicin adicional nica de la Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero, interpretados segn el fj 3 d) y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 118/2016, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2016-7295).
  • SE CORRIGEN errores, con modificacin de la disposicin final 1, de la Ley Orgnica 13/2015, de 5 de octubre, en BOE nm. 285, de 28 de noviembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12887).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 21.2, por Ley Orgnica 16/2015, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11545).
    • los arts. 57.1, 65, 73.3, 82.1, 87.1 y 89 bis. 2 y 3, por Ley Orgnica 13/2015, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10725).
  • SE AADE el art. 235 ter, por Ley Orgnica 10/2015, de 10 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-9768).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 91.2, por Ley Orgnica 8/2015, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2015-8222).
    • determinados preceptos, por Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2015-8167).
    • con efectos desde el 10 de octubre de 2015, el art. 231.5, por Ley Orgnica 5/2015, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2015-4605).
    • el art. 90, por Ley Orgnica 3/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3441).
    • el art. 23.4.e), por Ley Orgnica 2/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3440).
    • los arts. 65, 87, 87 ter, 88, 89 bis, 94, 96 y 97, por Ley Orgnica 6/2014, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2014-11063).
  • Recurso 3754/2014, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2014-7962).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 373, 487 y 494; SE AADE los arts. 55 bis, 355 bis, y 584 bis y SE SUPRIME el captulo IV del ttulo V del libro VIII, por Ley Orgnica 4/2014, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2014-7368).
    • los arts. 23.2, 4 y 5 y 57.1, por Ley Orgnica 1/2014, de 13 de marzo (Ref. BOE-A-2014-2709).
  • SE DEROGA en la forma indicada el ttulo II del libro II, SE MODIFICA el art. 175.3, SE AADE el libro VIII, la disposicin final 1 y SE RENUMERA la disposicin final nica como 2, por Ley Orgnica 4/2013, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2013-7061).
  • SE SUSPENDE, con los efectos indicados, la vigencia del art. 112 y del inciso indicado del art. 114, por Ley Orgnica 1/2013, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2013-3860).
  • SE MODIFICA determinados preceptos y SE AADE las disposiciones adicionales 16 a 20 y transitoria 41, por Ley Orgnica 8/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15648).
  • SE DECLARA la desestimacin del Recurso 1916/2004, en relacin con determinados preceptos, por Sentencia 163/2012, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2012-12961).
  • SE MODIFICA los arts. 351.f), 356.f) y la disposicin transitoria 8.6, 7 y 8, por Ley Orgnica 12/2011, de 22 de septiembre (Ref. BOE-A-2011-15037).
  • SE DEROGA:
    • el art. 86, SE MODIFICA los arts. 2, 100, 445 y 521, con efectos desde el 22 de julio de 2014, por Ley Orgnica 8/2011, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2011-12627).
    • el art. 86.ter.2.g) y SE MODIFICA los arts. 73.1, 85.5 y 86 ter.1 y 3, por Ley Orgnica 5/2011, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2011-8846).
  • SE MODIFICA el art. 90 y SE CORRIGE ERRORES en el art. 9.4, por la redaccin dada al art. 2 de la Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero, por Ley Orgnica 4/2011, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4551).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • sobre la estructura y relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y secretaras de gobierno incluidas en la segunda fase del Plan para la Implantacinde la nueva Oficina judicial: Orden JUS/3388/2010, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-20170).
    • sobre reutilizacin de sentencias y otras resoluciones judiciales: Acuerdo de 28 de octubre de 2010 (Ref. BOE-A-2010-17860).
  • SE MODIFICA el art. 88, por Ley Orgnica 6/2010, de 27 de julio (Ref. BOE-A-2010-12133).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre la estructura y relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y secretaras de gobiernos para la nueva Oficina judicial: Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2010-10411).
  • SE MODIFICA el art. 65.1.b), por Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2010-9953).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts 110.2 y 438, y aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneizacin de las actuaciones de los servicios comunes procesales: Acuerdo de 25 de febrero de 2010 (Ref. BOE-A-2010-4127).
  • SE MODIFICA el art. 89 bis, por Ley Orgnica 3/2010, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4046).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, y aprueba el Reglamento 1/2010, que regula la provisin de plazas de Nombramiento discrecional en los rganos judiciales: Acuerdo de 25 de febrero de 2010 (Ref. BOE-A-2010-3608).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 9.4, por Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-2739).
    • el art. 87.2, por Ley Orgnica 2/2009, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-19949).
    • determinados preceptos y SE AADE el captulo VI bis en el ttulo 1 del libro IV y las disposiciones adicional 15 y transitorias 39 y 40, por Ley Orgnica 1/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-17492).
    • los arts. 65.2, 89 bis.2 y 3, por Ley Orgnica 2/2008, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-19660).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 110.2, y aprueba el Reglamento 1/2008, sobre indemnizaciones a tribunales de oposiciones y otros procesos de seleccin: Acuerdo de 23 de abril de 2008 (Ref. BOE-A-2008-8053).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 23.4, 86 ter, 447.5, 489.2 y 509.2, por Ley Orgnica 13/2007, de 19 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19879).
    • el art. 241.1, por Ley Orgnica 6/2007, de 24 de mayo de 2007 (Ref. BOE-A-2007-10483).
    • los arts. 109.1, 110.3, 122.1, 310, 348, 356, 357, 358.2, 373, 433 bis, 434.2, SE AADE los arts. 136 bis y 360 bis y SE SUPRIME el 370, por Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art . 461, y regula la Comisin Nacional de Estadstica judicial: Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre (Ref. BOE-A-2006-18871).
  • SE DICTA EN RELACION, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales: Ley 34/2006, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2006-18870).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre normas para la renovacin del Consejo General del Poder judicial: Resolucin de 11 de julio de 2006 (Ref. BOE-A-2006-12601).
  • SE MODIFICA el art. 87. 1, por Ley Orgnica 5/2006, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2006-9957).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • y aprueba el Reglamento Orgnico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.: Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-839).
    • y aprueba el Reglamento de ingreso, provisin de puestos y promocin profesional del personal funcionario: Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-21264).
    • y aprueba el Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y Protocolo en los actos judiciales solemnes: Acuerdo de 23 de noviembre de 2005 (Ref. BOE-A-2005-20840).
    • y aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales: Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 (Ref. BOE-A-2005-15939).
    • y aprueba el Reglamento General de rgimen disciplinario del personal al servicio de la Administracin de Justicia: Real Decreto 796/2005, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2005-12703).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 23.4 y 87 ter.1, por Ley Orgnica 3/2005, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2005-11863).
    • los arts. 127, 200, 335, 348 bis y 352, por Ley Orgnica 2/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21761).
    • los arts. 26, 82, 87, 89 bis, 210, 211 y rbrica del captulo V del ttulo IV del libro I y SE AADE los arts. 87 bis y 87 ter, por Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21760).
    • el art. 86 ter.2.g), por Ley Orgnica 20/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23645).
  • SE DEROGA los arts. 28, 220, 279 a 291 y 310, SE MODIFICA determinados preceptos y SE AADE el art. 64 bis, el libro VII, la disposicin adicional 14 y un nuevo ttulo V al libro IV y SE REENUMERA como VI el actual ttulo V del mismo libro, por Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23644).
  • SE MODIFICA el art. 229, por Ley Orgnica 13/2003, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2003-19748).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 109.1 y 473.4, aprobando el Reglamento 1/2003 de Estadstica judicial: Acuerdo de 9 de julio de 2003 (Ref. BOE-A-2003-14531).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 26, 75, 80, 82, 210, 211, 236, 329, 330, rbrica del captulo V del ttulo IV y disposicin adicional 8 y SE AADE los arts. 86 bis y 86 ter, por Ley Orgnica 8/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13812).
    • la disposicin adicional 5, por Ley Orgnica 7/2003, de 30 de junio (Ref. BOE-A-2003-13022).
    • los arts. 65, 82, 94 y la disposicin adicional 5, por Ley Orgnica 5/2003, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10614).
    • el art. 66, por Ley Orgnica 4/2003, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10287).
    • los arts. 65.4 y 88, por Ley Orgnica 2/2003, de 14 de marzo (Ref. BOE-A-2003-5450).
    • el art. 308 y SE AADE una disposicin transitoria, por Ley Orgnica 9/2002, de 10 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-24044).
    • los arts. 87.a) y 482.1, por Ley Orgnica 8/2002, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20822).
    • el art. 61.1, por Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2002-12756).
    • los arts. 125, 127, 135 y SE AADE un art. 342 bis, por Ley Orgnica 2/2002, de 6 de mayo (Ref. BOE-A-2002-8627).
    • los arts. 111 a 116, por Ley Orgnica 2/2001, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2001-12535).
    • por Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-23661).
    • los arts. 65 y 96, por Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-23659).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • y aprueba el Reglamento 2/2000, de Jueces Adjuntos: Acuerdo de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-20068).
    • con el art. 110, y aprueba el Reglamento 1/2000, de los rganos de Gobierno de los Tribunales: Acuerdo de 26 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-16417).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 19 y 240.3 y 4, por Ley Orgnica 13/1999 de 14 de mayo (Ref. BOE-A-1999-10902).
    • el art. 23, por Ley Orgnica 11/1999, de 30 de abril (Ref. BOE-A-1999-9744).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, y aprueba el Reglamento de tramitacin de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales: Acuerdo de 2 de diciembre de 1998 (Ref. BOE-A-1999-2176).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 9.4, 58, 61, 66, 74, 87, 90, 91, 152.2 y 160.9, por Ley Orgnica 6/1998 de 13 de julio (Ref. BOE-A-1998-16712).
    • por Ley Orgnica 5/1997, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-26034).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • y aprueba el Reglamento 1/1997, del Centro de Documentacin judicial: Acuerdo de 7 de mayo de 1997 (Ref. BOE-A-1997-11001).
    • el art. 504 y aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal: Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-1996-5557).
    • con el art. 456 y aprueba el Reglamento Orgnico de Medicos Forenses: Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero (Ref. BOE-A-1996-4718).
    • con el art. 455 y aprueba el Reglamento Orgnico de los Cuerpos de oficiales, Auxiliares y Agentes: Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-1996-4716).
    • y publica Reglamentos de la Carrera judicial, Escuela judicial, Jueces de Paz, Organos de Gobierno de Tribunales y Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales y sobre Ficheros de carcter personal: Acuerdo de 7 de junio de 1995 (Ref. BOE-A-1995-17001).
  • SE DEROGA el art. 410 y SE MODIFICA los arts. 73.3.C) y 83, por Ley Orgnica 5/1995, de 22 de mayo de 1995 (Ref. BOE-A-1995-12095).
  • SE MODIFICA por la Ley Orgnica 16/1994, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1994-24612).
  • SE DECLARA en la Cuestin 2340/1991, la constitucionalidad del art. 74.1.A), por Sentencia 114/1994, de 14 de abril (Ref. BOE-T-1994-11104).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 300, y aprueba el Reglamento sobre el Contenido del Escalafon de la Carrera judicial: Acuerdo de 7 de julio de 1993 (Ref. BOE-A-1993-18948).
  • SE DECLARA en la Cuestin 309/1991, la desestimacin en relacin con el art. 219.10, por Sentencia 157/1993, de 6 de mayo (Ref. BOE-T-1993-13769).
  • SE DEROGA el art. 503.2 y la disposicin transitoria 28.1 y SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley Orgnica 7/1992, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-25817).
  • SE DECLARA la desestimacin de las Cuestiones 765 y 766/1990, en relacin con el art. 87.2, por Sentencia 76/1992, de 14 de mayo (Ref. BOE-T-1992-13854).
  • SE DEROGA en la forma indicada la disposicin transitoria 26.3, por Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio (Ref. BOE-A-1992-13444).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • los arts. 107 y 110, y aprueba el Reglamento de funcionamiento de las Juntas de Jueces: Acuerdo de 4 de diciembre de 1991 (Ref. BOE-A-1992-1568).
    • y aprueba el Reglamento de desarrollo del art. 341.2: Acuerdo de 23 de octubre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-28895).
  • SE DICTA EN RELACION, y determina la situacin administrativa de jueces y magistrados nombrados para determinados cargos: Acuerdo de 6 de marzo de 1991 (Ref. BOE-A-1991-7213).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposicin adicional 10, y regula el rgimen Juridico de miembros de la carrera judicial: Real Decreto 302/1991, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-1991-6826).
  • SE DECLARA en la Cuestin 91/1990, la constitucionalidad del art. 240, por Sentencia 185/1990, de 15 de noviembre (Ref. BOE-T-1990-29361).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 82.3, sobre asuncin plena de competencias civiles por las audiencias provinciales: Acuerdo de 25 de junio de 1990 (Ref. BOE-A-1990-15646).
  • SE DECLARA en los Recursos acumulados 859, 861, 864 y 870/1985, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 37.4 y la constitucionalidad de los arts. 171.4, 439.2, 455 y 469.2 interpretados en el sentido expuesto en los fundamentos jurdicos, por Sentencia 56/1990, de 29 de marzo (Ref. BOE-T-1990-10080).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con el art. 327, y establece el tiempo de permanencia en los destinos: Acuerdo de 7 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-8007).
    • y determina la capitalidad de los partidos judiciales de Extremadura: Ley 3/1989, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-6061).
    • con el art. 317.3, y regula la Confeccin de los Alardes: Resolucin de 21 de febrero de 1990 (Ref. BOE-A-1990-5758).
    • y determina la capitalidad de los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana: Ley 9/1989, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-3265).
    • y determina la capitalidad de los partidos judicales de la Regin de Murcia: Ley 5/1989, de 4 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-2732).
    • con el art. 377, sobre licencias y permisos de jueces y magistrados, Acuerdo de 28 de junio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-21556).
    • con el art. 269, y designa juzgados de lo penal a constituirse en poblaciones distintas de su sede: Acuerdo de 25 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-18404).
    • con la disposicin adicional 1, y regula la demarcacin y planta: Ley 38/1988, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29622).
  • SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley Orgnica 7/1988, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29621).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 456 y disposicin adicional 1, y aprueba el Reglamento Orgnico del Cuerpo de Secretarios Judiciales: Real Decreto 429/1988, de 29 de abril (Ref. BOE-A-1988-11253).
  • Cuestion 1344/1987, promovida por supuesta inconstitucionalidad de los arts. 87.1.B) y 219.10 (Ref. BOE-A-1987-26082).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, y establece los criterios aplicables para el uso de la opcin a que se refiere la disposicin transitoria 1.3: Acuerdo de 28 de julio de 1987 (Ref. BOE-A-1987-24428).
  • SE MODIFICA los arts. 39.1, 55 y 293.1.b), por la Ley Orgnica 4/1987, de 15 de julio (Ref. BOE-A-1987-16791).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, y regula la polica judicial: el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio (Ref. BOE-A-1987-14578).
  • SE DICTA EN RELACION sobre conflictos jurisdiccionales: la Ley Orgnica 2/1987, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-1987-12077).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • y aprueba el reglamento orgnico de los cuerpos oficiales, auxiliares y agentes: Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre (Ref. BOE-A-1986-25800).
    • con el art. 434, y aprueba el reglamento del centro de estudios judiciales: Real Decreto 1924/1986, de 29 de agosto (Ref. BOE-A-1986-24955).
  • SE DECLARA en relacin con la Cuestin 839/1985, la constitucionalidad de la disposicin adicional 1, interpretada segn el fj 27, por Sentencia 108/1986, de 29 de julio de 1986 (Ref. BOE-T-1986-21938).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 264, de 4 de noviembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-22752).
Referencias anteriores
Materias
  • Abogados
  • Administracin de Justicia
  • Audiencia Nacional
  • Audiencias Provinciales
  • Audiencias Territoriales
  • Carrera Fiscal
  • Carrera Judicial
  • Centro de Estudios Judiciales
  • Conflictos de Competencia
  • Conflictos Jurisdiccionales
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Cuerpo de Agentes de la Administracin de Justicia
  • Cuerpo de Auxiliares de la Administracin de Justicia
  • Cuerpo de Magistrados de Trabajo
  • Cuerpo de Oficiales de la Administracin de Justicia
  • Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz
  • Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo
  • Cuerpo de Secretarios Judiciales
  • Cuerpo Nacional de Mdicos Forenses
  • Demarcacin judicial
  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
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