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Documento BOE-A-2013-6938

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

Ttulo preliminar. Disposiciones generales.

Artculo 1. Objeto de la Ley.

Artculo 2. Definiciones.

Artculo 3. Fines comunes de las polticas pblicas para un medio urbano ms sostenible, eficiente y competitivo.

Ttulo I. El Informe de Evaluacin de los Edificios.

Artculo 4. El Informe de Evaluacin de los Edificios.

Artculo 5. Coordinacin administrativa.

Artculo 6. Capacitacin para el Informe de Evaluacin de los Edificios.

Ttulo II. Las actuaciones sobre el medio urbano.

Captulo I. Actuaciones y sujetos obligados.

Artculo 7. Objeto de las actuaciones.

Artculo 8. Sujetos obligados.

Captulo II. Ordenacin y gestin.

Artculo 9. La iniciativa en la ordenacin de las actuaciones.

Artculo 10. Reglas bsicas para la ordenacin y ejecucin de las actuaciones.

Artculo 11. Memoria de viabilidad econmica.

Artculo 12. Efectos de la delimitacin de los mbitos de gestin y ejecucin de las actuaciones.

Artculo 13. La formas de ejecucin.

Artculo 14. Los derechos de realojamiento y de retorno.

Captulo III. Frmulas de cooperacin y coordinacin para participar en la ejecucin.

Artculo 15. Facultades de los sujetos legitimados.

Artculo 16. Asociaciones administrativas.

Artculo 17. Convenios para la financiacin de las actuaciones.

Artculo 18. Cooperacin interadministrativa.

Artculo 19. Organizacin de la cooperacin.

Disposiciones adicionales.

Disposicin adicional primera. Informacin al servicio de las polticas pblicas para un medio urbano sostenible.

Disposicin adicional segunda. Catastro inmobiliario.

Disposicin adicional tercera. Infracciones en materia de certificacin de la eficiencia energtica de los edificios.

Disposicin adicional cuarta. Sanciones en materia de certificacin energtica de edificios y graduacin.

Disposiciones transitorias.

Disposicin transitoria primera. Calendario para la realizacin del Informe de Evaluacin de los Edificios.

Disposicin transitoria segunda. Regla temporal de aplicacin excepcional de la reserva mnima de suelo para vivienda protegida.

Disposicin derogatoria nica.

Disposiciones finales.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenacin del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area.

Disposicin final sexta. Modificacin de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

Disposicin final sptima. Modificacin de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposicin final octava. Modificacin de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposicin final novena. Modificacin de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposicin final dcima. Modificacin del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposicin final undcima. Modificacin del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin.

Disposicin final duodcima. Modificacin del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Disposicin final decimotercera. Modificacin del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Disposicin final decimocuarta. Modificacin del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos.

Disposicin final decimoquinta. Modificacin de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito.

Disposicin final decimosexta. Modificacin de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013.

Disposicin final decimosptima. Modificacin de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social.

Disposicin final decimoctava. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluacin de Edificios.

Disposicin final decimonovena. Carcter bsico y ttulos competenciales.

Disposicin final vigsima. Entrada en vigor.

PREMBULO

I

Los problemas econmicos y sociales existentes en torno al mercado del suelo y la vivienda en Espaa son de muy diversa ndole y, en buena medida, anteriores a la crisis econmico-financiera. La mayora tienen, de hecho, un carcter estructural y no solo coyuntural, si bien algunos de ellos se han visto agravados por el cambio de ciclo econmico, al tiempo que han contribuido tambin a agudizar la crisis.

La tradicin urbanstica espaola, como ya reconoci el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se ha volcado fundamentalmente en la produccin de nueva ciudad, descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar econmico y social y garantizando la calidad de vida a sus habitantes. Estas otras intervenciones son mucho ms complejas, tanto desde el punto de vista social como econmico; complejidad que se agrava en el momento presente a consecuencia de un contexto desfavorable para la financiacin pblica, debido a los procesos de estabilizacin presupuestaria, y tambin para la financiacin privada, por las restricciones en el acceso a los crditos, derivadas de la crisis del sector financiero y del empobrecimiento de muchas familias a consecuencia de los altos niveles de desempleo.

Sin embargo, el camino de la recuperacin econmica, mediante la reconversin del sector inmobiliario y de la construccin y tambin la garanta de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y econmico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitacin y de regeneracin y renovacin urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley. Tal y como se deduce del Sistema de Informacin Urbana y el Estudio de Sectores Residenciales en Espaa 2011, ambos elaborados por el Ministerio de Fomento, Espaa posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbansticos para los prximos cuarenta y cinco aos. Esta situacin se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados en entornos donde no es previsible ningn incremento de demanda en los prximos aos. A ello se une el dato significativo de vivienda nueva vaca, 723.043 viviendas. Tanto a corto, como a medio plazo, ser muy difcil que los sectores inmobiliario y de la construccin puedan contribuir al crecimiento de la economa espaola y a la generacin de empleo si continan basndose, principalmente y con carcter general, en la transformacin urbanstica de suelos vrgenes y en la construccin de vivienda nueva.

Pero an en el caso de que as fuera, la legislacin vigente ya da cumplida respuesta a estos procesos, mientras que no existe un desarrollo en igual medida que permita sustentar las operaciones de rehabilitacin y las de regeneracin y renovacin urbanas, en las que, adems, todava persisten obstculos legales que impiden su puesta en prctica o, incluso, su propia viabilidad tcnica y econmica. Es preciso, por tanto, generar un marco normativo idneo para dichas operaciones, que no slo llene las lagunas legales actualmente existentes, sino que remueva los obstculos que las imposibilitan en la prctica y que propicie la generacin de ingresos propios para hacer frente a las mismas.

La rehabilitacin y la regeneracin y renovacin urbanas tienen, adems, otro relevante papel que jugar en la recuperacin econmica, coadyuvando a la reconversin de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turstico. La actividad turstica es clave para la economa de nuestro pas y supone ms de un 10,2% del PIB, aportando un 11,39% del empleo. Numerosos destinos tursticos maduros se enfrentan a un problema sistmico en el que tiene mucho que ver el deterioro fsico de sus dotaciones y respecto de los cuales, la aplicacin de estrategias de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas podra generar impactos positivos que, a su vez, serviran de palanca imprescindible para el desarrollo econmico de Espaa.

II

No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado espaol necesita intervenciones de rehabilitacin y de regeneracin y renovacin urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, as como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservacin. Aproximadamente el 55% (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al ao 1980 y casi el 21% (5.226.133) cuentan con ms de 50 aos. El nico instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservacin de los inmuebles, la Inspeccin Tcnica de Edificios, no slo es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y as se pone de manifiesto desde los ms diversos sectores relacionados con la edificacin, sino que ni siquiera est establecido en todas las Comunidades Autnomas, ni se exige en todos los municipios espaoles.

A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energtica de los edificios y, a travs de ellos, de las ciudades. Casi el 58% de nuestros edificios se construy con anterioridad a la primera normativa que introdujo en Espaa unos criterios mnimos de eficiencia energtica: la norma bsica de la edificacin NBE-CT-79, sobre condiciones trmicas en los edificios. La Unin Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 Energa y Cambio Climtico, que establece, para los 27 pases miembros, dos objetivos obligatorios: la reduccin del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la elevacin de la contribucin de las energas renovables al 20% del consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energtica en un 20%. Estos objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al cumplimiento de los mismos, a travs de las medidas de rehabilitacin que permitirn reducir los consumos de energa, que promovern energas limpias y que, por efecto de las medidas anteriores, reducirn las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. En relacin con este ltimo objetivo, Espaa debe reducir en el ao 2020, un 10% de las emisiones de los sectores difusos, con respecto al ao 2005. Dentro de estos sectores, definidos como aquellos no incluidos en el comercio de derechos de emisin, se encuentra el residencial, el cual, conjuntamente con el sector comercial e institucional representa un 22% de las emisiones difusas, siendo asimismo responsable de emisiones indirectas, por consumo elctrico. Las emisiones de los sectores difusos representan el 2/3 de las totales, por lo que el objetivo de avanzar en una economa baja en carbono, mediante actuaciones en las viviendas de baja calidad, que en Espaa se sitan entre las construidas en las dcadas de los 50, 60 y 70, y mejorando la eficiencia del conjunto del parque residencial, es clave.

Precisamente, la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energtica, tras reconocer que los edificios representan el 40% del consumo de energa final de la Unin Europea, obliga no slo a renovar anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las Administraciones centrales para mejorar su rendimiento energtico, sino a que los Estados miembros establezcan, tambin, una estrategia a largo plazo, hasta el ao 2020 –para minorar el nivel de emisiones de CO2– y hasta el ao 2050 –con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95% en relacin a los niveles de 1990–, destinada a movilizar inversiones en la renovacin de edificios residenciales y comerciales, para mejorar el rendimiento energtico del conjunto del parque inmobiliario. A travs de esta estrategia de renovaciones exhaustivas y rentables que reduzcan el consumo de energa de los edificios, en porcentajes significativos con respecto a los niveles anteriores a la renovacin, se crearn adems oportunidades de crecimiento y de empleo en el sector de la construccin.

Y an con todo, el porcentaje que representa la rehabilitacin en Espaa en relacin con el total de la construccin es, asimismo, uno de los ms bajos de la zona euro, situndose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno del 41,7% del sector de la construccin, y ello an con el desplome de dicho sector en Espaa, a consecuencia de la crisis.

Esta actividad, globalmente entendida, no slo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energtica y de recuperacin econmica ya expresados, sino tambin de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesin social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos. No en vano, muchas de las ms importantes operaciones de regeneracin y renovacin urbanas tienen, adems, un carcter integrado, es decir, articulan medidas sociales, ambientales y econmicas, que se suman a las estrictamente fsicas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecucin de aquellos objetivos.

En suma, la actividad de rehabilitacin en su conjunto debe buscar reas que permitan aplicar polticas integrales que contemplen intervenciones no solo en el mbito fsico-espacial, sino tambin en los mbitos social, econmico, ambiental y de integracin de la ciudad. El tamao de estas operaciones permitir la puesta en servicio de redes de instalaciones energticas a escala de barrio, con menor consumo de recursos, y que permitiran que los barrios tiendan a la autosuficiencia energtica en el medio plazo.

III

Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas en materia de vivienda y urbanismo, el Estado no puede mantenerse al margen de la realidad del sector inmobiliario espaol, y con l, de nuestra economa, ni tampoco de los retos sociales y ambientales planteados, no slo porque parte de las respuestas corresponden a su mbito competencial, sino tambin porque muchas de las exigencias que se demandan en relacin con un medio urbano sostenible, proceden en la actualidad de la Unin Europea o de compromisos internacionales asumidos por Espaa. Entre ellos, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, refundida posteriormente en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energtica de los edificios y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energtica, a las que pueden aadirse la Estrategia Temtica para el Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, o la Declaracin de Toledo –aprobada por los Ministros responsables del desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Unin Europea el 22 de junio de 2010–, de acuerdo con la cual la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecucin de la mxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada, y en la que se destaca la importancia de la regeneracin urbana integrada y su potencial estratgico para un desarrollo urbano ms inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa.

La regulacin que contiene esta norma se enmarca en un contexto de crisis econmica, cuya salida depende en gran medida –dado el peso del sector inmobiliario en dicha crisis–, de la recuperacin y reactivacin –de cara sobre todo al empleo– del sector de la construccin. Dicha salida, en un contexto de improcedencia de polticas de expansin, tales como la generacin de nueva ciudad y nuevas viviendas, slo es posible actuando sobre el patrimonio inmobiliario y la edificacin existente.

Tambin se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energtico, con el relanzamiento de la industria de materiales, as como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificacin y de las tecnologas de energas renovables, para hacer frente, no slo a los retos energticos de la economa espaola –dependencia del exterior en energas primarias e incremento de costes y riesgos que tal dependencia supone–, sino tambin a los compromisos adquiridos en el contexto de la Unin Europea y su paquete de objetivos en materia energtica y de lucha contra el cambio climtico para el ao 2020. Estos compromisos incluyen la intervencin sobre el parque de viviendas existentes en cuanto sector en el que es posible un ahorro energtico considerable y en el que hay que incidir tambin desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climtico, inducido por los gases de efecto invernadero.

Esta norma constituye legislacin bsica dictada al amparo de la competencia estatal para establecer las bases y la coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, reconocida en el artculo 149.1.13. de la Constitucin, y fija, en consecuencia, un comn denominador de carcter nuclear que deja suficiente margen a las Comunidades Autnomas para el ejercicio de las competencias que les son propias. Adicionalmente, y en los trminos fijados en la disposicin final decimonovena, la presente Ley se dicta al amparo de los ttulos competenciales reconocidos en el artculo 149.1.1., 8., 14., 16., 18., 23., 25. y 30. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia sobre regulacin de las condiciones bsicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislacin civil, hacienda general y deuda del Estado, bases y coordinacin general de la sanidad, bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, procedimiento administrativo comn, legislacin sobre expropiacin forzosa y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente, bases del rgimen energtico y regulacin de las condiciones de obtencin, expedicin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales.

Dentro de este marco, los objetivos perseguidos por esta Ley son los siguientes:

En primer lugar, potenciar la rehabilitacin edificatoria y la regeneracin y renovacin urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos especficos que la hagan viable y posible.

En segundo lugar, ofrecer un marco normativo idneo para permitir la reconversin y reactivacin del sector de la construccin, encontrando nuevos mbitos de actuacin, en concreto, en la rehabilitacin edificatoria y en la regeneracin y renovacin urbanas.

En tercer lugar, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificacin, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relacin con los objetivos de eficiencia, ahorro energtico y lucha contra la pobreza energtica.

Para ello, adems de los contenidos propios de la nueva Ley, cuya funcin estriba bsicamente en llenar los vacos legales existentes, resulta necesario afrontar la modificacin de las siguientes normas actualmente en vigor, tanto para eliminar aquellos obstculos que impiden hoy alcanzar los objetivos propuestos, como para adaptar los existentes a los nuevos: el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto pblico y cancelacin de deudas con empresas y autnomos contradas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacin y de simplificacin administrativa, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin y la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. En algunos casos puntuales, la modificacin incluye la derogacin de determinados preceptos.

Los tres objetivos sealados en los prrafos anteriores se alinean con la Directiva 2010/31/UE, en la medida en que la presente Ley persigue promover la eficiencia energtica y atender a los desafos provocados por el cambio climtico. Para ello, se reconoce la oportunidad que ofrece la transformacin del modelo productivo hacia parmetros de sostenibilidad ambiental, social y econmica, con la creacin de empleos vinculados con el medio ambiente, los llamados empleos verdes, en concreto, aquellos vinculados con las energas renovables y las polticas de rehabilitacin y ahorro energtico.

IV

La Ley se compone de un Ttulo Preliminar, dos Ttulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y veinte disposiciones finales.

El Ttulo Preliminar de la Ley describe su objeto, que consiste en regular las condiciones bsicas que garanticen un desarrollo sostenible y competitivo del medio urbano, as como el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitacin de los edificios y a la regeneracin y renovacin de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El Ttulo Preliminar, asimismo, se refiere a las polticas que los poderes pblicos, dentro del mbito de sus competencias, debern formular y desarrollar, en el marco de los principios de sostenibilidad econmica, social y medioambiental, cohesin territorial, eficiencia energtica y complejidad funcional. Para todo ello, dispone el legislador estatal de fundamento competencial constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.1., 8., 13., 16., 18., 23. y 25. de la Constitucin.

V

El Ttulo I contiene la regulacin bsica del Informe de Evaluacin de los Edificios, que parte de la establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto pblico y cancelacin de deudas con empresas y autnomos contradas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacin y de simplificacin administrativa, pero supera algunas de sus insuficiencias. Entre ellas, la que lo identificaba plenamente con la Inspeccin Tcnica de Edificios regulada por las Comunidades Autnomas y por algunos Ayuntamientos y, precisamente, a sus nicos efectos. El legislador estatal, al regular este Informe de Evaluacin, trata de asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, as como obtener informacin que le permita orientar el ejercicio de sus propias polticas. Para ello, se dota de un instrumento que otorga la necesaria uniformidad a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, todo ello sin prejuzgar las concretas medidas de intervencin administrativa que deban poner en marcha las Administraciones competentes, para ir adaptando –de manera gradual en el tiempo–, el parque edificado espaol, a unos criterios mnimos de calidad y sostenibilidad. Su exigencia tambin se limita a aquellos edificios que tienen verdadera transcendencia en relacin con los mencionados objetivos, as como con una determinada poltica econmica y de vivienda a escala estatal, que son los de tipologa colectiva y siempre que su uso sea el residencial o asimilado.

Se busca tambin facilitar a las Administraciones competentes un instrumento que les permita disponer de la informacin precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones bsicas legalmente exigibles, tanto en materia de conservacin, como de accesibilidad. As, las primeras se regulan en el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y las segundas se derivan de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptacin normativa a la Convencin Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige la realizacin de los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal (con sus obras correspondientes), estableciendo incluso un plazo, que finaliza en el ao 2015, momento a partir del cual pueden ser legalmente exigidos, tanto para los edificios, como para los espacios pblicos urbanizados existentes y, por tanto, tambin controlados por la Administracin Pblica competente.

Por ltimo, el informe contiene un apartado de carcter orientativo sobre un aspecto clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia energtica y el cumplimiento de los compromisos de Espaa con Europa en el horizonte 2020: la Certificacin de la Eficiencia Energtica de los Edificios, exigida por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energtica, y por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que la refunde y completa. La certificacin contendr, no slo una calificacin del edificio a tales efectos (mediante letras, de la A a la G), sino tambin unas recomendaciones sobre las mejoras energticas que podran realizarse, analizadas en trminos de coste/beneficio y clasificadas en funcin de su viabilidad tcnica, econmica y funcional y de su repercusin energtica. Dado que la Directiva exige que esta certificacin se adjunte cuando una vivienda se ponga en venta o en alquiler, en aras de una mayor transparencia del mercado, una mayor informacin para los propietarios y un menor coste en su emisin, se busca la doble racionalidad y sinergia que supone incluirla en el informe de evaluacin del edificio.

VI

El Ttulo II contiene la regulacin de las actuaciones sobre el medio urbano, que van desde las de rehabilitacin edificatoria, hasta las que supongan una regeneracin y renovacin urbanas, identificando los sujetos legitimados para participar en ellas y ofreciendo nuevos instrumentos que, sin duda, contribuirn a facilitar la gestin y la cooperacin interadministrativa tan necesaria en estos casos. La Ley ampla las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurdica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservacin, e introduce los instrumentos de gestin y los mecanismos de cooperacin interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la bsqueda de mecanismos que pretenden conseguir que la financiacin para la rehabilitacin sea ms accesible y se encuentre ms al alcance de los interesados. Se establecen adems, otros mecanismos especficos para facilitar la financiacin de estas actuaciones, entre los que destacan los convenios entre las Administraciones Pblicas actuantes, los propietarios y dems sujetos que vayan a intervenir en la ejecucin, que pueden incluir, desde la explotacin conjunta del inmueble o partes del mismo, a los siguientes tipos de contratos o colaboracin:

– cesin, con facultad de arrendamiento u otorgamiento del derecho de explotacin a terceros, a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda a los propietarios de las fincas.

– permuta o cesin de terrenos o de parte de la edificacin sujeta a rehabilitacin por determinada edificacin futura.

– arrendamiento o cesin de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio del pago por el arrendatario o cesionario de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupacin de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservacin, etc.

– constituir consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, con participacin privada minoritaria.

Adems, con independencia de que se permita poner en marcha cualquier posible frmula de coordinacin, se asegura la colaboracin y la cooperacin econmica de la Administracin General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente, siempre que se otorgue prioridad en las ayudas estatales a las actuaciones que tengan por objeto la conservacin, la rehabilitacin edificatoria y la regeneracin y renovacin urbanas tal y como se conciban en los correspondientes Planes estatales.

VII

Las disposiciones adicionales albergan cuatro normas de contenido diverso. La primera recoge el sistema informativo general e integrado que dispusiera la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, para garantizar que la Administracin General del Estado, en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las Administraciones Locales, promover la actualizacin permanente y la explotacin de la informacin necesaria para el desarrollo de las polticas pblicas a favor de un medio urbano sostenible y competitivo. La segunda aclara que sigue vigente todo lo previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular lo que se refiere a la utilizacin de la referencia catastral, la incorporacin de la certificacin catastral descriptiva y grfica y las obligaciones de comunicacin, colaboracin y suministro de informacin previstas por la normativa catastral. Las disposiciones adicionales tercera y cuarta regulan, respectivamente, las infracciones en materia de certificacin de la eficiencia energtica de los edificios y las sanciones, as como su graduacin.

VIII

El rgimen transitorio contiene dos disposiciones. La primera de ellas tiene como objeto establecer el calendario para que los propietarios de las edificaciones a que hace referencia el artculo 4 se doten del Informe de Evaluacin regulado por esta Ley, estableciendo un esquema gradual razonable que, en la lnea ya establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto pblico y cancelacin de deudas con empresas y autnomos contradas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacin y de simplificacin administrativa tiene en cuenta su antigedad (ms de 50 aos), sin perjuicio de establecer las especialidades que requieren aquellos edificios que ya hayan pasado la inspeccin tcnica, de conformidad con su propia regulacin, en los que se busca evitar duplicidades indeseables, y aqullos otros cuyos titulares pretendan acogerse a posibles ayudas pblicas estatales a la rehabilitacin. Se establece, adems, un plazo ms amplio que el que finaliza en el ao 2015, a tenor de lo dispuesto hoy en el citado Real Decreto-ley 8/2011, plazo inasequible para los ms de 3 millones de viviendas afectadas. Con ello se pretende ir adaptando gradualmente, aunque de forma decidida, nuestro parque edificado a condiciones mnimas de conservacin, accesibilidad y calidad que ya son demandables en virtud de la legislacin vigente, sin perjuicio de lo que establezcan, adems, las Comunidades Autnomas y los propios Ayuntamientos.

La segunda establece, con carcter excepcional, y durante un perodo que no exceder de cuatro aos, una norma transitoria que trata de adecuar la mencionada reserva mnima obligatoria a la realidad del mercado, as como a la de sus potenciales beneficiarios. La regla contenida en el artculo 10.1 b) de la vigente Ley de Suelo tena sentido en una coyuntura de expansin de nuestros mercados inmobiliarios, prolongada e intensa en el tiempo, a la vez que en un contexto marcado por las ayudas pblicas a la adquisicin de esta clase de viviendas. La realidad, sin embargo, es hoy bien distinta. La actual situacin de las familias que renen las condiciones para poder acceder a estas viviendas, unida a la fuerte cada acumulada de los precios de la vivienda libre durante los ltimos aos y la inexistencia de adecuacin a dicha situacin, en los mdulos de la vivienda protegida, han provocado dos efectos que aconsejan el establecimiento de esta regla excepcional y temporal: de un lado el acercamiento sustancial de los precios de ambas, lo que resta toda competitividad a la vivienda protegida, caracterizada por un rgimen jurdico mucho ms restrictivo que el de la vivienda libre, y de otro la difcil situacin econmica de las familias, tanto en trminos de renta para poder adquirir una vivienda, como en trminos del acceso al crdito de las entidades financieras. Todo ello provoca que hoy, en el stock de vivienda sin vender ya construida, se encuentren viviendas con proteccin pblica, derivadas del cumplimiento de la mencionada reserva mnima estatal y que dicha reserva, por tanto, no slo no est coadyuvando al cumplimiento de los fines previstos, sino que est rigidizando injustificadamente las operaciones que, sobre todo en el suelo urbano, pero tambin en gran medida en el suelo urbanizable, tienen posibilidades de realizarse, incluso en los momentos difciles que atraviesa el sector inmobiliario.

Por ltimo, la disposicin derogatoria contiene, adems de la clusula general, la derogacin explcita de todos aquellos artculos de las diversas Leyes ya mencionadas, que quedan subsumidos en esta Ley, con una nueva redaccin, sistemtica y coherente.

IX

Las disposiciones finales regulan otros aspectos de la Ley de indudable relevancia. Entre ellos, las modificaciones que se introducen sobre otras leyes y un real decreto, hoy vigentes, con el objetivo de coadyuvar a la consecucin de los objetivos perseguidos, como ocurre especficamente, con la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin y el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Cdigo Tcnico de la Edificacin. Adems, catorce disposiciones finales contienen otras tantas modificaciones legales puntuales, consideradas necesarias desde diversos aspectos.

La disposicin final primera contiene modificaciones sobre la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, con el objeto de evitar que los actuales regmenes de mayoras establecidos impidan la realizacin de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus ms importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisin por unanimidad o por mayoras muy cualificadas, mxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al ttulo constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administracin actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.

La disposicin final segunda modifica el apartado 1 de la disposicin adicional sptima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenacin del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, con el objeto de aportar una mejora tcnica en su redaccin.

La disposicin final tercera modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, para vincular la aplicacin del Cdigo Tcnico de la Edificacin, de manera especfica, a las intervenciones que se realicen en los edificios existentes a que se refieren las letras b) y c) del artculo 2.2 de dicha Ley. Todo ello con independencia de que el Cdigo Tcnico de la Edificacin ser de aplicacin, adems, a todas las intervenciones en los edificios existentes, a cuyos efectos, su cumplimiento podr justificarse en el proyecto o en una memoria suscrita por tcnico competente, junto a la solicitud de la licencia o de autorizacin administrativa que sea preceptiva para la realizacin de las obras, superando as la falta de control actual sobre dicho cumplimiento, en la mayor parte de las obras de rehabilitacin.

La disposicin final cuarta modifica algunos preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de introducir mejoras tcnicas en su redaccin.

La disposicin final quinta modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, con el objeto de habilitar expresamente al Gobierno para que establezca reglamentariamente el contenido mnimo del Plan de asistencia en los casos de accidente areo, ya que dicho contenido, con base en las orientaciones de la Organizacin Internacional de Aviacin Civil (OACI), implica la asuncin, por parte de las compaas areas, de obligaciones de diversa naturaleza.

La disposicin final sexta modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, de un lado, con la finalidad de habilitar a SEGIPSA para que acte como medio propio de todos los poderes adjudicadores vinculados a la Administracin General del Estado y como instrumento especializado en la gestin patrimonial de la Administracin General del Estado y las entidades que, teniendo la condicin de poder adjudicador pertenezcan al Sector Pblico Estatal. De otro, para facilitar el acceso de los interesados a los procedimientos de enajenacin, flexibilizando las condiciones existentes.

Las disposiciones finales sptima, octava y novena modifican, respectivamente, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En todas ellas, se trata de establecer un marco de colaboracin entre la Intervencin General de la Administracin del Estado y la Agencia Tributaria, en orden a un eficaz intercambio de informacin entre ambas, medida que complementa las ya adoptadas para la lucha contra la morosidad, por medio del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estmulo y del crecimiento y de la creacin de empleo, que ahora se tramita como Proyecto de Ley.

La disposicin final dcima modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el fin de profundizar en el cumplimiento del principio de transparencia contenido en la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La disposicin final undcima modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin, con el objeto de resolver los problemas que plantea en relacin con la rehabilitacin, y que vienen siendo reclamados por los principales agentes del sector. Entre dichas modificaciones, destacan las que tratan de eliminar las definiciones relacionadas con obras de rehabilitacin que actualmente inducen a error, la inclusin de los criterios de flexibilidad y no empeoramiento en la aplicacin del Cdigo Tcnico a las intervenciones en edificios existentes y, por ltimo, la obligacin de declarar el nivel de prestaciones alcanzado y las condiciones de uso y mantenimiento derivadas de la intervencin. En los dos ltimos casos, se trata de aportar un elemento de transparencia en el mercado y de puesta en valor de la rehabilitacin. Todo ello con independencia de que se vayan realizando posteriores modificaciones de este Cdigo, con carcter eminentemente tcnico, con la finalidad de ir adaptndolo a la intervencin sobre edificios existentes, que revestiran ya la forma de Orden Ministerial.

La disposicin final duodcima incluye una importante modificacin del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. En primer lugar, se completa la regulacin del deber legal de conservacin, para sistematizar los tres niveles que ya, de conformidad con la legislacin vigente, lo configuran: un primer nivel bsico o estricto, en el que el deber de conservacin conlleva, con carcter general, el destino a usos compatibles con la ordenacin territorial y urbanstica y la necesidad de garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles. Adems, con carcter particular, el deber legal de conservacin tambin contiene la necesidad de satisfacer los requisitos bsicos de la edificacin, establecidos en el artculo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, con lo que se dota de mayor coherencia a la tradicional referencia de este deber a la seguridad y a la salubridad, sin que el cumplimiento de estos requisitos signifique, con carcter general, la aplicacin retroactiva del Cdigo Tcnico de la Edificacin, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, a la edificacin construida con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Un segundo nivel, en el que el deber de conservacin incluye los trabajos y obras necesarios para adaptar y actualizar progresivamente las edificaciones, en particular las instalaciones, a las normas legales que les vayan siendo explcitamente exigibles en cada momento. No se trata de aplicar con carcter retroactivo la normativa, sino de incluir en este deber las obligaciones que para la edificacin existente explcitamente vaya introduciendo la normativa del sector con el objetivo de mantener sus condiciones de uso, de acuerdo con la evolucin de las necesidades sociales.

Y un tercer nivel, en el que se define con mayor precisin y se perfila ms especficamente, el carcter de las obras adicionales incluidas dentro del propio deber de conservacin, por motivos de inters general, desarrollando lo que la Ley de Suelo defini como mejora. Se distinguen as dos supuestos: los tradicionales motivos tursticos o culturales, que ya forman parte de la legislacin urbanstica autonmica, y la mejora para la calidad y sostenibilidad del medio urbano, que introdujo la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, y que puede consistir en la adecuacin parcial, o completa, a todas o a alguna de las exigencias bsicas establecidas en el ya citado Cdigo Tcnico de la Edificacin. En ambos casos, la imposicin del deber requerir que la Administracin, de manera motivada, determine el nivel de calidad que deba ser alcanzado por el edificio, para cada una de las exigencias bsicas a que se refiera la imposicin del mismo y su lmite se mantiene en los mismos trminos que ya contiene la legislacin en vigor.

La modificacin expuesta no impone, por tanto, nuevas obras de conservacin de inmuebles, ya que el deber de conservacin ha tenido y sigue teniendo los mismos contenidos que ahora observa el artculo 9 del texto refundido de la Ley de Suelo. Tambin son ya obligatorias, siempre que encajen en el concepto de ajustes razonables, las obras que deben garantizar la accesibilidad universal, teniendo como lmite mximo su cumplimiento el ao 2015.

Otro objetivo que persigue la reforma del texto refundido de la Ley de Suelo es el de eliminar las cargas urbansticas injustificadas que existen en relacin con los suelos ya urbanizados y que impiden llevar a la prctica las actuaciones reguladas por esta Ley. Dichas cargas estn establecidas con una prctica identidad entre los suelos en situacin de urbanizados y los suelos en situacin rural, con destino a una operacin de transformacin urbanstica. En este sentido, se completa la escueta regulacin contenida respecto del suelo en situacin de urbanizado, por el artculo 12.2, con el objeto de permitir su utilizacin instrumental al servicio del estatuto jurdico bsico de la propiedad del suelo y del rgimen de valoraciones e indemnizaciones. Se pretende tambin limitar, a aquellos efectos, la posible consideracin como suelos en situacin de urbanizados de determinados suelos que, incluso al amparo del planeamiento urbanstico, y sobre la base de su clasificacin como suelos urbanos en su categora de no consolidados, en absoluto la tienen, tanto de conformidad con la definicin estatal, como con la propia regulacin autonmica. Esta modificacin se complementa con la derogacin del artculo 2 del Reglamento de valoraciones, aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que ya se considera incompatible con la modificacin legal.

Por lo que respecta a las actuaciones de transformacin urbanstica, se introducen modificaciones tendentes a adecuar sus actuales parmetros a la realidad del medio urbano y de las actuaciones que se producen, tanto sobre el patrimonio edificado, como sobre los propios tejidos urbanos. Para ello, a las sealadas actuaciones, dentro de las cuales se incluyen las actuaciones de dotacin, se aaden las denominadas actuaciones edificatorias, que engloban, tanto las de nueva edificacin y de sustitucin de la edificacin existente, como las de rehabilitacin edificatoria, entendiendo por tales la realizacin de las obras y trabajos de mantenimiento o intervencin en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los trminos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, cuando no concurran los elementos que configuran la esencia de las actuaciones de transformacin urbanstica. Entre ellos, la urbanizacin, la reforma o renovacin de sta y los reajustes entre nuevas dotaciones y los incrementos de edificabilidad o densidad y los cambios de uso. Tambin se adapta a este nuevo rgimen, el de los deberes urbansticos establecidos por el artculo 16 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo, a la vez que se incorpora en la documentacin de los instrumentos de planificacin que comprendan la ordenacin de dichas intervenciones, una memoria de sostenibilidad econmica cuyo objeto ser asegurar, con carcter previo a la ejecucin de las mismas, que se produce un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas.

Con la misma idea de flexibilizar, se incluye una modificacin en la regla bsica estatal que, desde el ao 2007, ha tratado de garantizar una oferta mnima de suelo para vivienda asequible, exigiendo un 30% de la edificabilidad residencial prevista, en todos los suelos que fuesen objeto de actuaciones de urbanizacin. Esta regla, que se aplicaba por igual a los suelos urbanos y a los suelos urbanizables, se flexibiliza de manera especfica cuando la actuacin se realiza sobre suelo en situacin de urbanizado, con la idea de asegurar en la mayor medida posible la ya complicada viabilidad de las operaciones de renovacin urbana que impliquen una reurbanizacin del mbito de actuacin.

Por ltimo, se incluyen tambin normas excepcionales para aquellos supuestos en los que la actuacin se proyecta sobre zonas muy degradadas de las ciudades, o con un porcentaje de infravivienda muy elevado, en los que, tanto la inexistencia de suelos disponibles en su entorno inmediato para dotar de coherencia a los deberes de entrega de suelo, como el cumplimiento de determinadas cargas, podran frustrar su finalidad prioritaria, que es superar tales situaciones. En tales casos, la regla excepcional se justifica por la necesidad de priorizar entre los diversos intereses pblicos en presencia.

La disposicin final decimotercera modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para incorporar una nueva disposicin adicional trigsima cuarta que explicita que, en los contratos ejecutados aportando de forma sucesiva bienes y servicios de precio unitario, las demandas de la Administracin que sobrepasen el presupuesto mximo que fue objeto de licitacin para adjudicar el contrato, tendrn el tratamiento de modificaciones previstas en la documentacin que rige la licitacin de dicho contrato.

Las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta modifican, respectivamente, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito. En ambos casos se trata de incluir meras mejoras tcnicas.

La disposicin final decimosexta modifica la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013 para introducir elementos adicionales de transparencia que, adems, resultan acordes con la prctica habitual existente en la actualidad.

La disposicin final decimosptima modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social, nuevamente con el objetivo de aportar una mejora tcnica.

La disposicin final decimoctava remite a un posterior desarrollo reglamentario, mediante Orden de los Ministerios de Industria, Energa y Turismo, y de Fomento, la determinacin de las cualificaciones que se requerirn para suscribir los Informes de Evaluacin de Edificios que regula esta Ley, as como los medios de acreditacin Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluacin de Edificios.

Las dos ltimas disposiciones finales, es decir, la decimonovena y vigsima contienen los habituales contenidos dedicados a fundamentar los ttulos competenciales del Estado en las materias reguladas y la entrada en vigor de la propia Ley.

TTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto de la Ley.

Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones bsicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitacin de los edificios y a la regeneracin y renovacin de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y siempre que de la legislacin especficamente aplicable no resulte otra definicin ms pormenorizada, los conceptos incluidos en este artculo sern interpretados y aplicados, con el significado y el alcance siguientes:

1. Residencia habitual: la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante un perodo superior a 183 das al ao.

2. Infravivienda: la edificacin, o parte de ella, destinada a vivienda, que no rena las condiciones mnimas exigidas de conformidad con la legislacin aplicable. En todo caso, se entender que no renen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, nmero, dimensin y caractersticas de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones bsicas y las que no cumplan los requisitos mnimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificacin.

3. Coste de reposicin de una construccin o edificacin: el valor actual de construccin de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relacin con las caractersticas constructivas y la superficie til, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupacin sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.

4. Ajustes razonables: las medidas de adecuacin de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y prctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrn en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopcin podra representar, la estructura y caractersticas de la persona o entidad que haya de ponerla en prctica y la posibilidad que tengan aqullas de obtener financiacin oficial o cualquier otra ayuda. Se entender que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en rgimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas pblicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

5. Complejos inmobiliarios:

5.1 Complejo inmobiliario privado: aquel complejo inmobiliario sujeto al rgimen de organizacin unitaria de la propiedad inmobiliaria a que se refiere el artculo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, as como a los regmenes especiales de propiedad establecidos por el artculo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

5.2 Complejo inmobiliario urbanstico: el integrado, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, por superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, destinadas a la edificacin o uso privado y al dominio pblico.

6. Edificio de tipologa residencial de vivienda colectiva: el compuesto por ms de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultnea, otros usos distintos del residencial. Con carcter asimilado se entiende incluida en esta tipologa, el edificio destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin constituir ncleo familiar, compartan servicios y se sometan a un rgimen comn, tales como hoteles o residencias.

Artculo 3. Fines comunes de las polticas pblicas para un medio urbano ms sostenible, eficiente y competitivo.

Los poderes pblicos formularn y desarrollarn en el medio urbano las polticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad econmica, social y medioambiental, cohesin territorial, eficiencia energtica y complejidad funcional, para:

a) Posibilitar el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicacin de la mejor tecnologa disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energa y la produccin de residuos, y mejoren su gestin.

b) Favorecer y fomentar la dinamizacin econmica y social y la adaptacin, la rehabilitacin y la ocupacin de las viviendas vacas o en desuso.

c) Mejorar la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios pblicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentar unos servicios generales ms eficientes econmica y ambientalmente.

d) Favorecer, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean precisos, la localizacin de actividades econmicas generadoras de empleo estable, especialmente aqullas que faciliten el desarrollo de la investigacin cientfica y de nuevas tecnologas, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestin inteligente.

e) Garantizar el acceso universal de los ciudadanos a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios, as como su movilidad.

f) Integrar en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la funcin residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los ncleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximacin de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, as como la cohesin y la integracin social.

g) Fomentar la proteccin de la atmsfera y el uso de materiales, productos y tecnologas limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la construccin, as como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

h) Priorizar las energas renovables frente a la utilizacin de fuentes de energa fsil y combatir la pobreza energtica con medidas a favor de la eficiencia y el ahorro energtico.

i) Valorar, en su caso, la perspectiva turstica y permitir y mejorar el uso turstico responsable.

j) Favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histrico o cultural.

k) Contribuir a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hdricos, basada en el ahorro y en la reutilizacin.

TTULO I
El Informe de Evaluacin de los Edificios
Artculo 4. El Informe de Evaluacin de los Edificios.

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipologa residencial de vivienda colectiva podrn ser requeridos por la Administracin competente, de conformidad con lo dispuesto en la disposicin transitoria primera, para que acrediten la situacin en la que se encuentran aqullos, al menos en relacin con el estado de conservacin del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, as como sobre el grado de eficiencia energtica de los mismos.

2. El Informe de Evaluacin que determine los extremos sealados en el apartado anterior, identificar el bien inmueble, con expresin de su referencia catastral y contendr, de manera detallada:

a) La evaluacin del estado de conservacin del edificio.

b) La evaluacin de las condiciones bsicas de accesibilidad universal y no discriminacin de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacin del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

c) La certificacin de la eficiencia energtica del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.

Cuando, de conformidad con la normativa autonmica o municipal, exista un Informe de Inspeccin Tcnica que ya permita evaluar los extremos sealados en las letras a) y b) anteriores, se podr complementar con la certificacin referida en la letra c), y surtir los mismos efectos que el informe regulado por esta Ley. Asimismo, cuando contenga todos los elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podr surtir los efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible exigencia de la subsanacin de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realizacin de las mismas en sustitucin y a costa de los obligados, con independencia de la aplicacin de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislacin urbanstica aplicable.

3. El Informe de Evaluacin realizado por encargo de la comunidad o agrupacin de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extender su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

4. El Informe de Evaluacin tendr una periodicidad mnima de diez aos, pudiendo establecer las Comunidades Autnomas y los Ayuntamientos una periodicidad menor.

5. El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el Informe de Evaluacin regulado por este artculo y la disposicin transitoria primera tendr la consideracin de infraccin urbanstica, con el carcter y las consecuencias que atribuya la normativa urbanstica aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspeccin tcnica de edificios o equivalente, en el plazo expresamente establecido.

6. Los propietarios de inmuebles obligados a la realizacin del informe regulado por este artculo debern remitir una copia del mismo al organismo que determine la Comunidad Autnoma, con el fin de que dicha informacin forme parte de un Registro integrado nico. La misma regla resultar de aplicacin en relacin con el informe que acredite la realizacin de las obras correspondientes, en los casos en los que el informe de evaluacin integre el correspondiente a la inspeccin tcnica, en los trminos previstos en el ltimo prrafo del apartado 2, y siempre que de ste ltimo se derivase la necesidad de subsanar las deficiencias observadas en el inmueble.

Artculo 5. Coordinacin administrativa.

Para asegurar los principios de informacin, coordinacin y eficacia en la actuacin de las Administraciones Pblicas, y facilitar el conocimiento ciudadano en relacin con la sostenibilidad y calidad del medio urbano y el parque edificado, los Informes de Evaluacin de los Edificios servirn para nutrir los censos de construcciones, edificios, viviendas y locales precisados de rehabilitacin, a que se refiere la disposicin adicional primera.

Artculo 6. Capacitacin para el Informe de Evaluacin de los Edificios.

1. El Informe de la Evaluacin de los Edificios podr ser suscrito tanto por los tcnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspeccin registradas que pudieran existir en las Comunidades Autnomas, siempre que cuenten con dichos tcnicos. A tales efectos se considera tcnico facultativo competente el que est en posesin de cualquiera de las titulaciones acadmicas y profesionales habilitantes para la redaccin de proyectos o direccin de obras y direccin de ejecucin de obras de edificacin, segn lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, o haya acreditado la cualificacin necesaria para la realizacin del Informe, segn lo establecido en la disposicin final decimoctava.

Dichos tcnicos, cuando lo estimen necesario, podrn recabar, en relacin con los aspectos relativos a la accesibilidad universal, el criterio experto de las entidades y asociaciones de personas con discapacidad que cuenten con una acreditada trayectoria en el mbito territorial de que se trate y tengan entre sus fines sociales la promocin de dicha accesibilidad.

2. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Pblicas enumeradas en el artculo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, podrn suscribir los Informes de Evaluacin, en su caso, los responsables de los correspondientes servicios tcnicos que, por su capacitacin profesional, puedan asumir las mismas funciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Las deficiencias que se observen en relacin con la evaluacin de lo dispuesto en el artculo 4.2 se justificarn en el Informe bajo el criterio y la responsabilidad del tcnico competente que lo suscriba.

TTULO II
Las actuaciones sobre el medio urbano
CAPTULO I
Actuaciones y sujetos obligados
Artculo 7. Objeto de las actuaciones.

1. De conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en la legislacin estatal sobre suelo y edificacin, y en la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, las actuaciones sobre el medio urbano se definen como aqullas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitacin edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradacin de los requisitos bsicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y de regeneracin y renovacin urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificacin en sustitucin de edificios previamente demolidos.

2. Las actuaciones de regeneracin y renovacin urbanas tendrn, adems, carcter integrado cuando articulen medidas sociales, ambientales y econmicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria.

Artculo 8. Sujetos obligados.

La realizacin de las obras comprendidas en las actuaciones a que se refiere el artculo anterior corresponde, adems de a aquellos sujetos a los que la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica atribuya dicha obligacin, a los siguientes:

a) Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la proporcin acordada en el correspondiente contrato o negocio jurdico que legitime la ocupacin. En ausencia de ste, o cuando el contrato no contenga clusula alguna relativa a la citada proporcin, corresponder a stos o a aqullos, en funcin de si las obras tienen o no el carcter de reparaciones menores motivadas por el uso diario de la vivienda, sus instalaciones y servicios. La determinacin se realizar de acuerdo con la normativa reguladora de la relacin contractual y, en su caso, con las proporciones que figuren en el Registro de la Propiedad, relativas al bien y a sus elementos anexos de uso privativo.

b) Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades de propietarios, as como las cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos comunes de la construccin, el edificio o complejo inmobiliario en rgimen de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir, en los trminos de los estatutos de la comunidad o agrupacin de comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran estas ltimas.

c) Las Administraciones Pblicas, cuando afecten a elementos propios de la urbanizacin y no exista el deber legal para los propietarios de asumir su coste, o cuando stas financien parte de la operacin con fondos pblicos, en los supuestos de ejecucin subsidiaria, a costa de los obligados.

CAPTULO II
Ordenacin y gestin
Artculo 9. La iniciativa en la ordenacin de las actuaciones.

1. La iniciativa para proponer la ordenacin de las actuaciones de rehabilitacin edificatoria y las de regeneracin y renovacin urbanas, podr partir de las Administraciones Pblicas, las entidades pblicas adscritas o dependientes de las mismas y los propietarios. En concreto, estarn legitimados para ello las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores.

2. Las Administraciones Pblicas adoptarn medidas que aseguren la realizacin de las obras de conservacin, y la ejecucin de actuaciones de rehabilitacin edificatoria, de regeneracin y renovacin urbanas que sean precisas y, en su caso, formularn y ejecutarn los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradacin de los requisitos bsicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de mbitos, o de conjuntos urbanos homogneos; o situaciones graves de pobreza energtica. Sern prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energa, as como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el mbito, bien de una amplia participacin de los mismos en ella.

Artculo 10. Reglas bsicas para la ordenacin y ejecucin de las actuaciones.

1. Las actuaciones de rehabilitacin edificatoria y las de regeneracin y renovacin urbanas que impliquen la necesidad de alterar la ordenacin urbanstica vigente, observarn los trmites procedimentales requeridos por la legislacin aplicable para realizar la correspondiente modificacin. No obstante, tal legislacin podr prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenacin se aprueben de forma simultnea a aquella modificacin, o independientemente de ella, por los procedimientos de aprobacin de las normas reglamentarias, con los mismos efectos que tendran los propios planes de ordenacin urbanstica. En cualquier caso, incorporarn el informe o memoria de sostenibilidad econmica que regula el artculo siguiente.

Las actuaciones que no requieran la alteracin de la ordenacin urbanstica vigente, precisarn la delimitacin y aprobacin de un mbito de actuacin conjunta, que podr ser continuo o discontinuo, o la identificacin de la actuacin aislada que corresponda, a propuesta de los sujetos mencionados en el artculo anterior, y a eleccin del Ayuntamiento.

2. El acuerdo administrativo mediante el cual se delimiten los mbitos de actuacin conjunta o se autoricen las actuaciones que deban ejecutarse de manera aislada, garantizar, en todo caso, la realizacin de las notificaciones requeridas por la legislacin aplicable y el trmite de informacin al pblico cuando ste sea preceptivo, conteniendo, adems y como mnimo, los extremos siguientes:

a) Avance de la equidistribucin que sea precisa, entendiendo por tal la distribucin, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecucin de la correspondiente actuacin y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas pblicas y todos los que permitan generar algn tipo de ingreso vinculado a la operacin.

La equidistribucin tomar como base las cuotas de participacin que correspondan a cada uno de los propietarios en la comunidad de propietarios o en la agrupacin de comunidades de propietarios, en las cooperativas de viviendas que pudieran constituirse al efecto, as como la participacin que, en su caso, corresponda, de conformidad con el acuerdo al que se haya llegado, a las empresas, entidades o sociedades que vayan a intervenir en la operacin, para retribuir su actuacin.

b) El plan de realojo temporal y definitivo, y de retorno a que d lugar, en su caso.

3. Ser posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio pblico que resulten indispensables para la instalacin de ascensores u otros elementos, as como las superficies comunes de uso privativo, tales como vestbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, tcnica o econmicamente, ninguna otra solucin para garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones pblicas y dems elementos del dominio pblico. A tales efectos, los instrumentos de ordenacin urbanstica garantizarn la aplicacin de dicha regla, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mnimas a linderos, otras edificaciones o a la va pblica o alineaciones, bien aplicando cualquier otra tcnica que, de conformidad con la legislacin aplicable, consiga la misma finalidad.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior ser tambin de aplicacin a los espacios que requieran la realizacin de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la demanda energtica anual de calefaccin o refrigeracin del edificio y que consistan en:

a) la instalacin de aislamiento trmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas.

b) la instalacin de dispositivos bioclimticos adosados a las fachadas o cubiertas.

c) la realizacin de las obras y la implantacin de las instalaciones necesarias para la centralizacin o dotacin de instalaciones energticas comunes y de captadores solares u otras fuentes de energa renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan reducir el consumo anual de energa primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30 por ciento.

d) La realizacin de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.

5. Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles declarados de inters cultural o sujetos a cualquier otro rgimen de proteccin, se buscarn soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sean precisas para mejorar la eficiencia energtica y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservacin de los valores objeto de proteccin. En cualquier caso, debern ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el rgano competente para la gestin del rgimen de proteccin aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

Artculo 11. Memoria de viabilidad econmica.

La ordenacin y ejecucin de las actuaciones referidas en el artculo anterior requerir la realizacin, con carcter previo, de una memoria que asegure su viabilidad econmica, en trminos de rentabilidad, de adecuacin a los lmites del deber legal de conservacin y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su mbito de actuacin y contendr, al menos, los siguientes elementos:

a) Un estudio comparado de los parmetros urbansticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificacin de las determinaciones urbansticas bsicas referidas a edificabilidad, usos y tipologas edificatorias y redes pblicas que habra que modificar. La memoria analizar, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introduccin de nuevos usos, as como la posible utilizacin del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio econmico, a la rentabilidad de la operacin y a la no superacin de los lmites del deber legal de conservacin.

b) Las determinaciones econmicas bsicas relativas a los valores de repercusin de cada uso urbanstico propuesto, estimacin del importe de la inversin, incluyendo, tanto las ayudas pblicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, as como la identificacin del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes pblicas.

c) El anlisis de la inversin que pueda atraer la actuacin y la justificacin de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformacin fsica propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los lmites del deber legal de conservacin.

El anlisis referido en el prrafo anterior har constar, en su caso, la posible participacin de empresas de rehabilitacin o prestadoras de servicios energticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestin, mediante la financiacin de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, as como la financiacin de la operacin por medio de ahorros amortizables en el tiempo.

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortizacin de las inversiones y la financiacin de la operacin.

e) La evaluacin de la capacidad pblica necesaria para asegurar la financiacin y el mantenimiento de las redes pblicas que deban ser financiadas por la Administracin, as como su impacto en las correspondientes Haciendas Pblicas.

Artculo 12. Efectos de la delimitacin de los mbitos de gestin y ejecucin de las actuaciones.

1. La delimitacin espacial del mbito de actuacin de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas, sea conjunta o aislada, una vez firme en va administrativa, provoca los siguientes efectos:

a) comporta la declaracin de la utilidad pblica o, en su caso, el inters social, a los efectos de la aplicacin de los regmenes de expropiacin, venta y sustitucin forzosas de los bienes y derechos necesarios para su ejecucin, y su sujecin a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administracin actuante, adems de aquellos otros que expresamente se deriven de lo dispuesto en la legislacin aplicable.

b) legitima la ocupacin de las superficies de espacios libres o de dominio pblico de titularidad municipal que sean indispensables para la instalacin de ascensores u otros elementos para garantizar la accesibilidad universal, siendo la aprobacin definitiva causa suficiente para que se establezca una cesin de uso del vuelo por el tiempo en que se mantenga la edificacin o, en su caso, su recalificacin y desafectacin, con enajenacin posterior a la comunidad o agrupacin de comunidades de propietarios correspondiente, siempre que resulte inviable tcnica o econmicamente cualquier otra solucin y quede garantizada la funcionalidad del dominio pblico correspondiente.

Cuando, con las finalidades y con los requisitos previstos en el prrafo anterior, fuere preciso ocupar bienes de dominio pblico pertenecientes a otras Administraciones, los Ayuntamientos podrn solicitar a su titular la cesin de uso o desafectacin de los mismos, la cual proceder, en su caso, de conformidad con lo previsto en la legislacin reguladora del bien correspondiente.

c) marca el inicio de las actuaciones a realizar, de conformidad con la forma de gestin por la que haya optado la Administracin actuante.

2. La conformidad o autorizacin administrativas correspondientes a cualesquiera de las actuaciones referidas en el apartado 1, determinar la afeccin real directa e inmediata, por determinacin legal, de las fincas constitutivas de elementos privativos de regmenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras. La afeccin real se har constar mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, con constancia expresa de su carcter de garanta real y con el mismo rgimen de preferencia y prioridad establecido para la afeccin real al pago de cuotas de urbanizacin en las actuaciones de transformacin urbanstica.

Artculo 13. Las formas de ejecucin.

1. Las Administraciones Pblicas podrn utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecucin de las actuaciones de rehabilitacin edificatoria y las de regeneracin y renovacin urbanas, todas las modalidades de gestin directa e indirecta admitidas por la legislacin de rgimen jurdico, de contratacin de las Administraciones Pblicas, de rgimen local y de ordenacin territorial y urbanstica.

2. En funcin de la forma de gestin que se adopte, las siguientes reglas procedimentales comunes resultarn de aplicacin en todo caso:

a) en la expropiacin, no ser preciso el consentimiento del propietario para pagar el correspondiente justiprecio expropiatorio en especie, cuando el mismo se efecte dentro del propio mbito de gestin y dentro del plazo temporal establecido para la terminacin de las obras correspondientes. Asimismo, la liberacin de la expropiacin no tendr carcter excepcional, y podr ser acordada discrecionalmente por la Administracin actuante, cuando se aporten garantas suficientes, por parte del propietario liberado, en relacin con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.

b) en la ejecucin subsidiaria a cargo de la Administracin Pblica, sta sustituir al titular o titulares del inmueble o inmuebles, asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aqullos.

3. Tanto en los supuestos previstos en el apartado anterior, como en todos aquellos otros que deriven de una actuacin de iniciativa pblica, la Administracin resolver si ejecuta las obras directamente o si procede a su adjudicacin por medio de la convocatoria de un concurso pblico, en cuyo caso, las bases determinarn los criterios aplicables para su adjudicacin y el porcentaje mnimo de techo edificado que se atribuir a los propietarios del inmueble objeto de la sustitucin forzosa, en rgimen de propiedad horizontal. En dichos concursos podrn presentar ofertas cualesquiera personas fsicas o jurdicas, interesadas en asumir la gestin de la actuacin, incluyendo los propietarios que formen parte del correspondiente mbito. A tales efectos, stos debern constituir previamente una asociacin administrativa que se regir por lo dispuesto en la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, en relacin con las Entidades Urbansticas de Conservacin. La adjudicacin del concurso tendr en cuenta, con carcter preferente, aquellas alternativas u ofertas que propongan trminos adecuadamente ventajosos para los propietarios afectados, salvo en el caso de incumplimiento de la funcin social de la propiedad o de los plazos establecidos para su ejecucin, tal como se regula en el artculo 9.2 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, estableciendo incentivos, atrayendo inversin y ofreciendo garantas o posibilidades de colaboracin con los mismos; y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto y propongan obras de eliminacin de las situaciones de infravivienda, de cumplimiento del deber legal de conservacin, de garanta de la accesibilidad universal, o de mejora de la eficiencia energtica.

Asimismo podrn suscribirse convenios de colaboracin entre las Administraciones Pblicas y las entidades pblicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como objeto, entre otros, conceder la ejecucin a un Consorcio previamente creado, o a una sociedad de capital mixto de duracin limitada, o por tiempo indefinido, en la que las Administraciones Pblicas ostentarn la participacin mayoritaria y ejercern, en todo caso, el control efectivo, o la posicin decisiva en su funcionamiento.

Artculo 14. Los derechos de realojamiento y de retorno.

1. En la ejecucin de las actuaciones previstas por esta Ley que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, debern garantizar el derecho de aqullos al realojamiento en los trminos establecidos por la Ley de Suelo y por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica:

a) la Administracin expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiacin, cuando se acte por expropiacin. A tales efectos, debern poner a disposicin de aqullos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas sometidas a algn rgimen de proteccin pblica y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los lmites establecidos por la legislacin protectora. La entrega de la vivienda de reemplazo, en el rgimen en que se viniera ocupando la expropiada, equivaldr al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metlico, en cuyo caso no tendr derecho de realojo.

b) el promotor de la actuacin, cuando se acte mediante mbitos de gestin conjunta, mediante procedimientos no expropiatorios. En estos casos, el promotor deber garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislacin aplicable.

2. Cuando se acte de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiacin, los arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitacin o demolicin no puedan hacer uso de las viviendas arrendadas, tendrn el derecho a un alojamiento provisional, as como a retornar cuando sea posible, siendo ambos derechos ejercitables frente al dueo de la nueva edificacin, y por el tiempo que reste hasta la finalizacin del contrato.

Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deber proporcionar una nueva vivienda, cuya superficie no sea inferior al cincuenta por ciento de la anterior y siempre que tenga, al menos, noventa metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si no alcanzaba dicha superficie, de caractersticas anlogas a aqulla y que est ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.

3. El derecho de realojamiento es personal e intransferible, salvo en el caso de los herederos forzosos o del cnyuge suprstite, siempre y cuando acrediten que comparten con el titular en trminos de residencia habitual, la vivienda objeto del realojo.

4. Todo procedimiento de realojamiento respetar, al menos, las siguientes normas procedimentales comunes:

a) La Administracin actuante identificar a los ocupantes legales a que hace referencia el apartado 1, mediante cualquier medio admitido en derecho y les notificar la inclusin del inmueble en la correspondiente actuacin, otorgndoles un trmite de audiencia que, en el caso de que exista tambin un plazo de informacin pblica, coincidir con ste.

b) Durante el trmite de audiencia o informacin al pblico, los interesados, adems de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho de realojamiento podrn solicitar el reconocimiento de dicho derecho o renunciar a su ejercicio. La ausencia de contestacin no impedir a la Administracin continuar el procedimiento.

c) Una vez finalizado el trmite previsto en la letra anterior, la Administracin aprobar el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera hecho ya con anterioridad y lo notificar a los afectados.

d) No obstante lo dispuesto en los prrafos anteriores, podr reconocerse el derecho de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento correspondiente, acrediten que renen los requisitos legales para tener dicho derecho.

5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento ser preciso ofrecer una vivienda por cada una de las viviendas afectadas por la actuacin, bien en el mismo mbito de actuacin, o, si no es posible, lo ms prximo al mismo. Cuando no sea materialmente posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento tendrn derecho a su equivalente econmico.

La vivienda de sustitucin tendr una superficie adecuada a las necesidades del titular del derecho de realojamiento y, en el caso de que ste fuera una persona con discapacidad, ser una vivienda accesible o acorde a las necesidades derivadas de la discapacidad.

El derecho de realojamiento respetar en todo caso los lmites establecidos por la legislacin sobre vivienda protegida que resulte aplicable.

6. El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a percibir la indemnizacin que corresponda, cuando se extingan derechos preexistentes, salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1.

CAPTULO III
Frmulas de cooperacin y coordinacin para participar en la ejecucin
Artculo 15. Facultades de los sujetos legitimados.

1. Podrn participar en la ejecucin de las actuaciones de rehabilitacin edificatoria y en las de regeneracin y renovacin urbanas, adems de las Administraciones Pblicas competentes, las entidades pblicas adscritas o dependientes de las mismas y las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las cooperativas de viviendas y las asociaciones administrativas constituidas al efecto, los propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, as como las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier ttulo en dichas operaciones y las asociaciones administrativas que se constituyan por ellos de acuerdo con lo previsto en la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica o, en su defecto, por el artculo siguiente.

2. La participacin en la ejecucin de las actuaciones previstas en esta Ley se producir, siempre que sea posible, en un rgimen de equidistribucin de cargas y beneficios.

3. A los efectos de su participacin en las actuaciones reguladas por esta ley, los sujetos referidos en el apartado 1, de acuerdo con su propia naturaleza, podrn:

a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurdica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de conservacin, as como con la participacin en la ejecucin de actuaciones de rehabilitacin y en las de regeneracin y renovacin urbanas que correspondan. A tal efecto podrn elaborar, por propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestin de la actuacin de que se trate, los correspondientes planes o proyectos de gestin correspondientes a la actuacin.

b) Constituirse en asociaciones administrativas para participar en los concursos pblicos que la Administracin convoque a los efectos de adjudicar la ejecucin de las obras correspondientes, como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los elementos comunes del correspondiente edificio o complejo inmobiliario y las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aqullas, sin ms limitaciones que las establecidas en sus correspondientes estatutos.

c) Asumir, por s mismos o en asociacin con otros sujetos, pblicos o privados, intervinientes, la gestin de las obras.

d) Constituir un fondo de conservacin y de rehabilitacin, que se nutrir con aportaciones especficas de los propietarios a tal fin y con el que podrn cubrirse impagos de las cuotas de contribucin a las obras correspondientes.

e) Ser beneficiarios directos de cualesquiera medidas de fomento establecidas por los poderes pblicos, as como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los propietarios de fincas.

f) Otorgar escrituras pblicas de modificacin del rgimen de propiedad horizontal, tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas de uso privativo, a fin de acomodar este rgimen a los resultados de las obras de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas en cuya gestin participen o que directamente lleven a cabo.

g) Ser beneficiarios de la expropiacin de aquellas partes de pisos o locales de edificios, destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en rgimen de propiedad horizontal, que sean indispensables para instalar los servicios comunes que haya previsto la Administracin en planes, delimitacin de mbitos y rdenes de ejecucin, por resultar inviable, tcnica o econmicamente cualquier otra solucin y siempre que quede garantizado el respeto de la superficie mnima y los estndares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los edificios.

h) Solicitar crditos con el objeto de obtener financiacin para las obras de conservacin y las actuaciones reguladas por esta Ley.

Artculo 16. Asociaciones administrativas.

1. Las asociaciones administrativas a que se refiere el artculo 15 tendrn personalidad jurdica propia y naturaleza administrativa, y se regirn por sus estatutos y por lo dispuesto en este artculo, con independencia de las dems reglas procedimentales especficas que provengan de la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica. Dependern de la Administracin urbanstica actuante, a quin competer la aprobacin de sus estatutos, a partir de cuyo momento adquirirn la personalidad jurdica.

2. Los acuerdos de estas asociaciones se adoptarn por mayora simple de cuotas de participacin, salvo que en los estatutos o en otras normas se establezca un qurum especial para determinados supuestos. Dichos acuerdos podrn impugnarse en alzada ante la Administracin urbanstica actuante.

3. La disolucin de las asociaciones referidas en este artculo se producir por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerir, en todo caso, acuerdo de la Administracin urbanstica actuante. No obstante, no proceder la aprobacin de la disolucin de la entidad mientras no conste el cumplimiento de las obligaciones que queden pendientes.

Artculo 17. Convenios para la financiacin de las actuaciones.

1. Las Administraciones Pblicas actuantes, los agentes responsables de la gestin y ejecucin de actuaciones de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas, as como los dems sujetos mencionados en el artculo 15.1, podrn celebrar entre s, a los efectos de facilitar la gestin y ejecucin de las mismas, entre otros, los siguientes contratos:

a) Contrato de cesin, con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho de explotacin a terceros, de fincas urbanas o de elementos de stas por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios de las fincas.

b) Contrato de permuta o cesin de terrenos o de parte de la edificacin sujeta a rehabilitacin por determinada edificacin futura.

c) Contrato de arrendamiento o cesin de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupacin de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservacin y obras de rehabilitacin y regeneracin y renovacin urbanas.

d) Convenio de explotacin conjunta del inmueble o de partes del mismo.

2. En el caso de las cooperativas de viviendas, los contratos a que hacen referencia las letras a) y c) del apartado anterior slo alcanzarn a los locales comerciales y a las instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad, tal y como establece su legislacin especfica.

Artculo 18. Cooperacin interadministrativa.

1. Podrn beneficiarse de la colaboracin y la cooperacin econmica de la Administracin General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente y teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las actuaciones con cobertura en los correspondientes planes estatales que tengan por objeto:

a) La conservacin, la rehabilitacin edificatoria y la regeneracin y renovacin urbanas tal y como se definen en esta Ley y se conciban en los correspondientes Planes estatales.

b) La elaboracin y aprobacin de los instrumentos necesarios para la ordenacin y la gestin de las actuaciones reguladas por esta Ley y, en especial, de aquellos que tengan por finalidad actuar sobre mbitos urbanos degradados, desfavorecidos y vulnerables o que padezcan problemas de naturaleza anloga que combinen variables econmicas, ambientales y sociales.

c) Aquellas otras actuaciones que, con independencia de lo dispuesto en la letra anterior, tengan como objeto actuar en mbitos de gestin aislada o conjunta, con la finalidad de eliminar la infravivienda, garantizar la accesibilidad universal o mejorar la eficiencia energtica de los edificios.

2. Las Administraciones Pblicas fomentarn de manera conjunta la actividad econmica, la sostenibilidad ambiental y la cohesin social y territorial. A tales efectos, podrn suscribir los convenios interadministrativos de asignacin de fondos que correspondan.

Artculo 19. Organizacin de la cooperacin.

1. Las Administraciones Pblicas que cooperen en la gestin de las actuaciones reguladas por esta Ley podrn acordar mediante convenio, en el que podrn participar las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, as como, en su caso, las asociaciones administrativas de unas y otras y los restantes sujetos mencionados en el artculo 15, los siguientes aspectos:

a) La organizacin de la gestin de la ejecucin, que podr revestir la forma de consorcio o de sociedad mercantil de capital mixto, incluso con participacin privada minoritaria.

b) El procedimiento y la competencia para la determinacin del gestor directamente responsable de la ejecucin cuando no la asuma directamente una de las Administraciones actuantes o el consorcio o la sociedad constituidos al efecto.

c) Los trminos y las condiciones concretas, incluidas las ayudas e incentivos pblicos, de la ordenacin y la ejecucin de la actuacin de que se trate, los cuales podrn, a su vez, ser concretados mediante acuerdos entre el gestor responsable de la actuacin y cualesquiera de los sujetos mencionados en el artculo 15.

2. Todos los convenios a que se refiere el apartado anterior tendrn carcter jurdico-administrativo, correspondiendo a la jurisdiccin contencioso-administrativa el conocimiento de cualesquiera cuestiones relacionadas con ellos.

Disposicin adicional primera. Informacin al servicio de las polticas pblicas para un medio urbano sostenible.

Para asegurar la obtencin, actualizacin permanente y explotacin de la informacin necesaria para el desarrollo de las polticas y las acciones a que se refieren los artculos 3, 4 y 5 de esta Ley, la Administracin General del Estado, en colaboracin con las Comunidades Autnomas y las Administraciones Locales, definir y promover la aplicacin de los criterios y principios bsicos que posibiliten, desde la coordinacin y complementacin con las administraciones competentes en la materia, la formacin y actualizacin permanente de un sistema informativo general e integrado, comprensivo, al menos, de los siguientes instrumentos:

a) Censos de construcciones, edificios, viviendas y locales desocupados y de los precisados de mejora o rehabilitacin.

b) Mapas de mbitos urbanos deteriorados, obsoletos, desfavorecidos o en dificultades, precisados de regeneracin y renovacin urbanas, o de actuaciones de rehabilitacin edificatoria.

c) El sistema pblico general e integrado de informacin sobre suelo y urbanismo, previsto en la disposicin adicional primera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, a travs del cual los ciudadanos tendrn derecho a obtener por medios electrnicos toda la informacin urbanstica proveniente de las distintas Administraciones, respecto a la ordenacin del territorio llevada a cabo por las mismas.

Disposicin adicional segunda. Catastro inmobiliario.

Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular en lo que se refiere a la utilizacin de la referencia catastral, la incorporacin de la certificacin catastral descriptiva y grfica y las obligaciones de comunicacin, colaboracin y suministro de informacin previstas por la normativa catastral.

Disposicin adicional tercera. Infracciones en materia de certificacin de la eficiencia energtica de los edificios.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de certificacin de eficiencia energtica de los edificios las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta disposicin y en la disposicin adicional siguiente, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. Las infracciones en materia de certificacin energtica de los edificios se clasifican en muy graves, graves y leves.

3. Constituyen infracciones muy graves en el mbito de la certificacin energtica de los edificios:

a) Falsear la informacin en la expedicin o registro de certificados de eficiencia energtica.

b) Actuar como tcnico certificador sin reunir los requisitos legalmente exigidos para serlo.

c) Actuar como agente independiente autorizado para el control de la certificacin de la eficiencia energtica de los edificios sin contar con la debida habilitacin otorgada por el rgano competente.

d) Publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edificios, una calificacin de eficiencia energtica que no est respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado.

e) Igualmente, sern infracciones muy graves las infracciones graves previstas en el apartado 4, cuando durante los tres aos anteriores a su comisin hubiera sido impuesta al infractor una sancin firme por el mismo tipo de infraccin.

4. Constituyen infracciones graves:

a) Incumplir las condiciones establecidas en la metodologa de clculo del procedimiento bsico para la certificacin de la eficiencia energtica de los edificios.

b) Incumplir la obligacin de presentar el certificado de eficiencia energtica ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma en materia de certificacin energtica de donde se ubique el edificio, para su registro.

c) No incorporar el certificado de eficiencia energtica de proyecto en el proyecto de ejecucin del edificio.

d) Exhibicin de una etiqueta que no se corresponda con el certificado de eficiencia energtica vlidamente emitido, registrado y en vigor.

e) Vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor o arrendador entregue el certificado de eficiencia energtica, vlido, registrado y en vigor, al comprador o arrendatario.

f) Igualmente, sern infracciones graves las infracciones leves previstas en el apartado 5, cuando durante el ao anterior a su comisin hubiera sido impuesta al infractor una sancin firme por el mismo tipo de infraccin.

5. Constituyen infracciones leves:

a) Publicitar la venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que deban disponer de certificado de eficiencia energtica sin hacer mencin a su calificacin de eficiencia energtica.

b) No exhibir la etiqueta de eficiencia energtica en los supuestos en que resulte obligatorio.

c) La expedicin de certificados de eficiencia energtica que no incluyan la informacin mnima exigida.

d) Incumplir las obligaciones de renovacin o actualizacin de certificados de eficiencia energtica.

e) No incorporar el certificado de eficiencia energtica del edificio terminado en el Libro del edificio.

f) La exhibicin de etiqueta de eficiencia energtica sin el formato y contenido mnimo legalmente establecidos.

g) Publicitar la calificacin obtenida en la certificacin de eficiencia energtica del proyecto, cuando ya se dispone del certificado de eficiencia energtica del edificio terminado.

h) Cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo establecido en materia de certificacin de eficiencia energtica cuando no estn tipificadas como infracciones graves o muy graves.

6. Sern sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta disposicin, las personas fsicas o jurdicas y las comunidades de bienes que las cometan, an a ttulo de simple inobservancia.

7. La instruccin y resolucin de los expediente sancionadores que se incoen corresponder a los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.

Disposicin adicional cuarta. Sanciones en materia de certificacin energtica de edificios y graduacin.

1. Las infracciones tipificadas en la disposicin adicional tercera bis (nueva) sern sancionadas de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 600 euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 6.000 euros.

2. No obstante lo anterior, en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisin de la infraccin fuese superior al importe de las sanciones en cada caso sealadas en el apartado precedente, la sancin se impondr por un importe equivalente al del beneficio as obtenido.

En la graduacin de la sancin se tendr en cuenta el dao producido, el enriquecimiento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionalidad o reiteracin.

Disposicin transitoria primera. Calendario para la realizacin del Informe de Evaluacin de los Edificios.

1. Con el objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, as como para orientar y dirigir las polticas pblicas que persigan tales fines, y sin perjuicio de que las Comunidades Autnomas aprueben una regulacin ms exigente y de lo que dispongan las ordenanzas municipales, la obligacin de disponer del Informe de Evaluacin regulado en el artculo 4, deber hacerse efectiva, como mnimo, en relacin con los siguientes edificios y en los plazos que a continuacin se establecen:

a) Los edificios de tipologa residencial de vivienda colectiva con una antigedad superior a 50 aos, en el plazo mximo de cinco aos, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigedad, salvo que ya cuenten con una inspeccin tcnica vigente, realizada de conformidad con su normativa aplicable y con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. En este ltimo caso, se exigir el Informe de Evaluacin cuando corresponda su primera revisin de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez aos, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si as fuere, el Informe de Evaluacin del Edificio deber cumplimentarse con aquellos aspectos que estn ausentes de la inspeccin tcnica realizada.

b) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas pblicas con el objetivo de acometer obras de conservacin, accesibilidad universal o eficiencia energtica, con anterioridad a la formalizacin de la peticin de la correspondiente ayuda.

c) El resto de los edificios, cuando as lo determine la normativa autonmica o municipal, que podr establecer especialidades de aplicacin del citado informe, en funcin de su ubicacin, antigedad, tipologa o uso predominante.

2. Con el objeto de evitar duplicidades entre el informe y la Inspeccin Tcnica de Edificios o instrumento de naturaleza anloga que pudiera existir en los Municipios o Comunidades Autnomas, el informe resultante de aqulla se integrar como parte del informe regulado por esta Ley, tenindose ste ltimo por producido, en todo caso, cuando el ya realizado haya tenido en cuenta exigencias derivadas de la normativa autonmica o local iguales o ms exigentes a las establecidas por esta Ley.

Disposicin transitoria segunda. Regla temporal de aplicacin excepcional de la reserva mnima de suelo para vivienda protegida.

Durante un plazo mximo de cuatro aos a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades Autnomas podrn dejar en suspenso la aplicacin de lo dispuesto en el artculo 10.1 b) del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, determinando el perodo de suspensin y los instrumentos de ordenacin a que afecte, siempre que se cumplan, como mnimo, los siguientes requisitos:

a) Que los citados instrumentos justifiquen la existencia de un porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por ciento de las viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente y una evidente desproporcin entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas.

b) Que dichos instrumentos de ordenacin no hayan sido aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de esta Ley o que, en el caso de haber sido aprobados, no cuenten an con la aprobacin definitiva del proyecto o proyectos de equidistribucin necesarios.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. Los artculos 8, 11 y 12 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

2. El apartado 5 del artculo 2 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin.

3. El artculo 13, la disposicin adicional undcima y las disposiciones transitorias segunda y quinta del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

4. El artculo 2 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.

5. Los artculos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible.

6. Los artculos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la disposicin adicional tercera, las disposiciones transitorias primera y segunda y la disposicin final segunda del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto pblico y cancelacin de deudas con empresas y autnomos contradas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacin y de simplificacin administrativa.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Se modifican los artculos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposicin adicional de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Uno. Se adicionan las letras d) y e) al artculo 2, que quedan redactadas de la siguiente manera:

d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el ttulo constitutivo, varios propietarios disponen, en rgimen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e independencia funcional o econmica.

e) A las entidades urbansticas de conservacin en los casos en que as lo dispongan sus estatutos.

Dos. El artculo 3 queda redactado de la siguiente manera:

En el rgimen de propiedad establecido en el artculo 396 del Cdigo Civil corresponde a cada piso o local:

a) El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectnicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estn comprendidos dentro de sus lmites y sirvan exclusivamente al propietario, as como el de los anejos que expresamente hayan sido sealados en el ttulo, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado.

b) La copropiedad, con los dems dueos de pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes.

A cada piso o local se atribuir una cuota de participacin con relacin al total del valor del inmueble y referida a centsimas del mismo. Dicha cuota servir de mdulo para determinar la participacin en las cargas y beneficios por razn de la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarn la cuota atribuida, que slo podr variarse de acuerdo con lo establecido en los artculos 10 y 17 de esta Ley.

Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos que lo integran y sin que la transmisin del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este rgimen de propiedad.

Tres. Las letras c), e) y f) del apartado 1 del artculo 9 y el apartado 2 del mismo artculo, quedan redactados de la siguiente manera:

c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en l las servidumbres imprescindibles requeridas para la realizacin de obras, actuaciones o la creacin de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daos y perjuicios ocasionados.

[…]

e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participacin fijada en el ttulo o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualizacin.

Los crditos a favor de la comunidad derivados de la obligacin de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres aos anteriores tienen la condicin de preferentes a efectos del artculo 1.923 del Cdigo Civil y preceden, para su satisfaccin, a los citados en los nmeros 3., 4. y 5. de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los crditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

El adquirente de una vivienda o local en rgimen de propiedad horizontal, incluso con ttulo inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el lmite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisicin y a los tres aos naturales anteriores. El piso o local estar legalmente afecto al cumplimiento de esta obligacin.

En el instrumento pblico mediante el que se transmita, por cualquier ttulo, la vivienda o local el transmitente, deber declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deber aportar en este momento certificacin sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaracin, sin la cual no podr autorizarse el otorgamiento del documento pblico, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligacin por el adquirente. La certificacin ser emitida en el plazo mximo de siete das naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes respondern, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisin.

f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participacin, a la dotacin del fondo de reserva que existir en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservacin y reparacin de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitacin.

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estar dotado con una cantidad que en ningn caso podr ser inferior al 5 por ciento de su ltimo presupuesto ordinario.

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podr suscribir un contrato de seguro que cubra los daos causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.

2. Para la aplicacin de las reglas del apartado anterior se reputarn generales los gastos que no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilizacin de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 17.4.

Cuatro. El artculo 10 queda redactado de la siguiente manera:

1. Tendrn carcter obligatorio y no requerirn de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificacin del ttulo constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Pblicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservacin del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos bsicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, as como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposicin, por parte de la Administracin, del deber legal de conservacin.

b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta aos, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, as como la instalacin de rampas, ascensores u otros dispositivos mecnicos y electrnicos que favorezcan la orientacin o su comunicacin con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas pblicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminar el carcter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, ms all de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

c) La ocupacin de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.

d) La construccin de nuevas plantas y cualquier otra alteracin de la estructura o fbrica del edificio o de las cosas comunes, as como la constitucin de un complejo inmobiliario, tal y como prev el artculo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusin del inmueble en un mbito de actuacin de rehabilitacin o de regeneracin y renovacin urbana.

e) Los actos de divisin material de pisos o locales y sus anejos para formar otros ms reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregacin de otros colindantes del mismo edificio, o su disminucin por segregacin de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusin del inmueble en un mbito de actuacin de rehabilitacin o de regeneracin y renovacin urbanas.

2. Teniendo en cuenta el carcter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a d) del apartado anterior, proceder lo siguiente:

a) Sern costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupacin de comunidades, limitndose el acuerdo de la Junta a la distribucin de la derrama pertinente y a la determinacin de los trminos de su abono.

b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecucin de las rdenes dictadas por la autoridad competente respondern individualmente de las sanciones que puedan imponerse en va administrativa.

c) Los pisos o locales quedarn afectos al pago de los gastos derivados de la realizacin de dichas obras o actuaciones en los mismos trminos y condiciones que los establecidos en el artculo 9 para los gastos generales.

3. Requerirn autorizacin administrativa, en todo caso:

a) La constitucin y modificacin del complejo inmobiliario a que se refiere el artculo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en sus mismos trminos.

b) Cuando as se haya solicitado, previa aprobacin por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participacin, la divisin material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros ms reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregacin de otros colindantes del mismo edificio o su disminucin por segregacin de alguna parte; la construccin de nuevas plantas y cualquier otra alteracin de la estructura o fbrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificacin de la envolvente para mejorar la eficiencia energtica, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artculo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En estos supuestos deber constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponder a la Junta de Propietarios, de comn acuerdo con aqullos, y por mayora de tres quintas partes del total de los propietarios, la determinacin de la indemnizacin por daos y perjuicios que corresponda. La fijacin de las nuevas cuotas de participacin, as como la determinacin de la naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerir la adopcin del oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios, por idntica mayora. A este respecto tambin podrn los interesados solicitar arbitraje o dictamen tcnico en los trminos establecidos en la Ley.

Cinco. El artculo 17 queda redactado de la siguiente manera:

Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarn a las siguientes reglas:

1. La instalacin de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicacin regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacin, o la adaptacin de los existentes, as como la instalacin de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energas renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energticos colectivos, podr ser acordada, a peticin de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participacin.

La comunidad no podr repercutir el coste de la instalacin o adaptacin de dichas infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservacin y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los suministros energticos, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podr autorizrseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente inters legal.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior respecto a los gastos de conservacin y mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendr la consideracin, a los efectos establecidos en esta Ley, de elemento comn.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 10.1 b), la realizacin de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresin de barreras arquitectnicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificacin del ttulo constitutivo, o de los estatutos, requerir el voto favorable de la mayora de los propietarios, que, a su vez, representen la mayora de las cuotas de participacin.

Cuando se adopten vlidamente acuerdos para la realizacin de obras de accesibilidad, la comunidad quedar obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

3. El establecimiento o supresin de los servicios de portera, conserjera, vigilancia u otros servicios comunes de inters general, supongan o no modificacin del ttulo constitutivo o de los estatutos, requerirn el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participacin.

Idntico rgimen se aplicar al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso especfico en el inmueble y el establecimiento o supresin de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energtica o hdrica del inmueble. En ste ltimo caso, los acuerdos vlidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopcin del acuerdo bastar el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participacin, aplicndose, en este caso, el sistema de repercusin de costes establecido en dicho apartado.

4. Ningn propietario podr exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservacin, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, segn su naturaleza y caractersticas.

No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participacin, se adopten vlidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservacin, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalacin exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultar obligado, ni se modificar su cuota, incluso en el caso de que no pueda privrsele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovacin, habr de abonar su cuota en los gastos de realizacin y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicacin del correspondiente inters legal.

No podrn realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.

5. La instalacin de un punto de recarga de vehculos elctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que ste se ubique en una plaza individual de garaje, slo requerir la comunicacin previa a la comunidad. El coste de dicha instalacin y el consumo de electricidad correspondiente sern asumidos ntegramente por el o los interesados directos en la misma.

6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artculo, que impliquen la aprobacin o modificacin de las reglas contenidas en el ttulo constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirn para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participacin.

7. Para la validez de los dems acuerdos bastar el voto de la mayora del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayora de las cuotas de participacin. En segunda convocatoria sern vlidos los acuerdos adoptados por la mayora de los asistentes, siempre que sta represente, a su vez, ms de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Cuando la mayora no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los apartados anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolver en equidad lo que proceda dentro de veinte das, contados desde la peticin, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.

8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificacin o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarn como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artculo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicacin a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 das naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin.

9. Los acuerdos vlidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este artculo obligan a todos los propietarios.

10. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolver lo procedente la Junta de propietarios. Tambin podrn los interesados solicitar arbitraje o dictamen tcnico en los trminos establecidos en la Ley.

11. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble sern a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas mejoras.

Seis El apartado 2 de la disposicin adicional queda redactado en los siguientes trminos:

2. La dotacin del fondo de reserva no podr ser inferior, en ningn momento del ejercicio presupuestario, al mnimo legal establecido.

Las cantidades detradas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos de las obras o actuaciones incluidas en el artculo 10 se computarn como parte integrante del mismo a efectos del clculo de su cuanta mnima.

Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarn las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades detradas del fondo de reserva conforme a lo sealado en el prrafo anterior.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenacin del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

Se modifica el apartado 1 de la disposicin adicional sptima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenacin del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Continuarn subsistentes las autorizaciones y concesiones de expendeduras de rgimen especial, otorgadas al amparo de la normativa anterior o aduanera, as como las otorgadas a establecimientos autorizados para la venta de labores de tabaco libre de impuestos existentes al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley aunque pierdan con posterioridad este carcter. Asimismo, podrn concederse nuevas autorizaciones para la venta de labores de tabaco, en el rgimen fiscal que corresponda, a establecimientos que pudieran ser de este tipo, preexistentes o no, que no contasen con las oportunas autorizaciones a la entrada en vigor de esta Ley. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, desarrollar dicho rgimen y, en su caso, introducir las modificaciones del mismo que resulten necesarias.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

Se modifican los artculos 2 y 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

Uno. El apartado 2 del artculo 2, queda redactado de la siguiente manera:

2. Tendrn la consideracin de edificacin a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirn un proyecto segn lo establecido en el artculo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificacin de nueva construccin, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez tcnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carcter residencial ni pblico y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuracin arquitectnica, entendiendo por tales las que tengan carcter de intervencin total o las parciales que produzcan una variacin esencial de la composicin general exterior, la volumetra, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos caractersticos del edificio.

c) Obras que tengan el carcter de intervencin total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algn tipo de proteccin de carcter ambiental o histrico-artstico, regulada a travs de norma legal o documento urbanstico y aquellas otras de carcter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de proteccin.

Dos. El prrafo primero del apartado 1 del artculo 3 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 3. Requisitos bsicos de la edificacin.

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccin del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos bsicos de la edificacin, que debern satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construccin, el mantenimiento, la conservacin y el uso de los edificios y sus instalaciones, as como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:

Tres. El prrafo primero del apartado 2 del artculo 3 queda redactado de la siguiente manera:

2. El Cdigo Tcnico de la Edificacin es el marco normativo que establece las exigencias bsicas de calidad de los edificios de nueva construccin y de sus instalaciones, as como de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artculo 2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos bsicos.

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se modifican los artculos 552 y 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. El prrafo segundo del apartado 1 del artculo 552 queda redactado como sigue:

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las clusulas incluidas en un ttulo ejecutivo de los citados en el artculo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dar audiencia por quince das a las partes. Odas stas, acordar lo procedente en el plazo de cinco das hbiles conforme a lo previsto en el artculo 561.1.3.

Dos. El apartado 2 del artculo 695 queda redactado como sigue:

2. Formulada la oposicin a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspender la ejecucin y convocar a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecucin, debiendo mediar quince das desde la citacin, comparecencia en la que el Tribunal oir a las partes, admitir los documentos que se presenten y acordar en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo da.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area.

Se modifican los artculos 37 y 50 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, en los siguientes trminos:

Uno. El apartado 3 del artculo 37 queda redactado en los siguientes trminos:

3. Las compaas areas con licencia espaola debern disponer de un plan de asistencia a las vctimas y a sus familiares en caso de accidente areo de aviacin civil en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigacin y prevencin de accidentes e incidentes en la aviacin civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE, y ejecutarlo en caso de accidente. Reglamentariamente se establecern las obligaciones mnimas de las compaas areas en la asistencia a las vctimas y a sus familiares, incluidas aqullas que tengan contenido econmico y, en atencin a ellas, el contenido mnimo de este plan. En particular, este desarrollo atender a la poltica y orientaciones de los documentos de la Organizacin Internacional de Aviacin Civil en esta materia.

Este plan de asistencia ser auditado por la Agencia Estatal de Seguridad Area, previo informe preceptivo del Ministerio del Interior.

Dos. La regla 7. del apartado 3 del artculo 50 queda redactada en los siguientes trminos:

7.a El incumplimiento de la obligacin de disponer de un plan de asistencia a las vctimas y familiares de accidente areo con el contenido mnimo establecido reglamentariamente, as como que la compaa area no lo ejecute o lo ejecute deficientemente en caso de producirse dicho accidente.

Disposicin final sexta. Modificacin de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

Se modifican el artculo 137 y la disposicin adicional dcima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, en los siguientes trminos:

Uno. El apartado 6 del artculo 137 queda redactado como sigue:

6. La participacin en procedimientos de adjudicacin de inmuebles requerir la constitucin de una garanta de un 5 por 100 del valor de tasacin de los bienes. En casos especiales, atendidas las caractersticas del inmueble y la forma o circunstancias de la enajenacin, el rgano competente para la tramitacin del expediente podr elevar el importe de la garanta hasta un 10 por 100 del valor de tasacin.

La garanta podr constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislacin de contratos del sector pblico, depositndola en la Caja General de Depsitos o en sus sucursales de las Delegaciones de Economa y Hacienda. En caso de que as se prevea en los pliegos, la garanta tambin podr constituirse mediante cheque conformado o cheque bancario, en la forma y lugar que se sealen por el rgano competente para tramitar el expediente.

Cuando as se prevea en el pliego, la acreditacin de la constitucin de la garanta podr hacerse mediante medios electrnicos, informticos o telemticos.

La garanta constituida en efectivo o en cheque conformado o bancario por el adjudicatario se aplicar al pago del precio de venta.

Dos. La disposicin adicional dcima queda redactada como sigue:

Disposicin adicional dcima. Rgimen jurdico de la Sociedad Estatal de Gestin Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Annima.

1. La Sociedad Estatal de Gestin Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Annima (SEGIPSA), cuyo capital social deber ser ntegramente de titularidad pblica, tendr la consideracin de medio propio instrumental y servicio tcnico de la Administracin General del Estado y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, para la realizacin de cualesquiera trabajos o servicios que le sean encomendados relativos a la gestin, administracin, explotacin, mantenimiento y conservacin, vigilancia, investigacin, inventario, regularizacin, mejora y optimizacin, valoracin, tasacin, adquisicin y enajenacin y realizacin de otros negocios jurdicos de naturaleza patrimonial sobre cualesquiera bienes y derechos integrantes o susceptibles de integracin en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios pblicos, as como para la construccin y reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo.

2. En virtud de dicho carcter, SEGIPSA estar obligada a realizar los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias tcnicas, obras y cuantas actuaciones le encomienden directamente la Administracin General del Estado y los poderes adjudicadores dependientes de ella en la forma establecida en la presente disposicin. La actuacin de SEGIPSA no podr suponer el ejercicio de potestades administrativas.

3. La encomienda o encargo, que en su otorgamiento y ejecucin se regir exclusivamente por lo establecido en esta disposicin, establecer la forma, trminos y condiciones de realizacin de los trabajos, que se efectuarn por SEGIPSA con libertad de pactos y sujecin al Derecho privado. Se podr prever en dicha encomienda que SEGIPSA acte en nombre y por cuenta de quien le efecte el encargo que, en todo momento, podr supervisar la correcta realizacin del objeto de la encomienda. Cuando tenga por objeto la enajenacin de bienes, la encomienda determinar la forma de adjudicacin del contrato, y podr permitir la adjudicacin directa en los casos previstos en esta Ley. En caso de que su otorgamiento corresponda a un rgano o entidad que no sea el Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, requerir el previo informe favorable del Director General del Patrimonio del Estado.

4. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y dems actuaciones realizadas por medio de SEGIPSA se determinar aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por resolucin del Subsecretario de Hacienda y Administraciones Pblicas, a propuesta de la Direccin General del Patrimonio del Estado. Dichas tarifas se calcularn de manera que representen los costes reales de realizacin. La compensacin que proceda en los casos en los que no exista tarifa se establecer, asimismo, por resolucin del Subsecretario de Hacienda y Administraciones Pblicas.

5. Respecto de las materias sealadas en el apartado 1 de esta disposicin adicional, SEGIPSA no podr participar en los procedimientos para la adjudicacin de contratos convocados por la Administracin General del Estado y poderes adjudicadores dependientes de ella de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningn licitador, podr encargarse a SEGIPSA la actividad objeto de licitacin pblica.

6. La ejecucin mediante encomienda de las actividades a que se refiere el apartado 1 de esta disposicin, se realizar por SEGIPSA bien mediante la utilizacin de sus medios personales y tcnicos, o bien adjudicando cuantos contratos de obras, suministros y servicios sean necesarios para proporcionar eficazmente las prestaciones que le han sido encomendadas, recurriendo, en este caso, a la contratacin externa, sin ms limitaciones que las que deriven de la sujecin de estos contratos a lo previsto en esta disposicin adicional y en los artculos 189 a 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

Sern susceptibles de recurso especial en materia de contratacin, previo a la interposicin del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 del artculo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, cuando se refieran a alguno de los tipos de contratos relacionados en el apartado 1 del mismo artculo.

7. Lo establecido en los apartados anteriores ser tambin de aplicacin al Ministerio de Empleo y Seguridad Social respecto del Patrimonio Sindical Acumulado y a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

8. El Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas podr acordar la delimitacin de mbitos de gestin integral referidos a bienes y derechos del Patrimonio del Estado para su ejecucin a travs de SEGIPSA, que podr comprender la realizacin de cualesquiera actuaciones previstas en esta Ley. Estas actuaciones le sern encomendadas conforme al procedimiento previsto en los apartados anteriores.

9. Igualmente SEGIPSA tendr la consideracin de medio propio instrumental y servicio tcnico para la realizacin de los trabajos de formacin y mantenimiento del Catastro Inmobiliario que corresponden a la Direccin General del Catastro en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuya encomienda y realizacin se efectuarn de acuerdo con lo establecido en esta disposicin.

10. Para la realizacin de los trabajos que se le encomienden de acuerdo con la presente disposicin, SEGIPSA podr recabar de la Direccin General del Catastro, en los trminos previstos en el artculo 64 de esta Ley, la informacin de que disponga en relacin con los bienes o derechos objeto de las actuaciones que se le hayan encomendado, sin que sea necesario el consentimiento de los afectados.

11. Las resoluciones por las que se aprueben las tarifas, a las que se refiere el apartado 4 anterior, sern objeto de publicacin en el “Boletn Oficial del Estado”, cuando las tarifas aprobadas resulten aplicables a encomiendas que se puedan ser atribuidas por distintos rganos, organismos o entidades del sector pblico estatal, o cuando por su relevancia as lo estime necesario la autoridad que aprueba las tarifas.

Disposicin final sptima. Modificacin de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se aade una nueva disposicin adicional vigsima tercera a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional vigsima tercera. Colaboracin de la Intervencin General de la Administracin del Estado con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal.

Con la finalidad de colaborar con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal se autoriza la cesin de datos de naturaleza tributaria o subvencional por parte de la Intervencin General de la Administracin del Estado. Los datos cedidos tienen carcter reservado y slo podrn ser utilizados para la efectiva aplicacin de los tributos o recursos cuya gestin tenga encomendada y para la imposicin de las sanciones que procedan. La informacin deber ser suministrada preferentemente mediante la utilizacin de medios informticos o telemticos y estar protegida por los mismos requerimientos de acceso y cesin que los exigidos en cada uno de los sistemas de origen.

Disposicin final octava. Modificacin de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica el artculo 47 y se aade una disposicin adicional vigsima a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redaccin:

Uno. Se aade un apartado 6 al artculo 47 con la siguiente redaccin:

6. En el caso de la tramitacin anticipada de los expedientes de contratacin a que se refiere el artculo 110.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la tramitacin anticipada de aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalizacin del compromiso de gasto, se debern cumplir los lmites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artculo.

Dos. Se aade una disposicin adicional vigsima con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional vigsima. Base de datos sobre operaciones comerciales.

La Intervencin General de la Administracin del Estado formar y gestionar una base de datos con la informacin sobre operaciones comerciales efectuadas por las entidades del Sector Pblico facilitada por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, a la que tendrn acceso los rganos de control interno de las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales de conformidad con su mbito de competencias.

Disposicin final novena. Modificacin de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se aade una nueva letra l) al apartado 1 del artculo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la siguiente redaccin:

l) La colaboracin con la Intervencin General de la Administracin del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestin econmico-financiera, el seguimiento del dficit pblico, el control de subvenciones y ayudas pblicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Pblico.

Disposicin final dcima. Modificacin del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se modifica el artculo 167 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas establecer con carcter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza econmica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos ltimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artculo.

2. Las entidades locales podrn clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organizacin.

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarn las clasificaciones por programas y econmica de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La clasificacin por programas que constar de los siguientes niveles: el primero relativo al rea de gasto, el segundo a la poltica de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirn en programas. Esta clasificacin podr ampliarse en ms niveles, relativos a subprogramas respectivamente.

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el mbito de las entidades locales, los niveles de rea de gasto y de poltica de gasto se ajustarn a los establecidos para la Administracin del Estado.

b) La clasificacin econmica presentar con separacin los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los crditos para gastos corrientes se incluirn los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

En los crditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.

c) la clasificacin econmica constar de tres niveles, el primero relativo al captulo, el segundo al artculo y el tercero al concepto. Esta clasificacin podr ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de captulo y artculo habrn de ser los mismos que los establecidos para la Administracin del Estado.

4. La aplicacin presupuestaria cuya expresin cifrada constituye el crdito presupuestario vendr definida, al menos, por la conjuncin de las clasificaciones por programas y econmica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificacin orgnica, sta integrar asimismo la aplicacin presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizar sobre la aplicacin presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculacin determinado conforme dispone el artculo 172 de esta Ley.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas establecer la estructura de la informacin de los presupuestos, de su ejecucin y liquidacin, a la que debern ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisin de dicha informacin.

Disposicin final undcima. Modificacin del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin.

Primero. Se modifican los artculos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin, que quedan redactados como sigue:

Uno. El apartado 4 del artculo 1 queda redactado de la siguiente manera:

4. Las exigencias bsicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construccin, el mantenimiento, la conservacin y el uso de los edificios y sus instalaciones, as como en las intervenciones en los edificios existentes.

Dos. Los apartados 3 y 4 del artculo 2 quedan redactados de la siguiente manera:

3. Igualmente, el Cdigo Tcnico de la Edificacin se aplicar tambin a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificar en el proyecto o en una memoria suscrita por tcnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorizacin administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorizacin previa sea sustituida por la de declaracin responsable o comunicacin previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deber manifestar explcitamente que se est en posesin del correspondiente proyecto o memoria justificativa, segn proceda.

Cuando la aplicacin del Cdigo Tcnico de la Edificacin no sea urbanstica, tcnica o econmicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervencin o con el grado de proteccin del edificio, se podrn aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del tcnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuacin efectiva.

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicacin o las limitaciones derivadas de razones tcnicas, econmicas o urbansticas se justificarn en el proyecto o en la memoria, segn corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del tcnico competente que suscriba la memoria. En la documentacin final de la obra deber quedar constancia del nivel de prestacin alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuacin efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrn reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias bsicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos bsicos del Cdigo Tcnico de la Edificacin, salvo que en stos se establezca un criterio distinto. Las que sean ms exigentes, nicamente podrn reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos bsicos.

4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deber indicar en la documentacin del proyecto si la intervencin incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendindose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de dao citado en el artculo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

Tres. El apartado 6 del artculo 2 queda redactado de la siguiente manera:

6. En todo cambio de uso caracterstico de un edificio existente se debern cumplir las exigencias bsicas del CTE. Cuando un cambio de uso afecte nicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirn dichas exigencias en los trminos en que se establece en los Documentos Bsicos del CTE.

Cuatro. Se modifica la definicin de mantenimiento y se aade la de intervenciones en los edificios existentes en el anejo III de la parte I, con la siguiente redaccin:

Mantenimiento:

Conjunto de trabajos y obras a efectuar peridicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos bsicos de la edificacin establecidos.

Intervenciones en los edificios existentes:

Se consideran intervenciones en los edificios existentes, las siguientes:

a) Ampliacin: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos.

b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.

c) Cambio de uso.

Segundo. Los preceptos modificados en el apartado primero anterior podrn ser objeto de reforma va reglamentaria, de conformidad con la normativa aplicable.

Disposicin final duodcima. Modificacin del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Se modifican los artculos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, la disposicin adicional tercera y la disposicin final primera del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que quedan redactados como siguen:

Uno. El artculo 2 queda redactado de la siguiente manera:

Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

1. Las polticas pblicas relativas a la regulacin, ordenacin, ocupacin, transformacin y uso del suelo tienen como fin comn la utilizacin de este recurso conforme al inters general y segn el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines especficos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las polticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economa, el empleo, la cohesin social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la proteccin del medio ambiente, contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservacin y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la proteccin del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La proteccin, adecuada a su carcter, del medio rural y la preservacin de los valores del suelo innecesario o inidneo para atender las necesidades de transformacin urbanstica.

c) La prevencin adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud pblicas y la eliminacin efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevencin y minimizacin, en la mayor medida posible, de la contaminacin del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

3. Adems de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes pblicos propiciarn la consecucin de un medio urbano que est suficientemente dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el que se combinen los usos de forma funcional, garantizando, en particular:

a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte pblico y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.

b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos legales mnimos, de los edificios de uso privado y pblico, de los espacios de uso pblico y de los transportes pblicos.

c) El uso eficiente de los recursos y de la energa, preferentemente de generacin propia, as como la introduccin de energas renovables.

d) La prevencin y, en todo caso, la minimizacin en la mayor medida posible, por aplicacin de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, de los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminacin acstica.

La persecucin de estos fines se adaptar a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes pblicos competentes en materia de ordenacin territorial y urbanstica.

4. Los poderes pblicos promovern las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artculos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenacin territorial y urbanstica que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, segn proceda, los procesos de ocupacin y transformacin del suelo.

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenacin territorial y urbanstica est al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los trminos que disponga la legislacin en la materia.

Dos. El artculo 5 queda redactado de la siguiente manera:

Deberes del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural abstenindose de realizar actuaciones que contaminen el aire, el agua, el suelo y el subsuelo o no permitidas por la legislacin en la materia.

b) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislacin sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, as como emplear en ellas en cada momento las mejores tcnicas disponibles conforme a la normativa aplicable, encaminadas a eliminar o reducir los efectos negativos sealados.

c) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus caractersticas, funcin y capacidad de servicio, de los bienes de dominio pblico y de las infraestructuras y los servicios urbanos.

d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectnico y cultural abstenindose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos.

Tres. El artculo 6 queda redactado de la siguiente manera:

Iniciativa pblica y privada en las actuaciones de transformacin urbanstica y en las edificatorias.

1. Los particulares, sean o no propietarios, debern contribuir, en los trminos establecidos en las leyes, a la accin urbanstica de los entes pblicos, a los que corresponder, en todo caso, la direccin del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa pblica como privada.

2. En los supuestos de ejecucin de las actuaciones de transformacin urbanstica y edificatorias mediante procedimientos de iniciativa pblica podrn participar, tanto los propietarios de los terrenos, como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en las condiciones dispuestas por la legislacin aplicable. Dicha legislacin garantizar que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.

3. Los convenios o negocios jurdicos que el promotor de la actuacin celebre con la Administracin correspondiente, no podrn establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni ms gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. La clusula que contravenga estas reglas ser nula de pleno Derecho.

4. La iniciativa privada podr ejercerse, en las condiciones dispuestas por la Ley aplicable, por los propietarios.

5. Tanto los propietarios, en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada para la transformacin urbanstica o la actuacin edificatoria del mbito de que se trate, como los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa pblica en los que se haya adjudicado formalmente la participacin privada, podrn redactar y presentar a tramitacin los instrumentos de ordenacin y gestin precisos, segn la legislacin aplicable. A tal efecto, previa autorizacin de la Administracin urbanstica competente, tendrn derecho a que se les faciliten, por parte de los Organismos Pblicos, cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo su redaccin, y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redaccin del instrumento con arreglo a la Ley de Expropiacin Forzosa.

Cuatro. El artculo 8 queda redactado de la siguiente manera:

Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotacin del mismo conforme al estado, clasificacin, caractersticas objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislacin en materia de ordenacin territorial y urbanstica aplicable por razn de las caractersticas y situacin del bien.

Comprende asimismo la facultad de disposicin, siempre que su ejercicio no infrinja el rgimen de formacin de fincas y parcelas y de relacin entre ellas establecido en el artculo 17.

2. En el suelo en situacin rural a que se refiere el artculo 12.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los lmites que dispongan las leyes y la ordenacin territorial y urbanstica, al uso agrcola, ganadero, forestal, cinegtico o cualquier otro vinculado a la utilizacin racional de los recursos naturales.

La utilizacin de los terrenos con valores ambientales, culturales, histricos, arqueolgicos, cientficos y paisajsticos que sean objeto de proteccin por la legislacin aplicable, quedar siempre sometida a la preservacin de dichos valores, y comprender nicamente los actos de alteracin del estado natural de los terrenos que aquella legislacin expresamente autorice.

Con carcter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, podrn legitimarse actos y usos especficos que sean de inters pblico o social, que contribuyan a la ordenacin y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.

3. En el suelo en situacin rural para el que los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica prevean o permitan su paso a la situacin de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes:

a) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y previsiones de la ordenacin urbanstica, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrn de realizar para asegurar la conexin de la urbanizacin con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliacin y reforzamiento de las existentes fuera de la actuacin.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica fijar el plazo mximo de contestacin de la consulta, que no podr exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, as como los efectos que se sigan de ella. En todo caso, la alteracin de los criterios y las previsiones facilitados en la contestacin, dentro del plazo en el que sta surta efectos, podr dar derecho a la indemnizacin de los gastos en que se haya incurrido por la elaboracin de proyectos necesarios que resulten intiles, en los trminos del rgimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas.

b) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenacin que corresponda, cuando la Administracin no se haya reservado la iniciativa pblica de la ordenacin y ejecucin.

c) El derecho a participar en la ejecucin de las actuaciones de urbanizacin a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artculo 14, en un rgimen de equitativa distribucin de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporcin a su aportacin.

Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario dispondr del plazo que fije la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica, que no podr ser inferior a un mes ni contarse desde un momento anterior a aqul en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuacin y los criterios de su distribucin entre los afectados.

d) La realizacin de usos y obras de carcter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislacin territorial y urbanstica, o la sectorial y sean compatibles con la ordenacin urbanstica. Estos usos y obras debern cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnizacin alguna, cuando as lo acuerde la Administracin urbanstica.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedar supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislacin hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarn excluidos del rgimen especial de arrendamientos rsticos y urbanos, y, en todo caso, finalizarn automticamente con la orden de la Administracin urbanstica acordando la demolicin o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanizacin. En estos supuestos no existir derecho de realojamiento, ni de retorno.

e) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo previsto en el apartado 2, siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible con la previsin ya contenida en el instrumento de ordenacin territorial y urbanstica en relacin con su paso a la situacin de suelo urbanizado.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, slo podr alterarse la delimitacin de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando as lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolucin natural, cientficamente demostrada. La alteracin deber someterse a informacin pblica, que en el caso de la Red Natura 2000 se har de forma previa a la remisin de la propuesta de descatalogacin a la Comisin Europea y la aceptacin por sta de tal descatalogacin.

5. En el suelo en situacin de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen, adems de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 3, en su caso, las siguientes:

a) Completar la urbanizacin de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin. Este derecho podr ejercitarse individualmente o, cuando los terrenos estn sujetos a una actuacin de carcter conjunto, con los propietarios del mbito, en la forma que disponga la legislacin aplicable.

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificacin, en todo momento, en un buen estado de conservacin.

c) Participar en la ejecucin de actuaciones de transformacin urbanstica en un rgimen de justa distribucin de beneficios y cargas, cuando proceda, o de distribucin, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecucin y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas pblicas y todos los que permitan generar algn tipo de ingreso vinculado a la operacin.

6. Las facultades referidas en los apartados anteriores alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenacin urbanstica, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la proteccin del dominio pblico.

Cinco. El artculo 9 queda redactado de la siguiente manera:

Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carcter general, cualquiera que sea la situacin en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenacin territorial y urbanstica y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, as como realizar obras adicionales por motivos tursticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservacin. Este deber, que constituir el lmite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administracin las ordene por motivos tursticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construccin de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relacin con las caractersticas constructivas y la superficie til, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupacin sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho lmite, corrern a cargo de los fondos de aquella Administracin, las obras que lo rebasen para obtener mejoras de inters general.

En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, o est vacante de edificacin, el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosin, incendio, inundacin, as como daos o perjuicios a terceros o al inters general, incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o salud pblicas; prevenir la contaminacin del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los trminos dispuestos por su legislacin especfica; y asegurar el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximir de las normas adicionales de proteccin que establezca la legislacin aplicable.

En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservacin comprender, adems, la realizacin de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con carcter general, los requisitos bsicos de la edificacin establecidos en el artculo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin, y para adaptarlas y actualizar sus instalaciones a las normas legales que les sean explcitamente exigibles en cada momento. Las obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace referencia el prrafo primero de este apartado podrn consistir en la adecuacin parcial o completa a todas, o a algunas de las exigencias bsicas establecidas en el Cdigo Tcnico de la Edificacin, debiendo fijar la Administracin, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas.

2. La Administracin competente podr imponer en cualquier momento la realizacin de obras para el cumplimiento del deber legal de conservacin, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin estatal y autonmica aplicables. El acto firme de aprobacin de la orden administrativa de ejecucin que corresponda, determinar la afeccin real directa e inmediata, por determinacin legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligacin del deber de conservacin. Dicha afeccin real se har constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carcter de garanta real y con el mismo rgimen de preferencia y prioridad establecido para la afeccin real, al pago de cargas de urbanizacin en las actuaciones de transformacin urbanstica.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecucin injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se proceder a su realizacin subsidiaria por la Administracin Pblica competente o a la aplicacin de cualesquiera otras frmulas de reaccin administrativa a eleccin de sta. En tales supuestos, el lmite mximo del deber de conservacin podr elevarse, si as lo dispone la legislacin autonmica, hasta el 75% del coste de reposicin de la construccin o el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo acordado por la Administracin, una vez dictada resolucin declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicacin del rgimen correspondiente, la Administracin actuante remitir al Registro de la Propiedad certificacin del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la ltima inscripcin de dominio.

3. Cuando el suelo en situacin rural no est sometido al rgimen de una actuacin de urbanizacin, el propietario tendr, adems de lo previsto en el apartado primero, el deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, en su caso, la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica, para legitimar los usos privados del suelo no vinculados a su explotacin primaria, as como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexin de las instalaciones y construcciones autorizables, con las redes generales de servicios y entregarlas a la Administracin competente para su incorporacin al dominio pblico, cuando deban formar parte del mismo.

En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbansticas, sin que, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislacin agraria, forestal o de similar naturaleza.

4. Cuando el suelo en situacin rural est sometido al rgimen de una actuacin de transformacin urbanstica, el propietario deber asumir, como carga real, la participacin en los deberes legales de la promocin de la actuacin, en un rgimen de equitativa distribucin de beneficios y cargas, as como permitir ocupar los bienes necesarios para la realizacin de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuacin, en los trminos de la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

5. En el suelo en situacin de urbanizado, el deber de uso supone el de completar la urbanizacin de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin. Cuando la Administracin imponga la realizacin de actuaciones de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas, el propietario tendr el deber de participar en su ejecucin en el rgimen de distribucin de beneficios y cargas que corresponda, en los trminos establecidos en el artculo 8.5. c).

6. En todo suelo en situacin de urbanizado en que as se prevea por la ordenacin urbanstica y en las condiciones por ella establecidas, el propietario tendr el deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable.

7. Todo acto de edificacin requerir del acto de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa que sea preceptivo, segn la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, debiendo ser motivada su denegacin. En ningn caso podrn entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenacin territorial o urbanstica.

8. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, sern expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de divisin de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelacin.

b) Las obras de edificacin, construccin e implantacin de instalaciones de nueva planta.

c) La ubicacin de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

d) La tala de masas arbreas o de vegetacin arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformacin urbanstica y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislacin de proteccin del domino pblico.

9. Cuando la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica aplicable sujete la primera ocupacin o utilizacin de las edificaciones a un rgimen de comunicacin previa o de declaracin responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificacin cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administracin a la que se realice la comunicacin deber adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupacin o utilizacin comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, ser responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisin de tales medidas. La Administracin podr repercutir en el sujeto obligado a la presentacin de la comunicacin previa o declaracin responsable el importe de tales perjuicios.

Tanto la prctica de la comunicacin previa a la Administracin competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanstica que aquella pudiera adoptar en relacin con el acto comunicado, debern hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los trminos establecidos por la legislacin hipotecaria y por esta Ley.

Seis. La letra b) del apartado 1 del artculo 10, queda redactado de la siguiente manera:

Criterios bsicos de utilizacin del suelo.

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un rgimen de proteccin pblica que, al menos, permita establecer su precio mximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesin administrativa.

Esta reserva ser determinada por la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenacin, garantizar una distribucin de su localizacin respetuosa con el principio de cohesin social y comprender, como mnimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenacin urbanstica en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanizacin y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovacin de la urbanizacin.

No obstante, dicha legislacin podr tambin fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanizacin, se garantice en el instrumento de ordenacin el cumplimiento ntegro de la reserva dentro de su mbito territorial de aplicacin y una distribucin de su localizacin respetuosa con el principio de cohesin social.

Siete. Se modifica el apartado 3 y se adiciona un apartado 4 al artculo 12, con el siguiente texto:

Situaciones bsicas de suelo.

3. Se encuentra en la situacin de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del ncleo o asentamiento de poblacin del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecucin del correspondiente instrumento de ordenacin.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislacin urbanstica aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexin en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenacin urbanstica o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexin con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalacin o con vas de comunicacin interurbanas no comportar, por s mismo, su consideracin como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificacin, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislacin de ordenacin territorial o urbanstica, segn la ordenacin propuesta por el instrumento de planificacin correspondiente.

4. Tambin se encuentra en la situacin de suelo urbanizado, el incluido en los ncleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica les atribuya la condicin de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto.

Ocho. El artculo 14 queda redactado de la siguiente manera:

Actuaciones de transformacin urbanstica y actuaciones edificatorias.

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformacin urbanstica:

a) Las actuaciones de urbanizacin, que incluyen:

1) Las de nueva urbanizacin, que suponen el paso de un mbito de suelo de la situacin de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones pblicas, una o ms parcelas aptas para la edificacin o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenacin territorial y urbanstica.

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanizacin de un mbito de suelo urbanizado, en los mismos trminos establecidos en el prrafo anterior.

b) Las actuaciones de dotacin, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones pblicas de un mbito de suelo urbanizado para reajustar su proporcin con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenacin urbanstica a una o ms parcelas del mbito y no requieran la reforma o renovacin de la urbanizacin de ste.

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a los solos efectos de lo dispuesto por esta Ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanizacin:

a) Las de nueva edificacin y de sustitucin de la edificacin existente.

b) Las de rehabilitacin edificatoria, entendiendo por tales la realizacin de las obras y trabajos de mantenimiento o intervencin en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los trminos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin.

3. A las actuaciones sobre ncleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural les ser de aplicacin lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la naturaleza que les atribuya su propia legislacin, en atencin a sus peculiaridades especficas.

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanizacin se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenacin y ejecucin que requiera la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica para legitimar las obras de urbanizacin, empiece la ejecucin material de stas. La iniciacin se presumir cuando exista acta administrativa o notarial que d fe del comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el suelo a la situacin en que se hallaba al inicio de la actuacin.

La terminacin de las actuaciones de urbanizacin se producir cuando concluyan las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habindose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminacin se presumir a la recepcin de las obras por la Administracin o, en su defecto, al trmino del plazo en que debiera haberse producido la recepcin desde su solicitud acompaada de certificacin expedida por la direccin tcnica de las obras.

Nueve. El apartado 4 del artculo 15 queda redactado de la siguiente manera:

4. La documentacin de los instrumentos de ordenacin de las actuaciones de nueva urbanizacin, de reforma o renovacin de la urbanizacin y de las actuaciones de dotacin deber incluir un informe o memoria de sostenibilidad econmica, en el que se ponderar, en particular, el impacto de la actuacin en las Haciendas Pblicas afectadas por la implantacin y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestacin de los servicios resultantes, as como la suficiencia y adecuacin del suelo destinado a usos productivos.

Diez. El artculo 16 queda redactado de la siguiente manera:

Deberes vinculados a la promocin de las actuaciones de transformacin urbanstica y a las actuaciones edificatorias.

1. Las actuaciones de urbanizacin a que se refiere el artculo 14.1 a) comportan los siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administracin competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones pblicas incluidas en la propia actuacin o adscritas a ella para su obtencin.

En estos suelos se incluir, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanizacin cuyo uso predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenacin adscriba a la dotacin pblica de viviendas sometidas a algn rgimen de proteccin, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que as se determine por la legislacin aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.

b) Entregar a la Administracin competente, y con destino a patrimonio pblico de suelo, el suelo libre de cargas de urbanizacin correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuacin, o del mbito superior de referencia en que sta se incluya, que fije la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica.

Con carcter general, el porcentaje a que se refiere el prrafo anterior no podr ser inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr permitir excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un mximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los mbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categora de suelo.

La legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a algn rgimen de proteccin pblica en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 10.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanizacin previstas en la actuacin correspondiente, as como las infraestructuras de conexin con las redes generales de servicios y las de ampliacin y reforzamiento de las existentes fuera de la actuacin que sta demande por su dimensin y caractersticas especficas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalacin de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los trminos que se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que debern ser aprobados por la Administracin actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administracin decidir lo procedente.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el prrafo anterior, se entendern incluidas las de potabilizacin, suministro y depuracin de agua que se requieran conforme a su legislacin reguladora, y la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica podr incluir asimismo las infraestructuras de transporte pblico que se requieran para una movilidad sostenible.

d) Entregar a la Administracin competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio pblico como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, as como tambin dichas instalaciones cuando estn destinadas a la prestacin de servicios de titularidad pblica.

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del rea de la actuacin y que constituyan su residencia habitual, as como el retorno cuando tengan derecho a l, en los trminos establecidos en la legislacin vigente.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotacin a que se refiere el artculo 14.1 b), los deberes anteriores se exigirn con las siguientes salvedades:

a) El deber de entregar a la Administracin competente el suelo libre de cargas de urbanizacin correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuacin o del mbito superior de referencia en que sta se incluya, que fije la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica, se determinar atendiendo slo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificacin del instrumento de ordenacin. Dicho deber podr cumplirse mediante la sustitucin de la entrega de suelo por su valor en metlico, con la finalidad de costear la parte de financiacin pblica que pudiera estar prevista en la propia actuacin, o a integrarse en el patrimonio pblico de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitacin o de regeneracin y renovacin urbanas.

b) El deber de entregar a la Administracin competente el suelo para dotaciones pblicas relacionado con el reajuste de su proporcin, podr sustituirse, en caso de imposibilidad fsica de materializarlo en el mbito correspondiente, por la entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo, tal y como prev el artculo 17.4, o por otras formas de cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que as lo prevea la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

3. En relacin con las actuaciones edificatorias sern exigibles, de conformidad con su naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de este artculo, as como el de completar la urbanizacin de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificacin.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carcter excepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solucin tcnica o econmicamente viable, los instrumentos de ordenacin urbanstica podrn eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen, a actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradacin e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podr aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que rena los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuacin.

5. Las actuaciones sobre ncleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural, comportarn los deberes legales establecidos en los nmeros anteriores, de acuerdo con las caractersticas que a stos atribuya su propia legislacin.

6. Los terrenos incluidos en el mbito de las actuaciones y los adscritos a ellas estn afectados, con carcter de garanta real, al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepcin por la Administracin competente de las obras de urbanizacin o de rehabilitacin y regeneracin o renovacin urbanas correspondientes, o en su defecto, al trmino del plazo en que debiera haberse producido la recepcin desde su solicitud acompaada de certificacin expedida por la direccin tcnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidacin de las cuentas definitivas de la actuacin.

Once. Los apartados 3, 4 y 6 del artculo 17 quedan redactados de la siguiente manera:

3. La constitucin de finca o fincas en rgimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del permetro de sta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenacin territorial y urbanstica aplicable, deba tener la condicin de dominio pblico, ser de uso pblico o servir de soporte a las obras de urbanizacin o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artculo anterior.

El complejo inmobiliario podr constituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin necesidad de previa agrupacin, siempre que sean colindantes entre s o nicamente se hallen separadas por suelos que, de acuerdo con la ordenacin territorial y urbanstica, deban tener la condicin de dominio pblico, ser de uso pblico, servir de soporte a las obras de urbanizacin, o ser computables a los efectos del cumplimiento del deber de entregar a la Administracin el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones pblicas incluidas en la propia actuacin o adscritas a ella para su obtencin.

4. Cuando los instrumentos de ordenacin urbanstica destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificacin o uso privado y al dominio pblico se constituir un complejo inmobiliario en el que aqullas y sta tendrn el carcter de fincas especiales de atribucin privativa, previa la desafectacin y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la proteccin del dominio pblico. Tales fincas podrn estar constituidas, tanto por edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuracin fsica se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenacin.

[…]

6. La constitucin y modificacin del complejo inmobiliario deber ser autorizada por la Administracin competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal rgimen, siendo requisito indispensable para su inscripcin, que al ttulo correspondiente se acompae la autorizacin administrativa concedida o el testimonio notarial de la misma. No ser necesaria dicha autorizacin en los supuestos siguientes:

a) Cuando el nmero y caractersticas de los elementos privativos resultantes del complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la construccin de las edificaciones que integren aquel.

b) Cuando la modificacin del complejo no provoque un incremento del nmero de sus elementos privativos.

A los efectos previstos en este nmero se considera complejo inmobiliario todo rgimen de organizacin unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad corresponda, con carcter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada momento sean titulares de los elementos privativos.

Doce. El artculo 20 queda redactado de la siguiente manera:

Declaracin de obra nueva.

1. Para autorizar escrituras de declaracin de obra nueva en construccin, los notarios exigirn, para su testimonio, la aportacin del acto de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa que requiera la obra segn la legislacin de ordenacin territorial y urbanstica, as como certificacin expedida por tcnico competente y acreditativa del ajuste de la descripcin de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo.

Tratndose de escrituras de declaracin de obra nueva terminada, exigirn, adems de la certificacin expedida por tcnico competente acreditativa de la finalizacin de sta conforme a la descripcin del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes extremos:

a) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislacin reguladora de la edificacin para la entrega de sta a sus usuarios y

b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificacin rene las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenacin urbanstica aplicable y los requisitos de eficiencia energtica tal y como se demandan por la normativa vigente, salvo que la legislacin urbanstica sujetase tales actuaciones a un rgimen de comunicacin previa o declaracin responsable, en cuyo caso aquellas autorizaciones se sustituirn por los documentos que acrediten que la comunicacin ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para que pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte la existencia de resolucin obstativa alguna.

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaracin de obra nueva, los Registradores de la Propiedad exigirn el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. En aquellos casos en los que la descripcin de la obra terminada no coincida con la que conste en el Registro de la Propiedad, por haberse producido modificaciones en el proyecto, la constancia registral de la terminacin de la obra se producir mediante un asiento de inscripcin, cuya extensin quedar sujeta a lo previsto en el apartado 1 en relacin con los requisitos para la inscripcin de las obras nuevas terminadas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanstica que impliquen su demolicin, por haber transcurrido los plazos de prescripcin correspondientes, la constancia registral de la terminacin de la obra se regir por el siguiente procedimiento:

a) Se inscribirn en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaracin de obra nueva que se acompaen de certificacin expedida por el Ayuntamiento o por tcnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificacin catastral descriptiva y grfica de la finca, en las que conste la terminacin de la obra en fecha determinada y su descripcin coincidente con el ttulo. A tales efectos, el Registrador comprobar la inexistencia de anotacin preventiva por incoacin de expediente de disciplina urbanstica sobre la finca objeto de la construccin, edificacin e instalacin de que se trate y que el suelo no tiene carcter demanial o est afectado por servidumbres de uso pblico general.

b) Los Registradores de la Propiedad darn cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los nmeros anteriores, y harn constar en la inscripcin, en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la prctica de dicha notificacin.

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificacin expedida por el correspondiente Ayuntamiento, ste, una vez recibida la informacin a que se refiere la letra anterior, estar obligado a dictar la resolucin necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripcin de la declaracin de obra nueva, la concreta situacin urbanstica de la misma, con la delimitacin de su contenido e indicacin expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisin de la resolucin por la que se acuerde la prctica de la referida nota marginal dar lugar a la responsabilidad de la Administracin competente en el caso de que se produzcan perjuicios econmicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administracin deber indemnizar al adquirente de buena fe los daos y perjuicios causados.

Trece. El artculo 36 queda redactado de la siguiente manera:

Procedencia y alcance de la venta o sustitucin forzosas.

1. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley habilitar a la Administracin actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso, previa audiencia del obligado, la ejecucin subsidiaria, la expropiacin por incumplimiento de la funcin social de la propiedad, la aplicacin del rgimen de venta o sustitucin forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislacin sobre ordenacin territorial y urbanstica.

2. La sustitucin forzosa tiene por objeto garantizar el cumplimiento del deber correspondiente, mediante la imposicin de su ejercicio, que podr realizarse en rgimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo, en caso de incumplimiento de los deberes de edificacin o de conservacin de edificios.

3. En los supuestos de expropiacin, venta o sustitucin forzosas previstos en este artculo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podr ser minorado por la legislacin reguladora de la ordenacin territorial y urbanstica en un porcentaje superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la Administracin.

Catorce. El artculo 37 queda redactado de la siguiente manera:

Rgimen de la venta o sustitucin forzosas.

1. La venta o sustitucin forzosas se iniciar de oficio o a instancia de interesado y se adjudicar mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.

2. Dictada resolucin declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicacin del rgimen correspondiente, la Administracin actuante remitir al Registro de la Propiedad certificacin del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la ltima inscripcin de dominio. La situacin de ejecucin subsidiaria, de expropiacin por incumplimiento de la funcin social de la propiedad, la aplicacin del rgimen de venta o sustitucin forzosas, o cualesquiera otras a las que quede sujeto el inmueble correspondiente, se consignar en las certificaciones registrales que se expidan.

3. Cuando el procedimiento determine la adjudicacin por aplicacin de la venta o sustitucin forzosas, una vez resuelto el mismo, la Administracin actuante expedir certificacin de dicha adjudicacin, que ser ttulo inscribible en el Registro de la Propiedad, en el que se harn constar las condiciones y los plazos de cumplimiento del deber a que quede obligado el adquiriente, en calidad de resolutorias de la adquisicin.

Quince. El apartado 1 del artculo 39 queda redactado en los siguientes trminos:

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios pblicos de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artculo anterior, debern ser destinados a la construccin de viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica, salvo lo dispuesto en el artculo 16.2 a). Podrn ser destinados tambin a otros usos de inters social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenacin urbanstica, slo cuando as lo prevea la legislacin en la materia especificando los fines admisibles, que sern urbansticos, de proteccin o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carcter socio-econmico para atender las necesidades que requiera el carcter integrado de operaciones de regeneracin urbana.

Diecisis. El artculo 51 queda redactado de la siguiente manera:

Actos inscribibles.

1. Sern inscribibles en el Registro de la Propiedad:

a) Los actos firmes de aprobacin de los expedientes de ejecucin de la ordenacin urbanstica en cuanto supongan la modificacin de las fincas registrales afectadas por el instrumento de ordenacin, la atribucin del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de garantas reales de la obligacin de ejecucin o de conservacin de la urbanizacin y de las edificaciones.

b) Las cesiones de terrenos con carcter obligatorio en los casos previstos por las Leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanstico.

c) La incoacin de expediente sobre disciplina urbanstica o restauracin de la legalidad urbanstica, o de aqullos que tengan por objeto el apremio administrativo para garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones para restablecer el orden urbanstico infringido.

d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobacin o autorizacin administrativa, en los trminos previstos por las Leyes.

e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanstico.

f) La interposicin de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulacin de instrumentos de ordenacin urbanstica, de ejecucin, o de actos administrativos de intervencin.

g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulacin a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento.

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenacin o ejecucin urbansticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripcin de stas.

2. En todo caso, en la incoacin de expedientes de disciplina urbanstica que afecten a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creacin de nuevas fincas registrales por va de parcelacin, reparcelacin en cualquiera de sus modalidades, declaracin de obra nueva o constitucin de rgimen de propiedad horizontal, la Administracin estar obligada a acordar la prctica en el Registro de la Propiedad de la anotacin preventiva a que se refiere el artculo 53.2.

La omisin de la resolucin por la que se acuerde la prctica de esta anotacin preventiva dar lugar a la responsabilidad de la Administracin competente en el caso de que se produzcan perjuicios econmicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administracin deber indemnizar al adquirente de buena fe los daos y perjuicios causados.

3. Inscrita la parcelacin o reparcelacin de fincas, la declaracin de nuevas construcciones o la constitucin de regmenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificar a la Comunidad Autnoma competente la realizacin de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del Registro. A la comunicacin, de la que se dejar constancia por nota al margen de las inscripciones correspondientes, se acompaar certificacin de las operaciones realizadas y de la autorizacin administrativa que se incorpore o acompae al ttulo inscrito.

Diecisiete. El artculo 53 queda redactado de la siguiente manera:

Clases de asientos.

1. Se harn constar mediante inscripcin los actos y acuerdos a que se refieren las letras a), b), g) y h) del artculo 51, as como la superficie ocupada a favor de la Administracin, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones pblicas por la ordenacin territorial y urbanstica.

2. Se harn constar mediante anotacin preventiva los actos de las letras c) y f) del artculo 51, que se practicar sobre la finca en la que recaiga el correspondiente expediente. Tales anotaciones caducarn a los cuatro aos y podrn ser prorrogadas a instancia del rgano urbanstico actuante o resolucin del rgano jurisdiccional, respectivamente.

3. Se harn constar mediante nota marginal los dems actos y acuerdos a que se refiere el artculo 51. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas marginales tendrn vigencia indefinida, pero no producirn otro efecto que dar a conocer la situacin urbanstica en el momento a que se refiere el ttulo que las originara.

Dieciocho. La disposicin adicional tercera queda redactada de la siguiente manera:

Disposicin adicional tercera. Potestades de ordenacin urbanstica en Ceuta y Melilla.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercern sus potestades normativas reglamentarias en el marco de lo establecido por las respectivas Leyes Orgnicas por las que se aprueban sus Estatutos de Autonoma, esta Ley y las dems normas que el Estado promulgue al efecto.

En todo caso, corresponder a la Administracin General del Estado la aprobacin definitiva del Plan General de Ordenacin Urbana de estas Ciudades y de sus revisiones, as como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de carcter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgnica del territorio o a las determinaciones a que se refiere el apartado cuarto de la disposicin final primera de esta Ley.

La aprobacin definitiva de los Planes Especiales no previstos en el Plan General, y de sus modificaciones, as como de las modificaciones del Plan General no comprendidas en el prrafo anterior, corresponder a los rganos competentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo de la Administracin General del Estado, el cual ser vinculante en lo relativo a cuestiones de legalidad o a la afectacin a intereses generales de competencia estatal, deber emitirse en el plazo de tres meses y se entender favorable si no se emitiera en dicho plazo.

Diecinueve. La letra b) del apartado 4 de la disposicin final primera queda redactada de la siguiente manera:

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artculo 16 ser, con carcter general, el 15 por ciento. No obstante, el Plan General podr, de forma proporcionada y motivada, reducirlo hasta un 10 por ciento, o incrementarlo hasta un mximo del 20 por ciento, en las actuaciones o mbitos en los que el valor de los solares resultantes sea sensiblemente inferior, o superior al medio de los incluidos en su misma clase de suelo, respectivamente.

Disposicin final decimotercera. Modificacin del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Se aade una nueva disposicin adicional trigsima cuarta, al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el siguiente tenor:

Disposicin adicional trigsima cuarta. Contratos de suministros y servicios en funcin de las necesidades.

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Pblicas y dems entidades del sector pblico con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el nmero total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar ste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administracin, deber aprobarse un presupuesto mximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deber tramitarse la correspondiente modificacin. A tales efectos, habr de preverse en la documentacin que rija la licitacin la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los trminos previstos en el artculo 106 de esta Ley. La citada modificacin deber tramitarse antes de que se agote el presupuesto mximo inicialmente aprobado, reservndose a tal fin el crdito necesario para cubrir el importe mximo de las nuevas necesidades.

Disposicin final decimocuarta. Modificacin del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos.

Se modifican los artculos 2 y 3 bis del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin de deudores hipotecarios sin recursos, que quedan redactados como sigue:

Uno. El artculo 2 queda redactado del siguiente modo:

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarn a los contratos de prstamo o crdito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusin y que estn vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepcin de las contenidas en los artculos 12 y 13, que sern de aplicacin general.

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarn igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

Dos. El artculo 3 bis queda redactado del siguiente modo:

Artculo 3 bis Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusin podrn exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicacin a ste, en su caso, de las medidas previstas en el Cdigo de Buenas Prcticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusin.

Disposicin final decimoquinta. Modificacin de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito.

Se modifica la disposicin final vigsima primera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuracin y resolucin de entidades de crdito, que queda redactada como sigue:

Disposicin final vigsima primera. Finalizacin de la vigencia del Captulo VII.

Lo dispuesto en el Captulo VII de esta Ley ser aplicable hasta el 31 de diciembre de 2013.

Disposicin final decimosexta. Modificacin de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013.

Se adiciona un prrafo final al apartado tres de la disposicin adicional dcima tercera, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2013, con la siguiente redaccin:

A los efectos de esta bonificacin, del importe de la tarifa bonificable se deducir el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales pblicas a que se refieren las letras d), e) y f) del artculo 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Area, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecern desglosadas en la documentacin justificativa de los cupones de vuelo.

Disposicin final decimosptima. Modificacin de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social.

Se modifican la rbrica del Captulo III, la disposicin adicional primera y las disposiciones transitorias cuarta y quinta, con la siguiente redaccin:

Uno. Se modifica la rbrica del Captulo III, en los siguientes trminos:

CAPTULO III
Mejoras en el procedimiento de ejecucin

Dos. Se da nueva redaccin al prrafo primero de la disposicin adicional primera en los siguientes trminos:

Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitucin de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crdito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un prstamo hipotecario cuando concurran las circunstancias previstas en el artculo 1 de esta Ley. Este fondo social de viviendas tendr por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en funcin de los ingresos que perciban.

Tres. Se da nueva redaccin al apartado 5 de la disposicin transitoria cuarta en los siguientes trminos:

Lo dispuesto en el artculo 579.2 a) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ser de aplicacin a las adjudicaciones de vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos del apartado 2 a) del citado artculo. En estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se prolongarn hasta el 1 de enero de 2014.

La aplicacin de lo previsto en este apartado no supondr en ningn caso la obligacin del ejecutante de devolver las cuantas ya percibidas del ejecutado.

Cuatro. Se da nueva redaccin al prrafo primero de la disposicin transitoria quinta en los siguientes trminos:

Lo previsto en el artculo 3.Tres se aplicar a las ventas extrajudiciales de bienes hipotecados que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que fuese la fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitucin de hipoteca.

Disposicin final decimoctava. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluacin de Edificios.

Mediante Orden del Ministerio de Industria, Energa y Turismo y del Ministerio de Fomento, se determinarn las cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluacin de Edificios, as como los medios de acreditacin. A estos efectos, se tendr en cuenta la titulacin, la formacin, la experiencia y la complejidad del proceso de evaluacin.

Disposicin final decimonovena. Carcter bsico y ttulos competenciales.

1. La presente Ley tiene el carcter de legislacin bsica sobre bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 149.1.13. de la Constitucin.

2. Adicionalmente, la presente Ley se dicta al amparo de los siguientes ttulos competenciales:

1. Los artculos 1 a 4, 8 y 15, las disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda, las disposiciones finales sexta, sptima, dcima y undcima y los apartados uno a diez y trece de la disposicin final duodcima, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.1., 16., 18., 23. y 25. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia sobre regulacin de las condiciones bsicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, bases y coordinacin general de la sanidad, bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente y bases del rgimen energtico.

2. Los artculos 5, 11, 12 y 14, las disposiciones finales primera y tercera, y los apartados once y doce y catorce a diecisiete de la disposicin final duodcima, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.8. y 18. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia sobre legislacin civil, procedimiento administrativo comn, legislacin sobre expropiacin forzosa y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas.

3. La disposicin adicional segunda, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.14. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda general y deuda del Estado.

4. El artculo 6 y la disposicin final decimoctava, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.30. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia sobre regulacin de las condiciones de obtencin, expedicin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales.

5. La disposicin final cuarta, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislacin procesal.

6. La disposicin final quinta, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.20. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia en materia de control del trnsito y transporte areo.

7. La disposicin final decimotercera, al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.18. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislacin bsica sobre contratos.

8. Las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta, al amparo de lo dispuesto en al artculo 149.1.11. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases de la ordenacin de crdito, banca y seguros.

3. Lo dispuesto en esta Ley se aplicar sin perjuicio de los regmenes civiles, forales o especiales, all donde existen.

Disposicin final vigsima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de junio de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 26/06/2013
  • Fecha de publicación: 27/06/2013
  • Entrada en vigor: 28 de junio de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 1976/2014, su extincin por prdida de objeto de lo indicado de los arts. 10, 12, 13 y 15; la constitucionalidad, en los trminos sealados en el fj.2.c), de la disposicin final 12.5; y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 75/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11273).
    • en el Recurso 5493/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 y lo indicado de los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, disposicin transitoria 1, finales 12.5 y 18; la prdida sobrevenida del objeto en relacin con los arts. 5 y 13.2.b) , por Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-605).
  • SE DEROGA los arts. 1 a 19, disposiciones adicionales 1 a 4, transitorias 1 y 2, finales 12 y 18 y, de la forma indicada, las disposiciones finales 19 y 20, por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11723).
  • Recurso 1976/2014 promovido contra determinados preceptos Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redaccin dada (Ref. BOE-A-2014-5032).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • art. 2 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2011-17629).
    • arts. 17 a 25, disposiciones adicional 3, transitorias 1, 2 y final 2 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2011-11641).
    • arts. 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4117).
    • art. 2.5 y Modifica los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5515).
    • arts. 8, 11, 12 y MODIFICA los arts. 2, 3, 9, 10, 17 y la disposicin adicional de la Ley 49/1960, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1960-10906).
  • MODIFICA:
    • Disposiciones adicional 1, transitorias 4, 5 y la rbrica del captulo III de la Ley 1/2013, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2013-5073).
    • Disposicin adicional 13 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • Disposicin final 21 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14062).
    • arts. 2 y 3.bis del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3394).
    • determinados preceptos de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2008-10792).
    • art. 167 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4214).
    • art. 95.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23186).
    • art. 47 y AADE la disposicin adicional 20 a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21614).
    • art. 137.6 y la disposicin adicional 10 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20254).
    • arts. 37.3 y 50.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2003-13616).
    • los arts. 552.1 y 695.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • arts. 2 y 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21567).
    • Disposicin adicional 7.1 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-1998-10407).
  • AADE:
    • Disposicin adicional 34 de la Ley de Contratos del Sector Pblico del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17887).
    • Disposicin adicional 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20977).
  • CITA Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre (Ref. DOUE-L-2012-82191).
Materias
  • Accidentes
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  • Climatizacin
  • Cdigo Tcnico de la Edificacin
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