Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
La abundancia de casos de corrupción sufridos en nuestro territorio, de actuaciones éticamente rechazables por parte de personas con cargos públicos y la falta de respuesta por parte del legislador generaron un clima de indignación social hacia la política. Desconfianza aumentada ante la práctica reiterada del fichaje de antiguos miembros de gobiernos por empresas privatizadas bajo la dirección del mismo responsable político que después pasa a formar parte de la plantilla de esta empresa. Actitudes como esta ofrecen una imagen de connivencia durante el ejercicio del cargo público que alimenta la idea de que se ha favorecido determinados intereses empresariales o particulares en beneficio propio, en detrimento del servicio público.
En definitiva, la imagen pública de que una empresa contrate a una persona ex alto cargo del gobierno como agradecimiento por las decisiones adoptadas durante su mandato por altas sumas de dinero habla por sí misma y merece una respuesta legislativa contundente.
Las actividades compatibles con el cargo y la ética pública no pueden quedar a la libre decisión del concepto moral de la persona con cargo público. Deben de ser reguladas a través de los mecanismos legales necesarios que garanticen la honorabilidad y objetividad de aquellas personas que gestionan lo público a la hora de adoptar decisiones y que regulan consecuencias punibles para aquellos que lo incumplan. Se trata de la creación de normas que regulan las incompatibilidades y conflictos de intereses con el fin de impedir que el ejercicio del cargo sea aprovechado desde la empresa privada o la persona física con la intención de beneficiarse ante el resto de empresas del sector o de otras personas físicas.
De la misma manera, es necesario ofrecer una respuesta legislativa a cómo se desarrolla el ejercicio ético del cargo público, con el fin de garantizar que las decisiones que adopte la persona que lo ostente no escondan intereses espurios.
En cuanto a la legislación estatal vigente, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la administración general del Estado, dispone en el artículo 15 las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad a su cese. No obstante, esta normativa no es de aplicación a los altos cargos de la administración autonómica.
Por otro lado, varias comunidades ya disponen de legislación sobre la materia, mientras que en nuestro territorio, donde la necesidad es perentoria, encontramos que existe una laguna legal que este texto pretende cubrir.
En cuanto a la estructura de la ley, consta de cinco títulos. El título preliminar aborda el objeto de la ley y el ámbito subjetivo de aplicación. El título primero, dividido en tres capítulos, establece el régimen de dedicación, las incompatibilidades y obligaciones de las personas con cargo público y después de su cese. Al mismo tiempo, regula los deberes de inhibición y abstención. Finalmente, regula las situaciones compatibles y las condiciones de reingreso a la actividad anterior. El título segundo, dividido en dos capítulos, regula la creación, composición y funciones de la Oficina y del Registro de Control de Conflicto de Intereses y las obligaciones y declaraciones que debe efectuar la persona que ejerza o haya ejercido un cargo público. El título tercero está dedicado a regular el régimen disciplinario. Establece las infracciones, sanciones, así como prescripciones y principios reguladores propios del derecho sancionador. También regula la tramitación del expediente sancionador. Finalmente, el título cuarto regula los principios de transparencia y accesibilidad para la ciudadanía y la información y posibilidad de denunciar posibles irregularidades con un sistema de protección de la persona denunciante.
Tanto las funciones que hasta la fecha ha realizado el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos de la Generalitat, como la documentación y el personal que presta servicios en el mismo pasan, con esta ley, a integrarse en el Registro de Control de Conflictos de Intereses, que dependerá de la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de transparencia.
1. El objeto de la ley es regular las incompatibilidades de los altos cargos de la administración de la Generalitat y la declaración de actividades, bienes e intereses de los mismos y de otros cargos públicos recogidos en el artículo 2 de la presente ley, aportar más transparencia y, con ella, mayor confianza de los ciudadanos, para garantizar así el cumplimiento del principio de objetividad en el servicio del interés general durante el cumplimiento de su mandato.
2. También es objeto de esta ley regular las incompatibilidades una vez se produzca el cese de los altos cargos de la administración de la Generalitat para evitar los conflictos de intereses.
3. Se entiende por conflicto de intereses aquella situación en que, por acción u omisión, incurre un cargo público no electo que, vinculado por un deber de servicio al interés general, subordina dicho interés general a su interés particular o ajeno en forma de ánimo de lucro pecuniario o en especie, incluso en el caso que no consiguiera con su acción u omisión su propósito.
Esta ley es de aplicación a:
a) La persona titular de la Presidencia de la Generalitat, personas miembros del Consell y personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, direcciones generales y órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa al Consell.
b) El personal directivo de los entes del sector público instrumental, entendiendo por estos los recogidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; en particular:
b.1) La persona titular de la presidencia, dirección general, las personas gerentes y titulares de otros puestos de trabajo o cargos asimilados en organismos autónomos o entidades de derecho público dependientes de la Generalitat.
b.2) Las presidentas o los presidentes, consejeras delegadas o consejeros delegados de sociedades mercantiles de la Generalitat nombrados por el Consell o por los órganos de gobierno de aquellas sociedades.
b.3) Las directoras o los directores generales, gerentes o puestos asimilados de fundaciones del sector público de la Generalitat.
b.4) Las personas que ostentan cargos directivos y funciones ejecutivas asimilables en los consorcios de la Generalitat.
c) Todos aquellos puestos de libre designación nombrados directamente por acuerdo del Consell que sean calificados como tales en normas de rango de ley o reglamento y que impliquen especial confianza o responsabilidad.
d) Las personas nombradas comisionadas o puesto de análoga naturaleza por la Presidencia o por cualquier otra conselleria para representar los intereses públicos en los ámbitos de gestión privada existentes.
e) Las personas que hayan suscrito un contrato laboral especial de alta dirección.
f) Asimismo, las personas titulares de cualquier otro puesto, sea cual sea su denominación, cuyo nombramiento efectúe el Consell.
1. El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en el régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con el desarrollo, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, con las excepciones establecidas en esta ley.
2. Sin embargo, los altos cargos podrán compatibilizar el cargo con el de parlamentario en los supuestos establecidos en la legislación electoral. No obstante, en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de ninguna cantidad por cualquier otro concepto que pudiera corresponderles por la dedicación de diputado.
3. De acuerdo con lo establecido en el punto 1 de este artículo, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, ni de los organismos, entidades y empresas dependientes o con cargo a los órganos institucionales.
1. Se declara incompatible la percepción de cualquier dieta, indemnización por asistencia o retribución de los altos cargos por formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza cuando les corresponda con carácter institucional o para los cuales fueron designados de acuerdo con el cargo que ocupan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 sobre compatibilidades con el ejercicio del cargo.
2. Durante su mandato o nombramiento, las personas con cargo público no podrán suscribir contratos por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas o sus familias hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, directamente o indirectamente, que afecten el sector en el que presta servicios.
3. Las personas sometidas a esta ley, durante el mandato, no podrán ser propietarias por sí mismas o junto al cónyuge o pareja de hecho o situaciones de análoga convivencia, descendientes dependientes o personas tuteladas o a través de persona interpuesta, de participaciones directas o indirectas que superen el 10 % en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza en el sector público o que sean subcontratistas de estas empresas o que reciban subvenciones provenientes del sector público, o participaciones que, sin llegar al 10 %, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación. Las mismas limitaciones y de la misma manera serán de aplicación a las personas con cargo público titulares de obligaciones de una sociedad mercantil.
4. Se exceptúan del punto anterior las acciones o participaciones de las que la persona sea propietaria por formar parte de un establecimiento mercantil familiar y que hayan estado en su poder por lo menos los cinco años anteriores a su nombramiento o, si la transmisión se produce por causa de muerte, en un período inferior o durante el mismo mandato. En este caso, la persona afectada durante el mandato no podrá ejercer ningún cargo de gerencia o administración de la empresa, se limitará únicamente a mantenerse como propietaria de las acciones y estará sujeta a los deberes del artículo 6 y del apartado 2 de este artículo.
5. No será de aplicación el punto 3 de este artículo a las cooperativas de trabajo asociado ni cooperativas agrícolas, de consumo o de aprovechamiento energético.
6. Se exceptúa la aplicación de este artículo a la persona funcionaria de libre designación, a la que se aplicará el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
1. Durante los tres años siguientes a la fecha de cese, los miembros del Consell y las personas que ejerzan el cargo de la secretaría autonómica y durante los dos años siguientes a la fecha del cese, el resto de personas incluidas en el artículo 2 no podrán:
a) Prestar servicios, ni ejercer cualquier otro cargo ni papel mediador en entidades privadas, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida.
b) Formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado en el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana, si genera un conflicto de intereses.
c) Suscribir, por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas directamente o indirectamente en los términos establecidos en el artículo 4.2, contratos de asistencia técnica, de servicios o semejantes con la administración o entidad pública de la que provenga, de manera directa o a través de empresas contratistas o subcontratistas.
2. A los efectos del punto 1, se considera que hay conflicto de intereses en el ámbito o sector en el que ejerce los servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
a) Que la persona afectada directamente, las personas con rango jerárquicamente superior a propuesta de ella o las personas titulares de sus órganos dependientes por delegación o sustitución hayan dictado resoluciones o cualquier tipo de acuerdo o formulado propuesta en relación a estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado.
b) Cuando la persona afectada intervenga o participe en algún acuerdo o resolución en relación con estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado.
c) Que se trate de empresas vinculadas a empresas o servicios privatizados por decisión del órgano del que formaba parte.
3. Las incompatibilidades establecidas en este artículo no serán de aplicación al personal funcionario de libre designación, al que se aplicará el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
1. Las personas afectadas por esta ley deberán inhibirse del conocimiento de asuntos en los que, anteriormente a la toma de posesión como cargo público, hayan intervenido o que interesen a entidades, empresas o sociedades en las que ellas, la persona cónyuge o persona con relación análoga a la conyugal, o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración.
2. Cuando la persona afectada por esta ley estuviera obligada a abstenerse en los términos previstos en la legislación administrativa del Estado o autonómica, la abstención se hará por escrito, y se notificará tanto al superior inmediato o el órgano que lo nombró, como a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
1. El ejercicio del cargo será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que estas no comprometan la imparcialidad o independencia del cargo ni vayan en detrimento del estricto cumplimiento de los deberes públicos:
a) La participación no lucrativa en seminarios, jornadas o conferencias organizadas por centros oficiales destinados a la formación, siempre que no tengan carácter permanente y que su participación se deba a la condición de cargo público o a su especialidad profesional.
b) La participación no lucrativa en medios de comunicación y difusión audiovisuales o escritos.
c) La producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de estas, siempre que no sean consecuencia de una relación laboral o de prestación de servicios o supongan merma en el estricto cumplimiento de los deberes públicos.
d) Las derivadas de la simple administración de su patrimonio personal o familiar, con las limitaciones establecidas en el artículo 4.
e) El ejercicio de actividades y cargos en partidos políticos, siempre que no perciban ningún tipo de retribución por dicha participación.
f) La participación en entidades sin ánimo de lucro, siempre que no perciban retribución ni se ejerzan cargos directivos en estas y se cumpla el deber de abstención del artículo 6.
2. El ejercicio de las funciones del cargo de las personas afectadas será compatible con las siguientes actividades públicas:
a) El ejercicio de los cargos que les correspondan con carácter legal o institucional o para los cuales sean designadas por su condición.
b) La representación de la administración de la Generalitat en los órganos colegiados y en los consejos de administración u órganos de gobierno de organismos o empresas con capital público o de entidades u organismos de derecho público. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley no podrán pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno de empresas o entidades, salvo que una norma lo establezca por razón del cargo o lo autorice de manera excepcional el Consell.
c) La participación, en representación de la administración de la Generalitat, como miembros de instituciones, organismos y empresas públicas del Estado.
d) La colaboración con fundaciones públicas.
e) El cumplimiento de misiones temporales de representación en organizaciones o conferencias nacionales e internacionales.
3. El ejercicio del cargo será compatible con la realización de actividades docentes de carácter reglado, siempre que no sea en detrimento de la dedicación al ejercicio del cargo público, se realicen en régimen de dedicación a tiempo parcial y, en todo caso, con un límite no superior a las 60 horas lectivas anuales, y siempre que la retribución que se perciba no supere el 30 % que les corresponde por razón del cargo. El ejercicio de las funciones docentes requiere la autorización expresa de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
4. Los miembros del Consell podrán compatibilizar su cargo con la condición de parlamentario, sin que se tenga derecho a ninguna retribución por dicha condición conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
5. Las personas sujetas a esta ley tendrán derecho a la percepción de gastos de locomoción o dietas por las actividades compatibles con el límite de las cuantías exceptuadas de gravamen en la legislación estatal reguladora del IRPF.
6. Se exceptúa de lo que dispone este artículo al personal de libre designación, al que le será de aplicación el régimen de compatibilidades que establezca la normativa aplicable a los empleados públicos.
1. Las personas del ámbito subjetivo de esta ley establecido en el artículo 2, que con anterioridad a ocupar puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional o laboral en empresas privadas, a las que quisieran reincorporarse, no incurrirán en la incompatibilidad prevista en el artículo 5 si no se da ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 5.2 y se ha cumplido lo que disponen los artículos 5 y 6 de esta ley.
2. Con posterioridad a la fecha de cese, aquellos que reingresen a la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos mediante honorarios, arancel o cualquier otra manera de contraprestación económica a personas físicas o jurídicas de carácter privado, les será de aplicación lo que se prevé en el artículo 5 y se inhibirán en todas aquellas actuaciones que tengan relación directa con las competencias del cargo ejercido.
1. Se crea el Registro de Control de Conflictos de Intereses que incluirá los datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público conforme el artículo 2 de esta ley. Este registro será de acceso público.
2. El registro estará adscrito a la conselleria competente en materia de transparencia y asumirá las funciones del registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Generalitat y la información de que dispone, quedando subsumido en el Registro de Control de Conflicto de Intereses.
1. Se crea la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que estará adscrita a la conselleria competente en materia de transparencia y gozará de autonomía funcional.
2. Son funciones de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses:
a) Gestionar el Registro de Control de Conflictos de Intereses y recibir y custodiar las declaraciones y la documentación que las personas con cargo público del ámbito subjetivo del artículo 2 de esta ley presenten al registro.
b) Gestionar el régimen de incompatibilidades y dictaminar sobre la compatibilidad entre las actividades, el patrimonio y los bienes y el ejercicio del cargo público de cada persona con cargo público con obligación de declarar. El personal de libre designación queda excluido de este dictamen.
c) Requerir a las personas afectadas el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.
d) Instar a la incoación de procedimientos sancionadores cuando se requiera en aplicación de los preceptos de esta ley. Esta disposición no es aplicable al personal de libre designación, respecto al cual, en caso de que fuera detectada una incompatibilidad, se actuará conforme a la normativa estatal aplicable.
e) Realizar un informe anual, que en todo caso será público, sobre las situaciones de compatibilidad e incompatibilidad, incidencias, aplicación del régimen disciplinario y cualquier hecho relevante en su gestión.
f) Ajustar sus informes y sus publicaciones al respeto al derecho de protección de datos de carácter personal, siempre garantizando la transparencia en la gestión pública y el derecho de la ciudadanía a conocer la situación de compatibilidad o incompatibilidad de las personas con cargo público.
g) Informar a los órganos que tengan a su cargo la función inspectora, en su caso, cuando se detecte alguna irregularidad, y, en caso de situaciones de aparente ilícito penal, informar al fiscal inmediatamente que se tenga conocimiento.
h) Cualesquiera otras que le otorguen esta ley o el reglamento que la desarrolle.
3. La Oficina de Control de Conflictos de Intereses estará coordinada con los órganos de control o prevención y lucha contra la corrupción existentes.
El personal adscrito a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses será en todo caso personal funcionario de carrera, y la provisión de los puestos de trabajo adscritos al servicio se hará, siempre, por concurso de méritos a través de la convocatoria pública en el DOGV.
1. Las personas afectadas por esta ley relacionadas en el artículo 2 deberán realizar una declaración de actividades, bienes y patrimonio ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses, con el fin de someterse a esta normativa. La oficina emitirá un informe sobre la compatibilidad de las actividades, con las consecuencias previstas en esta ley.
2. Las personas que deban ejercer o ejerzan alguno de los cargos comprendidos en el artículo 2 deberán efectuar ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses declaración detallada sobre todas las actividades que realizan, sus bienes y su patrimonio.
3. Las personas que hayan ejercido alguno de los cargos comprendidos en el artículo 2 después de su cese y durante un período de tres años deberán efectuar ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses declaración detallada sobre todas las actividades que realicen, sus bienes y su patrimonio.
4. Estas obligaciones se entienden sin perjuicio de aquellas obligaciones que, para las personas que también ejerzan cargo electo, puedan establecer las respectivas instituciones de las que formen parte.
1. La persona que se incorpore de nuevo a un cargo público deberá hacer la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, y la Oficina de Control de Conflictos de Intereses emitirá un dictamen sobre la situación de compatibilidad de la persona que se incorpora al cargo público.
2. La declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales incluirá el detalle de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, valores y activos financieros, participaciones u obligaciones societarias que posee la persona con cargo público. Igualmente, deberán informar sobre la denominación y el objeto social de las sociedades en que tengan intereses. A esta declaración se podrá acompañar, con el respectivo consentimiento, la relativa a la participación de su cónyuge o su pareja de hecho, los hijos e hijas dependientes o las personas tuteladas y las personas con quien conviva.
3. La declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales incluirá sus actividades profesionales, mercantiles o laborales de los dos años anteriores a la toma de posesión.
4. Durante los tres años posteriores al cese de su cargo las personas afectadas por esta ley deberán informar al registro de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales. Reglamentariamente se establecerán los términos en que se realizará dicha obligación, y se garantizará el control efectivo de las actividades para que no haya incompatibilidades según lo dispuesto en esta ley.
La oficina resolverá sobre la compatibilidad de la actividad que se pretende realizar y lo comunicará a la persona interesada y a la administración, la empresa o las sociedades en que quiera prestar sus servicios.
5. Toda la información mencionada en este artículo deberá acompañarse de la correspondiente documentación acreditativa, como la copia simple de la declaración tributaria que grava renta, patrimonio o sociedades de los ejercicios señalados, y todas las correspondientes a los años de empleo del cargo o relación de servicios y durante los tres años posteriores al cese.
1. Mientras no haya resolución expresa, la persona nombrada para el cargo se encontrará en situación de compatibilidad hasta que no reciba notificación la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
2. La persona afectada por una situación patrimonial incompatible con el cargo deberá desprenderse de las acciones, de las participaciones, o realizar la acción que corresponda en el plazo de dos meses desde la notificación de la incompatibilidad, y notificará y acreditará el hecho de manera inmediata a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
3. Si la situación de incompatibilidad sobreviniera durante el ejercicio del cargo, dispondrá igualmente de dos meses desde la notificación de la incompatibilidad para reencontrarse en situación de compatibilidad, y notificará y acreditará el hecho de manera inmediata a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
4. Si la persona afectada en el plazo legal no retorna a una situación de compatibilidad, se iniciará expediente sancionador de acuerdo con las previsiones del título III de esta ley.
1. Son infracciones muy graves:
a) La presentación de declaraciones de datos o documentos falsos o que deliberadamente no se ajusten a la realidad.
b) El incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda.
c) El incumplimiento del régimen material de incompatibilidades previsto en esta ley.
d) La reiteración de infracciones graves. Se entenderá por reiteración la comisión de dos infracciones graves en el período de tres años.
2. Son infracciones graves:
a) La omisión deliberada de aportación al Registro de Control de Conflicto de Intereses de datos o documentos relevantes a los efectos de esta ley.
b) La no aportación de la documentación que corresponde aportar al Registro de Control de Conflicto de Intereses, después del requerimiento para hacerlo.
c) La reiteración de infracciones leves. Se entenderá por reiteración la comisión de dos infracciones leves en el período de tres años.
3. Son infracciones leves:
a) La presentación extemporánea de la documentación que corresponde aportar al Registro de Control de Conflicto de Intereses, después del requerimiento fehaciente para hacerlo.
b) El cumplimiento extemporáneo del deber de retornar a una situación de compatibilidad una vez emitido un informe por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, después del requerimiento fehaciente para hacerlo.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia del nombre de las personas infractoras y la infracción cometida, y, como máximo y aplicando el principio de proporcionalidad según la infracción cometida, con una o más de las siguientes sanciones:
a) El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, en su caso, incrementadas hasta un diez por ciento si no se procediera a la devolución en el mes siguiente a la notificación de la resolución del expediente sancionador. Este incremento se concretará atendiendo a su motivación, a la disposición mostrada para hacer efectiva la devolución y al tiempo de demora transcurrido.
b) El cese inmediato en el cargo para aquel que lo siga ejerciendo.
c) La pérdida del derecho a percibir, después del cese, la totalidad o parte de la pensión, indemnización, prestación o percepción económica que se haya generado por haber ejercido el cargo, o la obligación de restituirla en caso de que se haya percibido anteriormente.
d) La prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un período de entre 5 y 10 años.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Portal de Transparencia del nombre de las personas infractoras y la infracción cometida, y con una o más de las siguientes sanciones:
a) El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, en su caso, incrementadas hasta un diez por ciento si no se procediera a la devolución en el mes siguiente a la notificación de la resolución del expediente sancionador. Este incremento se concretará atendiendo a su motivación, a la disposición mostrada para hacer efectiva la devolución y al tiempo de demora transcurrido.
b) La prohibición de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un período entre 2 y 5 años.
3. Las infracciones leves serán sancionadas con la amonestación, que se acompañará del requerimiento fehaciente del cumplimiento de la obligación.
4. Para la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta el grado de incumplimiento de la ley, la existencia de perjuicios causados al interés público, el tiempo transcurrido en situación de incompatibilidad o la percepción indebida de cantidades y la cuantía por el desarrollo de las actividades incompatibles.
5. La tramitación de los expedientes se hará de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, garantía de defensa y principio contradictorio, y conforme a lo previsto en la normativa general en relación con el procedimiento administrativo sancionador.
6. Lo que dispone esta ley se entiende sin perjuicio de la exigencia del resto de responsabilidades que correspondan.
7. El régimen disciplinario regulado en esta ley no será de aplicación al personal funcionario de libre designación.
1. Para la tramitación del expediente sancionador se aplicará el régimen sancionador de los empleados y de las empleadas públicos.
2. El órgano competente para ordenar la incoación cuando el cargo público tenga la condición de miembro del Consell será el Consell. En el resto de casos la incoación del expediente corresponderá a la persona titular de la conselleria competente en materia de transparencia, siempre que el cargo público no dependa de ella. Antes de incoar el procedimiento se podrán realizar actuaciones de carácter informativo y reservado, dando audiencia a la persona interesada, para determinar si concurren circunstancias que justifiquen la incoación.
La Oficina de Control de Conflictos de Intereses y los órganos de control o prevención y lucha contra la corrupción, cuando constaten conductas o hechos susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en esta ley, podrán instar a la incoación del procedimiento. En este caso la incoación por parte del órgano competente será preceptiva.
3. La instrucción de los correspondientes expedientes la llevará a cabo la Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
4. Corresponde al Consell la imposición de sanciones por infracciones muy graves y graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Consell. La imposición del resto de sanciones corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de transparencia, siempre que el cargo público no dependa de ella.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de cinco años para las impuestas por la comisión de infracciones muy graves, tres años para las impuestas por la comisión de infracciones graves y un año para las impuestas por la comisión de infracciones leves.
3. El cómputo de los plazos se realizará de acuerdo con las previsiones de la legislación que regule el procedimiento administrativo común.
La documentación relativa al contenido de esta ley será de público acceso y hecha pública en la web de la Generalitat y de la conselleria que ostente las competencias sobre transparencia, que necesariamente incluirá la publicación de una lista completa y actualizada de todos los casos de incompatibilidades declarados y de las solicitudes de compatibilidad y constarán también las declaraciones de los altos cargos y asimilados sobre sus actividades al inicio y final del mandato. Se garantizará que la navegación por la información de la web sea accesible y sencilla para facilitar el público acceso y la transparencia.
La Oficina de Control de Conflictos de Intereses dispondrá de procedimientos y canales confidenciales para que terceras personas puedan informar de posibles casos de incumplimiento de esta ley garantizando su confidencialidad, siempre con respeto a lo que prevé la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y sin perjuicio de lo que se dispone en la Ley de enjuiciamiento criminal, así como de los órganos de control, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción existentes.
Para lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las disposiciones del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa valenciana referente a la función pública regulada en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de la ordenación y gestión de la función pública valenciana.
En el plazo de un mes desde la aprobación del reglamento que desarrolle esta ley toda la información y documentación en poder del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos de la Generalitat se integrará en el Registro de Control de Conflictos de Intereses. El personal que cumpla los requisitos de esta ley pasará igualmente en este plazo a prestar servicio en el nuevo Registro de Control de Conflictos de Intereses y garantizará su buen funcionamiento y su transparencia.
El Registro de Control de Conflictos de Intereses estará adscrito a la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de transparencia.
En el plazo de un mes desde la aprobación del reglamento que desarrolle esta ley las personas enumeradas en el artículo 2 en el momento de entrada en vigor de este texto legal, deberán realizar la preceptiva declaración de actividades, bienes y patrimonio ante el Registro de Control de Conflictos de Intereses tal como se establece en el artículo 12.
Quedan derogadas todas las normas que se opongan a esta ley.
1. En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consell regulará los mecanismos y procedimientos por los que la Oficina de Control de Conflictos de Intereses pueda desarrollar sus funciones, y la dotará de recursos y de personal técnico cualificado suficiente para el cumplimiento de lo que dispone esta ley.
2. El Consell desarrollará reglamentariamente las prescripciones contenidas en esta ley en el plazo de un año desde que se apruebe.
3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se creará la web que habilite la posibilidad de recibir información de casos de incumplimientos de esta ley de personas sin identificar, para garantizar su intimidad y la protección de datos de la persona afectada.
Las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley que en el momento de la entrada en vigor se encuentren en alguna de las situaciones de incompatibilidad durante el ejercicio del cargo deberán adaptar su situación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley y comunicar a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses la situación incompatible y las actuaciones realizadas para retornar a la situación de compatibilidad legal.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 28 de octubre de 2016.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 7.911, de 7 de noviembre de 2016)
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