Está Vd. en

Documento BOE-T-1991-7807

Pleno. Sentencia 46/1991, de 28 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad 955/1985, interpuesto por el Gobierno de la Nación contra el artículo 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalidad.

Publicado en:
«BOE» núm. 74, de 27 de marzo de 1991, páginas 19 a 21 (3 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-1991-7807

TEXTO ORIGINAL

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON MIGUEL RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, DON VICENTE GIMENO SENDRA Y DON JOSE GABALDON LOPEZ, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 955/85, INTERPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA NACION CONTRA EL ART.

34 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 17/1985, DE 23 DE JULIO, DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENREALIDAD, HAN COMPARECIDO DON MIGUEL COLL Y ALENTORN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MISMO, Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR SU ABOGADO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. POR ESCRITO PRESENTADO EN ESTE TRIBUNAL EL 31 DE OCTUBRE DE 1985, EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, COMPARECIO E INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 34 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 17/1985, DE 23 DE JULIO, DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD, Y CONCRETAMENTE, CONTRA EL INCISO FINAL DEL CITADO PRECEPTO CUANDO ESTABLECE QUE <EN EL PROCESO DE SELECCION DEBERA ACREDITARSE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALANA EN SU EXPRESION ORAL Y ESCRITA>. SE HIZO INVOCACION EXPRESA DEL ART.

161.2 DE LA CONSTITUCION.

2. EL RECURSO SE FUNDAMENTA EN LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:

LA RELACION DE SUJECION ESPECIAL EN QUE EL FUNCIONARIO PUBLICO SE ENCUENTRA RESPECTO DE LA ADMINISTRACION PUEDE JUSTIFICAR QUE, ENTRE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA SITUACION DE SUPREMACIA ESPECIAL, SE INCLUYA LA POSIBILIDAD DE UN DEBER INDIVIDUAL DE BILINGUISMO PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA O EL DESEMPEÑO DE ELLA. SIN EMBARGO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO O, SI SE PREFIERE, DE LA APLICACION DEL MISMO QUEDARA SUPEDITADA A UN CRITERIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DEL BILINGUISMO.

LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS RESPECTO AL ACCESO A SU FUNCION PUBLICA HAN DE RESPETAR LA COMPETENCIA BASICA QUE CORRESPONDE AL ESTADO CON FUNDAMENTO EN EL NUM. 18 DEL ART. 149.1 C.E., PERO TAMBIEN EN EL ART. 149.1.1 EN RELACION CON EL ART. 23.2 C.E. EN LA RELACION FUNCIONARIAL DE SUPREMACIA ESPECIAL LA ADMINISTRACION PUEDE ENCONTRAR EN LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD UN FUNDAMENTO VALIDO PARA EXIGIR EL CONOCIMIENTO DEL CATALAN. AHORA BIEN, COMO DICHA EXIGENCIA IMPLICA INTRODUCIR UN CONDICIONAMIENTO SINGULAR Y ESPECIFICO FRENTE AL ART. 139.1 C.E. EN EL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL RECONOCIDO POR EL ART. 23.2 C.E., SOLO RESULTARA ADMISIBLE EN CUANTO SEA ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA EL FIN QUE JUSTIFICA LA IMPOSICION DEL MISMO. POR CONSIGUIENTE, LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN DEBERA ESTAR EN FUNCION DE SU RAZONABILIDAD SEGUN LA PLAZA DE QUE SE TRATE, Y DE LA OBSERVANCIA DE UN CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD PARA EL ACCESO O EL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA EN CATALUÑA. DE MANERA QUE, TANTO SU EXIGENCIA PARA LA REALIZACION DE UN COMETIDO TECNICO Y SIN RELACION DIRECTA CON LOS ADMINISTRADOS, COMO SU EXIGENCIA PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS PLAZAS DE UN DETERMINADO TIPO DE FUNCION PUBLICA O PARA TODA ELLA, CUANDO CON UN DETERMINADO NUMERO DE PLAZAS ATENDIDAS POR FUNCIONARIOS BILINGUES LA ADMINISTRACION CUMPLIMENTA EL DEBER DE LA ADMINISTRACION DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA COOFICIAL, INFRINGEN LOS ARTS.

14, 23.2 Y 139.1 C.E.

3. POR PROVIDENCIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1985, LA SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL ACORDO: 1. ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD; 2. DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO Y AL PARLAMENTO Y AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, PARA PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS; 3. TENER POR INVOCADO EL ART. 161.2 C.E., CON SUSPENSION DE LA VIGENCIA Y APLICACION DEL PRECEPTO IMPUGNADO, Y 4. PUBLICAR LA INCOACION DEL RECURSO Y LA SUSPENSION ACORDADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> Y EN EL <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA>.

POR ESCRITO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1985, EL SENADO SOLICITO QUE SE LE TUVIESE POR PERSONADO Y OFRECIO SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART.

88.1 LOTC. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR ESCRITO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1985, MANIFESTO NO HACER USO DE SU FACULTAD DE PERSONACION NI DE FORMULACION DE ALEGACIONES, OFRECIENDOSE PARA LAS ACTUACIONES QUE PUDIESEN PRECISARSE.

COMPARECIDO Y SOLICITADA PRORROGA PARA ALEGACIONES, EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA PRESENTO ESCRITO DE 5 DE DICIEMBRE DE 1985 FORMALIZANDO SU OPOSICION AL RECURSO Y FORMULANDO ALEGACIONES. DESPUES DE UN BREVE REPASO HISTORICO A LA SITUACION LEGAL DE LA LENGUA CATALANA Y A SU RECONOCIMIENTO EN EL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL, CON REFERENCIA A ALGUNAS EXPERIENCIAS DEL DERECHO COMPARADO, CONCLUYE QUE AL AMPARO DE UN MISMO PRECEPTO CONSTITUCIONAL CABEN DIVERSAS SOLUCIONES EN LO QUE RESPECTA A LA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DE AMBAS LENGUAS EN LAS COMUNIDADES CON DOBLE OFICIALIDAD LINGUISTICA, PERO ELLO SIN OLVIDAR LO QUE CONSTITUYE SU NUCLEO: EL INTERES PREVALENTE ES EL DEL CIUDADANO A UTILIZAR LA LENGUA QUE ELIJA SIN QUE EL FUNCIONARIO CUALQUIERA QUE SEA LA LENGUA EN QUE POR SU PARTE SE EXPRESE PUEDA OBSTACULIZAR AQUEL DERECHO DEL CIUDADANO DADO QUE ESTA PROTEGIDO POR EL BLOQUE CONSTITUCIONAL (ART. 3 C.E. Y ART. 3.3 E.A.C.). A PARTIR DE ELLO SE ARTICULAN DIVERSAS ARGUMENTACIONES EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO:

A) LA ACREDITACION DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALANA EN EL PROCESO DE SELECCION DE FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO EN LA ADMINISTRACION CATALANA SE AJUSTA PLENAMENTE A LA CONSTITUCION Y AL ESTATUTO DE AUTONOMIA, PORQUE ES UNA CONSECUENCIA OBLIGADA DE SU CARACTER COMO LENGUA OFICIAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, LO QUE SIGNIFICA RECONOCERLA COMO VEHICULO DE RELACION DE LOS CIUDADANOS CON SUS PODERES PUBLICOS Y, CONSIGUIENTEMENTE, FORZOSO ES ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIDA SATISFACCION AL DERECHO, EL QUE DESEE SER FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA GENERALIDAD Y LO SEA DE <NUEVO INGRESO> DEBERA CONOCER AQUEL IDIOMA.

B) ES UNA CONSECUENCIA NECESARIA DEL HECHO DE QUE EL CATALAN COMO LENGUA PROPIA DE CATALUÑA LO ES TAMBIEN DE LA GENERALIDAD Y DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL CATALANA, DE LA ADMINISTRACION LOCAL Y DE LAS DEMAS CORPORACIONES PUBLICAS DEPENDIENTES DE LA GENERALIDAD (ART. 5 DE LA LEY DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE 18 DE ABRIL DE 1983). LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALUÑA A LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO SELECCIONADOS POR LA GENERALIDAD, TENIENDO EN CUENTA LA SITUACION SOCIO-LINGUISTICA DE LOS FUNCIONARIOS TRASPASADOS, ES UNA RAZONABLE MEDIDA DE NORMALIZACION LINGUISTICA QUE TIENE UN EFECTO COMPENSATORIO Y, POR LO TANTO, ENCUENTRA EN LOS ARTS. 3.3 C.E Y 3.3 E.A.C. PLENA HABILITACION LEGAL.

C) LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN A LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO ES CONFORME CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA (ART. 103.1 C.E.) QUE DEBE INSPIRAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, YA QUE LA ADMINISTRACION CATALANA SERA MAS EFICAZ SI SUS SERVIDORES CONOCEN LAS DOS LENGUAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD, Y A LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD (ART.

103.3 C.E.) A LOS QUE DEBEN ATENERSE LAS LEYES QUE REGULEN EL ACCESO A LAS FUNCIONES PUBLICAS, YA QUE CUALQUIERA QUE SEA EL CARGO A QUE ASPIREN O LA FUNCION QUE PUEDAN DESARROLLAR, ES INDISPENSABLE QUE CONOZCAN LAS LENGUAS EN LAS QUE EN EL FUTURO DEBERAN DESENVOLVERSE.

D) EL PRECEPTO IMPUGNADO TAMPOCO INFRINGE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, APLICANDO LOS PARAMETROS DECANTADOS POR LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN A LOS FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO SELECCIONADOS POR LA GENERALIDAD ES RAZONABLE, PUESTO QUE EL CORRECTO MANEJO DEL CASTELLANO Y CATALAN ES IMPRESCINDIBLE TANTO PARA ATENDER EN CUALQUIERA DE ESTOS IDIOMAS A LOS ADMINISTRADOS COMO PARA ESTUDIAR Y RESOLVER EXPEDIENTES REDACTADOS INDISTINTAMENTE EN UNO U OTRO IDIOMA O EN AMBOS A LA VEZ; ESTA JUSTIFICADA POR RAZONES CUYA LEGITIMIDAD DERIVA DE SU CONEXION CON UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA CUAL ES EL RESPETO Y PROTECCION DE LA CULTURA Y DE LA LENGUA CATALANA, Y GUARDA UNA RAZONABLE PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LA FINALIDAD PERSEGUIDA, CUAL ES ENDEREZAR UNA SITUACION DE DESIGUALDAD PATENTE ENTRE EL CASTELLANO Y EL CATALAN DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD.

5. DON MIQUEL COLL I ALENTORN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, COMPARECIO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MISMO, POR ESCRITO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1990, SOLICITANDO SE DECLARASE LA PLENA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO RECURRIDO, EN BASE A LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:

LO QUE SE DISCUTE EN ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL ES SI LA NORMA CUESTIONADA ESTABLECE UNA OBLIGACION PROPORCIONADA Y RAZONABLE. RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD DEBE DECIRSE QUE EL RECLAMO QUE HACE EL PROPIO ART. 34 A LOS CRITERIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, MERITO Y CAPACIDAD Y A LOS CRITERIOS DE OBJETIVIDAD, ASI COMO LA ALUSION EN EL ART. 35 A LAS PRUEBAS SELECTIVAS SE HARAN DE ACUERDO CON LOS DIVERSOS NIVELES Y NECESIDADES DE FORMACION, INDICAN CLARAMENTE QUE LA VOLUNTAD DE LA LEY ES MODULAR LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN.

CIERTAMENTE SERIA ABSURDO EXIGIR UNOS CONOCIMIENTOS QUE NO TUVIERAN RELACION CON LA FUNCION A DESEMPEÑAR O EL NIVEL CULTURAL GENERAL. POR SI ALGUNA DUDA PODIA QUEDAR, EL ART. 37.3 ACLARA QUE LOS PROGRAMAS DE LAS PRUEBAS DE SELECCION HAN DE PROCURAR ESPECIALMENTE QUE LAS MATERIAS EXIGIDAS SEAN ADECUADAS AL DESARROLLO POSTERIOR DE LOS COMETIDOS A REALIZAR. LA POSIBILIDAD DE QUE EN APLICACION DEL PRECEPTO LEGISLATIVO SE EXIGIERA UN CONOCIMIENTO DEL CATALAN NO PROPORCIONAL, A LA QUE PARECE APUNTAR EL RECURRENTE, NO PERMITE CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO, PUESTO QUE CUALQUIER PRECEPTO ES SUSCEPTIBLE DE UNA APLICACION INCONSTITUCIONAL, PERO POR ELLO NO ES RAZONABLE PRIVAR A UNA ADMINISTRACION DE SUS POTESTADES PARA QUE NO PUEDA HACER MAL USO DE ELLAS, Y NO SE PUEDE ANULAR UN PRECEPTO EN BASE A UN VICIO VIRTUAL O HIPOTETICO.

LA PROPORCIONALIDAD EN LA EXIGENCIA DEL CATALAN DEBE LLEVAR A LA CONCLUSION DE LA RAZONABILIDAD DE SU EXIGENCIA.

SOLO PODRIA Y DESDE AHORA DECLARARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO SI, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE EXIGENCIA, CARECIERA DE EXPLICACION RELACIONAR CONOCIMIENTO DEL CATALAN CON FUNCION PUBLICA. PERO ELLO ES PERFECTAMENTE RAZONABLE, TAL COMO LO HA RECONOCIDO EL LEGISLADOR ESTATAL EN EL ART. 25.2 A) DE LA LEY 12/1983, DE 14 DE OCTUBRE, EL PROCESO AUTONOMICO, DECLARADO CONSTITUCIONAL POR LA STC 76/1983, Y AUN CON MAYOR ROTUNDIDAD, EN EL ART. 19.1 DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA. SI LOS PRECEPTOS ESTATALES CITADOS SON CONSTITUCIONALES, ELLO SIGNIFICA QUE ES RAZONABLE LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS OFICIALES PARA LOS FUNCIONARIOS. NO PUEDE RECHAZARSE LIMINARMENTE COMO IRRAZONABLE ESTA EXIGENCIA. DEL TENOR DEL ESCRITO DE DEMANDA PUEDE DEDUCIRSE QUE LA IRRAZONABILIDAD LA ENCUENTRA EN UNA SUPUESTAMENTE EXCESIVA GENERALIZACION DE LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN, LO CUAL INDICA UN DESCONOCIMIENTO RADICAL DE LA UTILIZACION DEL CATALAN EN CATALUÑA, SUPONE NO VALORAR LA EXPRESION <LENGUA PROPIA> DEL ESTATUTO Y OLVIDAR LO QUE DISPONE LA LEY DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE CATALUÑA, DE LO QUE SE DESPRENDE QUE UN CIERTO CONOCIMIENTO, POR ELEMENTAL QUE SEA, DE LA LENGUA CATALANA ES EN LA PRACTICA IMPRESCINDIBLE PARA LA FUNCION PUBLICA QUE EJERCE SU TRABAJO EN CATALUÑA. AFIRMACION QUE DEBE DESDRAMATIZARSE EN EL SENTIDO DE QUE ESTE CONOCIMIENTO MINIMO DEL CATALAN QUE ES DE TODO PUNTO IMPRESCINDIBLE LO POSEE YA PRACTICAMENTE TODA PERSONA CONOCEDERA DEL CASTELLANO, DADA LA PROXIMIDAD ENTRE AMBAS LENGUAS. HAY QUE RELATIVIZAR TAMBIEN LA GENERALIZACION DE LA EXIGENCIA DEL CATALAN, YA QUE SOLO SE REFIERE AL PERSONAL QUE SE SELECCIONE EN EL FUTURO, LO QUE SIGNIFICA QUE DURANTE MUCHO TIEMPO SOLO SERA DE APLICACION A UNA PEQUEÑISIMA PARTE DEL FUNCIONARIADO DE LA GENERALIDAD. POR OTRA PARTE, SE HA DE TENER EN CUENTA EL ESPECIAL ESFUERZO QUE SE HA DE REALIZAR PARA SUPERAR LA ETAPA DE OPRESION DE LA LENGUA CATALANA, POR LO QUE LOS PODERES PUBLICOS, DE ACUERDO CON EL ART. 9.2 C.E., DEBEN SER BELIGERANTE EN LA PROMOCION DE LAS CONDICIONES SOCIALES PARA HACER REALES LOS DERECHOS LINGUISTICOS DEL PUEBLO CATALAN.

POR LO QUE RESPECTA A LA INFRACCION DEL ART. 139.1 C. E., ES OBVIO QUE DICHO PRECEPTO NO PUEDE SIGNIFICAR EN MODO ALGUNO UNA IDENTIDAD ABSOLUTA DE REGULACION EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL. LA IDENTIDAD DE DERECHOS A LA QUE SE REFIERE DEBE INTERPRETARSE EN RELACION CON LOS ARTS. 139.2 Y 149.1.1. C. E., SIGNIFICANDO, POR UNA PARTE, QUE NADIE PUEDE ESTABLECER MEDIDAS TERRITORIALMENTE DISCRIMINATORIAS, Y, POR OTRA, QUE LA REGULACION DE LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES CONSTITUCIONALES CORRESPONDE AL ESTADO.

POR ULTIMO, EN CUANTO A LA IGUALDAD DE REGULACION COMO COMPETENCIA ESTATAL, BASTE RECORDAR QUE CONFORME AL ART. 19.1, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY 30/1984, QUE TIENE CARACTER DE BASICO, LO QUE GARANTIZA LAS CONDICIONES BASICAS PARA LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES ES QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS TODAS ELLAS PREVEAN LA SELECCION DE FUNCIONARIOS DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES.

6. POR PROVIDENCIA DE LA SECCION TERCERA, DE 5 DE MARZO DE 1986, SE ACORDO OIR A LAS PARTES PARA QUE FORMULARAN ALEGACIONES EN RELACION AL MANTENIMIENTO O LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION DEL PRECEPTO IMPUGNADO. EL PLENO, POR AUTO DE 10 DE ABRIL DE 1986, ACORDO EL MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION.

7. POR PROVIDENCIA DE 26 DE ENERO DE 1991, SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DEL PRESENTE RECURSO EL DIA 28 DEL MISMO MES Y AÑO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EL OBJETO DEL PRESENTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ES EL INCISO FINAL DEL ART. 34 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 17/1985, DE 23 DE JULIO, DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD, QUE ESTABLECE, EN REFERENCIA AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA MISMA, QUE <EN EL PROCESO DE SELECCION DEBERA ACREDITARSE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALANA EN SU EXPRESION ORAL Y ESCRITA>. LA REPRESENTACION DEL ESTADO AFIRMA QUE DICHO PRECEPTO CHOCA FRONTALMENTE TANTO CON EL PRINCIPIO DE COOFICIALIDAD DE LAS LENGUAS COMO CON EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DEL ART. 23.2 C. E., EN CONEXION CON EL ART. 14 C. E., Y CON EL PRINCIPIO DEL ART. 139.1 C. E., QUE ESTABLECE QUE LOS ESPAÑOLES TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO DEL ESTADO. LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS PLAZAS DE UN DETERMINADO TIPO DE FUNCION PUBLICA O PARA TODA ELLA RESULTA IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONADA RESPECTO DEL FIN QUE FUNDAMENTA LA IMPOSICION DEL DEBER, Y SUPONE UN OBSTACULO AL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA POR PARTE DE QUIEN NO CONOZCA LA LENGUA CATALANA.

EN ESTA BREVE Y COMPLEJA ARGUMENTACION SE ENTREMEZCLAN, SIN LA DEBIDA DISTINCION, DOS CUESTIONES DIFERENTES. POR UN LADO, LA RELATIVA A SI LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN PARA EL INGRESO EN LA FUNCION PUBLICA AL SERVICIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SIGNIFICA INTRODUCIR UN FACTOR DE DISCRIMINACION EN PERJUICIO DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL QUE NO POSEAN CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA CATALANA; Y, POR OTRO LADO, LA CUESTION DE SI INTRODUCE UN REQUISITO PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD DEL ART.

103.3 C. E. Y, POR ELLO, EN EL DERECHO DE ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD A LA FUNCION PUBLICA DEL ART. 23.2 C. E.

2. EN RELACION CON LA PRESUNTA DESIGUALDAD QUE ORIGINARIA EL PRECEPTO IMPUGNADO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS A ESPAÑOLES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL (ART. 139.1 C. E.) AL INTRODUCIR UNA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO LINGUISTICO PARA ACCEDER A LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA QUE NO SE ESTABLECE PARA EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, DEBEMOS PARTIR DEL RECONOCIMIENTO, AL AMPARO DE LA REMISION QUE EFECTUA EL ART. 3.2 C. E., DEL IDIOMA CATALAN COMO LENGUA OFICIAL EN CATALUÑA (ART. 3.2 E. A. C.). SE ESTABLECE, ASI, UN REGIMEN DE COOFICIALIDAD LINGUISTICA QUE RIGE EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA Y DEL QUE, ENTRE OTRAS CONSECUENCIAS, SE DERIVA QUE EL CATALAN Y EL CASTELLANO DEBEN SER USADOS PRECEPTIVAMENTE POR LA ADMINISTRACION EN LA FORMA DETERMINADA POR LA LEY (ART. 5.2 LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 7/1983, DE 18 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA) Y QUE EL CATALAN SEA LENGUA PROPIA DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL CATALANA (ART. 5.1 LEY 7/1983, EN RELACION CON EL ART. 3.1 E. A. C.). CONSECUENCIA TODO ELLO DE QUE, COMO DIJIMOS EN LA STC 82/1986 (FUNDAMENTO JURIDICO 2.), UNA LENGUA ES OFICIAL CUANDO ES RECONOCIDA POR LOS PODERES PUBLICOS COMO MEDIO NORMAL DE COMUNICACION EN Y ENTRE ELLOS Y EN SU RELACION CON LOS SUJETOS PRIVADOS, CON PLENA VALIDEZ Y EFECTOS JURIDICOS. NATURALMENTE, EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN DE COOFICIALIDAD LINGUISTICA EN UNA PARTE DEL TERRITORIO DEL ESTADO NO CONTRADICE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, RECOGIDO POR EL ART. 139.1 C. E., YA QUE TAL PRINCIPIO NO PUEDE SER ENTENDIDO EN MODO ALGUNO COMO UNA RIGUROSA Y MONOLITICA UNIFORMIDAD DEL ORDENAMIENTO DE LA QUE RESULTE QUE EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO SE TENGAN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, PUESTO QUE CON LA DEBIDA RESERVA RESPECTO DE LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES BASICAS DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES (ART. 149.1.1. C. E.), <LA POTESTAD LEGISLATIVA DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GOZAN DA A NUESTRO ORDENAMIENTO UNA ESTRUCTURA COMPUESTA, POR OBRA DE LA CUAL PUEDE SER DISTINTA LA POSICION JURIDICA DE LOS CIUDADANOS EN LAS DISTINTAS PARTES DEL TERRITORIO NACIONAL> (STC 37/1981, FUNDAMENTO JURIDICO 2.).

DE LO EXPUESTO, RESULTA CLARO QUE LA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD NO ES DISCRIMINATORIA DESDE LA VERTIENTE DE LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. CUESTION DISTINTA, QUE ANALIZAREMOS SEGUIDAMENTE, ES LA DE SI ESA EXIGENCIA COMPORTA UN FACTOR DE DISCRIMINACION PERSONAL ENTRE QUIENES TIENEN CONOCIMIENTOS DE CATALAN Y QUIENES NO LOS TIENEN EN CUANTO AL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA (ART. 23.2 C. E., EN RELACION CON EL ART. 14 C. E.).

3. EL ABOGADO DEL ESTADO RECONOCE QUE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA PUEDE ENCONTRAR EN LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD DEL ART.

103.3 C. E. UN FUNDAMENTO PARA EXIGIR EL CONOCIMIENTO DEL CATALAN EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, PERO EN CUANTO DICHA EXIGENCIA SUPONE UN CONDICIONAMIENTO SINGULAR Y ESPECIFICO SOLO SERIA ADMISIBLE CONSTITUCIONALMENTE EN LO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA EL FIN QUE JUSTIFICA LA IMPOSICION DEL MISMO. ADEMAS, DICHA EXIGENCIA, EN CUALQUIER CASO, HABRIA DE SER PROPORCIONADA A LA NATURALEZA DE LA PLAZA DE QUE SE TRATE. EL PRECEPTO IMPUGNADO, DESDE SU PUNTO DE VISTA, RESULTARIA DISCRIMINATORIO PARA QUIENES NO POSEAN CONOCIMIENTO DEL CATALAN Y PRETENDIERAN ACCEDER A LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD.

SIN EMBARGO, EL INCISO IMPUGNADO DEL ART. 34 DE LA LEY CATALANA 17/1985, AL ESTABLECER LA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN, PARTE DE LO DISPUESTO EN EL INCISO PRECEDENTE, EN EL QUE SE RECOGEN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MERITO Y CAPACIDAD PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA (ART. 103.3 C. E.). Y DENTRO DE ESTOS PRINCIPIOS ES DONDE SE SITUA EL REQUISITO DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN. NO RESULTA ACEPTABLE EL ARGUMENTO DEL ABOGADO DEL ESTADO DE QUE ESA EXIGENCIA PUEDE SUPONER UN OBSTACULO PARA ACCEDER A LA FUNCION PUBLICA PARA QUIEN CAREZCA DEL CONOCIMIENTO DEL CATALAN. EL PROPIO PRINCIPIO DE MERITO Y CAPACIDAD SUPONE LA CARGA PARA QUIEN QUIERA ACCEDER A UNA DETERMINADA FUNCION PUBLICA DE ACREDITAR LAS CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E IDONEIDAD EXIGIBLES PARA LA FUNCION A LA QUE ASPIRA.

POR LO QUE LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA QUE ES OFICIAL EN EL TERRITORIO DONDE ACTUA LA ADMINISTRACION A LA QUE SE ASPIRA A SERVIR ES PERFECTAMENTE INCLUIBLE DENTRO DE LOS MERITOS Y CAPACIDADES REQUERIDAS. NO DEBE ENTENDERSE LA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN UN REQUISITO AD EXTRA, INDEPENDIENTE DEL MERITO Y CAPACIDAD ACREDITADAS, SINO, AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRO CONOCIMIENTO O CONDICION EXIGIDA PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, UNA EXIGENCIA CON CUYA ACREDITACION SE DA SATISFACCION A DICHOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, EN LA MEDIDA EN QUE SE TRATA DE UNA CAPACIDAD Y UN MERITO QUE, SEGUN EL ART. 34 DE LA LEY CATALANA 17/1985, HA DE ACREDITARSE Y VALORARSE EN RELACION CON LA FUNCION A DESEMPEÑAR, Y POR TANTO GUARDA LA DEBIDA RELACION CON EL MERITO Y CAPACIDAD, TAL COMO IMPONE EL ART. 103 C. E. (STC 27/1991, FUNDAMENTO JURIDICO 4.).

LA RAZONABILIDAD DE VALORAR EL CONOCIMIENTO DEL CATALAN COMO REQUISITO GENERAL DE CAPACIDAD, AUNQUE VARIABLE EN SU NIVEL DE EXIGENCIA, VIENE JUSTIFICADA POR DIVERSOS MOTIVOS. EN PRIMER LUGAR DEBEMOS MENCIONAR EL CARACTER DEL CATALAN COMO LENGUA DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD, JUNTO CON EL CASTELLANO, AMBAS DE USO PRECEPTIVO (ART. 5 LEY CATALANA 7/1983); QUE SON VALIDAS Y EFICACES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS HECHAS EN CATALAN (ART. 7.1 LEY CATALANA 7/1983); Y QUE LOS PARTICULARES GOZAN DEL DERECHO DE USAR EL CATALAN EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION (ART. 8 DE LA LEY 7/1983 Y STC 82/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 3.). ADEMAS, SE TRATA DE UN REQUISITO JUSTIFICADO Y EQUITATIVO TAMBIEN EN FUNCION DE LA PROPIA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA (ART. 103.1 C. E.), POR LO QUE RESULTA CONSTITUCIONALMENTE LICITO EXIGIR, EN TODO CASO, UN CIERTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CATALANA, QUE RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA QUE EL FUNCIONARIO PUEDA EJERCER ADECUADAMENTE SU TRABAJO EN LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, DADO EL CARACTER COOFICIAL DEL IDIOMA CATALAN EN CATALUÑA (ART. 3.2 C. E.

Y ART. 3.2 E. A. C.) Y DADA TAMBIEN LA EXTENSION DEL USO DEL CATALAN EN TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

4. CUESTION DISTINTA, COMO SUBRAYA EL REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ES LA DE LA PROPORCIONALIDAD DE ESA EXIGENCIA, EN FUNCION DEL TIPO Y NIVEL DE LA FUNCION O PUESTO A DESEMPEÑAR, QUE VIENE IMPUESTA POR EL ART. 23.2 C. E., PUES SERIA CONTRARIO AL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, EXIGIR UN NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN SIN RELACION ALGUNA CON LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE QUE SE TRATE. CIERTAMENTE UNA APLICACION DESPROPORCIONADA DEL PRECEPTO LEGAL PODRIA LLEVAR A RESULTADOS DISCRIMINATORIOS, CONTRARIOS TANTO AL ART. 14 COMO AL 23.2 C. E., PERO ELLO NO RESULTA DIRECTAMENTE DEL PRECEPTO IMPUGNADO, QUE ENTENDIDO EN SUS PROPIOS TERMINOS, NO TIENE NADA DE OBJETABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL.

EL ABOGADO DEL ESTADO RECONOCE EN SU ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO, QUE EN REALIDAD NO CUESTIONA TANTO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO COMO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA APLICACION DEL MISMO, QUE ENTIENDE DEBERIA ESTAR SUPEDITADA A UN CRITERIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. PERO COMO HA AFIRMADO ESTE TRIBUNAL EN OTRAS OCASIONES (VALGA POR TODAS LA STC 58/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 2.), NO SIRVE COMO ARGUMENTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA EL QUE EN SU APLICACION O DESARROLLO PUEDAN PRODUCIRSE EXTRALIMITACIONES. ESTAS CABEN EN LA APLICACION O DESARROLLO DE CUALQUIER NORMA LEGAL Y FRENTE A ELLO EL ART. 23.2 C.

E. PERMITE IMPUGNAR ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA, Y EN ULTIMO TERMINO ANTE ESTE TRIBUNAL EN VIA DE AMPARO, LAS NORMAS REGLAMENTARIAS O APLICACIONES DE LAS MISMAS QUE QUIEBREN LA IGUALDAD (STC 50/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 4.). POR CONSIGUIENTE, EN TANTO QUE EN LAS CONCRETAS CONVOCATORIAS DE LOS CONCURSOS U OPOSICIONES DE ACCESO A LOS CUERPOS Y ESCALAS O PLAZAS DE LA FUNCION PUBLICA DE LA GENERALIDAD NO SE UTILICE LA EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL CATALAN DE MANERA IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONADA IMPIDIENDO EL ACCESO A SU FUNCION PUBLICA DE DETERMINADOS CIUDADANOS ESPAÑOLES, NO SE VULNERARA LA IGUALDAD RECONOCIDA POR EL ART. 23.2 C. E. EN TODO CASO, SE TRATA DE MERAS HIPOTESIS, NO BASADAS EN EVIDENCIA FACTICA ALGUNA, Y QUE EN ABSOLUTO DESVIRTUAN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO FINAL DEL ART.

34 DE LA LEY CATALANA 17/1985.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

DESESTIMAR EL PRESENTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADO EN MADRID, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. FIRMADOS. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS.

MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO.

VICENTE GIMENO SENDRA. JOSE GABALDON LOPEZ. RUBRICADOS.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 28/02/1991
  • Fecha de publicación: 27/03/1991
Referencias anteriores
  • DICTADA en el Recurso 955/1985 (Ref. BOE-A-1985-24206).
  • DECLARA la desestimación en relación con el art. 34 de la Ley 17/1985, de 23 de julio (Ref. BOE-A-1985-18551).
Materias
  • Cataluña
  • Comunidades Autónomas
  • Tribunal Constitucional

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid