Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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La Comunicación de la Comisión de 29 de noviembre de 2017 titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura» establece los retos, objetivos y orientaciones de la futura política agrícola común (PAC) después de 2020. Dichos objetivos incluyen que la PAC se oriente más a los resultados y al mercado, se impulse la modernización y la sostenibilidad, incluida la sostenibilidad económica, social, medioambiental y climática de las zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y se contribuya a reducir la carga administrativa que supone para los beneficiarios la legislación de la Unión.

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A fin de abordar las repercusiones y la dimensión mundial de la PAC, la Comisión debe asegurar la coherencia con los instrumentos y las políticas exteriores de la Unión, en particular en el ámbito del comercio y de la cooperación al desarrollo. El compromiso de la Unión con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo requiere que se tengan en cuenta los objetivos y principios de desarrollo a la hora de elaborarlas políticas.

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Puesto que la PAC debe pulir sus respuestas a los retos y oportunidades a medida que se manifiesten a nivel de explotación, local, regional, nacional, de la Unión e internacional, es necesario racionalizar la gobernanza de esta política y mejorar su contribución a la consecución de los objetivos de la Unión, así como reducir significativamente la carga administrativa. La PAC debe basarse en el rendimiento (en lo sucesivo, «modelo de aplicación»). Por consiguiente, la Unión debe fijar los parámetros esenciales de la política, como los objetivos de la PAC y sus requisitos básicos, mientras que los Estados miembros deben asumir mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que cumplen dichos objetivos y alcanzan las metas. Una mayor subsidiariedad permite tener más en cuenta las condiciones y necesidades locales y el carácter particular de la actividad agrícola, derivado de la estructura social de la agricultura y de las disparidades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas, y permite adaptar las ayudas para maximizar la contribución al logro de los objetivos de la Unión.

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Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

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Las normas sobre medidas que vinculan la eficacia de los fondos de la Unión a una buena gobernanza económica, sobre desarrollo territorial y sobre la visibilidad de la ayuda de los fondos de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) también deben aplicarse a la ayuda al desarrollo rural en virtud del presente Reglamento, a fin de garantizar la coherencia con los fondos de la Unión en relación con dichos aspectos.

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Las sinergias entre el Feader y Horizonte Europa, creado por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), deben fomentar que el Feader haga el mejor uso posible de los resultados de la investigación y la innovación, en particular de los derivados de proyectos financiados por Horizonte Europa y la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI) que puedan plasmarse en innovaciones en el sector agrícola y las zonas rurales.

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Habida cuenta de la importancia de hacer frente a la enorme pérdida de biodiversidad, las ayudas en virtud del presente Reglamento deben contribuir a integrar la acción en materia de biodiversidad en las políticas de la Unión y a alcanzar el objetivo global de destinar el 7,5 % del gasto anual en el marco del marco financiero plurianual (MFP) a los objetivos de biodiversidad en 2024 y el 10 % en 2026 y 2027.

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Los Estados miembros deben tener flexibilidad para especificar determinadas definiciones y condiciones en sus planes estratégicos de la PAC. Sin embargo, para garantizar unas condiciones de competencia equitativas comunes, debe establecerse a escala de la Unión un determinado marco que establezca los elementos comunes necesarios que deberán incluirse en esas definiciones y condiciones (en lo sucesivo, «definiciones marco»).

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Con el fin de reforzar el papel de la agricultura en el suministro de bienes públicos, es necesario establecer una definición marco adecuada de «actividad agrícola». Por otra parte, para garantizar que la Unión pueda cumplir sus obligaciones internacionales en materia de ayuda interna establecidas en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, y en particular que la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y los tipos de intervenciones conexas se sigan notificando como ayuda del «compartimento verde» que no tiene efectos o, a lo sumo, tiene efectos mínimos de distorsión del comercio o sobre la producción, la definición marco de «actividad agrícola» debe contemplar tanto la producción de productos agrícolas como el mantenimiento de la superficie agrícola, y dejar a los agricultores la elección entre estos dos tipos de actividades. A fin de adaptarse a las especificidades locales, los Estados miembros deben establecer en sus planes estratégicos de la PAC la definición concreta de «actividad agrícola» y las condiciones pertinentes que van a aplicar.

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Con el fin de mantener los elementos esenciales en toda la Unión para garantizar la comparabilidad entre las decisiones de los Estados miembros, sin limitar, sin embargo, a los Estados miembros a la hora de alcanzar los objetivos de la Unión, debe establecerse una definición marco de «superficie agrícola». Las definiciones marco conexas de «tierras de cultivo», «cultivos permanentes» y «pastos permanentes» deben ser amplias, de forma que permitan a los Estados miembros precisarlas en mayor medida de acuerdo con sus especificidades locales.

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La definición marco de «tierras de cultivo» debe establecerse de manera que permita a los Estados miembros abarcar diferentes formas de producción y de modo que requiera la inclusión de las superficies en barbecho, con el fin de garantizar el carácter disociado de las intervenciones.

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La definición marco de «cultivos permanentes» debe incluir tanto superficies efectivamente utilizadas para la producción como aquellas que no lo son, así como viveros y árboles forestales de ciclo corto que definan los Estados miembros.

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La definición marco de «pastos permanentes» debe establecerse de manera que, aunque las gramíneas u otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes, no se excluyan otras especies que puedan servir de pasto. También debe permitir a los Estados miembros especificar criterios adicionales e incluir especies distintas de las gramíneas u otros forrajes herbáceos que puedan producir alimento para los animales, con independencia de que se utilicen realmente para la producción. Se podrían incluir especies en las que parte de la planta, como las hojas, las flores, los tallos o los frutos, pueden servir de pasto directamente o cuando caen al suelo. Los Estados miembros también deben poder decidir si limitan o no las tierras en las que las gramíneas y otros forrajes herbáceos no son predominantes, o no están presentes en las superficies para pasto, incluida la limitación a tierras que formen parte de prácticas locales establecidas.

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La definición marco de «superficie agrícola» debe garantizar que los Estados miembros incluyan sistemas agroforestales en los que se cultivan árboles en parcelas agrícolas en las que se llevan a cabo actividades agrícolas para mejorar el uso sostenible de la tierra.

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Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de que las ayudas se pagan por superficies agrícolas que están a disposición de los agricultores y en las que se ejerce una actividad agrícola, debe establecerse una definición marco de «hectárea admisible» con los elementos esenciales. En particular, los Estados miembros deben establecer las condiciones para determinar si las tierras están a disposición del agricultor. Teniendo en cuenta la probabilidad de uso ocasional y temporal de tierras agrícolas para actividades que no son estrictamente agrícolas y dado el potencial de determinadas actividades no agrícolas para contribuir a la diversificación de la renta de las explotaciones agrícolas, los Estados miembros deben establecer las condiciones adecuadas para incluir en las hectáreas admisibles las superficies que también se utilicen para actividades no agrícolas.

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Habida cuenta del elevado nivel de ambición de la PAC en materia de medio ambiente, la superficie admisible no debe reducirse como consecuencia de la aplicación de determinadas normas de condicionalidad ni de los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal («ecoregímenes») en el marco de los pagos directos. Las superficies agrícolas no deben quedar excluidas de los pagos directos cuando se cultiven con productos no agrícolas mediante la paludicultura en virtud de regímenes nacionales o de la Unión que contribuyan a lograr uno o varios objetivos medioambientales o climáticos de la Unión. Además, las superficies agrícolas deben seguir pudiendo optar a pagos directos cuando estén sujetas a determinados requisitos de la Unión relativos a la protección del medio ambiente o cuando sean forestadas en virtud de medidas para el desarrollo rural, incluidas las superficies forestadas con arreglo a los regímenes nacionales conformes, o cuando se trate de superficies sujetas a determinados compromisos de retirada de tierras de la producción.

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Teniendo en cuenta la necesidad de simplificación, debe permitirse a los Estados miembros decidir que los elementos del paisaje que no obstaculicen de forma significativa el rendimiento de la actividad agrícola en una parcela sigan formando parte de la superficie admisible. Al calcular la superficie admisible de pastos permanentes, mientras que se deducen las superficies ocupadas por elementos no admisibles, los Estados miembros deben poder aplicar una metodología simplificada.

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Por lo que respecta a las superficies dedicadas a la producción de cáñamo, con el fin de preservar la salud pública y garantizar la coherencia con otros organismos legislativos, la condición de que las variedades de semillas de cáñamo utilizadas deben tener un contenido de tetrahidrocannabinol no superior al 0,3 % debe formar parte de la definición de hectárea admisible.

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A fin de seguir mejorando el rendimiento de la PAC, las ayudas a la renta deben destinarse a los agricultores activos. Para garantizar un enfoque común a nivel de la Unión, debe establecerse una definición marco de «agricultor activo» que indique los elementos esenciales del concepto. Los Estados miembros deben determinar en sus planes estratégicos de la PAC, sobre la base de elementos objetivos, los agricultores que se consideran activos. A fin de reducir la carga administrativa, debe permitirse a los Estados miembros conceder pagos directos a los pequeños agricultores que también contribuyen a la vitalidad de las zonas rurales y establecer una lista negativa de actividades no agrícolas en comparación con las cuales las actividades agrícolas son típicamente marginales. La lista negativa no debe ser el único elemento determinante de la definición, sino que debe utilizarse como una herramienta complementaria que ayude a identificar tales actividades no agrícolas, sin perjuicio de que las personas afectadas puedan demostrar que cumplen los criterios de la definición de «agricultor activo». Para garantizar una renta mejor, reforzar el tejido socioeconómico de las zonas rurales o perseguir objetivos relacionados, la definición de «agricultor activo» no debe ser obstáculo para la concesión de ayudas a los agricultores pluriactivos o a tiempo parcial, que además de cultivar también se dedican a actividades no agrícolas.

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A fin de garantizar la coherencia entre los tipos de intervenciones en forma de pagos directos y los tipos de intervenciones para el desarrollo rural al abordar el objetivo del relevo generacional, debe establecerse a escala de la Unión una definición marco de «joven agricultor» con los elementos esenciales.

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A fin de garantizar la coherencia entre los tipos de intervenciones en forma de pagos directos y los tipos de intervenciones para el desarrollo rural al abordar el objetivo de facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales, debe establecerse a escala de la Unión una definición marco de «nuevo agricultor» con los elementos comunes.

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Con el fin de dotar de contenido a los objetivos de la PAC, tal como se establecen en el artículo 39 del TFUE, así como de garantizar que la Unión aborde adecuadamente sus retos más recientes, conviene establecer una serie de objetivos generales que reflejen las orientaciones definidas en la Comunicación titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura». Debe definirse asimismo a escala de la Unión un conjunto de objetivos específicos, que los Estados miembros tendrán que aplicar en sus planes estratégicos de la PAC, teniendo en cuenta que, en los Estados miembros, la agricultura es un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía. Al tiempo que garantizan el equilibrio entre los diversos aspectos del desarrollo sostenible, en consonancia con la evaluación de impacto, dichos objetivos específicos deben traducir los objetivos generales de la PAC en prioridades más concretas y tener en cuenta la normativa de la Unión pertinente, en particular en lo que se refiere al clima, la energía y el medio ambiente.

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Para convertirse en una política más inteligente, moderna y sostenible, la PAC debe abrirse a la investigación e innovación al servicio de las diversas funciones que desempeñan la agricultura, la silvicultura y los sistemas alimentarios de la Unión, invirtiendo en el desarrollo tecnológico y la digitalización, así como mejorando la incorporación y la implantación efectiva de tecnologías, en especial las digitales, y el acceso a nuevos conocimientos que sean imparciales, fiables y pertinentes, así como un mayor intercambio de tales conocimientos.

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La Unión debe impulsar un sector agrícola moderno, competitivo, resiliente y diversificado que aproveche los beneficios de una producción de alta calidad y un uso eficiente de los recursos, y que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo como parte de un sector agroalimentario competitivo y productivo, al tiempo que salvaguarda el modelo agrícola familiar.

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Con el fin de apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión para mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo, es necesario mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, en particular mediante el impulso de formas de cooperación que beneficien a los agricultores y fomenten su participación, así como promoviendo las cadenas de suministro cortas y mejorando la transparencia del mercado.

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La Unión debe mejorar la respuesta a las exigencias de la sociedad en materia de alimentación y salud, incluidos los alimentos de buena calidad, seguros y nutritivos producidos de forma sostenible. Para avanzar en dicha dirección, será necesario que se promuevan prácticas específicas de explotación agrícola sostenible, como la agricultura ecológica, la gestión integrada de plagas, la agroecología, la agrosilvicultura o la agricultura de precisión. Del mismo modo, también deben incentivarse las acciones para promover mayores niveles de bienestar animal y las iniciativas para combatir la resistencia a los antimicrobianos.

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El modelo de aplicación no debe conducir a una situación en la que existan veintisiete políticas agrícolas nacionales diferentes, que pongan así en peligro el carácter común de la PAC y el mercado interior. Con todo, dicho modelo debe dejar a los Estados miembros un cierto margen de flexibilidad dentro de un sólido marco normativo común. Por consiguiente, el presente Reglamento debe fijar los objetivos de la Unión y establecer los tipos de intervenciones, así como los requisitos comunes de la Unión aplicables a los Estados miembros, garantizando así el carácter común de la PAC. Incumbe a los Estados miembros traducir ese marco regulatorio de la Unión en mecanismos de apoyo dirigidos a los beneficiarios aplicando un mayor nivel de flexibilidad. En este contexto, los Estados miembros deben actuar con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de las Unión Europea y los principios generales del Derecho de la Unión y garantizar que el marco jurídico para la concesión de ayudas de la Unión a los beneficiarios esté basado en sus respectivos planes estratégicos de la PAC y cumpla los principios y los requisitos establecidos en virtud del presente Reglamento y del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). También deben aplicar sus planes estratégicos de la PAC aprobados por la Comisión.

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Con el fin de promover un sector agrícola inteligente y resiliente, los pagos directos siguen constituyendo un elemento esencial para que los agricultores perciban una ayuda a la renta justa. Del mismo modo, las inversiones en la reestructuración, la modernización, la innovación, la diversificación de las explotaciones agrícolas, y en la incorporación en estas de nuevas prácticas y tecnologías son necesarias para que el mercado pueda recompensar más adecuadamente a los agricultores.

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En el contexto de una mayor orientación al mercado de la PAC, según lo previsto en la Comunicación de la Comisión titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura», la exposición al mercado, el cambio climático y la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos que conlleva, así como las crisis sanitarias y fitosanitarias, pueden generar riesgos de volatilidad de los precios y una presión creciente sobre la renta, en especial de los productores primarios. Por lo tanto, si bien los agricultores son los responsables últimos del diseño de las estrategias que aplican en sus explotaciones y de la mejora de la resiliencia de estas, es importante establecer un marco sólido para garantizar una gestión de riesgos adecuada.

(30)

Apoyar y mejorar la protección del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir a lograr los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión es una prioridad fundamental para el futuro de la agricultura y la silvicultura de la Unión. La PAC debe desempeñar un papel tanto en la reducción de los efectos negativos en el medio ambiente y en el clima, incluida la biodiversidad, como en el aumento del suministro de bienes públicos medioambientales en todos los tipos de tierras agrícolas y forestales (incluidas las zonas de alto valor natural) y en las zonas rurales en su conjunto. Por lo tanto, la arquitectura de la PAC debe reflejar una mayor ambición con respecto a dichos objetivos. Debe incluir elementos que apoyen o induzcan de otro modo a una amplia gama de acciones en la consecución de los objetivos, no solo en la agricultura, la producción alimentaria y la silvicultura sino también en las zonas rurales en su conjunto.

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La mejor combinación de tipos de acciones para abordar dichos objetivos variará de un Estado miembro a otro. En paralelo a la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la captura de carbono son dos elementos importantes para mitigar el cambio climático. La producción y el uso de energía subvencionados a través de la PAC deben referirse a energía que presente claramente las características de sostenibilidad, también en lo que respecta a los gases de efecto invernadero. Por lo que se refiere a la gestión de los recursos naturales, una menor dependencia de los productos químicos, como los fertilizantes y los plaguicidas artificiales, puede ser especialmente útil, también para la protección de la biodiversidad, un ámbito en el que en muchas partes de la Unión es necesario reducir la dependencia de los plaguicidas y tomar medidas para detener e invertir el declive de las poblaciones de polinizadores de manera oportuna.

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Dado que muchas zonas rurales de la Unión sufren problemas estructurales, como una falta de oportunidades de empleo atractivas, una deficiencia de capacidades, una inversión insuficiente en banda ancha y conectividad, infraestructuras digitales y de otro tipo y servicios básicos, así como un considerable éxodo de personas jóvenes, es fundamental reforzar el tejido socioeconómico en esas zonas, en consonancia con la Declaración de Cork 2.0 «Una vida mejor en el medio rural», especialmente a través de la creación de empleo y el relevo generacional, llevando el programa de empleo y crecimiento de la Comisión a las zonas rurales, promoviendo la inclusión social, el apoyo a los jóvenes, el relevo generacional y el desarrollo de «pueblos inteligentes» en el campo europeo, y contribuyendo a mitigar la despoblación.

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La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión y la integración de la perspectiva de género es un instrumento importante para incorporar ese principio a la PAC. Por consiguiente, debe ponerse especial énfasis en el fomento de la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, con especial atención a la agricultura, y apoyar el papel clave de las mujeres. Debe exigirse a los Estados miembros que evalúen la situación de las mujeres en la agricultura y aborden los retos en sus planes estratégicos de la PAC. La igualdad de género debe ser parte integrante de la elaboración, la ejecución y la evaluación de las intervenciones de la PAC. Los Estados miembros también deben reforzar su capacidad en materia de integración de la perspectiva de género y de recogida de datos desglosados por género.

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A fin de lograr la estabilidad y la diversificación de la economía rural, deben apoyarse asimismo el desarrollo, la creación y el mantenimiento de empresas no agrícolas. Tal como se indica en la Comunicación «El futuro de los alimentos y de la agricultura», las nuevas cadenas de valor rural, como la energía renovable, la bioeconomía emergente, la economía circular y el ecoturismo, pueden ofrecer un buen potencial de crecimiento y empleo para las zonas rurales, al mismo tiempo que conservan los recursos naturales. En este contexto, los instrumentos financieros y la utilización de la garantía de la UE en el marco del Programa InvestEU, establecido por el Reglamento (EU) 2021/523 del Parlamento europeo y del Consejo (9), pueden desempeñar un papel fundamental para garantizar el acceso a la financiación y para intensificar la capacidad de crecimiento de las explotaciones agrícolas y las empresas. Las zonas rurales encierran un potencial de oportunidades laborales para los nacionales de terceros países en situación de residencia legal, lo cual puede favorecer su integración socioeconómica, especialmente en el marco de estrategias de desarrollo local participativo.

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La PAC debe seguir garantizando la seguridad alimentaria, que debe interpretarse como el acceso a alimentos seguros y nutritivos, y en cantidad suficiente, en todo momento. Por otra parte, debe contribuir a mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las nuevas exigencias de la sociedad en materia de alimentación y salud, incluidos una producción agrícola sostenible, una nutrición más sana, el bienestar animal y la reducción del desperdicio de alimentos. La PAC debe continuar fomentando la producción con características específicas y de alto valor, y a la vez ayudar a los agricultores a ajustar proactivamente su producción a las señales del mercado y la demanda de los consumidores.

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Habida cuenta del alcance de la reforma que es necesario realizar para lograr los objetivos perseguidos y dar respuesta a las preocupaciones surgidas, conviene crear un nuevo marco jurídico consistente en un único Reglamento que abarque las ayudas de la Unión financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y que sustituya las disposiciones que actualmente contienen el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

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El presente Reglamento debe establecer las normas aplicables a las ayudas de la Unión financiadas por el FEAGA y el Feader y concedidas a través de los tipos de intervenciones que se especifiquen en los planes estratégicos de la PAC elaborados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión.

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A fin de garantizar que la Unión pueda respetar sus obligaciones internacionales en materia de ayuda interna, tal como se establecen en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, determinados tipos de intervenciones establecidas en el presente Reglamento deben seguir notificándose como ayuda del «compartimento verde», que no tiene efectos o tiene efectos mínimos de distorsión del comercio o sobre la producción, o deben notificarse como ayuda del «compartimento azul» en el marco de programas de limitación de la producción y, por lo tanto, excluidos de los compromisos de reducción. Si bien las disposiciones del presente Reglamento para este tipo de intervenciones ya cumplen los requisitos del «compartimento verde» establecidos en el anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC o los requisitos del «compartimento azul» establecidos en su artículo 6, apartado 5, se debe garantizar que las intervenciones planificadas por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC para estos tipos de intervenciones continúen cumpliendo dichos requisitos. En particular, el pago específico al cultivo de algodón que se establece en el presente Reglamento deberá seguir cumpliendo con las disposiciones del «compartimento azul».

(39)

Debe garantizarse que las intervenciones, incluida la ayuda a la renta asociada, son conformes con los compromisos internacionales de la Unión. Ello incluye los requisitos del Memorándum de acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América sobre las semillas oleaginosas en el marco del GATT (12) en su versión vigente tras las modificaciones de la superficie básica separada de la Unión para las semillas oleaginosas derivadas de los cambios en la composición de la Unión.

(40)

La información sobre el rendimiento de la PAC, y su evaluación, basadas en la aplicación de los planes estratégicos de la PAC, se tendrán en cuenta en las evaluaciones periódicas de la Comisión sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible, establecidas sobre la base de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

(41)

Sobre la base del anterior sistema de condicionalidad aplicado hasta 2022, el nuevo sistema de condicionalidad vincula el cobro íntegro de las ayudas de la PAC al cumplimiento por parte de los agricultores y demás beneficiarios de una serie de normas básicas en materia de medio ambiente, cambio climático, salud pública, sanidad vegetal y bienestar animal. Dichas normas básicas abarcan de forma simplificada una lista de requisitos legales de gestión y normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales (normas BCAM). Dichas normas básicas deben tener en cuenta más adecuadamente los desafíos medioambientales y climáticos y la nueva arquitectura medioambiental de la PAC y reflejar un mayor nivel de ambición en materia de medio ambiente y clima, tal como se estableció en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura y en el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, establecido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (13).

(42)

La condicionalidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante una mayor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de cumplir esas normas básicas. También pretende contribuir a que la PAC responda mejor a las expectativas de la sociedad en general, gracias a una mayor coherencia de esta política con los objetivos en materia de medio ambiente, salud pública, fitosanidad y bienestar animal. La condicionalidad debe formar parte integrante de la arquitectura medioambiental de la PAC como elemento integrante del punto de partida hacia unos compromisos medioambientales y climáticos más ambiciosos, y debe aplicarse con carácter general en toda la Unión. Los Estados miembros deben velar por que se impongan sanciones proporcionadas, eficaces y disuasorias, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2116, a aquellos agricultores y demás beneficiarios que no cumplan estos requisitos.

(43)

El marco de normas BCAM tiene como objetivo contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, a la lucha contra los retos relacionados con el agua y a la protección y la calidad del suelo, así como a la protección y la calidad de la biodiversidad. Este marco debe reforzarse para incorporar, en concreto, las prácticas establecidas hasta el año 2022 en virtud de la ecologización de los pagos directos, la mitigación del cambio climático y la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las explotaciones y su contribución a la biodiversidad. Es un hecho admitido que cada una de las normas BCAM contribuye a la consecución de múltiples objetivos. Para aplicar este marco, los Estados miembros deben fijar una norma nacional para cada una de las normas fijadas a escala de la Unión, atendiendo a las características específicas de las superficies de que se trate, incluidas las condiciones edafológicas y climáticas, a las condiciones de explotación agrícola existentes, a las prácticas de explotación agrícola, al tamaño y estructura de la explotación, al uso de la tierra y a las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Los Estados miembros deben ser capaces de fijar normas nacionales relacionadas con los objetivos principales de las normas BCAM, con el fin de mejorar los resultados medioambientales y climáticos en el marco de las normas BCAM. Habida cuenta de las prácticas existentes en el marco del sistema de agricultura ecológica, a los agricultores ecológicos no se les aplicará ningún requisito adicional en cuanto a la rotación de cultivos. Además, por lo que respecta a las normas sobre rotación de cultivos y sobre el porcentaje mínimo de tierras de cultivo para la biodiversidad, los Estados miembros pueden considerar algunas excepciones para evitar imponer una carga excesiva a las explotaciones más pequeñas o para excluir a aquellas explotaciones que ya cumplen el objetivo de las normas BCAM por estar cubiertas en gran medida por pastos, tierras en barbecho o cultivos de leguminosas. Debe preverse una excepción a los requisitos de biodiversidad en cuanto al porcentaje mínimo de tierras de cultivo en el caso de los Estados miembros predominantemente forestales.

(44)

Los requisitos legales de gestión deben ser plenamente aplicados por los Estados miembros a fin de que entren en funcionamiento en las explotaciones y garanticen la igualdad de trato entre agricultores. Para garantizar la coherencia de las normas sobre condicionalidad en pro de una mayor sostenibilidad de la política, los requisitos legales de gestión deben abarcar la principal legislación de la Unión sobre medio ambiente, salud pública, fitosanidad y bienestar animal, según se apliquen a nivel nacional, que impone obligaciones precisas para los agricultores individuales y demás beneficiarios, incluidas las obligaciones previstas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (14) y en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o en la Directiva 91/676/CEE del Consejo (16). Con el fin dar continuación a la Declaración conjunta realizada por el Parlamento Europeo y el Consejo y aneja al Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), deben incluirse como requisitos legales de gestión en el ámbito de aplicación de la condicionalidad las disposiciones pertinentes de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) y debe adaptarse la lista de normas BCAM en consecuencia.

(45)

Con el fin de contribuir al desarrollo de una agricultura socialmente sostenible mediante una mayor concienciación de los beneficiarios de las ayudas de la PAC en cuanto a las normas de empleo y protección social, debe introducirse un nuevo mecanismo que integre las cuestiones sociales.

(46)

Dicho mecanismo debe vincular el cobro íntegro de los pagos directos de la PAC y de los pagos para compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión, pagos para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y pagos para zonas con desventajas específicas resultantes de determinados requisitos obligatorios, al cumplimiento por parte de los agricultores y demás beneficiarios de una serie de normas básicas en materia de condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores agrícolas y de seguridad y salud en el trabajo, en particular determinadas normas establecidas en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo (20) y las Directivas 2009/104/CE (21) y (UE) 2019/1152 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo. A más tardar en 2025, la Comisión debe evaluar la viabilidad de incluir el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) y, si procede, debe proponer legislación a tal efecto.

(47)

Los Estados miembros deben velar por que se impongan sanciones proporcionadas, eficaces y disuasorias, de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2116, a aquellos agricultores y demás beneficiarios que no cumplan estos requisitos. Debido al principio de independencia judicial, no será posible imponer a los sistemas judiciales requisitos específicos a las resoluciones y condenas distintos de los previstos en la legislación que fundamente las resoluciones y las condenas.

(48)

Al establecer el mecanismo de condicionalidad social, deben tenerse debidamente en cuenta los distintos marcos nacionales, a fin de respetar el derecho de los Estados miembros a definir los principios fundamentales de sus sistemas sociales y laborales. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta la elección de cada Estado miembro en lo que respecta a los métodos de ejecución, la negociación colectiva y el papel de los interlocutores sociales, incluido, en su caso, la aplicación de directivas en el ámbito social y laboral. Se deben respetar los modelos nacionales del mercado laboral y la autonomía de los interlocutores sociales. El presente Reglamento no debe imponer ninguna obligación a los interlocutores sociales ni a los Estados miembros en relación con la aplicación o los controles en ámbitos que, de acuerdo con los modelos nacionales del mercado laboral, sean responsabilidad de los interlocutores sociales.

(49)

Debido a la complejidad de implantar sistemas a nivel nacional que respeten la autonomía y especificidad de los sistemas nacionales, se debe permitir a los Estados miembros aplicar la condicionalidad social en una fecha posterior, pero en ningún caso más tarde del 1 de enero de 2025.

(50)

Los Estados miembros deben garantizar la existencia de servicios de asesoramiento a las explotaciones que estén adaptados a los distintos tipos de producción con el fin de mejorar la gestión sostenible y el rendimiento general de las explotaciones agrícolas y las empresas rurales abordando las dimensiones económica, medioambiental y social, y determinar las mejoras necesarias del conjunto de medidas a escala de la explotación previstas en los planes estratégicos de la PAC, incluida la digitalización. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben ayudar a los agricultores y demás beneficiarios de las ayudas de la PAC a ser más conscientes de la relación que existe entre la gestión de las explotaciones y la ordenación del territorio por un lado, y, por otro, de determinadas normas, requisitos e información, como los relacionados con el medio ambiente y el clima. La lista de estos últimos incluye normas aplicables a los agricultores y a otros beneficiarios de la PAC, incluidas las cooperativas, o necesarias para estos y establecidas en el plan estratégico de la PAC y normas derivadas de la legislación sobre el agua, sobre el uso sostenible de plaguicidas y sobre la gestión de los nutrientes, así como las iniciativas destinadas a combatir la resistencia a los antimicrobianos. Debe disponerse también de asesoramiento en la gestión de riesgos y el apoyo a la innovación para preparar y poner en marcha grupos operativos emergentes de la AEI, captando y haciendo uso, al mismo tiempo, de las ideas innovadoras de base. Para mejorar la calidad y eficacia del asesoramiento, los Estados miembros deben contar con todos los asesores, tanto públicos como privados, y redes de asesoramiento del sistema de conocimientos e innovación agrícolas (SCIA), a fin de poder proporcionar información tecnológica y científica actualizada desarrollada gracias a la investigación y la innovación.

(51)

Con el fin de respaldar el rendimiento de las explotaciones tanto desde el punto de vista agronómico como medioambiental, debe facilitarse información sobre la gestión de los nutrientes, principalmente sobre el nitrógeno y el fosfato —nutrientes especialmente problemáticos desde la perspectiva del medio ambiente y que merecen por tanto especial atención—, con ayuda de una herramienta electrónica específica de sostenibilidad agraria que los Estados miembros pondrán a disposición de los agricultores individuales. La herramienta de sostenibilidad agraria debe ayudar a la toma de decisiones en las explotaciones. Con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los agricultores y en toda la Unión, la Comisión debe poder prestar ayuda a los Estados miembros a la hora de diseñar la herramienta de sostenibilidad agraria.

(52)

Con el fin de que los agricultores estén mejor informados y asesorados sobre las obligaciones que tienen para con sus trabajadores por cuanto se refiere a la dimensión social de la PAC, los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben informar acerca de los requisitos de presentación, por escrito, de la información contemplada en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/1152 y acerca de las normas de salud y seguridad aplicables a las explotaciones.

(53)

Con el fin de garantizar que las ayudas a la renta se distribuyan de manera más equitativa, debe permitirse a los Estados miembros que limiten o reduzcan los importes de los pagos directos que superen un determinado umbral y el producto obtenido debe destinarse bien a los pagos directos disociados, y, de forma prioritaria, a la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, o bien transferirse al Feader. Debe permitirse a los Estados miembros que tengan en cuenta el factor trabajo al aplicar el mecanismo para evitar que el empleo se vea afectado negativamente.

(54)

Para evitar que la gestión de numerosos pagos de pequeños importes ocasione una carga administrativa excesiva y garantizar que las ayudas contribuyan de forma efectiva a la consecución de los objetivos de la PAC que se persiguen con los pagos directos, los Estados miembros deben establecer en sus planes estratégicos de la PAC requisitos en materia de superficies mínimas o importes mínimos relacionados con las ayudas para la percepción de pagos directos. Cuando los Estados miembros decidan conceder ayudas a la renta relacionadas con los animales por cada ejemplar de animal, deben fijar el umbral en términos de un importe mínimo con el fin de evitar penalizar a los agricultores que pueden optar a estas ayudas pero cuya superficie está por debajo del umbral. Habida cuenta de la estructura tan específica de la agricultura en las islas menores del mar Egeo, Grecia debe poder decidir si debe aplicarse algún umbral mínimo en dicha zona.

(55)

Dada la importancia de la participación de los agricultores en los instrumentos de gestión de riesgos, debe permitirse a los Estados miembros que asignen un determinado porcentaje de los pagos directos a subvencionar las contribuciones de los agricultores a dichos instrumentos.

(56)

Con el fin de garantizar un nivel mínimo de ayuda a la renta agrícola para todos los agricultores activos, así como cumplir el objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, tal como se establece en el artículo 39, apartado 1, letra b), del TFUE, se debe establecer un pago disociado anual basado en la superficie, a modo de tipo de intervención denominada «ayuda básica a la renta para la sostenibilidad». Con el fin de atribuir mejor dicha ayuda, debe ser posible diferenciar los importes de los pagos por grupos de territorios, en función de las condiciones socioeconómicas o agronómicas, o para reducirlos habida cuenta de otras intervenciones. A fin de evitar efectos perturbadores para la renta de los agricultores, se debe permitir que los Estados miembros opten por aplicar la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en función de los derechos de pago. En ese caso, el valor de los derechos de pago antes de cualquier nueva convergencia debe ser proporcional a su valor con arreglo a los regímenes de pago básico contemplados en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, teniendo en cuenta los pagos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los Estados miembros deben, asimismo, lograr una mayor convergencia con el fin de seguir alejándose progresivamente de los valores históricos.

(57)

Al proporcionar pagos directos disociados basados en el sistema de derechos de pago, los Estados miembros deben seguir gestionando una o varias reservas nacionales por grupo de territorios. Dichas reservas deben utilizarse, de manera prioritaria, para los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores. Las normas sobre el uso y las transferencias de derechos de pago también son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

(58)

Las explotaciones pequeñas siguen siendo una piedra angular de la agricultura de la Unión, ya que desempeñan un papel vital en el fomento del empleo rural y contribuyen al desarrollo territorial. A fin de promover una distribución más equilibrada de las ayudas y reducir la carga administrativa para los beneficiarios de pequeños importes, los Estados miembros deben tener la opción de concebir una intervención específica para los pequeños agricultores que sustituya todas las demás intervenciones en forma de pagos directos. Con el fin de garantizar una mejor atribución de esa ayuda, se debe poder diferenciar el pago. Para que los pequeños agricultores puedan elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, la participación de los agricultores en la intervención debe ser optativa.

(59)

Habida cuenta de la reconocida necesidad de promover una distribución más equilibrada de las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de una manera visible y cuantificable, los Estados miembros deben poner en marcha una ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad y destinar al menos el 10 % de la dotación de los pagos directos a esa ayuda. Para propiciar una mejor atribución de esta ayuda complementaria y en vista de las diferencias de la estructura de las explotaciones agrícolas dentro de la Unión, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar diferentes importes de ayuda complementaria para diferentes rangos de hectáreas así como de diferenciar las ayudas por nivel regional o por los mismos grupos de territorios que se establecen en sus planes estratégicos de la PAC para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.

(60)

Incumbe a los Estados miembros prever una distribución específica de los pagos directos y reforzar las ayudas a la renta para quienes más lo necesitan. Diversos instrumentos que están a la disposición de los Estados miembros pueden ayudar eficazmente a alcanzar dicho objetivo, por ejemplo la limitación y la reducción progresiva, así como intervenciones como la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad y el pago a los pequeños agricultores. En sus planes estratégicos de la PAC deben exponerse los esfuerzos de los Estados miembros a dicho respecto. En función de las necesidades que existan para que los pagos directos se distribuyan de manera más equitativa, entre las que se incluyen las necesidades derivadas de la estructura específica de las explotaciones, los Estados miembros deben tener la posibilidad de optar por la aplicación de un pago redistributivo obligatorio con el porcentaje mínimo correspondiente, o por otras medidas adecuadas, por ejemplo el pago redistributivo con un porcentaje inferior.

(61)

La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por parte de jóvenes agricultores resultan financieramente complejos y constituyen elementos que deben ser tomados en consideración en el diseño de la estrategia de intervención a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Dicho desarrollo es fundamental para la competitividad del sector agrícola de la Unión y, por dicho motivo, se les debe permitir a los Estados miembros establecer una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores. Tal tipo de intervenciones debe proporcionar a los jóvenes agricultores una ayuda complementaria a la renta tras su establecimiento inicial. A partir de la evaluación que hagan de las necesidades, los Estados miembros deben poder decidir un método de cálculo para el pago, ya sea por hectárea o como cantidad a tanto alzado, y posiblemente limitado a un número máximo de hectáreas. Dado que solo debe cubrir el período inicial de vida de la actividad, dicho pago solo debe concederse durante un período máximo tras la presentación de la solicitud de ayuda y poco después del establecimiento inicial. Cuando la duración del pago se prolongue después del año 2027, los Estados miembros deben velar por que no se creen expectativas jurídicas entre los beneficiarios para el período posterior a dicho año.

(62)

La PAC debe garantizar que los Estados miembros aumenten sus resultados medioambientales mediante el respeto de las necesidades locales y las circunstancias reales de los agricultores. Los Estados miembros deben establecer, en el marco de los pagos directos de los planes estratégicos de la PAC, ecoregímenes que sean voluntarios para los agricultores, y que deben estar totalmente coordinados con las demás intervenciones pertinentes. Los Estados miembros los deben tratar bien como un pago concedido bien para incentivar y remunerar el suministro de bienes públicos mediante prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, bien como una compensación por llevar a cabo esas prácticas. En ambos casos, su finalidad debe ser impulsar el rendimiento ambiental y climático relativo a la PAC y, en consecuencia, deben estar concebidos para ir más allá de los requisitos obligatorios ya prescritos por el sistema de condicionalidad.

(63)

Para garantizar la eficiencia, los ecoregímenes deben abarcar, por regla general, al menos dos ámbitos de actuación en favor del clima, el medio ambiente, el bienestar animal y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Con este mismo fin, mientras que la compensación debe basarse en los costes efectuados, las pérdidas de ingresos y los costes de transacción que se derivan de las prácticas agrícolas a cuya ejecución se comprometen los agricultores, habida cuenta de las metas fijadas en los ecoregímenes, los pagos adicionales a las ayudas básicas a la renta tienen que reflejar el nivel de ambición de las prácticas objeto de compromiso; los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer ecoregímenes para las prácticas agrícolas que desarrollan los agricultores en las superficies agrícolas, en particular las actividades agrícolas, pero también algunas prácticas que van más allá de lo agrícola. Dichas prácticas pueden incluir la mejora de la gestión de los pastos permanentes y los elementos del paisaje, la rehumidificación de las turberas, la paludicultura y la agricultura ecológica.

(64)

La agricultura ecológica, regulada por el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), es un sistema agrícola con capacidad para contribuir de forma significativa a la consecución de muchos de los objetivos específicos de la PAC, y en particular de sus objetivos medioambientales y climáticos específicos. En vista de los efectos positivos de la agricultura ecológica para el medio ambiente y el clima, los Estados miembros deben poder, en particular, tener en cuenta la agricultura ecológica a la hora de establecer ecoregímenes para prácticas agrícolas y evaluar en ese contexto el nivel de ayuda que se precisa para las tierras agrícolas gestionadas con arreglo al régimen de agricultura ecológica.

(65)

Debe ser posible que los Estado miembros establezcan ecoregímenes como «regímenes de primer nivel», como condición para los agricultores para asumir compromisos medioambientales, climáticos y de bienestar animal más ambiciosos en el marco del desarrollo rural. Con el fin de que se garantice la simplificación, los Estados miembros deben poder establecer ecoregímenes reforzados. Los Estados miembros también deben poder establecer ecoregímenes para apoyar prácticas en materia de bienestar animal y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

(66)

Al objeto de garantizar condiciones equitativas entre los agricultores, debe fijarse un importe máximo para los pagos directos de ayuda a la renta asociada, se permite a los Estados miembros conceder subvenciones con el fin de mejorar de la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de determinados sectores y producciones que son particularmente importantes por razones sociales, económicas o medioambientales, y que experimentan ciertas dificultades. Al concebir esas intervenciones, los Estados miembros deben tener en cuenta sus posibles repercusiones en el mercado interior.

(67)

Puesto que se admite de forma general que la producción de cultivos proteicos experimenta graves dificultades en la Unión, no es preciso demostrar tales dificultades en el caso de las intervenciones de ayuda a la renta asociada destinadas a tales cultivos. Debe permitirse a los Estados miembros destinar una parte adicional del límite financiero del que disponen para pagos directos a la concesión de ayudas a la renta asociadas para subvencionar de forma específica la producción de proteaginosas, a fin de reducir el déficit de la Unión a este respecto. Además, los Estados miembros deben poder subvencionar la combinación de leguminosas y gramíneas en el marco de la ayuda a la renta asociada siempre que las leguminosas sigan siendo predominantes.

(68)

De conformidad con los objetivos establecidos en el protocolo n.o 4 sobre el algodón anexo al Acta de Adhesión de 1979, es necesario mantener un «pago específico al cultivo» por hectárea admisible vinculado al cultivo de algodón, así como las ayudas a las organizaciones interprofesionales de las regiones productoras de algodón. Sin embargo, dado que la asignación presupuestaria para el algodón es fija y no puede utilizarse para otros fines, y dado que la aplicación de ese pago específico al cultivo tiene base jurídica en los Tratados, el pago para el algodón no debe formar parte de las intervenciones aprobadas en el plan estratégico de la PAC y no debe ser objeto de liquidaciones del rendimiento ni exámenes del rendimiento. Deben establecerse por tanto normas específicas así como excepciones al presente Reglamento y al Reglamento (UE) 2021/2116 en consecuencia. En aras de la coherencia, conviene que así se haga en el presente Reglamento.

(69)

Se necesitan tipos de intervenciones en determinados sectores para contribuir a alcanzar los objetivos de la PAC y reforzar las sinergias con otros instrumentos de esta política. De conformidad con el modelo de aplicación, los requisitos mínimos relativos a los contenidos y objetivos de dichos tipos de intervenciones en determinados sectores deben establecerse a nivel de la Unión para garantizar condiciones equitativas en el mercado interior y evitar condiciones de competencia desigual y desleal. Los Estados miembros deben justificar su inclusión en sus planes estratégicos de la PAC y garantizar la coherencia con otras intervenciones a nivel sectorial. Los grandes tipos de intervenciones que se definan a nivel de la Unión deben establecerse para los sectores de las frutas y hortalizas, el vino, los productos apícolas, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa y el lúpulo, así como para otros sectores de los contemplados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (25) y los sectores que abarquen los productos que se enumeren en un anexo del presente Reglamento, para los cuales se considera que el establecimiento de intervenciones específicas tiene efectos beneficiosos para la consecución de algunos o todos los objetivos generales y específicos de la PAC que persigue el presente Reglamento. En particular, habida cuenta del déficit de proteínas vegetales que existe en la Unión y de los beneficios medioambientales que aporta su producción, deben incluirse las leguminosas entre los productos enumerados en dicho anexo, al mismo tiempo que se respeta la lista de la OMC para la UE sobre semillas oleaginosas, y deben promoverse esos beneficios entre los agricultores a través de los servicios de asesoramiento a las explotaciones, entre otras vías.

(70)

Se necesitan dotaciones financieras nacionales u otro tipo de restricciones en forma de límites máximos para mantener la especificidad de la intervención y facilitar la programación de las intervenciones para los productos apícolas, el vino, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el lúpulo y otros sectores que se definan en el presente Reglamento. Sin embargo, a fin de no socavar la consecución de los objetivos específicos de estas intervenciones, no debe aplicarse ninguna limitación financiera al sector de las frutas y hortalizas, de acuerdo con el enfoque actual. En aquellos casos en que los Estados miembros opten por introducir en sus planes estratégicos de la PAC ayudas para tipos de intervenciones en otros sectores, la consiguiente asignación financiera debe deducirse de las asignaciones para pagos directos de que disponga el Estado miembro afectado, de modo que no se produzcan consecuencias financieras. Cuando un Estado miembro opte por no aplicar intervenciones específicas para el sector del lúpulo o el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, las asignaciones correspondientes de ese Estado miembro deben estar disponibles como asignaciones adicionales para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos.

(71)

Para las intervenciones para el desarrollo rural, los principios se establecen a nivel de la Unión, en particular con respecto a los requisitos básicos para que los Estados miembros apliquen los criterios de selección. Sin embargo, los Estados miembros deben tener un margen amplio para fijar condiciones específicas de acuerdo con sus necesidades. Los tipos de intervenciones para el desarrollo rural incluyen pagos por compromisos medioambientales y climáticos, y otros compromisos de gestión que los Estados miembros deben apoyar en sus territorios, de conformidad con sus necesidades nacionales, regionales o locales específicas. Los Estados miembros deben conceder ayudas a los agricultores y otros gestores de tierras que suscriban voluntariamente compromisos de gestión que contribuyan a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, así como a la protección y mejora del medio ambiente, como los relacionados con la calidad y la cantidad de los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo, la biodiversidad y los servicios relacionados con los ecosistemas, incluidos los compromisos voluntarios en el marco de Natura 2000 y el apoyo a la diversidad genética. Las ayudas enmarcadas en los pagos para los compromisos de gestión también podrán concederse en forma de planteamientos integrados o de cooperación impulsados a nivel local e intervenciones basadas en resultados.

(72)

Las ayudas para los compromisos de gestión pueden incluir en particular primas para la agricultura ecológica destinadas al mantenimiento de superficies ecológicas y la reconversión a este tipo de superficies. A partir del análisis pormenorizado que hagan del sector ecológico y atendiendo a los objetivos que pretendan alcanzar en relación con la producción ecológica, los Estados miembros deben tomar en consideración la agricultura ecológica en los compromisos de gestión de conformidad con sus necesidades territoriales específicas, asignar ayudas para aumentar la proporción de tierras agrícolas gestionadas con arreglo al régimen de agricultura ecológica y garantizar que los presupuestos asignados se ajustan al crecimiento esperado de la producción ecológica. Las ayudas para los compromisos de gestión podrían incluir también pagos para otros tipos de intervenciones en favor de sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente, como la agroecología, la agricultura de conservación y la producción integrada; servicios silvoambientales y climáticos y la conservación de los bosques; primas para bosques y el establecimiento de sistemas agroforestales; el bienestar animal, y la conservación, uso sostenible y desarrollo de recursos genéticos en particular a través de métodos tradicionales de cría. Se debe permitir a los Estados miembros desarrollar otros sistemas en el marco de este tipo de intervenciones en función de sus necesidades. Dicho tipo de pagos solo debe cubrir los costes adicionales y el lucro cesante que resulten exclusivamente de los compromisos que vayan más allá de la base de referencia que constituyen las normas y requisitos obligatorios establecidos en el Derecho nacional y de la Unión, así como la condicionalidad, tal como se establece en el plan estratégico de la PAC. Los compromisos relacionados con dicho tipo de intervenciones deben poder asumirse durante un período anual o plurianual preestablecido que puede exceder los siete años cuando esté debidamente justificado.

(73)

Las intervenciones relativas a la silvicultura deben contribuir a la aplicación de la Comunicación de la Comisión de 16 de julio de 2021 titulada «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» y, si procede, a incrementar el uso de sistemas agroforestales. Deben basarse en los programas forestales nacionales o subnacionales u otros instrumentos equivalentes de los Estados miembros, que deben fundamentarse en los compromisos derivados del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) y los contraídos por las Conferencias Ministeriales sobre protección de bosques en Europa. Las intervenciones deben basarse en planes de gestión forestal sostenible u otros instrumentos equivalentes que presten la debida atención al almacenamiento de carbono y su absorción de la atmósfera al tiempo que refuerzan la protección de la biodiversidad, y pueden comprender el desarrollo de zonas forestales y la gestión sostenible de los bosques, incluida la forestación de tierras, la prevención de incendios y la creación y regeneración de sistemas agroforestales; la protección, la recuperación y la mejora de los recursos forestales, teniendo en cuenta las necesidades de adaptación; las inversiones para garantizar y mejorar la conservación y resiliencia de los bosques, así como la prestación de servicios climáticos y servicios de ecosistemas forestales, y las medidas e inversiones en apoyo de la energía renovable y la bioeconomía.

(74)

Con el fin de garantizar una renta justa y un sector agrícola resiliente en todo el territorio de la Unión, los Estados miembros deben poder conceder ayudas a los agricultores en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, entre las que se incluyen las zonas de montaña e insulares. En lo que respecta a los pagos para zonas que han de hacer frente a limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, debe seguir aplicándose la designación dada con arreglo al artículo 32 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013.

(75)

A fin de que la PAC pueda aportar un mayor valor añadido de la Unión en materia de medio ambiente e intensificar sus sinergias con la financiación de inversiones en naturaleza y biodiversidad, es necesario mantener una medida específica para compensar a sus beneficiarios por las desventajas derivadas de la implantación de la red Natura 2000, creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE y de la Directiva 2000/60/CE. Por lo tanto, deben seguir concediéndose ayudas a los agricultores y silvicultores para hacer frente a las desventajas específicas derivadas de la aplicación de las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE y para contribuir a que se gestionen eficazmente los espacios Natura 2000. También deben ofrecerse ayudas a los agricultores para hacer frente a las desventajas que la aplicación de la Directiva 2000/60/CE ocasiona en las cuencas fluviales. Las ayudas deben estar vinculadas a los requisitos específicos descritos en los planes estratégicos de la PAC que sean más estrictos que las normas y requisitos obligatorios correspondientes. Los Estados miembros deben asegurarse también de que los pagos a los agricultores no deriven en una doble financiación con los ecoregímenes y permitir a la vez suficiente flexibilidad en los planes estratégicos de la PAC para facilitar la complementariedad entre las diferentes intervenciones. Además, es preciso que los Estados miembros tengan en cuenta en el diseño general de los planes estratégicos de la PAC las necesidades específicas de los espacios Natura 2000.

(76)

Los objetivos de la PAC deben perseguirse también mediante ayudas para inversiones, tanto productivas como no productivas, en las mismas explotaciones y fuera de ellas. Dichas inversiones pueden referirse, entre otras cosas, a infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación al cambio climático de la agricultura y la silvicultura, incluido el acceso a tierras agrícolas y forestales, la concentración y mejora parcelaria, las prácticas agroforestales y el suministro y el ahorro de energía y agua. Las ayudas pueden también abarcar inversiones para recuperar el potencial agrícola o forestal con posterioridad a desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes, como, por ejemplo, incendios, tormentas, inundaciones, plagas y enfermedades. Para garantizar mejor la coherencia de los planes estratégicos de la PAC con los objetivos de la Unión, así como unas condiciones equitativas entre los Estados miembros, en el presente Reglamento debe incluirse una lista negativa de ámbitos de inversión. Los Estados miembros deben hacer el mejor uso posible de los fondos disponibles para inversiones armonizando las ayudas a la inversión con las normas pertinentes de la Unión en los ámbitos del medio ambiente y el bienestar animal.

(77)

Especialmente los jóvenes agricultores necesitan modernizar sus explotaciones para hacerlas viables a largo plazo. Sin embargo, suelen tener un bajo volumen de negocios durante los primeros años de actividad. Por ello, es importante que los Estados miembros faciliten y den prioridad a las intervenciones de inversión llevadas a cabo por jóvenes agricultores. A tal fin, se debe permitir a los Estados miembros fijar en sus planes estratégicos de la PAC porcentajes de ayuda más elevados y otras condiciones preferentes para las inversiones en explotaciones de jóvenes agricultores. También se les debe permitir que den mayores ayudas a la inversión a las pequeñas explotaciones agrícolas.

(78)

A la hora de conceder ayudas a las inversiones, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta el objetivo transversal de modernizar las zonas agrícolas y rurales fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción. Las ayudas a las inversiones en instalación de tecnologías digitales en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales, como las inversiones en agricultura de precisión, «pueblos inteligentes», empresas rurales e infraestructuras de tecnologías de la información y de las comunicaciones, debe incluirse en los planes estratégicos de la PAC en la descripción de la contribución dichos planes al objetivo transversal.

(79)

Habida cuenta de que el buen estado de las masas de agua constituye un objetivo de la Unión y de que es necesario que las inversiones estén en consonancia con dicho objetivo, es importante establecer normas relativas a las ayudas a la modernización y el desarrollo de infraestructuras de riego para que el uso agrícola del agua no ponga en peligro dicho objetivo.

(80)

En vista de la necesidad de colmar la brecha de inversión en el sector agrícola de la Unión y mejorar el acceso a la financiación para grupos prioritarios, en particular los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores con un perfil de riesgo más alto, debe fomentarse la utilización de la garantía de la UE en el marco de InvestEU y la combinación de subvenciones e instrumentos financieros. Dado que el uso de los instrumentos financieros en los Estados miembros varía considerablemente como consecuencia de las diferencias que existen en cuanto al acceso a la financiación, el desarrollo del sector bancario, la presencia de capital de riesgo, la familiaridad de las administraciones públicas con los instrumentos y el posible abanico de beneficiarios, los Estados miembros deben establecer, en sus planes estratégicos de la PAC, las metas, los beneficiarios y las condiciones preferenciales, así como otras posibles normas de subvencionabilidad, que resulten apropiados.

(81)

Los jóvenes agricultores, los nuevos agricultores y otros nuevos competidores se encuentran aún con importantes barreras en cuanto al acceso a la tierra, los altos precios o el acceso al crédito. Sus empresas están más expuestas a la volatilidad de los precios, tanto de los insumos como de los productos, y tienen importantes necesidades de formación en capacidades empresariales y de prevención y gestión de riesgos. Por lo tanto, es fundamental seguir proporcionando ayudas para la creación de nuevas empresas y explotaciones. Los Estados miembros deben poder establecer también en sus planes estratégicos de la PAC condiciones preferenciales para los instrumentos financieros destinados a los jóvenes agricultores, los nuevos agricultores y otros nuevos competidores El importe máximo de la ayuda para el establecimiento de jóvenes agricultores y la puesta en marcha de nuevas empresas rurales debe poder incrementarse hasta los 100 000 EUR, a los que se puede acceder también a través de la ayuda en forma de instrumentos financieros o en combinación con esta.

(82)

Habida cuenta de la necesidad de garantizar la existencia de instrumentos de gestión de riesgos adecuados, las ayudas para que los agricultores gestionen sus riesgos de producción e ingresos deben mantenerse, y ampliarse en el marco del Feader. Concretamente, debe seguir siendo posible utilizar primas de seguro y mutualidades, incluido un instrumento de estabilización de los ingresos, aunque también se deben subvencionar otros instrumentos de gestión de riesgos. Además, todos los tipos de instrumento de gestión de riesgos deben poder incluir en su ámbito de aplicación los riesgos de producción o ingresos, y deben poder destinarse a sectores o territorios agrícolas específicos cuando sea necesario. Debe permitirse que los Estados miembros recurran a procedimientos simplificados, como la utilización de índices para calcular la producción e ingresos del agricultor, al tiempo que se garantiza que los instrumentos responden adecuadamente a los resultados de cada agricultor y se evita una compensación excesiva de las pérdidas.

(83)

Las ayudas deben permitir el establecimiento y la aplicación de la cooperación entre al menos dos entidades con vistas a lograr los objetivos de la PAC. Dichas ayudas deben poder abarcar todos los aspectos de dicha cooperación, tales como el establecimiento de regímenes de calidad y la realización de actividades de información y promoción de estos; la acción colectiva medioambiental y climática; la promoción de cadenas de suministro cortas y mercados locales; proyectos piloto; proyectos de grupos operativos en el marco de los proyectos de desarrollo local de la AEI, «pueblos inteligentes», clubes de compradores y cooperativas de maquinaria agrícola; las asociaciones agrícolas; los planes de gestión forestal; las redes y asociaciones empresariales; la agricultura social; la agricultura respaldada por la comunidad; las acciones dentro del ámbito de aplicación de la iniciativa Leader; y el establecimiento de agrupaciones de productores y organizaciones de productores, así como otras formas de cooperación consideradas necesarias para lograr los objetivos específicos de la PAC.

(84)

Es importante apoyar la preparación de determinados tipos de cooperación, en particular en el caso de los grupos operativos, los grupos Leader y las estrategias de pueblos inteligentes.

(85)

La Comunicación «El futuro de los alimentos y de la agricultura» menciona el intercambio de conocimiento y hace hincapié en la innovación como un objetivo transversal de la nueva PAC. La PAC debe seguir respaldando un modelo de innovación interactiva, que mejore la colaboración entre los distintos interlocutores para hacer el mejor uso posible de conocimientos adicionales con el objetivo de diseminar soluciones que puedan llevarse inmediatamente a la práctica. Los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben fortalecerse en el marco de los SCIA. El plan estratégico de la PAC debe proporcionar información sobre la manera en la que se desarrollará la cooperación entre los asesores, los investigadores y la red nacional de la PAC. Cada Estado miembro o región, según corresponda, con el fin de reforzar su SCIA y en consonancia con el planteamiento estratégico que adopte en el marco de dicho sistema debe poder financiar una serie de acciones destinadas al intercambio de conocimiento e innovación, así como a facilitar el desarrollo por parte de los agricultores de estrategias a escala de las explotaciones agrícolas que aumenten la resiliencia de sus explotaciones, utilizando los tipos de intervenciones que se contemplan en el presente Reglamento. Además, cada Estado miembro debe establecer una estrategia para desarrollar dichas tecnologías digitales y para el uso de estas con el fin de demostrar de qué manera se impulsará la digitalización en la agricultura y en las zonas rurales.

(86)

El FEAGA debe seguir financiando tipos de intervenciones en forma de pagos directos y tipos de intervenciones en determinados sectores, mientras que el Feader debe seguir financiando tipos de intervenciones para el desarrollo rural. Las normas relativas a la gestión financiera de la PAC deben establecerse por separado para los dos fondos y para las actividades subvencionadas por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el nuevo modelo de aplicación ofrece más flexibilidad y subsidiariedad para que los Estados miembros alcancen sus objetivos. Los tipos de intervenciones previstos en el presente Reglamento deben abarcar el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027.

(87)

La ayuda a los pagos directos en el marco de los planes estratégicos de la PAC debe concederse dentro de las asignaciones nacionales que se fijan en el presente Reglamento. Dichas asignaciones nacionales deben reflejar una continuación de los cambios por los que las asignaciones a los Estados miembros con el nivel más bajo de ayuda por hectárea se incrementen gradualmente para cerrar el 50 % de la brecha respecto del 90 % de la media de la Unión. A fin de tener en cuenta el mecanismo de reducción de los pagos y la utilización de sus resultados en el Estado miembro, se debe permitir que las asignaciones financieras indicativas totales por año del plan estratégico de la PAC de un Estado miembro superen la asignación nacional.

(88)

Con el fin de facilitar la gestión de los fondos del Feader, procede fijar un porcentaje de contribución único para la ayuda del Feader en relación con el gasto público de los Estados miembros. Dada la especial importancia o índole de determinados tipos de operaciones, procede fijar porcentajes de contribución específicos para ellas. Con el fin de paliar las limitaciones específicas derivadas de su nivel de desarrollo, su lejanía o su insularidad, debe fijarse un porcentaje de contribución adecuado del Feader para las regiones menos desarrolladas, las regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo y las regiones en transición.

(89)

Deben establecerse criterios objetivos para clasificar las regiones y zonas a escala de la Unión con fines de obtención de ayuda del Feader. Para ello, la identificación de las regiones y zonas a escala de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (27). Para garantizar una ayuda adecuada, y en particular para abordar la situación de las regiones que se encuentran atrasadas y las disparidades entre regiones de un mismo Estado miembro, deben utilizarse las clasificaciones y los datos más recientes.

(90)

El Feader no debe prestar ayuda a las inversiones que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, es necesario establecer en el presente Reglamento una serie de normas de exclusión. En particular, el Feader no debe financiar inversiones en infraestructuras de riego que no contribuyan a la consecución o a la conservación del buen estado de la masa o masas de agua correspondientes, ni debe financiar inversiones en forestación que no sean coherentes con objetivos medioambientales y climáticos que estén en consonancia con los principios de gestión sostenible de los bosques.

(91)

A fin de garantizar la adecuada financiación de determinadas prioridades, deben establecerse normas sobre las asignaciones financieras mínimas y máximas para tales prioridades. Los Estados miembros deben reservar al menos un importe correspondiente al 3 % de su dotación anual para pagos directos antes de realizar cualquier transferencia para intervenciones destinadas al relevo generacional. Estas intervenciones pueden incluir mayores ayudas a la renta y ayudas al establecimiento. Habida cuenta de la importancia que tienen las ayudas a la inversión para que los jóvenes agricultores puedan hacer viables a largo plazo sus explotaciones y para dotar de un mayor atractivo al sector, una parte del gasto que se destina a intervenciones de inversión con un mayor porcentaje de ayuda a los jóvenes agricultores debe también considerarse en el importe mínimo que debe reservarse para contribuir al logro del objetivo específico de atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales.

(92)

Con el fin de garantizar que se ponga a disposición financiación suficiente en el marco de la PAC para cumplir los objetivos medioambientales, climáticos y de bienestar animal en consonancia con las prioridades de la Unión, debe reservarse para esos fines una determinada parte tanto de la ayuda del Feader, incluidas las inversiones, como de los pagos directos. Dado que se introducen por primera vez los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal en el marco de los pagos directos, debe concederse cierta flexibilidad en cuanto a la planificación y la ejecución, en particular en los dos primeros años, para que los Estados miembros y los agricultores puedan adquirir experiencia y garantizar una aplicación correcta y eficaz, teniendo también en cuenta el nivel de ambición en materia de medio ambiente y clima en el marco del Feader. Al objeto de respetar la ambición global en materia de medio ambiente y clima, dicha flexibilidad debe estar acotada y sujeta a compensación con arreglo a ciertos límites.

(93)

El enfoque Leader de desarrollo local ha demostrado su eficacia para fomentar el desarrollo de las zonas rurales al tener plenamente en cuenta las necesidades multisectoriales de desarrollo rural endógeno, a través de un planteamiento ascendente. Por lo tanto, el Leader debe mantenerse en el futuro y su aplicación debe seguir siendo obligatoria, con una asignación mínima del Feader.

(94)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la PAC debe contribuir a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos. Está previsto que las acciones en el marco de la PAC contribuyan a alcanzar los objetivos climáticos con el 40 % de la dotación financiera total de la PAC. Las acciones pertinentes deben determinarse durante la preparación y la ejecución de los planes estratégicos de la PAC, y valorarse de nuevo en el contexto de las evaluaciones y de los procesos de revisión correspondientes.

(95)

Cuando los importes unitarios no se basen en los costes reales o en el efectivo lucro cesante, los Estados miembros deberán determinar el nivel adecuado de ayuda en función de su evaluación de s las necesidades. El importe unitario adecuado podría ser un rango de importes unitarios adecuados, en lugar de un único importe unitario uniforme o medio. Por consiguiente, los Estados miembros deben estar autorizados a establecer también, en sus planes estratégicos de la PAC, un importe unitario máximo o mínimo para determinadas intervenciones que esté justificado, sin perjuicio de las disposiciones relativas al nivel de pagos para las intervenciones pertinentes.

(96)

La transferencia de responsabilidad a los Estados miembros en lo que respecta a la evaluación de las necesidades y la consecución de las metas lleva aparejada una mayor flexibilidad para establecer una combinación de tipos de intervenciones en forma de pagos directos, tipos de intervenciones en determinados sectores y tipos de intervenciones para el desarrollo rural. Ello debe ir acompañado de cierto grado de flexibilidad para adaptar las correspondientes asignaciones nacionales de fondos. Cuando los Estados miembros estimen que la dotación preasignada es insuficiente para todas las medidas previstas, está justificado un cierto grado de flexibilidad, si bien se debe evitar que se produzcan fluctuaciones considerables en el nivel de ayudas directas a la renta anual con respecto a los importes disponibles para las intervenciones plurianuales en virtud del Feader.

(97)

Para aumentar el valor añadido de la Unión y preservar un mercado interior agrícola operativo, así como para perseguir los objetivos generales y específicos de la PAC, los Estados miembros no deben tomar decisiones de conformidad con el presente Reglamento de forma aislada, sino que deben hacerlo en el marco de un proceso estructurado que debe materializarse en un plan estratégico de la PAC. Deben establecerse normas de la Unión de carácter descendente que establezcan los objetivos específicos de la PAC a escala de la Unión, los principales tipos de intervenciones, el marco de rendimiento y la estructura de gobernanza. Tal distribución de tareas tiene como objetivo garantizar la plena correspondencia entre los recursos financieros invertidos y los resultados logrados.

(98)

Con el fin de garantizar que los planes estratégicos de la PAC sean de índole claramente estratégica y facilitar su vinculación con otras políticas de la Unión, y en especial con las metas nacionales a largo plazo establecidas en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales, como los relacionados con el cambio climático, los bosques, la biodiversidad y el agua, procede que haya un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, atendiendo a sus disposiciones constitucionales e institucionales. Cuando proceda, el plan estratégico de la PAC podrá incluir intervenciones regionalizadas.

(99)

Al elaborar los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros deben analizar su situación y necesidades específicas, establecer metas relacionadas con la consecución de los objetivos de la PAC y concebir las intervenciones que permitirán alcanzar esas metas y que, a su vez, se adapten a los contextos nacionales y regionales específicos, también en el caso de las regiones ultraperiféricas. Dicho proceso debe promover una mayor subsidiariedad dentro de un marco común de la Unión, si bien se debe garantizar al mismo tiempo el cumplimiento de los principios generales del Derecho de la Unión y los objetivos de la PAC. Procede, por tanto, establecer normas sobre la estructura y el contenido de los planes estratégicos de la PAC.

(100)

Con el fin de garantizar que la fijación de metas por parte de los Estados miembros y que el diseño de las intervenciones sean apropiados y maximicen la contribución a los objetivos de la PAC, es necesario basar la estrategia de los planes estratégicos de la PAC en un análisis previo de los contextos locales y una evaluación de las necesidades en relación con los objetivos de la PAC. También resulta importante asegurarse de que los planes estratégicos de la PAC puedan reflejar adecuadamente los cambios en las condiciones, las estructuras (tanto internas como externas) y la situación del mercado de los Estados miembros y que, por consiguiente, puedan ajustarse a lo largo del tiempo para reflejar dichos cambios.

(101)

Los planes estratégicos de la PAC deben contribuir a garantizar una mayor coherencia entre los múltiples instrumentos de la PAC, puesto que deben abarcar tipos de intervenciones en forma de pagos directos, tipos de intervenciones en determinados sectores y tipos de intervenciones para el desarrollo rural. Asimismo, deben garantizar y demostrar la adecuación e idoneidad de las opciones escogidas por los Estados miembros con respecto a los objetivos y prioridades de la Unión. Desde esta perspectiva, los planes estratégicos de la PAC deben incluir un resumen y una explicación de los instrumentos que garantizan una distribución más equitativa y una atribución más eficaz y eficiente de la ayuda a la renta. Conviene, por tanto, que contengan una estrategia de intervención orientada a los resultados y estructurada en torno a los objetivos específicos de la PAC, y que incluyan metas cuantificadas en relación con dichos objetivos. Con objeto de que pueda hacerse un seguimiento con carácter anual, procede que estas metas se basen en los indicadores de resultados.

(102)

La estrategia de intervención también debe poner de relieve la complementariedad entre los distintos instrumentos de la PAC y entre la PAC y las demás políticas de la Unión. En particular, cada plan estratégico de la PAC debe tener en cuenta la legislación pertinente sobre medio ambiente y clima y los planes nacionales que se deriven de esa legislación deben describirse dentro del análisis de la situación actual («análisis DAFO»). Procede establecer una lista de los actos legislativos a los que debe hacerse referencia de forma específica en el plan estratégico de la PAC.

(103)

Dado que debe concederse flexibilidad a los Estados miembros en lo que respecta a la opción de delegar a nivel regional una parte del diseño y ejecución de sus planes estratégicos de la PAC de acuerdo con un marco nacional, es conveniente que, a fin de facilitar la coordinación entre las regiones a la hora de enfrentarse a desafíos de alcance nacional, los planes estratégicos de la PAC describan qué tipo de interrelación debe establecerse entre las intervenciones nacionales y regionales.

(104)

Dado que los planes estratégicos de la PAC deben permitir a la Comisión asumir su responsabilidad en la gestión del presupuesto de la Unión y proporcionar a los Estados miembros seguridad jurídica sobre determinados elementos del plan estratégico de la PAC, es conveniente que los planes estratégicos de la PAC contengan una descripción específica de las intervenciones individuales, incluidas las condiciones de subvencionabilidad, las asignaciones presupuestarias, las realizaciones planificados y los costes unitarios. Es necesario disponer de un plan financiero en el que se recojan todos los aspectos presupuestarios generales y los correspondientes a cada intervención, así como un plan que especifique las metas.

(105)

A fin de garantizar que los planes estratégicos de la PAC puedan iniciarse de inmediato y llevarse a cabo de manera eficaz, es necesario que la ayuda del FEAGA y del Feader se base en la existencia de un marco administrativo cuyas características sean fiables. Cada plan estratégico de la PAC debe, por lo tanto, determinar todas las estructuras de gobernanza y coordinación del plan estratégico de la PAC, incluidos los sistemas de control y las sanciones, así como la estructura de seguimiento y presentación de informes.

(106)

Teniendo en cuenta la importancia del objetivo específico de modernizar las zonas agrarias y rurales y, habida cuenta de su carácter transversal, es conveniente que los Estados miembros recojan en sus planes estratégicos de la PAC una descripción específica de la contribución de dichos planes estratégicos de la PAC a la consecución de dicho objetivo, incluyendo su contribución a la transición digital.

(107)

Habida cuenta de las dificultades relacionadas con la carga administrativa en el marco de la gestión compartida, en el plan estratégico de la PAC también se debe prestar una atención especial a la simplificación.

(108)

Dado que no procede que la Comisión apruebe información que pueda considerarse de carácter general o histórico, o que sea responsabilidad de los Estados miembros, debe facilitarse determinada información en anexos al plan estratégico de la PAC.

(109)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (28), los fondos de la Unión deben evaluarse sobre la base de la información recogida a través de requisitos de seguimiento específicos, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesiva y la carga administrativa, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos de los fondos sobre el terreno.

(110)

La aprobación de plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión es un paso crucial a fin de garantizar que la política se implemente de acuerdo con los objetivos comunes. Según el principio de subsidiariedad, la Comisión debe proporcionar a los Estados miembros la orientación adecuada para presentar una lógica de intervención coherente y ambiciosa.

(111)

Se debe ofrecer la posibilidad de programación y revisión de los planes estratégicos de la PAC, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

(112)

Una autoridad nacional de gestión debe ser responsable de la gestión y ejecución de cada plan estratégico de la PAC y constituir el punto de contacto principal de la Comisión. No obstante, en caso de regionalización de los elementos relativos a la política de desarrollo rural, los Estados miembros deben poder establecer autoridades regionales de gestión. Las autoridades de gestión deben poder delegar parte de sus cometidos, si bien seguirán siendo responsables de la eficacia y la corrección de la gestión y deberán garantizar la coherencia y la uniformidad del plan estratégico de la PAC, así como la coordinación entre la autoridad nacional de gestión y las autoridades regionales de gestión. Los Estados miembros deben garantizar que, en la gestión y ejecución de sus planes estratégicos de la PAC, se protejan los intereses financieros de la Unión de conformidad con el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) 2021/2116.

(113)

La responsabilidad del seguimiento de los planes estratégicos de la PAC debe ser compartida entre la autoridad nacional de gestión y un comité de seguimiento nacional creado a tal efecto. El comité de seguimiento nacional debe ser responsable de supervisar la ejecución eficaz del plan estratégico de la PAC. Para ello, es preciso especificar sus atribuciones. Cuando el plan estratégico de la PAC contenga elementos establecidos por las regiones, los Estados miembros y las regiones de que se trate deben poder crear y convocar comités de seguimiento regionales. En tal caso, deben aclararse las normas sobre coordinación con el comité nacional de seguimiento.

(114)

El Feader debe apoyar a través de la asistencia técnica, a iniciativa de la Comisión, las acciones relacionadas con el cumplimiento de las tareas a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 2021/2116. También podrá proporcionarse asistencia técnica, a iniciativa de los Estados miembros, a efectos de llevar a cabo las funciones necesarias para la eficaz administración y aplicación de las ayudas relativas al plan estratégico de la PAC. Únicamente está disponible un incremento de la asistencia técnica, a iniciativa de los Estados miembros, para los Estados miembros cuya asignación del Feader no supere los 1 100 millones EUR. La ayuda del Feader para la asistencia técnica debe tener en cuenta el aumento del desarrollo de la capacidad administrativa en relación con los nuevos sistemas de control y gobernanza en los Estados miembros.

(115)

En un contexto en el que los Estados miembros tendrán mucha más flexibilidad y subsidiariedad en el diseño de las intervenciones para alcanzar objetivos comunes, las redes son una herramienta clave para impulsar y orientar las políticas y fomentar la participación de las partes interesadas, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de la capacidad de los Estados miembros y otros agentes. El ámbito de las actividades de colaboración en redes se ampliará para abarcar no solo el desarrollo rural sino ambos pilares de la PAC. Una única red de la PAC a escala de la Unión debe asegurar una mejor coordinación entre las actividades de colaboración en redes a escala de la Unión y las actividades de colaboración en redes a escala nacional y regional. La red europea y las redes nacionales de la PAC deben reemplazar, respectivamente, a la red europea de desarrollo rural y a la red de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) a escala de la Unión, y a las redes rurales nacionales. La red europea de la PAC debe contribuir, en la medida posible, a las actividades de las redes nacionales de la PAC. Las redes deben facilitar una plataforma para fomentar un mayor intercambio de conocimientos, a fin de mejorar la ejecución de los planes estratégicos de la PAC y aprovechar los resultados y el valor añadido de las políticas a escala de la Unión, incluida la política Horizonte Europa y sus proyectos de múltiples agentes. En la misma perspectiva de mejora del intercambio de conocimiento y de la innovación, la AEI, con la asistencia de las redes europea y nacionales de la PAC, debe apoyar la implantación del modelo de innovación interactivo, de acuerdo con la metodología descrita en el presente Reglamento.

(116)

Cada plan estratégico de la PAC debe estar sujeto a un seguimiento periódico de su ejecución y del progreso hacia la consecución de las metas establecidas. Debe establecerse tal marco de rendimiento, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de la PAC con el propósito de demostrar el progreso y evaluar el impacto y la eficacia de la ejecución de la política.

(117)

La orientación a resultados propiciada por el nuevo modelo de aplicación requiere un marco de rendimiento sólido, máxime cuando los planes estratégicos de la PAC vayan a contribuir a la consecución de objetivos generales para otras políticas en régimen de gestión compartida. Una política basada en el rendimiento implica evaluaciones anuales y plurianuales a partir de indicadores de realización, resultados e impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el marco de rendimiento, seguimiento y evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un conjunto limitado y selectivo de indicadores que refleje lo más exactamente posible si la intervención subvencionada contribuye a la realización de los objetivos previstos. Los indicadores relativos a objetivos medioambientales y climáticos específicos deben poder abarcar intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los compromisos derivados de los correspondientes actos legislativos de la Unión.

(118)

Como parte del marco de rendimiento, seguimiento y evaluación, los Estados miembros deben realizar un seguimiento de los avances logrados e informar de ello anualmente a la Comisión. La información facilitada por los Estados miembros es la base sobre la que la Comisión informe de los avances hacia la consecución de los objetivos específicos a lo largo de todo el período del plan estratégico de la PAC, utilizando para ello un conjunto básico de indicadores.

(119)

Deben implantarse mecanismos que permitan tomar medidas encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión en caso de que la ejecución del plan estratégico de la PAC se desvíe considerablemente de las metas establecidas. Por tanto, la Comisión debe poder solicitar a los Estados miembros que presenten planes de acción en caso de que se produzca una deficiencia en el rendimiento importante e injustificada. Ello podría dar lugar a suspensiones y, en última instancia, a reducciones de los fondos de la Unión si no se obtienen los resultados planeados.

(120)

De acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros, garantizando cuando proceda la participación de las regiones en el diseño del plan de evaluación y en el seguimiento y la evaluación de las intervenciones regionales del plan estratégico de la PAC, deben encargarse de la evaluación de sus planes estratégicos de la PAC, mientras que la Comisión debe ser responsable de la síntesis a escala de la Unión de las evaluaciones ex ante de los Estados miembros y de llevar a cabo las evaluaciones intermedias y posteriores a escala de la Unión.

(121)

A fin de garantizar una evaluación exhaustiva y significativa de la PAC a escala de la Unión, la Comisión debe basarse en indicadores de contexto e impacto. Dichos indicadores deben basarse principalmente en fuentes de datos reconocidas. La Comisión y los Estados miembros deben cooperar a fin de garantizar y seguir mejorando la solidez de los datos necesarios para los indicadores de contexto e impacto.

(122)

Al evaluar las propuestas de planes estratégicos de la PAC, la Comisión debe examinar si dichos planes se ajustan y contribuyen a la legislación y los compromisos de la Unión en materia de medio ambiente y clima y, en particular, a los objetivos de la Unión para 2030 establecidos en la Comunicación de la Comisión de 20 de mayo de 2020 titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (en lo sucesivo, «estrategia “de la granja a la mesa”») y la Comunicación de la Comisión de 20 de mayo de 2020 titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (en lo sucesivo, «estrategia de la UE sobre la biodiversidad»).

(123)

Ha de pedirse a los Estados miembros que muestren, a través de sus planes estratégicos de la PAC, una mayor ambición global en comparación con el pasado, en cuanto a los objetivos medioambientales y climáticos específicos de la PAC. Ha de entenderse que dicha ambición consta de una serie de elementos relacionados, entre otras cosas, con los indicadores de impacto, las metas fijadas en función de los indicadores de resultados, el diseño de las intervenciones, la aplicación prevista del sistema de condicionalidad y la planificación financiera. Es preciso que los Estados miembros expliquen en sus planes estratégicos de la PAC cómo están mostrando esa mayor ambición global exigida, con referencia a los distintos elementos pertinentes. Dicha explicación debe incluir las contribuciones nacionales a la consecución de los objetivos de la Unión para 2030 establecidos en la estrategia «de la granja a la mesa» y en la estrategia de la UE sobre la biodiversidad.

(124)

La Comisión debe elaborar un informe resumido sobre los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros a fin de evaluar los esfuerzos conjuntos y la ambición colectiva de los Estados miembros para abordar los objetivos específicos de la PAC, al inicio del período de ejecución, teniendo en cuenta los objetivos de la Unión para 2030 establecidos en la estrategia «de la granja a la mesa» y en la estrategia de la UE sobre la biodiversidad.

(125)

La Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo para evaluar la ejecución del nuevo modelo de aplicación por parte de los Estados miembros y la contribución conjunta de las intervenciones establecidas en los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros para la consecución de los compromisos medioambientales y climáticos de la Unión, en particular los derivados del Pacto Verde Europeo.

(126)

Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE deben aplicarse a las ayudas correspondientes a los tipos de intervenciones previstos en el presente Reglamento. No obstante, habida cuenta de las características específicas del sector agrícola, dichas disposiciones del TFUE no deben aplicarse a los tipos de intervenciones en forma de pagos directos ni a los tipos de intervenciones para el desarrollo rural que tengan por objeto operaciones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE que se lleven a cabo en virtud del presente Reglamento y conforme a él, ni a los pagos efectuados por los Estados miembros en calidad de financiación nacional complementaria de los tipos de intervenciones para el desarrollo rural que reciban ayuda de la Unión y entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE.

(127)

Para evitar una disminución repentina y sustancial de la ayuda a algunos sectores en Estados miembros que hayan concedido ayudas nacionales transitorias en el período 2015-2022, debe permitirse a dichos Estados miembros que sigan concediendo dichas ayudas con determinadas condiciones y limitaciones. Teniendo en cuenta la naturaleza transitoria de dichas ayudas, procede continuar con su eliminación gradual, reduciendo de manera progresiva, con periodicidad anual, las dotaciones financieras sectoriales de esa ayuda.

(128)

Los datos de carácter personal recopilados a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento deben tratarse de manera que sean compatibles con dichos fines. También deben ser anonimizados cuando se traten a efectos de seguimiento o evaluación, y protegidos de conformidad con el Derecho de la Unión relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (29) y el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (30). Se informará a los titulares de los datos de dicho tratamiento, así como de sus derechos.

(129)

Las notificaciones de los Estados miembros son necesarias a los fines de la aplicación del presente Reglamento y del seguimiento, análisis y gestión de los créditos financieros.

(130)

A fin de modificar o completar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, también con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(131)

A fin garantizar la seguridad jurídica, la protección de los derechos de los agricultores y unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros en cuanto a requisitos e indicadores comunes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la adaptación de indicadores comunes de realización, de resultados, de impacto y de contexto para la resolución de los problemas técnicos en relación con su aplicación; y de normas sobre la proporción relativa a la norma BCAM 1.

(132)

A fin de garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los agricultores y garantizar un funcionamiento correcto, coherente y eficiente de los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a normas que supediten la concesión de los pagos a la utilización de semillas certificadas de determinadas variedades de cáñamo y relativos al procedimiento para la determinación de las variedades de cáñamo y el control de su contenido en tetrahidrocannabinol; normas que establezcan una base armonizada para el cálculo de la reducción de los pagos en el marco de la limitación y la reducción progresiva; medidas destinadas a impedir que los beneficiarios de la ayuda a la renta asociada se vean perjudicados por los desequilibrios estructurales del mercado en un sector determinado, lo que incluye la decisión de que dicha ayuda pueda continuar pagándose hasta 2027 sobre la base de las unidades de producción para las cuales se concedió en un período de referencia anterior; normas y condiciones para la autorización de tierras y variedades a los efectos del pago específico al cultivo del algodón, y normas sobre las condiciones para la concesión de ese pago y sobre los requisitos de subvencionabilidad y las prácticas agronómicas normas relativas a los criterios para la autorización de las organizaciones interprofesionales y normas aplicables a las consecuencias de que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan los criterios y las obligaciones para los productores.

(133)

A fin de garantizar que los tipos de intervenciones en determinados sectores contribuyan a los objetivos de la PAC y refuercen las sinergias con los demás instrumentos de la PAC, y de asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado interior y evitar la competencia desigual o desleal, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a normas para el correcto funcionamiento de los tipos de intervenciones en determinados sectores, el tipo de gastos que se cubrirán —en concreto los gastos administrativos y de personal—, la base para el cómputo de la ayuda financiera de la Unión —que incluye los períodos de referencia y el cálculo del valor de la producción comercializada y del grado de organización de los productores en determinadas regiones—, y la cuantía máxima de la ayuda financiera de la Unión para determinadas intervenciones, al objeto de impedir crisis en los mercados y de gestionar los riesgos en determinados sectores; normas para fijar un límite máximo para los gastos de replantación de huertos frutales, olivares o viñedos; normas conforme a las cuales los productores deberán retirar los subproductos de la vinificación y excepciones a esta obligación a fin de evitar cargas administrativas adicionales y normas para la certificación voluntaria de los destiladores, así como normas sobre las diferentes modalidades de ayuda y la durabilidad mínima de las inversiones subvencionadas en determinados sectores y sobre la combinación de financiación para algunas intervenciones en el sector vitivinícola. En particular, a fin de garantizar el uso eficiente y eficaz de los fondos de la Unión para intervenciones en el sector apícola, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a requisitos adicionales relativos a la obligación de notificación y el establecimiento de una contribución mínima de la Unión a los gastos que entrañe la aplicación de estos tipos de intervenciones.

(134)

A fin de garantizar la seguridad jurídica y que las intervenciones para el desarrollo rural alcancen sus objetivos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a la ayuda para los compromisos de gestión referentes a los recursos genéticos y al bienestar animal, y para los regímenes de calidad.

(135)

A fin de tener en cuenta futuros cambios en las asignaciones financieras a los Estados miembros y hacer frente a los problemas que experimenten los Estados miembros en la aplicación de sus planes estratégicos de la PAC, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las asignaciones de los Estados miembros para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, modificando los criterios de ponderación aplicados a la ayuda sobre la base de la contribución a la consecución de los objetivos en materia de cambio climático y por lo que respecta a las normas sobre el contenido del plan estratégico de la PAC.

(136)

A fin de facilitar la transición de lo dispuesto en los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 a lo dispuesto en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar determinados actos por lo que respecta a las medidas necesarias para proteger los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los beneficiarios.

(137)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agricultores, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que se refiere a la fijación de las superficies de referencia para determinar la ayuda a las semillas oleaginosas, las normas para la autorización de tierras y variedades a efectos del pago específico al cultivo del algodón y las notificaciones conexas, el cálculo de la reducción cuando la superficie admisible de algodón exceda de la superficie básica, la ayuda financiera de la Unión para la destilación de subproductos de la vinificación, las normas relativas a la presentación de los elementos que se han de incluir en el plan estratégico de la PAC, las condiciones uniformes para la aplicación de los requisitos de información y publicidad en relación con las posibilidades ofrecidas por los planes estratégicos de la PAC, al establecimiento de la estructura organizativa y el modo de funcionamiento de la red europea de la PAC, las normas relativas al marco de rendimiento, seguimiento y evaluación, las normas para la presentación del contenido del informe anual del rendimiento, las normas referidas a la información que deben enviar los Estados miembros a efectos de la evaluación del rendimiento por parte de la Comisión y las normas sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las posibles fuentes de datos, y normas de funcionamiento de un sistema para el intercambio seguro de datos de interés común entre la Comisión y los Estados miembros. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (31).

(138)

Habida cuenta de que los indicadores ya están establecidos en el anexo I a los efectos del seguimiento, la evaluación y la elaboración del informe anual del rendimiento, la adopción de otros indicadores para el seguimiento y la evaluación de la PAC deberá someterse a un examen adicional por parte de los Estados miembros. Del mismo modo, la información adicional que los Estados miembros deben facilitar a la Comisión para el seguimiento y la evaluación de la PAC debe ser objeto de un dictamen favorable del Comité de la Política Agrícola Común. Por consiguiente, si el Comité de la Política Agrícola Común no alcanza una mayoría cualificada a favor o en contra de una propuesta de la Comisión al respecto y no puede, por lo tanto, formular un dictamen, la Comisión no estará facultada para imponer a los Estados miembros la obligación de aportar indicadores ni datos adicionales sobre la aplicación de la PAC a efectos del seguimiento y la evaluación de la PAC.

(139)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) n.o 182/2011 en lo que respecta a la aprobación de los planes estratégicos de la PAC y sus modificaciones.

(140)

La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la resolución de problemas específicos, al tiempo que se garantiza la continuidad del régimen de pagos directos en un contexto de circunstancias extraordinarias, así lo exijan razones imperiosas de urgencia. Además, para resolver problemas urgentes que ocurran en uno o más Estados miembros, al tiempo que se garantiza la continuidad del régimen de pagos directos, la Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados, se den circunstancias extraordinarias que afecten a la concesión de las ayudas y pongan en peligro la ejecución efectiva de los pagos en virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el presente Reglamento.

(141)

El Reglamento (UE) n.o 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) y el Reglamento (UE) n.o 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (33) deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento, salvo en caso de que algunas de sus disposiciones se mencionen explícitamente.

(142)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las disparidades existentes entre las distintas zonas rurales y los limitados recursos financieros de los Estados miembros, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, gracias a la garantía plurianual de la financiación de la Unión y a la concentración en unas prioridades claramente definidas, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(143)

Procede, por tanto, derogar los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013.

(144)

A fin de garantizar la fácil aplicación de las medidas planeadas y por motivos de urgencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

los objetivos generales y específicos que deben perseguirse con ayuda de la Unión financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco de la política agrícola común (PAC), así como los indicadores conexos;

b)

los tipos de intervenciones y requisitos comunes para que los Estados miembros persigan dichos objetivos, así como las disposiciones financieras conexas;

c)

los planes estratégicos de la PAC que han de elaborar los Estados miembros, y que establecen metas, especificando las condiciones de las intervenciones y asignando recursos financieros, de conformidad con los objetivos específicos y las necesidades reconocidas;

d)

la coordinación y gobernanza, así como el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación.

1)

«agricultor»: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional a ese grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada dentro del ámbito de aplicación territorial de los Tratados, como se define en el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea, en relación con los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que ejerza una actividad agrícola tal como la determinen los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento;

2)

«explotación»: todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;

3)

«intervención»: instrumento de ayuda acompañado de una serie de condiciones de subvencionabilidad especificadas por un Estado miembro en su plan estratégico de la PAC, conforme a un tipo de intervención contemplado en el presente Reglamento;

4)

«operación»:

5)

«gasto público»: toda aportación a la financiación de operaciones que tienen su origen en el presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el presupuesto de la Unión puesto a disposición del FEAGA y del Feader, el presupuesto de organismos de Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas o de organismos de Derecho público;

6)

«hitos»: valores intermedios preestablecidos, fijados por los Estados miembros en el marco de sus estrategias de intervención contempladas en el artículo 107, apartado 1, letra b), para un ejercicio financiero específico que deben alcanzarse en un momento determinado durante el período de vigencia del plan estratégico de la PAC a fin de garantizar que se avance oportunamente en relación con los indicadores de resultados;

7)

«metas»: valores preestablecidos, fijados por los Estados miembros en el marco de sus estrategias de intervención contempladas en el artículo 107, apartado 1, letra b), que deben alcanzarse al final del período de vigencia del plan estratégico de la PAC en relación con los indicadores de resultados;

8)

«regiones ultraperiféricas»: las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE;

9)

«SCIA»: la organización combinada y flujos de conocimientos entre personas, organizaciones e instituciones que usan y generan conocimientos para utilizarlos en la agricultura y los ámbitos relacionados («sistema de conocimientos e innovación agrícolas»);

10)

«islas menores del mar Egeo»: las islas menores del Egeo tal como se definen en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 229/2013;

11)

«mutualidad»: el régimen reconocido por un Estado miembro de acuerdo con su Derecho nacional para que los agricultores afiliados se aseguren y mediante el cual se realizan pagos compensatorios a los agricultores afiliados que experimenten pérdidas económicas;

12)

«regiones menos desarrolladas»: las regiones menos desarrolladas en el sentido del artículo 108, apartado 2, párrafo primero, letra a), del Reglamento (UE) 2021/1060;

13)

«beneficiario» en relación con los tipos de intervenciones para el desarrollo rural contemplados en el artículo 69:

14)

«porcentaje de ayuda»: el porcentaje que representa el gasto público con respecto a una operación. En el contexto de los instrumentos financieros, se refiere al equivalente de subvención bruto como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión (34);

15)

«Leader»: el desarrollo local participativo a que se refiere el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/1060;

16)

«organismo intermedio»: todo organismo de Derecho público o privado, incluidos los organismos regionales o locales, los organismos de desarrollo regional o las organizaciones no gubernamentales, que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión nacional o regional, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad;

17)

«ejercicio financiero»: el ejercicio financiero agrícola de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2021/2116.

a)

la producción de productos agrícolas, lo que incluye acciones como la cría de animales o el cultivo, también mediante la paludicultura, entendiéndose por productos agrícolas los productos recogidos en el anexo I del TFUE, salvo los de la pesca, así como de algodón y de árboles forestales de ciclo corto;

b)

el mantenimiento de la superficie agrícola en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo, sin acciones preparatorias que vayan más allá del uso de los métodos y la maquinaria agrícolas habituales.

a)

las «tierras de cultivo» serán tierras dedicadas a la producción de cultivos o superficies disponibles para la producción de cultivos pero que estén en barbecho; asimismo, durante la vigencia del compromiso, serán tierras cultivadas para la producción de cultivos o superficies disponibles para la producción de cultivos, pero que estando en barbecho hayan sido retiradas de la producción, de acuerdo con el artículo 31 o el artículo 70 o la norma BCAM 8 mencionada en el anexo III del presente Reglamento, o con los artículos 22, 23 o 24 del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 del Consejo (35), o con el artículo 39 del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (36), o con el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (37);

b)

los «cultivos permanentes» serán cultivos no sometidos a rotación, distintos de los pastos y pastizales permanentes, que ocupen las tierras durante un período de cinco años o más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros y los árboles forestales de ciclo corto;

c)

los «pastos y pastizales permanentes» (conjuntamente denominados «pastos permanentes») serán tierras que se utilizan para la producción de gramíneas u otros forrajes herbáceos de forma natural (espontánea) o cultivada (sembrada) y que no hayan sido incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más y, cuando los Estados miembros así lo decidan, que no hayan sido labradas, ni cultivadas, ni resembradas con distintos tipos de gramíneas u otros forrajes herbáceos durante cinco años o más. Podrán incluir otras especies como arbustos o árboles que sirvan de pasto y, cuando los Estados miembros así lo decidan, otras especies como arbustos o árboles que produzcan piensos, siempre que las gramíneas y otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes.

Los Estados miembros también podrán decidir que los siguientes tipos de tierra se consideren pastos permanentes:

a)

cualquier superficie agrícola de la explotación que, durante el año para el que se solicita la ayuda, se utilice para una actividad agrícola o, cuando la superficie se utilice también para actividades no agrícolas, se emplee predominantemente para actividades agrícola s; en casos debidamente justificados por razones medioambientales, relacionadas con la biodiversidad y el clima, los Estados miembros podrán decidir que las hectáreas admisibles incluyan también determinadas zonas empleadas para actividades agrícolas solo cada dos años;

b)

cualquier superficie de la explotación que:

Si los Estados miembros así lo decidieran, la hectárea admisible podrá contener otros elementos del paisaje, siempre que estos no sean predominantes y no dificulten significativamente el rendimiento de la actividad agrícola debido a la superficie de la parcela agrícola que ocupan. Al aplicar este principio, los Estados miembros podrán fijar el porcentaje máximo de la parcela agrícola que podrá estar cubierto por esos otros elementos del paisaje.

Por lo que respecta a los pastos permanentes con elementos dispersos no admisibles, los Estados miembros podrán decidir aplicar coeficientes de reducción fijos para determinar la superficie considerada admisible;

c)

cualquier superficie de la explotación que haya dado derecho a recibir pagos con arreglo al título III, capítulo II, sección 2, subsección 2, del presente Reglamento o de acuerdo con el régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie establecidos en el título III del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, y que no sea una «hectárea admisible» tal como determinen los Estados miembros con arreglo a las letras a) y b) del presente apartado:

a)

un límite máximo de edad de entre 35 y 40 años;

b)

las condiciones para ser «jefe de la explotación»;

c)

la formación adecuada o las capacidades requeridas que determinen los Estados miembros.

a)

fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo;

b)

apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París;

c)

fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

a)

apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión a fin de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad económica de la producción agrícola en la Unión;

b)

mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones agrícolas a corto y largo plazo, también mediante una mayor atención a la investigación, la tecnología y la digitalización;

c)

mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;

d)

contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono, así como promover la energía sostenible;

e)

promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la reducción de la dependencia química;

f)

contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y conservar los hábitats y los paisajes;

g)

atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales;

h)

promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible;

i)

mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud. incluida la demanda de alimentos de buena calidad, seguros y nutritivos producidos de forma sostenible, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar el bienestar animal y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

a)

indicadores de realización, relativos a la realización conseguida de las intervenciones subvencionadas;

b)

indicadores de resultados, relativos a los objetivos específicos en cuestión a que se refiere el artículo 6, apartados 1 y 2, y que se usan para el establecimiento de hitos cuantificados y metas en relación con dichos objetivos específicos en los planes estratégicos de la PAC y para evaluar el progreso hacia dichas metas; los indicadores de resultado relativos a objetivos medioambientales y climáticos pueden abarcar intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los compromisos derivados de los actos legislativos de la Unión citados en el anexo XIII;

c)

indicadores de impacto, relativos a los objetivos mencionados en el artículo 5 y en el artículo 6, apartados 1 y 2, y utilizados en el contexto de la PAC y de los planes estratégicos de la PAC;

d)

indicadores de contexto a que se refiere el artículo 115, apartado 2, y enumerados en el anexo I.

a)

el clima y el medio ambiente, incluidos el agua, el suelo y la biodiversidad de los ecosistemas;

b)

la salud pública y la fitosanidad;

c)

el bienestar animal.

a)

todos los requisitos, condiciones y compromisos de gestión que se apliquen a los agricultores y a otros beneficiarios establecidos en el plan estratégico de la PAC, incluidos los requisitos y las normas en materia de condicionalidad y las condiciones para las intervenciones, así como la información sobre instrumentos financieros y planes empresariales establecidos en el marco del plan estratégico de la PAC;

b)

los requisitos establecidos por los Estados miembros a efectos de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2000/60/CE, el artículo 55 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (38), la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (39), la Directiva 2009/128/CE, la Directiva 2009/147/CE, el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (40), el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo (42);

c)

las prácticas agrícolas que impidan el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, como se establece en la Comunicación de la Comisión de 29 de junio de 2017 titulada «Plan de Acción europeo “Una sola salud” para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos»;

d)

la gestión y prevención de riesgos;

e)

apoyo a la innovación, en particular para la elaboración y ejecución de los proyectos de grupos operativos de la AEI, como se contempla en el artículo 127, apartado 3;

f)

las tecnologías digitales del sector de la agricultura y de las zonas rurales con arreglo al artículo 114, letra b);

g)

la gestión sostenible de los nutrientes, lo que incluye el uso, a más tardar a partir de 2024, de la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes, que consistirá en cualquier aplicación digital que ofrezca al menos:

h)

las condiciones de trabajo, las obligaciones de los empleadores, la salud y la seguridad en el trabajo y el apoyo social en las comunidades agrícolas.

a)

la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad;

b)

la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad;

c)

la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores;

d)

los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal.

a)

ayuda a la renta asociada;

b)

pago específico al cultivo del algodón.

a)

todos los salarios relacionados con una actividad agrícola declarada por el agricultor, incluidos los impuestos y contribuciones sociales relativos al empleo;

b)

el coste equivalente del trabajo regular y no remunerado relacionado con una actividad agrícola practicada por personas que trabajan en la explotación en cuestión y que no reciben un salario (o que reciben una remuneración inferior al importe normalmente pagado por los servicios prestados) pero que son recompensados mediante el resultado económico del negocio agrícola;

c)

el elemento de coste de la mano de obra de los costes de contratación vinculados a una actividad agrícola declarados por el agricultor.

a)

la gestión de los pagos correspondientes no provoca cargas administrativas excesivas, y

b)

los importes correspondientes realizan una aportación efectiva a los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, a los que contribuyen los pagos directos.

a)

jóvenes agricultores que recientemente hayan establecido una explotación por primera vez;

b)

nuevos agricultores.

a)

que cumplan con la definición y las condiciones de «joven agricultor» determinadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6, y

b)

cuando el Derecho nacional contemple que cada miembro debe asumir derechos y obligaciones comparables a los de los agricultores individuales que tengan la consideración de jefes de la explotación, en particular respecto de su situación económica, social y fiscal, siempre que hayan contribuido a reforzar las estructuras agrarias de las personas jurídicas o grupos en cuestión.

a)

mitigación del cambio climático, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las prácticas agrícolas, así como el mantenimiento de los depósitos de carbono existentes y la mejora de la captura de carbono;

b)

adaptación al cambio climático, lo que incluye acciones para mejorar la resiliencia de los sistemas de producción de alimentos y favorecer la diversidad animal y vegetal a fin de reforzar la resistencia a las enfermedades y al cambio climático;

c)

protección o mejora de la calidad del agua y reducción de la presión sobre los recursos hídricos;

d)

prevención de la degradación del suelo, recuperación del suelo y mejora de la fertilidad del suelo y de la gestión de los nutrientes y la biota del suelo;

e)

protección de la biodiversidad y conservación o recuperación de hábitats o especies, lo que incluye el mantenimiento y la creación de elementos del paisaje o zonas no productivas;

f)

acciones para un uso sostenible y reducido de plaguicidas, en particular los que plantean un riesgo para la salud humana o el medio ambiente;

g)

acciones para mejorar el bienestar animal o combatir la resistencia a los antimicrobianos.

a)

vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas BCAM pertinentes establecidos de conformidad con el capítulo I, sección 2;

b)

vayan más allá de los requisitos mínimos pertinentes para el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios, el bienestar animal, así como de otras condiciones obligatorias pertinentes establecidas por el Derecho nacional y de la Unión;

c)

vayan más allá de las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agrícola de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b);

d)

sean diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos en virtud del artículo 70.

a)

pagos adicionales a la ayuda básica la renta según lo previsto en la subsección 2, o

b)

pagos que compensen a los agricultores activos o grupos de agricultores activos por la totalidad o parte de los costes adicionales efectuados y el lucro cesante derivados de los compromisos contraídos, que se calcularán de conformidad con el artículo 82 y teniendo en cuenta las metas de los ecoregímenes; esos pagos podrán cubrir también los costes de transacción.

a)

los cereales;

b)

las oleaginosas, excepto las semillas de girasol para repostería, como se establece en el artículo 11, apartado 7;

c)

los cultivos proteicos, incluidas las leguminosas y la mezcla de leguminosas y gramíneas siempre que las leguminosas sigan siendo predominantes en la mezcla;

d)

el lino;

e)

el cáñamo;

f)

el arroz;

g)

los frutos de cáscara;

h)

las patatas para fécula;

i)

la leche y los productos lácteos;

j)

las semillas;

k)

la carne de ovino y caprino;

l)

la carne de vacuno;

m)

el aceite de oliva y las aceitunas de mesa;

n)

los gusanos de seda;

o)

los forrajes desecados;

p)

el lúpulo;

q)

la remolacha azucarera, la caña de azúcar y las raíces de achicoria;

r)

las frutas y hortalizas;

s)

los árboles forestales de ciclo corto.

a)

la subvencionabilidad de los gastos efectuados se determinará sobre la base del artículo 37, letra a), del Reglamento (UE) 2021/2116;

b)

a los efectos del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2116, el dictamen que deben emitir los organismos de certificación abarcará sus letras a), b) y d), así como la declaración sobre la gestión.

—

Bulgaria: 3 342 ha,

—

Grecia: 250 000 ha,

—

España: 48 000 ha,

—

Portugal: 360 ha.

—

Bulgaria: 1,2 toneladas/ha,

—

Grecia: 3,2 toneladas/ha,

—

España: 3,5 toneladas/ha,

—

Portugal: 2,2 toneladas/ha.

—

Bulgaria: 636,13 EUR,

—

Grecia: 229,37 EUR,

—

España: 354,73 EUR,

—

Portugal: 223,32 EUR.

a)

ayudar a coordinar mejor las distintas vías de comercialización del algodón, en especial mediante la investigación y estudios de mercado;

b)

elaborar contratos tipo compatibles con las normas de la Unión;

c)

orientar la producción hacia productos que se adapten mejor a las necesidades del mercado y a la demanda de los consumidores, en particular en relación con la calidad y protección del consumidor;

d)

actualizar los métodos y medios para mejorar la calidad del producto;

e)

desarrollar estrategias de comercialización para fomentar el uso del algodón a través de programas de certificación de la calidad.

a)

los criterios para la autorización de las organizaciones interprofesionales;

b)

las obligaciones de los productores;

c)

las consecuencias en caso de que las organizaciones interprofesionales autorizadas incumplan los criterios a que se refiere la letra a).

a)

en el sector de las frutas y hortalizas, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra i), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

b)

en el sector de los productos apícolas, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra v), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (en lo sucesivo, «sector apícola»);

c)

en el sector del vino, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra l), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

d)

en el sector del lúpulo, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

e)

en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

f)

en los otros sectores que figuran en el artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y en los sectores que abarcan los productos incluidos en el anexo VI del presente Reglamento.

a)

reembolso de los costes subvencionables efectuados efectivamente por un beneficiario;

b)

costes unitarios;

c)

sumas a tanto alzado;

d)

financiación a tipo fijo.

a)

un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en:

b)

proyectos de presupuesto elaborados caso por caso y acordados previamente por el organismo que seleccione la operación en el caso de las intervenciones en los sectores del vino y la apicultura o por el organismo que haya de aprobar los programas operativos a los que se refiere el artículo 50, en el caso de las intervenciones en otros sectores subvencionables;

c)

de conformidad con las reglas de aplicación de los costes unitarios, las sumas a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar de intervención;

d)

de conformidad con las reglas de aplicación de los costes unitarios, las sumas a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicados en regímenes de ayuda financiados enteramente por el Estado miembro para una categoría similar de intervención.

a)

garantizar el correcto funcionamiento de los tipos de intervenciones establecidos en el presente capítulo, en particular evitando la distorsión de la competencia en el mercado interior;

b)

el tipo de gastos cubiertos por las intervenciones incluidas en el presente capítulo, incluida, como excepción a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/2116, la subvencionabilidad de los gastos administrativos y de personal de las organizaciones de productores u otros beneficiarios en la ejecución de dichas intervenciones;

c)

la base para el cálculo de la ayuda financiera de la Unión mencionada en el presente capítulo, incluidos los períodos de referencia y el cálculo del valor de la producción comercializada, y para el cálculo del grado de organización de los productores a efectos de la ayuda financiera nacional a que se refiere el artículo 53;

d)

la cuantía máxima de la ayuda financiera de la Unión para los tipos de intervenciones mencionados en el artículo 47, apartado 2, letras a), c), f), g), h) e i), y para los tipos de intervenciones a que se refiere el artículo 58, apartado 1, párrafo primero, letras c), d) y l), así como los costes de embalaje y transporte del producto retirado para distribución gratuita y los costes de transformación del producto antes de su entrega para distribución gratuita;

e)

las normas para fijar un límite máximo para los gastos y para la medición de la superficie admisible a efectos de los tipos de intervenciones a que se refieren el artículo 47, apartado 2, letra d), y el artículo 58, apartado 1, párrafo primero, letra a);

f)

las normas conforme a las cuales los productores deberán retirar los subproductos de la vinificación y las normas sobre excepciones a esta obligación, a fin de evitar cargas administrativas adicionales, y normas para la certificación voluntaria de los destiladores;

g)

las condiciones que deberán aplicarse para la utilización de las modalidades de ayuda enumeradas en el artículo 44, apartado 1;

h)

las normas sobre el requisito de durabilidad mínima aplicable a las inversiones productivas y no productivas subvencionadas por medio de las intervenciones incluidas en el presente capítulo;

i)

las normas relativas a la combinación de financiación para las inversiones con arreglo al artículo 58, apartado 1, párrafo primero, letra b), y para la promoción con arreglo al artículo 58, apartado 1, párrafo primero, letra k).

a)

planificación y organización de la producción, ajuste de la producción a la demanda, en particular en cuanto a calidad y cantidad, optimización de los costes de producción y del rendimiento de las inversiones y estabilización de los precios de producción. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

b)

concentración de la oferta y comercialización de los productos, incluso mediante comercialización directa. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

c)

mejora de la competitividad a medio y largo plazo, en particular mediante la modernización. Este objetivo está relacionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra c);

d)

investigación sobre métodos de producción sostenible, incluido el fortalecimiento de la resistencia a las plagas, la resistencia a las enfermedades animales, la mitigación y adaptación al cambio climático, y sobre prácticas y técnicas de producción innovadoras que aumenten la competitividad económica y refuercen la evolución del mercado, así como su desarrollo. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

e)

fomento, desarrollo y aplicación de:

Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras e), f) e i);

f)

contribución a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra d);

g)

aumento del valor y la calidad comerciales de los productos, también mejorando su calidad y desarrollando productos con una denominación de origen protegida, con una indicación geográfica protegida o protegidos por un régimen de calidad de la Unión o nacional reconocido por los Estados miembros. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letra b);

h)

promoción y comercialización de los productos. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras b), c) e i);

i)

aumento del consumo de los productos del sector de las frutas y hortalizas, ya sea de forma fresca o procesada. Este objetivo está relacionado con el objetivo específico mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra i);

j)

prevención de crisis y gestión del riesgo, con el fin de evitar las perturbaciones en los mercados del sector de que se trate y de hacer frente a estas. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

k)

la mejora de las condiciones de trabajo y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, así como de los requisitos de salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con las Directivas 89/391/CEE, 2009/104/CE y (UE) 2019/1152.

a)

inversiones en activos materiales e inmateriales, investigación y métodos de producción experimentales e innovadores y otras acciones en ámbitos como:

b)

servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en particular en lo relativo a técnicas sostenibles de control de plagas y enfermedades, el uso sostenible de productos fitosanitarios y de salud animal, la adaptación al cambio climático y su mitigación, las condiciones de trabajo, las obligaciones de los empleadores y en materia de salud y seguridad en el trabajo;

c)

formación, incluida la orientación y el intercambio de mejores prácticas, en particular en lo relativo a técnicas sostenibles de control de plagas y enfermedades, el uso sostenible de productos fitosanitarios y de salud animal, la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como sobre el uso de plataformas organizadas de negociación y de bolsas de mercancías en los mercados al contado y de futuros;

d)

producción ecológica o integrada;

e)

acciones para aumentar la sostenibilidad y la eficiencia del transporte y el almacenamiento de productos;

f)

promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y actividades destinadas, en particular, a concienciar a los consumidores sobre los regímenes de calidad de la Unión y la importancia de dietas saludables, y sobre la diversificación y consolidación de los mercados;

g)

aplicación de regímenes de calidad nacionales y de la Unión;

h)

aplicación de sistemas de trazabilidad y certificación, en particular el seguimiento de la calidad de los productos que se venden a los consumidores finales;

i)

acciones para mitigar el cambio climático y adaptarse a él.

a)

la creación, dotación y reposición de mutualidades por parte de organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 o en virtud del artículo 67, apartado 7, del presente Reglamento;

b)

las inversiones en activos materiales e inmateriales que permitan que la gestión de los volúmenes comercializados sea más eficiente, también a efectos del almacenamiento colectivo;

c)

el almacenamiento colectivo de los productos producidos por la organización de productores o por sus miembros e incluso, cuando proceda, la transformación colectiva para facilitar dicho almacenamiento;

d)

la replantación de huertos frutales o de olivares cuando sea necesario tras el arranque obligatorio por razones sanitarias o fitosanitarias por orden de la autoridad competente del Estado miembro o para adaptarse al cambio climático;

e)

la reposición del ganado tras el sacrificio obligatorio por razones sanitarias o por pérdidas resultantes de desastres naturales;

f)

la retirada del mercado para su distribución gratuita o con otros fines, incluida, cuando proceda, la transformación para facilitar dicha retirada;

g)

la cosecha en verde, consistente en la cosecha total en una zona determinada de productos verdes no comercializables que no hayan sido dañados antes de la cosecha en verde debido a razones climáticas, fitosanitarias o de otro tipo;

h)

la renuncia a efectuar la cosecha, consistente en la terminación del ciclo de producción en curso en la zona de que se trate, en la que el producto está bien desarrollado y es de calidad adecuada, justa y comercializable, excluida la destrucción de productos debida a un fenómeno climático o una enfermedad;

i)

el seguro de cosecha y producción, a fin de contribuir a salvaguardar las rentas de los productores cuando haya pérdidas como consecuencia de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos, enfermedades o infestaciones por plagas, y, al mismo tiempo, a garantizar que los beneficiarios tomen las medidas necesarias de prevención de riesgos;

j)

la orientación a otras organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores, reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 o en virtud del artículo 67, apartado 7, del presente Reglamento, o a productores individuales;

k)

la aplicación y gestión de requisitos sanitarios y fitosanitarios de terceros países en el territorio de la Unión para facilitar el acceso a los mercados de terceros países;

l)

acciones de comunicación destinadas a concienciar e informar a los consumidores.

a)

las intervenciones enmarcadas en los programas operativos de una asociación de organizaciones de productores sean financiadas en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, letra b), por las contribuciones de las organizaciones miembros de la asociación en cuestión y que los fondos se extraigan de los fondos operativos de dichas organizaciones miembros;

b)

las intervenciones y la participación financiera correspondientes queden determinadas en el programa operativo de cada organización miembro;

c)

no exista doble financiación.

a)

al menos el 15 % de los gastos cubra las intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letras e) y f);

b)

el programa operativo incluya tres o más acciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letras e) y f);

c)

al menos el 2 % de los gastos cubra las intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letra d), y

d)

que los gastos en las intervenciones de los tipos de intervenciones mencionados en el artículo 47, apartado 2, letras f), g) y h), no exceden de un tercio del gasto total.

a)

las contribuciones financieras de:

b)

la ayuda financiera de la Unión, que puede concederse a organizaciones de productores o a sus asociaciones cuando dichas organizaciones o asociaciones presenten un programa operativo.

a)

4,1 % del valor de la producción comercializada de cada organización de productores;

b)

4,5 % del valor de la producción comercializada de cada asociación de organizaciones de productores;

c)

5 % del valor de la producción comercializada de cada organización transnacional de productores o asociación transnacional de organizaciones de productores.

a)

las organizaciones de productores transnacionales ejecutan en dos o más Estados miembros intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letras b), e) y f);

b)

una o varias organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores participan en intervenciones realizadas a escala interprofesional;

c)

el programa operativo abarca exclusivamente ayudas específicas para la producción de los productos ecológicos regulados por el Reglamento (UE) 2018/848;

d)

la organización de productores o la asociación de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 ejecuta por primera vez un programa operativo;

e)

las organizaciones de productores comercializan menos del 20 % de la producción de frutas y hortalizas en un Estado miembro;

f)

la organización de productores opera en una de las regiones ultraperiféricas;

g)

el programa operativo comprende las intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letras d), e), f), i) y j);

h)

el programa operativo lo ejecuta por primera vez una organización de productores reconocida que sea resultado de una fusión de dos o más organizaciones de productores reconocidas.

a)

las retiradas del mercado de frutas y hortalizas que no superen el 5 % del volumen de la producción comercializada de cada organización de productores y a las que se dé salida del modo siguiente:

b)

acciones relacionadas con la orientación de otras organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, siempre que dichas organizaciones de productores pertenezcan a regiones de Estados miembros mencionados en el artículo 53, apartado 2 del presente Reglamento, o de productores individuales.

a)

servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación, información e intercambio de mejores prácticas, incluso mediante actividades de colaboración en redes, para apicultores y organizaciones de apicultores;

b)

inversiones en activos materiales e inmateriales, así como otras acciones, incluidas las destinadas a:

c)

acciones para prestar ayudas a los laboratorios en el análisis de productos apícolas, la pérdida de abejas o las caídas en la productividad, y de sustancias potencialmente tóxicas para las abejas;

d)

acciones para preservar o aumentar el número de colmenas existentes en la Unión, incluida la cría de abejas;

e)

colaboración con organismos especializados con vistas a la aplicación de programas de investigación en el sector de la apicultura y los productos apícolas;

f)

promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y actividades de vigilancia del mercado destinadas, en particular, a concienciar a los consumidores sobre la calidad de los productos apícolas;

g)

acciones para aumentar la calidad de los productos.

a)

la obligación de los Estados miembros de notificar anualmente a la Comisión el número de colmenas existentes en su territorio, establecida en el artículo 55, apartado 7;

b)

la definición de «colmena» y los métodos para calcular el número de colmenas;

c)

la contribución mínima de la Unión al gasto relacionado con la ejecución de los tipos de intervenciones y las intervenciones que se mencionan en el artículo 55.

a)

mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de los productores de vino de la Unión. Este objetivo está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) y h);

b)

contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación y a la mejora de la sostenibilidad de los sistemas de producción y la reducción de la huella ambiental del sector vitivinícola de la Unión, también mediante ayudas a los productores de vino para reduzcan el uso de insumos y apliquen métodos y prácticas de cultivo más sostenibles para el medio ambiente. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d) a f) e i);

c)

mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, así como los requisitos de salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con las Directivas 89/391/CEE, 2009/104/CE y (UE) 2019/1152;

d)

mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas de la Unión y su adaptación a las demandas del mercado, así como el aumento de su competitividad a largo plazo en materia de producción y comercialización de productos vitícolas, incluidos el ahorro energético, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles. Estos objetivos están relacionados con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras a) a e), g) y h);

e)

contribuir a restaurar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola de la Unión a fin de evitar las crisis de mercado. Este objetivo está relacionado con el objetivo específico establecido en el artículo 6, apartado 1, letra a);

f)

contribuir a la protección de las rentas de los productores de la Unión en caso de que sufran pérdidas como consecuencia de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos, animales, enfermedades o infestaciones de plagas. Este objetivo está relacionado con el objetivo específico establecido en el artículo 6, apartado 1, letra a);

g)

aumentar la comerciabilidad y competitividad de los productos vitícolas de la Unión, en particular mediante el desarrollo de productos, procesos y tecnologías innovadores, y añadiendo valor en cualquier etapa de la cadena de suministro; dicho objetivo puede incluir la transferencia del conocimiento y está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), c), e) e i);

h)

mantener el uso de los subproductos de la vinificación con fines industriales y energéticos que garanticen la calidad del vino de la Unión, al mismo tiempo que protegen el medio ambiente. Este objetivo está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d) y e);

i)

contribuir a una mayor concienciación de los consumidores sobre el consumo responsable de vino y los regímenes de calidad de la Unión para el vino. Este objetivo está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras b) e i);

j)

mejorar la competitividad de los productos vitícolas de la Unión en terceros países, lo que incluye la apertura y diversificación de los mercados vitivinícolas. Este objetivo está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras b) y h);

k)

contribuir a aumentar la resiliencia de los productores frente a las fluctuaciones del mercado. Este objetivo está relacionado con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letra a).

a)

reestructuración y reconversión de viñedos, proceso consistente en una o varias de las siguientes operaciones:

b)

inversiones en activos materiales e inmateriales en sistemas agrícolas vitícolas, excepto aquellas operaciones pertinentes para los tipos de intervenciones previstos en la letra a), en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización;

c)

cosecha en verde, que supone la destrucción o eliminación total de racimos de uvas mientras todavía estén inmaduros, reduciendo así el rendimiento de la zona correspondiente a cero y excluyendo la ausencia de recolección que consiste en dejar las uvas comerciales en las plantas al final del ciclo normal de producción;

d)

seguro de cosecha contra pérdidas de renta causadas por fenómenos climáticos adversos asimilados a desastres naturales, fenómenos climáticos adversos, daños causados por animales, enfermedades de las plantas o infestaciones de plagas;

e)

inversiones materiales e inmateriales en innovación consistentes en el desarrollo de productos innovadores, incluidos los productos y subproductos derivados de la vinificación, los procesos de innovación y las tecnologías para la producción de los productos del vino y la digitalización de dichos procesos y tecnologías, así como otras inversiones que añadan valor en cualquier etapa de la cadena de suministro, como las destinadas al intercambio de conocimientos o que contribuyan a la adaptación al cambio climático;

f)

servicios de asesoramiento, en particular en lo relativo a las condiciones de trabajo, las obligaciones de los empleadores y en materia de salud y seguridad en el trabajo;

g)

destilación de subproductos de la vinificación llevada a cabo de conformidad con las restricciones establecidas en el anexo VIII, parte II, sección D, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

h)

acciones de información relativas a los vinos de la Unión realizadas en los Estados miembros que fomentan el consumo responsable de vino o que promueven los regímenes de calidad de la Unión que regulan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

i)

acciones emprendidas por organizaciones interprofesionales reconocidas por los Estados miembros en el sector vitivinícola de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 destinadas a mejorar la reputación de los viñedos de la Unión mediante la promoción del turismo vitivinícola en las regiones productoras;

j)

acciones emprendidas por organizaciones interprofesionales reconocidas por los Estados miembros en el sector vitivinícola de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 destinadas a mejorar el conocimiento del mercado;

k)

actividades de promoción y comunicación llevadas a cabo en terceros países, consistentes en una o varias de las siguientes acciones y actividades encaminadas a la mejora de la competitividad del sector vitivinícola, y a la apertura, diversificación y consolidación de los mercados:

l)

asistencia temporal y decreciente para cubrir los costes administrativos del establecimiento de mutualidades;

m)

inversiones en activos materiales e inmateriales destinadas a mejorar la sostenibilidad de la producción vitivinícola mediante:

a)

la autorización para que coexistan vides viejas y nuevas durante un período máximo que no superará los tres años;

b)

la compensación financiera por un período máximo no superior a tres años.

a)

el 50 % de los costes de inversión subvencionables en regiones menos desarrolladas;

b)

el 40 % de los costes de inversión subvencionables en regiones distintas de las regiones menos desarrolladas;

c)

el 75 % de los costes de inversión subvencionables en las regiones ultraperiféricas;

d)

el 65 % de los costes de inversión subvencionables en las islas menores del mar Egeo.

a)

el 80 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra las pérdidas debidas a fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales;

b)

el 50 % del coste de las primas de seguro pagadas por los productores en concepto de seguro contra:

a)

el 50 % de los costes de inversión subvencionables en regiones menos desarrolladas;

b)

el 40 % de los costes de inversión subvencionables en regiones distintas de las regiones menos desarrolladas;

c)

el 80 % de los costes de inversión subvencionables en las regiones ultraperiféricas;

d)

el 65 % de los costes de inversión subvencionables en las islas menores del mar Egeo.

a)

para las intervenciones relacionadas con uno o más de los objetivos mencionados en el artículo 46, letras d), e), f) y h);

b)

para las intervenciones en materia de almacenamiento colectivo, servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación e intercambio de mejores prácticas relacionadas indistintamente con uno de los objetivos mencionados en el artículo 46, letras a) y j), o con ambos.

a)

un 75 % de los gastos reales efectuados para las intervenciones relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 46, letras a) a f), h) y k);

b)

un 75 % de los gastos reales efectuados para las inversiones en activos fijos y un 50 % para otras intervenciones relacionadas con el objetivo mencionado en el artículo 46, letra g);

c)

un 50 % de los gastos reales efectuados para las intervenciones relacionadas con el objetivo mencionado en el artículo 46, letra j);

d)

un 75 % de los gastos reales efectuados para los tipos de intervenciones mencionados en el artículo 47, apartado 1, letras f) y h), cuando el programa operativo se ejecute en al menos tres terceros países o Estados miembros no productores por organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores de al menos dos Estados miembros productores, o un 50 % cuando no se cumpla esa condición.

a)

organizaciones de productores y sus asociaciones, reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 o del apartado 7 del presente artículo, o

b)

cooperativas, así como otras formas de cooperación entre productores constituidas a iniciativa de los productores y controladas por ellos, que hayan sido acreditadas por la autoridad competente de un Estado miembro como agrupaciones de productores, durante un período transitorio de hasta cuatro años a partir del inicio de un programa operativo aprobado que finalice, a más tardar, el 31 de diciembre de 2027.

a)

cada organización de productores o asociación de organizaciones de productores mencionada en el artículo 67, apartado 1, letra a), o

b)

cada agrupación de productores mencionada en el artículo 67, apartado 1, letra b).

a)

compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión;

b)

limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona;

c)

desventajas específicas de la zona como consecuencia de determinados requisitos obligatorios;

d)

inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego;

e)

establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales;

f)

instrumentos de gestión de riesgos;

g)

cooperación;

h)

intercambio de conocimientos y difusión de información.

a)

vayan más allá de los requisitos legales de gestión y las normas BCAM pertinentes establecidos de conformidad con el capítulo I, sección 2;

b)

vayan más allá de los requisitos mínimos pertinentes para el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios o para el bienestar animal, así como de otras condiciones obligatorias pertinentes establecidas por el Derecho nacional y de la Unión. Dichas condiciones no se aplicarán a los compromisos relacionados con los sistemas agroforestales y el mantenimiento de las superficies forestadas;

c)

vayan más allá de las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agrícola de conformidad con el artículo 4, apartado 2;

d)

sean diferentes de los compromisos respecto de los cuales se conceden pagos en virtud del artículo 31.

a)

un período más prolongado con respecto a ciertos tipos de compromiso, también mediante el establecimiento de su prórroga anual una vez finalizado el período inicial, cuando dicho período más prolongado sea necesario para alcanzar o mantener determinados beneficios medioambientales o de bienestar animal;

b)

un período más corto de al menos un año por lo que respecta a los compromisos en favor del bienestar animal, a los compromisos para la conservación y el uso y el desarrollo sostenibles de los recursos genéticos y para la conversión a la agricultura ecológica, cuando se trate de nuevos compromisos que deriven directamente de un compromiso suscrito en el período inicial o en otros casos debidamente justificados.

a)

zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000 designadas de conformidad con las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;

b)

otras zonas naturales protegidas definidas que estén sujetas a restricciones medioambientales aplicables a la agricultura o la silvicultura y que contribuyan a la aplicación del artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE, siempre y cuando dichas zonas no sobrepasen el 5 % de las zonas designadas de la red Natura 2000 incluidas en el ámbito de aplicación territorial de cada plan estratégico de la PAC;

c)

superficies agrícolas incluidas en planes hidrológicos de cuenca de conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

a)

con respecto a las limitaciones derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE, en relación con las desventajas resultantes de requisitos que van más allá de las normas BCAM pertinentes establecidas de conformidad con el capítulo I, sección 2, del presente título, así como las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agrícola de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento;

b)

con respecto a las limitaciones derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en relación con las desventajas resultantes de requisitos que van más allá de los requisitos legales de gestión (RLG) pertinentes, excepto el RLG 1 mencionado en el anexo III del presente Reglamento, y las normas BCAM establecidas de conformidad con el capítulo I, sección 2, del presente título, así como las condiciones establecidas para el mantenimiento de la superficie agrícola de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento.

a)

la compra de derechos de producción agrícola;

b)

la compra de derechos de pago;

c)

la compra de tierras por un importe superior al 10 % del gasto total subvencionable para la operación de que se trate, exceptuando la compra de tierras para la conservación del medio ambiente y la preservación de suelos ricos en carbono y la compra de tierras por agricultores jóvenes mediante el uso de instrumentos financieros. En el caso de los instrumentos financieros, ese límite máximo se aplicará al gasto público subvencionable abonado al perceptor final o, en el caso de las garantías, al importe del préstamo subyacente;

d)

la compra de animales, y la compra de plantas anuales y su plantación, con fines distintos de:

e)

tipo de interés de la deuda, salvo cuando se trate de subvenciones concedidas en forma de bonificaciones de intereses o de subvenciones de comisiones de garantía;

f)

inversiones en infraestructura a gran escala, según determinen los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC, que no formen parte de las estrategias de desarrollo local participativo contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2021/1060, excepto en el caso de la banda ancha y las acciones de prevención de inundaciones o de protección de las costas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales probables, fenómenos climáticos adversos o catástrofes;

g)

inversiones en forestación que no son coherentes con los objetivos medioambientales y climáticos acordes con los principios de gestión forestal sostenible, tal como se desarrollan en las Directrices paneuropeas para la forestación y la reforestación.

a)

hasta el 80 % para las siguientes inversiones:

b)

hasta el 85 % para las inversiones de pequeñas explotaciones agrícolas, según determinen los Estados miembros;

c)

hasta el 100 % para las siguientes inversiones:

a)

se evalúa de antemano que ofrece un ahorro potencial de agua conforme a los parámetros técnicos de la instalación o infraestructura existente;

b)

la inversión afecta a masas de agua subterránea o superficial cuyo estado se haya determinado como inferior a bueno en el plan hidrológico de cuenca pertinente por motivos relativos a la cantidad de agua y da lugar a una reducción efectiva del uso de agua que contribuya a la consecución del buen estado de dichas masas de agua, tal como se establece en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE.

a)

el estado de la masa de agua no ha sido calificado como inferior a bueno en el correspondiente plan hidrológico de cuenca por motivos relativos a la cantidad de agua, y

b)

se demuestra, mediante un análisis de impacto medioambiental, que no se producirá ningún efecto medioambiental negativo significativo a raíz de la inversión; ese análisis de impacto medioambiental será realizado o aprobado por la autoridad competente y podrá referirse también a grupos de explotaciones.

a)

el 80 % de los costes subvencionables en el caso de las inversiones en infraestructuras de riego en explotaciones agrícolas efectuadas con arreglo al apartado 4;

b)

el 100 % de los costes subvencionables en el caso de las inversiones en infraestructuras agrícolas destinadas al riego fuera de las explotaciones agrícolas;

c)

el 65 % de los costes subvencionables en el caso de otras inversiones en infraestructuras de riego en explotaciones agrícolas.

a)

el establecimiento de jóvenes agricultores que cumplan las condiciones establecidas por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC de conformidad con el artículo 4, apartado 6;

b)

la puesta en marcha de nuevas empresas rurales vinculadas a la agricultura o la silvicultura, lo que incluye el establecimiento de nuevos agricultores, o la diversificación de la renta de los agricultores mediante la inclusión de actividades no agrícolas;

c)

la puesta en marcha de actividades empresariales no agrícolas en zonas rurales que estén relacionadas con las estrategias de desarrollo local participativo que figuran en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2021/1060.

a)

contribuciones financieras a las primas de los planes de seguro;

b)

contribuciones financieras a las mutualidades, también para el coste administrativo de su creación.

a)

los tipos y la cobertura de los instrumentos de gestión de riesgos subvencionables;

b)

la metodología para el cálculo de las pérdidas y los factores desencadenantes de la compensación;

c)

las reglas para la constitución y administración de las mutualidades y, cuando proceda, de otros instrumentos de gestión de riesgos subvencionables.

a)

preparar y ejecutar los proyectos de los grupos operativos de la AEI contemplados en el artículo 127, apartado 3;

b)

preparar y ejecutar Leader;

c)

promover y apoyar los regímenes de calidad reconocidos por la Unión y por los Estados miembros, así como su utilización por parte de los agricultores;

d)

apoyar a las agrupaciones de productores, las organizaciones de productores o las organizaciones interprofesionales;

e)

elaborar y ejecutar estrategias de «pueblos inteligentes» según determinen los Estados miembros;

f)

apoyar otras formas de cooperación.

a)

las ayudas para todos los costes subvencionables para ayuda preparatoria de conformidad con el artículo 34, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2021/1060 y para la aplicación de estrategias seleccionadas con arreglo a las letras b) y c) de dicho apartado solo se concederán como un importe global con arreglo al presente artículo, y

b)

los Estados miembros velarán por que las operaciones ejecutadas en forma de inversiones cumplan las normas y requisitos pertinentes de la Unión en el marco del tipo de intervenciones para inversiones establecido en el artículo 73 del presente Reglamento.

a)

acciones de información y promoción de regímenes de calidad a uno o varios porcentajes que no excedan del 70 % de los costes subvencionables;

b)

la constitución de agrupaciones de productores, organizaciones de productores u organizaciones interprofesionales, al 10 % de la producción comercializada anual de la agrupación u organización, con un máximo de 100 000 EUR anuales; dichas ayudas serán decrecientes y se limitarán a los cinco primeros años siguientes al reconocimiento.

a)

pagos a los perceptores finales, en el caso de los préstamos o de las inversiones en capital o cuasicapital;

b)

recursos reservados para contratos de garantía, tanto pendientes como que ya hayan llegado a vencimiento, con el fin de liquidar posibles solicitudes de garantía por pérdidas, calculados sobre la base de un coeficiente multiplicador establecido para los respectivos nuevos préstamos subyacentes o inversiones en capital en los perceptores finales que se hayan desembolsado;

c)

pagos a los perceptores finales o en su beneficio, en los casos en que los instrumentos financieros se combinen con otras contribuciones de la Unión en una única operación de instrumentos financieros con arreglo al artículo 58, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/1060;

d)

pagos de comisiones de gestión y reembolsos de costes de gestión que hayan efectuado los organismos que ejecuten el instrumento financiero.

a)

reembolso de los costes subvencionables en que haya incurrido efectivamente un beneficiario;

b)

costes unitarios;

c)

sumas a tanto alzado;

d)

financiación a tipo fijo.

a)

un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en:

b)

proyectos de presupuesto elaborados caso por caso y acordados previamente por el organismo que seleccione la operación;

c)

de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, las sumas a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicables en otras políticas de la Unión a una categoría similar de operación;

d)

de conformidad con las modalidades de aplicación de los costes unitarios, las sumas a tanto alzado y los tipos fijos correspondientes aplicados en regímenes de subvención financiados enteramente por el Estado miembro para una categoría similar de operación.

a)

el beneficiario efectuará los reembolsos en las condiciones acordadas por la autoridad de gestión y el beneficiario;

b)

los Estados miembros reutilizarán los recursos devueltos por el beneficiario con el mismo objetivo específico del plan estratégico de la PAC a más tardar el 31 de diciembre de 2029, ya sea en forma de subvenciones condicionadas, de un instrumento financiero o de otro tipo de ayuda. Los importes devueltos y la información sobre su reutilización se incluirán en el último informe anual del rendimiento;

c)

los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los recursos se mantengan en cuentas independientes o tengan códigos contables adecuados;

d)

los recursos de la Unión que los beneficiarios hayan devuelto en cualquier momento, pero que no hayan sido reutilizados a más tardar el 31 de diciembre de 2029, se devolverán al presupuesto de la Unión de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/2116.

a)

los compromisos de gestión a que se refiere el artículo 70 relativos a los recursos genéticos y el bienestar animal;

b)

los regímenes de calidad a que se refiere el artículo 77, por lo que respecta a la especificidad del producto final, el acceso al régimen, la verificación de las especificaciones vinculantes del producto, la transparencia del régimen y la trazabilidad de los productos, así como el reconocimiento por parte de los Estados miembros de los regímenes voluntarios de certificación.

a)

los pagos directos establecidos en el artículo 16;

b)

las intervenciones en determinados sectores establecidas en el título III, capítulo III.

a)

una contribución del FEAGA a partir del 1 de enero del año siguiente al año de la aprobación del plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión;

b)

una contribución del Feader a partir de la fecha de presentación del plan estratégico de la PAC, pero no antes del 1 de enero de 2023.

a)

10 666 000 EUR en el caso de Grecia;

b)

554 000 EUR en el caso de Francia, y

c)

34 590 000 EUR en el caso de Italia.

a)

el 85 % del gasto público subvencionable en las regiones menos desarrolladas;

b)

el 80 % del gasto público subvencionable en las regiones ultraperiféricas y en las islas menores del mar Egeo;

c)

el 60 % del gasto público subvencionable en las regiones en transición en el sentido del artículo 108, apartado 2, párrafo primero, letra b), del Reglamento (UE) 2021/1060;

d)

el 43 % del gasto público subvencionable en las demás regiones.

a)

el 65 % del gasto público subvencionable para los pagos destinados a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas según dispone el artículo 71;

b)

el 80 % del gasto público subvencionable para los pagos en virtud del artículo 70, para los pagos con arreglo al artículo 72, para las ayudas a las inversiones no productivas mencionadas en el artículo 73, para las ayudas a la AEI conforme al artículo 77, apartado 1, letra a), y para Leader con arreglo al artículo 77, apartado 1, letra b);

c)

el 100 % del gasto público subvencionable para operaciones que reciban financiación de fondos transferidos al Feader de conformidad con los artículos 17 y 103.

a)

el 100 % para los compromisos de gestión que se mencionan en el artículo 70;

b)

el 50 % para las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que se refiere el artículo 71;

c)

el 100 % para las zonas con desventajas específicas a que se refiere el artículo 72;

d)

el 100 % para las inversiones con arreglo a los artículos 73 y 74 relacionadas con uno o varios de los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y, en relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i).

a)

la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores según lo establecido en el artículo 30;

b)

el establecimiento de jóvenes agricultores a que se refiere el artículo 75, apartado 2, letra a).

a)

de hasta un umbral correspondiente al 5 % de los importes establecidos en el anexo IX para el año natural correspondiente;

b)

por encima del umbral correspondiente al 5 % de los importes establecidos en el anexo IX para el año natural correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 6.

a)

aumentar los importes reservados de conformidad con el presente artículo para los ecoregímenes para el resto de los años del período del plan estratégico de la PAC, en una cantidad como mínimo equivalente al importe utilizado para financiar otras intervenciones contempladas en el título III, capítulo II, sección 2, de conformidad con el apartado 5, letra b), del presente artículo, o

b)

aumentar los importes reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72, 73 y 74, en la medida en que esas intervenciones aborden los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y, en relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i), en una cantidad como mínimo equivalente al importe utilizado para financiar otras intervenciones contempladas en el título III, capítulo II, sección 2, de conformidad con el apartado 5, letra b), del presente artículo. Los importes adicionales reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72, 73 y 74 de conformidad con el presente apartado no se tendrán en cuenta cuando un Estado miembro haga uso de la opción a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

a)

aumentar los importes reservados de conformidad con el presente artículo para los ecoregímenes para el resto de los años del período del plan estratégico de la PAC, en una cantidad como mínimo equivalente al importe que supere el 2,5 % de la suma de las asignaciones establecidas en el anexo IX para los años 2023 y 2024, o

b)

aumentar los importes reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72, 73 y 74, en la medida en que esas intervenciones aborden los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y, en relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i), en una cantidad como mínimo equivalente al importe que supere el 2,5 % de la suma de las asignaciones establecidas en el anexo IX para los años 2023 y 2024. Los importes adicionales reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72,73 y 74, de conformidad con el presente apartado, no se tendrán en cuenta cuando un Estado miembro haga uso de la opción a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

a)

aumentar los importes reservados de conformidad con el presente artículo para los ecoregímenes para el resto de los años del período del plan estratégico de la PAC, en una cantidad como mínimo equivalente al importe utilizado para financiar otras intervenciones contempladas en el título III, capítulo II, sección 2, de conformidad con el apartado 8, o

b)

aumentar los importes reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72, 73 y 74, en la medida en que esas intervenciones aborden los objetivos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y, en relación con el bienestar animal, en el artículo 6, apartado 1, letra i), en una cantidad como mínimo equivalente al importe utilizado para financiar otras intervenciones contempladas en el título III, capítulo II, sección 2, de conformidad con el apartado 8 del presente artículo. Los importes adicionales reservados para intervenciones en virtud de los artículos 70, 72, 73 y 74, de conformidad con el presente apartado, no se tendrán en cuenta si un Estado miembro hace uso de la opción a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

a)

el 40 % del gasto correspondiente a la ayuda básica a la renta y la ayuda complementaria a la renta contempladas en el título III, capítulo II, sección 2, subsecciones 2 y 3;

b)

el 100 % del gasto correspondiente a los ecoregímenes contemplados en el título III, capítulo II, sección 2, subsección 4;

c)

el 100 % del gasto para las intervenciones contempladas en el artículo 93, apartado 1, distintas de las que se mencionan en la letra d) del presente apartado;

d)

el 40 % del gasto correspondiente a las limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que se refiere el artículo 71.

a)

que las asignaciones financieras para las intervenciones en forma de pagos directos se utilicen para otras intervenciones en forma de pagos directos;

b)

que las asignaciones financieras para las intervenciones para el desarrollo rural se utilicen para otras intervenciones para el desarrollo rural;

c)

que las asignaciones financieras para las intervenciones en el sector apícola y en el sector vitivinícola solo se utilicen para otras intervenciones en el mismo sector;

d)

que las asignaciones financieras para las intervenciones en otros sectores contemplados en el artículo 42, letra f), se utilicen para intervenciones en otros sectores contemplados en dicha letra, se establezcan en el plan estratégico de la PAC y su uso no afecte a los programas operativos aprobados.

a)

hasta el 25 % de su asignación para pagos directos establecida en el anexo V, cuando proceda tras la deducción de las asignaciones para el algodón establecidas en el anexo VIII para los años naturales 2023 a 2026 a su asignación para el Feader en los ejercicios 2024 a 2027, o

b)

hasta el 25 % de su asignación para el Feader en los ejercicios 2024 a 2027 a su asignación para pagos directos establecida en el anexo V para los años naturales 2023 a 2026.

a)

hasta 15 puntos porcentuales, siempre que el Estado miembro utilice el aumento correspondiente para las intervenciones financiadas por el Feader que aborden los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f);

b)

hasta dos puntos porcentuales, siempre que el Estado miembro utilice el aumento correspondiente de conformidad con el artículo 95, apartado 1, letra b).

a)

cuando proceda, las autoridades pertinentes a escala regional participen de forma efectiva en la elaboración del plan estratégico de la PAC, y

b)

las autoridades públicas competentes en materia de medio ambiente y clima participen de forma efectiva en la elaboración de los aspectos medioambientales y climáticos del plan estratégico de la PAC.

a)

las autoridades regionales y locales pertinentes, así como otras autoridades públicas, entre ellas las autoridades competentes en materia de medio ambiente y clima;

b)

los interlocutores económicos y sociales, incluidos los representantes del sector agrícola;

c)

los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y, cuando proceda, los organismos encargados de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, la igualdad de género y la no discriminación.

a)

la evaluación de las necesidades;

b)

la estrategia de intervención;

c)

los elementos comunes a varias intervenciones;

d)

los pagos directos, las intervenciones en determinados sectores y las intervenciones para el desarrollo rural especificadas en la estrategia;

e)

el plan de metas y el plan financiero;

f)

el sistema de gobernanza y coordinación;

g)

los elementos que garantizan la modernización de la PAC;

h)

cuando los elementos del plan estratégico de la PAC se establezcan a escala regional, una breve descripción de la configuración nacional y regional de los Estados miembros y, en particular, de los elementos que se establecen a escala nacional y regional.

a)

anexo I sobre la evaluación ex ante y la evaluación estratégica medioambiental a que se hace referencia en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (50);

b)

anexo II sobre el análisis DAFO;

c)

anexo III sobre la consulta de los socios;

d)

cuando proceda, anexo IV sobre el pago específico al cultivo de algodón;

e)

anexo V sobre la financiación nacional adicional prevista en el ámbito de ejecución del plan estratégico de la PAC;

f)

cuando proceda, anexo VI sobre las ayudas nacionales transitorias.

a)

el resumen del análisis DAFO a que se refiere el artículo 115, apartado 2;

b)

la definición de las necesidades correspondientes a cada objetivo específico establecido en el artículo 6, apartados 1 y 2, basándose en los resultados del análisis DAFO; se describirán todas las necesidades derivadas del análisis DAFO, independientemente de si se abordan o no mediante el plan estratégico de la PAC;

c)

en cuanto al objetivo específico de apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia establecido en el artículo 6, apartado 1, letra a), una evaluación de las necesidades relativas a una distribución más equitativa y una atribución más eficaz y eficiente de los pagos directos, teniendo en cuenta, cuando proceda, la estructura de sus explotaciones, y de las necesidades relativas a la gestión de riesgos;

d)

cuando proceda, un análisis de las necesidades de zonas geográficas específicas, como las regiones ultraperiféricas, zonas de montaña e insulares;

e)

una priorización de las necesidades, incluida una justificación sólida de las decisiones tomadas que abarque, cuando proceda, las razones por las que determinadas necesidades no se abordan o se abordan parcialmente en el plan estratégico de la PAC.

a)

las metas y los hitos correspondientes para los indicadores de resultados pertinentes utilizados por los Estados miembros sobre la base de su evaluación de las necesidades a que se refiere el artículo 108. El valor de tales metas se justificará teniendo en cuenta dicha evaluación de las necesidades. Con respecto a los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), se fijarán metas a partir de los elementos explicativos que figuran en el apartado 2, letra a), del presente artículo;

b)

las intervenciones, basadas en los tipos de intervenciones definidos en el título III, las cuales se diseñarán para abordar la situación específica en la zona en cuestión, siguiendo una lógica sólida de intervención, respaldada por la evaluación ex ante contemplada en el artículo 139, el análisis DAFO contemplado en el artículo 115, apartado 2, y la evaluación de las necesidades contemplada en el artículo 108;

c)

elementos que muestren de qué manera permiten las intervenciones alcanzar las metas y de qué forma son mutuamente coherentes y compatibles;

d)

elementos que demuestren que la asignación de recursos financieros a las intervenciones del plan estratégico de la PAC está justificada y es adecuada para alcanzar las metas establecidas, y es coherente con el plan financiero a que se refiere el artículo 112.

a)

una descripción general de la arquitectura medioambiental y climática del plan estratégico de la PAC que describa lo siguiente:

b)

en relación con el objetivo específico establecido en el artículo 6, apartado 1, letra g), una descripción general de las intervenciones pertinentes y las condiciones específicas para los jóvenes agricultores establecidas en el plan estratégico de la PAC, como las contempladas en el artículo 26, apartado 4, letra a), los artículos 30, 73 y 75 y el artículo 77, apartado 6. Los Estados miembros harán referencia en particular al artículo 95 al presentar el plan financiero relativo a los tipos de intervenciones contemplados en los artículos 30, 73 y 75; dicha descripción general también aclarará en términos generales la interacción con los instrumentos nacionales, con el fin de mejorar la coherencia entre las acciones nacionales y de la UE en este ámbito;

c)

una explicación sobre la forma en que las intervenciones en el marco de la ayuda a la renta asociada a que se refiere el título III, capítulo II, sección 3, subsección 1, son coherentes con la Directiva 2000/60/CE;

d)

en relación con el objetivo específico establecido en el artículo 6, apartado 1, letra a), una descripción general de la forma en que se aborda el objetivo de lograr una distribución más equitativa y una atribución más eficaz y eficiente de la ayuda a la renta que se concederá a los agricultores en el marco del plan estratégico de la PAC, incluida, cuando proceda, información que justifique el recurso a la excepción prevista en el artículo 29, apartado 1, párrafo segundo. Dicha descripción general abordará también, cuando proceda, la coherencia y la complementariedad de la territorialización de la ayuda básica a la renta a que se refiere el artículo 22, apartado 2, con las ayudas en el marco de otras intervenciones, en particular los pagos para las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas a que se refiere el artículo 71;

e)

una descripción general de las intervenciones relacionadas con determinados sectores, incluida la ayuda asociada a la renta de acuerdo con el título III, capítulo II, sección 3, subsección 1 y las intervenciones en determinados sectores contempladas en el título III, capítulo III, que justifiquen la elección de los sectores en cuestión, la lista de intervenciones por sector, y su complementariedad;

f)

cuando proceda, una explicación sobre qué intervenciones tienen por objeto contribuir a garantizar un enfoque cohesionado e integrado de la gestión del riesgo;

g)

cuando proceda, una descripción de la interacción entre las intervenciones nacionales y regionales, incluida la distribución de las asignaciones financieras por intervención y por fondo;

h)

una descripción general de la manera en que el plan estratégico de la PAC contribuye al objetivo específico de mejorar el bienestar animal y luchar contra la resistencia a los antimicrobianos establecido en el artículo 6, apartado 1, letra i), incluidas las condiciones básicas y la complementariedad entre la condicionalidad y las distintas intervenciones;

i)

una explicación de cómo las intervenciones y los elementos comunes a varias intervenciones contribuyen a la simplificación para los beneficiarios finales y a la reducción de la carga administrativa.

a)

las definiciones y condiciones facilitadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4, así como los requisitos mínimos de las intervenciones en forma de pagos directos, según lo establecido en el artículo 18;

b)

una descripción del uso de la «asistencia técnica» a que se refieren los artículos 94 y 125, y una descripción de la red nacional de la PAC según lo dispuesto en el artículo 126;

c)

en relación con los objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartado 1, la definición de «zonas rurales» utilizada en el plan estratégico de la PAC tal y como sea establecida por los Estados miembros;

d)

otra información sobre la ejecución, en concreto:

a)

el tipo de intervenciones en que se basen;

b)

el ámbito de aplicación territorial;

c)

el diseño específico o los requisitos específicos de esa intervención que garantizan una contribución efectiva al objetivo u objetivos específicos establecidos en el artículo 6, apartados 1 y 2; en el caso de las intervenciones medioambientales y climáticas, la articulación con los requisitos de condicionalidad mostrará que las prácticas son complementarias y no se superponen;

d)

las condiciones de subvencionabilidad;

e)

los indicadores de resultados establecidos en el anexo I a los que la intervención debe contribuir de forma directa y significativa;

f)

en el caso de las intervenciones basadas en los tipos de intervenciones que figuran en el anexo II del presente Reglamento, de qué modo cumplen las disposiciones pertinentes del anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, tal como se especifica en el artículo 10 y el anexo II del presente Reglamento, y, en el caso de las intervenciones que no se basen en los tipos de intervenciones que figuran en el anexo II del presente Reglamento, si cumplen y, en tal caso, de qué manera, las disposiciones pertinentes del artículo 6, apartado 5, o las del anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC;

g)

un indicador de realización y las realizaciones anuales planificadas para la intervención a que se refiere el artículo 102, apartado 5;

h)

los importes unitarios uniformes o medios planificados anualmente a que se refiere el artículo 102, apartado 1 y, en su caso, los importes unitarios máximos o mínimos planificados a que se refiere el artículo 102, apartados 2 y 3;

i)

una explicación de la forma en que se fijaron los importes a que se refiere la letra h) del presente apartado;

j)

cuando proceda:

k)

la asignación financiera anual para la intervención, tal como se contempla en el artículo 101, apartado 1, o en el caso de los sectores mencionados en el artículo 42, letras a), d), e) y f), la asignación financiera anual para el sector pertinente, tal como se contempla en el artículo 101, apartado 2; incluido, cuando proceda, un desglose de los importes planificados para las subvenciones y los importes planificados para los instrumentos financieros;

l)

una indicación sobre si la intervención queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE y si estará sujeta a la evaluación de la ayuda estatal.

a)

las asignaciones de los Estados miembros para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, para los tipos de intervenciones en el sector vitivinícola según lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1, para los tipos de intervenciones en el sector apícola según lo dispuesto en el artículo 88, apartado 2, y para los tipos de intervenciones para el desarrollo rural según lo dispuesto en el artículo 89, apartado 3, especificando los importes anuales y globales reservados por los Estados miembros para cumplir con los requisitos sobre las asignaciones financieras mínimas establecidos en los artículos 92 a 98;

b)

las transferencias de los importes a que se refiere la letra a) entre tipos de intervenciones en forma de pagos directos y tipos de intervenciones para el desarrollo rural de acuerdo con el artículo 103, así como toda deducción de las asignaciones de los Estados miembros por tipos de intervenciones en forma de pagos directos para poner a disposición los importes por tipos de intervenciones en otros sectores contemplados en el título III, capítulo III, sección 7, de conformidad con el artículo 88, apartado 6;

c)

las asignaciones del Estado miembro para los tipos de intervenciones en el sector del lúpulo contempladas en el artículo 88, apartado 3, para los tipos de intervenciones en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa contempladas en el artículo 88, apartado 4, y, en caso de que no se ejecuten esos tipos de intervenciones, la decisión para la inclusión de las dotaciones correspondientes en la asignación del Estado miembro para pagos directos de conformidad con el artículo 88, apartado 5;

d)

cuando proceda, la transferencia de asignaciones de los Estados miembros con cargo al Feader para la ayuda en el marco de InvestEU de conformidad con el artículo 81 del presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2021/783 o el Reglamento (UE) 2021/817, de conformidad con el artículo 99 del presente Reglamento;

e)

cuando proceda, los importes planificados para las regiones ultraperiféricas.

a)

un desglose de las asignaciones del Estado miembro para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos tras las transferencias especificadas en el apartado 2, letras b) y c), sobre la base de asignaciones financieras indicativas por tipo de intervención y por intervención, especificando para cada intervención las realizaciones planificadas, los importes unitarios medios o uniformes planificados a que se refiere el artículo 102, apartado 1, y, cuando proceda, los importes unitarios máximos o mínimos planificados, o ambos, a que se hace referencia en el artículo 102, apartado 2. El desglose incluirá, en su caso, el importe de la reserva de derechos de pago.

Se especificará el producto total estimado de la reducción de pagos a que se refiere el artículo 17.

Teniendo en cuenta el uso del producto estimado de la reducción de los pagos a que se refieren el artículo 17 y el artículo 87, apartado 3, las asignaciones financieras indicativas, las realizaciones planificadas relacionadas y los correspondientes importes unitarios medios o uniformes planificados se establecerán antes de la reducción de los pagos;

b)

un desglose de las asignaciones para los tipos de intervenciones contempladas en el título III, capítulo III, por intervención y con indicación de las realizaciones planificadas o, en el caso de los sectores a que se refiere el artículo 42, letras a), d), e) y f), las asignaciones financieras indicativas por sector y con indicación de las realizaciones planificadas en forma del número de programas operativos por sector;

c)

un desglose de las asignaciones del Estado miembro para el desarrollo rural después de las transferencias hacia y desde los pagos directos especificados en la letra b), por tipo de intervención y por intervención, incluidos los totales del período del plan estratégico de la PAC, indicando también el porcentaje de contribución del Feader aplicable, desglosado por intervención y por tipo de región cuando corresponda. En caso de transferencia de fondos desde los pagos directos, se especificará(n) la(s) intervención(es) o parte de la intervención financiada mediante la transferencia. En dicho cuadro también se especificarán las realizaciones planificadas por intervención y los importes unitarios medios o uniformes planificados a que se refiere el artículo 102, apartado 1, así como, cuando sea pertinente, los importes unitarios máximos planificados a que se refiere el artículo 102, apartado 3. Cuando corresponda, se incluirá también en el cuadro un desglose de las subvenciones y los importes planificados para los instrumentos financieros; también se especificarán los importes de la asistencia técnica.

a)

la identificación de todos los órganos de gobierno a los que se hace referencia en el título II, capítulo II, del Reglamento (UE) 2021/2116, así como de la autoridad nacional de gestión y, cuando proceda, las autoridades regionales de gestión;

b)

la identificación y función de los organismos intermedios mencionados en el artículo 123, apartado 4, del presente Reglamento;

c)

información sobre los sistemas de control y las sanciones a que se refiere el título IV del Reglamento (UE) 2021/2116, incluidos: