Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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La disponibilidad de conectividad de gigabit es uno de los pilares esenciales de la transición digital y, por tanto, está en primer plano de la visión digital de la Unión para 2030, tal como se establece en la Comunicación sobre la Brújula Digital (1) y en la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

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Además de los otros tres objetivos generales de promover la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales, la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) tiene por objeto promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad (VHCN, por sus siglas en inglés) (4), así como su adopción, en beneficio de todas las personas y empresas de la Unión. Estas redes de muy alta capacidad incluyen redes fijas, móviles e inalámbricas. Los incentivos adecuados para la inversión en nuevas redes de muy alta capacidad, que fomentan el desarrollo de servicios innovadores, están llamados a reforzar la competitividad internacional de la Unión, al tiempo que aportarán beneficios a sus consumidores y empresas. Por lo tanto, es fundamental promover la inversión sostenible en el desarrollo de las redes de muy alta capacidad, mediante un marco regulador adecuadamente diseñado y predecible.

(3)

En los últimos años, muchos mercados de comunicaciones electrónicas han experimentado una fuerte competencia. Esto ha permitido reducir aún más el alcance de la intervención ex ante (5), como se refleja en la Recomendación (UE) 2020/2245 de la Comisión (6). La presente Recomendación complementa otras fuentes de orientación (7) sobre la Directiva (UE) 2018/1972 y tiene por objeto promover el mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Se pretende alcanzar este objetivo a través de enfoques normativos coherentes que favorezcan la inversión en redes de muy alta capacidad, manteniendo y garantizando al mismo tiempo una competencia efectiva. La coherencia entre los enfoques normativos adoptados por las autoridades nacionales de reglamentación (en lo sucesivo, ANR) de los distintos Estados miembros reviste una importancia fundamental tanto para evitar distorsiones en el mercado interior como para crear seguridad jurídica para todas las empresas, en particular las que invierten en el despliegue de la red. Procede, por tanto, proporcionar orientaciones a las ANR destinadas a: i) evitar cualquier divergencia inadecuada en los enfoques reguladores; ii) fomentar la regulación centrada en los cuellos de botella; y iii) atenuar o suprimir por completo las obligaciones reglamentarias cuando la evolución del mercado lo justifique. Estos tres objetivos deben alcanzarse a la vez que se permite que las ANR tengan debidamente en cuenta las circunstancias nacionales al diseñar las soluciones adecuadas en aquellas circunstancias en las que dicha regulación siga siendo necesaria.

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Para promover la inversión eficiente y la innovación en redes de muy alta capacidad, resulta esencial desarrollar una reglamentación previsible. Si se quiere infundir a los inversores la confianza necesaria para diseñar planes de negocio sostenibles, es primordial aplicar un marco regulador coherente y estable a lo largo del tiempo. Para aportar la previsibilidad necesaria durante un período prolongado, es decir, más allá de la vigencia de la revisión concreta de un mercado, las ANR deben aclarar en el mayor grado posible, al imponer soluciones al amparo de la Directiva (UE) 2018/1972, cómo podrían incidir en dichas soluciones las modificaciones previsibles de la situación del mercado.

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El objeto de la presente Recomendación, en consonancia con los objetivos generales establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972, es mejorar las condiciones reglamentarias necesarias para:

a) promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad, así como su adopción;

b) promover una competencia eficaz;

c) contribuir al desarrollo del mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

d) promover los intereses de las personas que viven en la Unión.

e) También se propone aumentar la seguridad jurídica y la previsibilidad de la reglamentación, habida cuenta de los horizontes a largo plazo de la inversión en redes de muy alta capacidad.

(6)

La presente Recomendación debe abarcar las obligaciones reglamentarias que se impondrán a los operadores designados como poseedores de peso significativo en el mercado (PSM) sobre la base de un procedimiento de análisis de mercado llevado a cabo con arreglo a los artículos 64 y 67 de la Directiva (UE) 2018/1972. Como consecuencia del desarrollo de la competencia en los mercados de las comunicaciones electrónicas, la regulación ex ante debería centrarse, en esta fase, únicamente en los cuellos de botella de la competencia que subsisten. Como se señala en la Recomendación (UE) 2020/2245, se consideran dos mercados que pueden ser objeto de regulación ex ante a escala de la Unión: el mercado de acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija (mercado 1) y el mercado de capacidad dedicada al por mayor (mercado 2). La presente Recomendación debe centrarse principalmente en el mercado de acceso local al por mayor facilitado en ubicación fija [mercado 1 de la Recomendación (UE) 2020/2245]. La presente Recomendación no debe aplicarse, en principio, al de capacidad dedicada al por mayor [mercado 2 de la Recomendación (UE) 2020/2245], teniendo en cuenta: i) las características específicas de los productos solicitados por empresas grandes o tecnológicamente avanzadas; y ii) la heterogeneidad y especificidad de los productos minoristas y mayoristas, y de los procesos asociados, en ese mercado. No obstante, las orientaciones facilitadas en la presente Recomendación sobre el acceso a las infraestructuras de obra civil deben ser aplicables con independencia de que dicho acceso se imponga en el contexto de: i) la regulación del acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija (mercado 1); ii) la regulación de cualquier otro mercado, incluido el mercado de capacidad dedicada al por mayor (mercado 2); o iii) la regulación un mercado ascendente separado para el acceso a las infraestructuras de obra civil cuando dicho mercado se haya reconocido y considerado susceptible de regulación ex ante. Además, las medidas adoptadas por las ANR, en particular con respecto a la migración a las redes de muy alta capacidad y a la desconexión de las redes heredadas, pueden tener un impacto en el mercado 2. Cuando exista tal impacto, las ANR deben tenerlo debidamente en cuenta. Por último, la presente Recomendación debe aplicarse también a otros mercados de acceso al por mayor fijos no contemplados en la Recomendación (UE) 2020/2245 con relación a los cuales, para poder regular ex ante, la ANR debe demostrar que se cumplen los tres criterios establecidos en el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2018/1972. Esta obligación podría ser de especial importancia para los mercados mayoristas que abarquen o limiten el acceso central facilitado en una ubicación fija [mercado 3, letra b), enumerado en la Recomendación 2014/710/UE de la Comisión (8)], cuando dichos mercados sigan estando regulados.

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La Directiva (UE) 2018/1972 se refiere a varias situaciones en las que las soluciones impulsadas por el mercado, la autorregulación o la corregulación inciden en la necesidad de llevar a cabo la intervención reguladora o en el diseño de las obligaciones reglamentarias. Cada situación prevista en la Directiva (UE) 2018/1972 es específica en cuanto a sus objetivos, la evaluación por parte de las ANR y el posible resultado normativo. Por ejemplo, en caso de compromisos de coinversión en nuevas redes de muy alta capacidad ofrecidos por el operador con PSM de conformidad con el artículo 76 y 79 de la Directiva (UE) 2018/1972 y conformes con estas disposiciones, en principio, las ANR no pueden imponer obligaciones (adicionales) con respecto a las nuevas redes de muy alta capacidad si un posible coinversor ha celebrado un acuerdo de coinversión con el operador con PSM. En el caso de los compromisos sobre acuerdos de cooperación ofrecidos por el operador con PSM de conformidad con el artículo 79 de la Directiva (UE) 2018/1972, en principio, las ANR deben realizar una prueba de mercado, lo que, en última instancia, puede llevar a las ANR a reducir la carga normativa que pesa sobre el operador con PSM.

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Cuando proceda, las ANR deberán tener en cuenta los acuerdos comerciales (incluidos los acuerdos sobre acceso al por mayor, los acuerdos de coinversión y los acuerdos de acceso recíproco entre operadores, sin excluir aquellos en los que el operador con PSM no participe) a la hora de evaluar la dinámica competitiva de un mercado al por mayor concreto. Estos acuerdos pueden llevar a la conclusión de que un determinado mercado al por mayor ya no justifica una regulación ex ante si se cumplen determinadas condiciones. Como principio general, las ANR deben tener debidamente en cuenta las iniciativas del mercado, como los acuerdos comerciales y los modelos de negocio, que contribuyen a un despliegue de las redes de muy alta capacidad mayor del que se obtendría si no existieran, al tiempo que fomentan una competencia sostenible en los mercados descendentes.

(9)

A medida que avanza el despliegue de redes alternativas, en particular a nivel local y regional, las condiciones de competencia variarán cada vez más entre las distintas zonas de un mismo Estado miembro (por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales). Las ANR deben tener en cuenta las diferencias geográficas en las condiciones de competencia incluso a nivel de las definiciones de mercado.

(10)

Cuando se hayan identificado mercados geográficos separados, las ANR deben velar por que se retire la reglamentación en los mercados geográficos que se considere que son realmente competitivos en ausencia de regulación. Sin embargo, si tales diferencias no son lo suficientemente estables o son insuficientes para determinar si hay mercados geográficos separados, las ANR deben aplicar soluciones geográficamente segmentadas en caso necesario para resolver, de manera proporcionada, los problemas de competencia detectados en los diversos ámbitos definidos. La segmentación debe basarse en criterios objetivos, de naturaleza similar a los utilizados para la segmentación del mercado geográfico. Dichos criterios objetivos deben incluir: i) el número y las características de las redes competidoras; ii) la distribución y la evolución de las cuotas de mercado; iii) los precios; y iv) los patrones de comportamiento. Es probable que los estudios geográficos realizados en virtud del artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/1972 sean pertinentes para ayudar a las ANR a llevar a cabo esta tarea.

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Las ANR deben actualizar la lista de zonas sujetas a soluciones segmentadas geográficamente sobre la base de los criterios establecidos detalladamente en la revisión del mercado. Los parámetros de esas actualizaciones (su periodicidad, la naturaleza de las diferentes soluciones aplicadas en los distintos ámbitos y, en su caso, un plazo de preaviso) deben elaborarse desde el principio. Esto ayudará a preservar el equilibrio entre la adaptación de las soluciones a circunstancias competitivas específicas y la previsibilidad y transparencia necesarias para todas las partes interesadas.

(12)

La obligación de no discriminación, establecida en el artículo 70 de la Directiva (UE) 2018/1972, es una de las soluciones clave que pueden imponerse a los operadores con PSM para promover la competencia efectiva en un mercado pertinente. Esa obligación también sirve de mecanismo de salvaguardia en aquellos casos en los que todavía existe un operador con PSM pero la competencia está evolucionando hasta un punto en el que la ANR aplica la flexibilidad de los precios.

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La experiencia de las ANR en la imposición de obligaciones de no discriminación con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y, actualmente, al artículo 70 de la Directiva (UE) 2018/1972, indica que los enfoques reguladores siguen variando a lo largo de la Unión. No obstante, existe un amplio consenso en cuanto a que la obligación de no discriminación es un instrumento esencial de la regulación ex ante para fomentar la competencia en presencia de un operador con PSM integrado verticalmente. Por otra parte, cuando el operador con PSM sea un operador exclusivamente mayorista que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 80, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972, en principio no tendría ningún incentivo para discriminar entre proveedores descendentes. En consecuencia, las ANR deben, en principio, abstenerse de imponer obligaciones de no discriminación a los operadores exclusivamente mayoristas, a menos que puedan establecer que existen circunstancias específicas que justifiquen la imposición de tales obligaciones.

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Las ventajas de la equivalencia de insumos (EdI) frente a la equivalencia de productos (EdP) pueden variar considerablemente de un producto de acceso al por mayor al siguiente. Cuando la ANR considere que la EdI no sería proporcionada para un producto o proceso determinado, puede en muchos casos ser suficiente y contribuir a un mayor desarrollo de la competencia un régimen de EdP bien diseñado, con un seguimiento apropiado y unos indicadores clave de rendimiento (ICR)/acuerdos de nivel de servicio (ANS)/garantías de nivel de servicio (GNS) adecuados. Tanto para la EdP como para la EdI, la eficacia de la obligación de no discriminación depende en gran medida de la calidad de la oferta de referencia, el grado en que los ICR, los ANS y las GNS sean exhaustivos, eficaces y reflejen las necesidades reales de los operadores alternativos, y la eficacia del seguimiento y la aplicación de las obligaciones de no discriminación por parte de la ANR.

(15)

Las ANR deben tener debidamente en cuenta los compromisos del operador u operadores con PSM ofrecidos de conformidad con el artículo 79 de la Directiva (UE) 2018/1972 con el fin de garantizar la aplicación efectiva y eficiente de la obligación de no discriminación. Las ANR deben evaluar los costes y beneficios de imponer el suministro de insumos al por mayor regulados sobre la base de la EdI, en comparación con otras formas de obligaciones de no discriminación, en particular la EdP. Aunque es probable que facilitar la EdI regulada genere costes de cumplimiento más elevados que otras formas de no discriminación, el análisis de costes y beneficios también debe ser tenido en cuenta en los costes de seguimiento a largo plazo de las ANR. Esos costes de seguimiento a largo plazo podrían ser más elevados para la EdP y, en algunos casos, superar los costes de ejecución a largo plazo. Por lo tanto, debe llevarse a cabo una evaluación caso por caso de la proporcionalidad de la EdI frente a la EdP. En la práctica, las ANR deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de determinar si es probable que la obligación de la EdI se aplique eficazmente, ya que depende de los productos mayoristas en cuestión. Entre esos factores figuran los siguientes: i) un análisis cuantitativo de costes y beneficios, incluidos los costes de ejecución tanto para el operador con PSM como para el solicitante de acceso; y ii) una estimación cualitativa de la necesidad de garantizar una no discriminación «más estricta» para los productos de acceso al por mayor en cuestión. En particular, las ANR podrían considerar más probable que el suministro de insumos al por mayor en los sistemas nuevos sobre la base de la EdI genere suficientes beneficios netos, y por lo tanto resulte proporcionado, dado que los costes de cumplimiento incrementales para garantizar que los sistemas de nueva creación se ajustan a la EdI son relativamente más bajos. Por otra parte, dichas ANR también deben valorar si las obligaciones son proporcionadas para las empresas afectadas, por ejemplo tomando en consideración los costes de ejecución, y sopesando los posibles desincentivos para el despliegue de sistemas nuevos, en contraposición a mejoras más incrementales, en caso de que el despliegue de los nuevos sistemas estuviera sujeto a obligaciones reglamentarias más restrictivas. En los Estados miembros con muchas pequeñas empresas designadas como poseedoras de PSM, la imposición de EdI a cada una de esas empresas puede ser desproporcionada. En general, se supone que un producto mayorista se obtiene a partir de diversos insumos (tales como activos, procesos informáticos, etc.). En la práctica, la frontera entre la EdI y la EdP a nivel de producto no estará claramente definida y es poco probable que la EdI se aplique a todos los insumos de los productos mayoristas.

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Al imponer una obligación de no discriminación en virtud del artículo 70 de la Directiva (UE) 2018/1972, y con el fin de garantizar su aplicación eficaz, las ANR deben exigir al operador con PSM que aplique: i) los ICR; ii) los ANS correspondientes, junto con los ICR; y iii) las GNS correspondientes, en caso de incumplimiento de los ANS. Debe establecerse un mecanismo para actualizar los ICR, los ANS y las GNS siempre que sea necesario. Cuando sea necesario, las ANR deben exigir al operador con PSM que incluya los ICR, los ANS y las GNS en la oferta de referencia.

(17)

Los ICR desempeñan un papel clave a la hora de garantizar un seguimiento eficaz de la no discriminación. El proceso de seguimiento de los ICR debe ser totalmente transparente. Las ANR deben hacer públicos todos los informes o decisiones para subsanar el incumplimiento. De hecho, casi todas las ANR exigen que los ICR estén a disposición de todos los operadores autorizados (de forma sistemática o previa solicitud). También pueden ponerse a disposición valores agregados y los operadores pueden comparar los ICR con el promedio del sector (10). Además, las sanciones relacionadas con los ICR deben ser proporcionadas, pero también lo suficientemente altas como para ser disuasorias. Al evaluar si el nivel de las sanciones al por mayor es suficientemente disuasorio, la ANR debe tener en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones al por mayor por parte del operador con PSM puede tener el efecto colateral de que el operador alternativo que utiliza el producto de acceso al por mayor esté sujeto a indemnizaciones impuestas por la propia ANR por problemas a nivel minorista. Por lo tanto, la sanción al por mayor debe ser lo suficientemente alta como para cubrir la indemnización minorista.

(18)

El acceso efectivo a las infraestructuras de obra civil es de vital importancia para el despliegue de las redes de muy alta capacidad. Además de la regulación simétrica o asimétrica impuesta en virtud de la Directiva (UE) 2018/1972, los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas pueden exigir el acceso, en condiciones justas y razonables, a las infraestructuras físicas existentes de los operadores de redes, incluidos los que operan en sectores distintos del sector de las comunicaciones electrónicas, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). En virtud del artículo 67, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972, al llevar a cabo los análisis de mercados, las ANR deben tener en cuenta el impacto de otros tipos de regulación o medidas impuestas pertinentes, así como de otras obligaciones derivadas, por ejemplo, de la Directiva 2014/61/UE, y las ANR deben evaluar los resultados de estas medidas en los mercados pertinentes. Sin embargo, cuando el operador con PSM controla unas infraestructuras de obra civil bien desarrolladas que pueden reutilizarse para el despliegue de redes de muy alta capacidad y para la que no existe una alternativa equivalente, las obligaciones derivadas de la Directiva 2014/61/UE no bastarían, por lo general, para abordar adecuadamente los problemas de competencia detectados en el análisis del mercado.

(19)

Siempre que un activo esté sujeto a una obligación de acceso como consecuencia de una regulación del PSM en virtud de la Directiva (UE) 2018/1972, eso debe prevalecer sobre cualquier obligación de acceso derivada de la Directiva 2014/61/UE. La Directiva (UE) 2018/1972 permite una regulación más estricta y detallada del acceso, que prevalece sobre las obligaciones de acceso basadas en otra legislación más general. Eso significa que la obligación reglamentaria de acceso relativa a las infraestructuras de obra civil de un operador con PSM prevalece sobre los requisitos de acceso derivados de la Directiva 2014/61/UE.

(20)

De conformidad con el artículo 73, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972, antes de imponer cualquier obligación de acceso a las redes, las ANR deben evaluar si la imposición de acceso a infraestructuras de obra civil por sí sola es proporcionada para promover la competencia y los intereses de los usuarios finales. Es probable que este sea el caso cuando el acceso a las infraestructuras de obra civil controlada por el operador con PSM permita el desarrollo de una competencia basada en las infraestructuras de extremo a extremo. Además, en determinadas condiciones de mercado (12), las ANR pueden decidirse por un mercado separado para las infraestructuras de obra civil.

(21)

En algunos Estados miembros, el acceso regulado a los conductos ha desempeñado un papel clave en el despliegue de redes de muy alta capacidad. Dado que el despliegue de las redes de muy alta capacidad se produce primeramente en las zonas urbanas y avanza gradualmente hacia zonas más rurales, el acceso regulado a los postes hará más necesario el despliegue de redes de muy alta capacidad, especialmente fuera de las zonas urbanas. Además, el artículo 72 de la Directiva (UE) 2018/1972 permite un amplio acceso a las infraestructuras de obra civil, que va más allá de los activos que corresponden estrictamente al mercado descendente de productos.

(22)

Para crear unas condiciones de competencia equitativas entre otros participantes en el mercado y el operador con PSM, es importante que el acceso a las infraestructuras de obra civil del operador con PSM se facilite sobre una base estrictamente equivalente. Las ofertas de referencia, los ICR, ANS, y GNS constituyen herramientas esenciales para garantizar una aplicación adecuada del principio de equivalencia. A la inversa, es importante que cualquier conocimiento asimétrico sobre los planes de despliegue de terceros solicitantes de acceso que obre en poder del operador con PSM no sea utilizado por este para adquirir algún tipo de ventaja comercial.

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Para contribuir a la consecución de los objetivos de conectividad establecidos en la Decisión (UE) 2022/2481, las condiciones de acceso a las infraestructuras de obra civil del operador con PSM deben permitir a todos los solicitantes de acceso que desplieguen redes de muy alta capacidad hacerlo a gran escala en todo el territorio. Por esta razón, las ANR deben garantizar que el operador con PSM facilite formularios preestablecidos de solicitud de acceso a sus infraestructuras de obra civil. El operador con PSM también debe facilitar documentos e información en un formato normalizado y utilizar herramientas automatizadas para tramitar las solicitudes de acceso. Del mismo modo, las ANR deben garantizar que el operador con PSM: i) apruebe las solicitudes de acceso a múltiples ubicaciones simultáneamente; ii) responda a dichas solicitudes con poca antelación; y iii) permita el pleno intercambio de los datos necesarios con los solicitantes de acceso a través de medios electrónicos.

(24)

La eficacia del acceso regulado a las infraestructuras de obra civil del operador con PSM depende en gran medida de la disponibilidad, para los solicitantes de acceso, de información sobre la ubicación, la capacidad excedentaria y la disponibilidad de dichas infraestructuras. Cuando la información pertinente figure en una base de datos interna del operador con PSM, todos los solicitantes de acceso, incluida la división minorista del operador con PSM, deben disponer de un mismo acceso a dicha base de datos. No debe denegarse el acceso de operadores alternativos a la base de datos del operador con PSM por motivos de confidencialidad de la información. Dependiendo de las circunstancias nacionales, el operador con PSM podría estar obligado a cumplir su obligación reglamentaria de facilitar información sobre sus infraestructuras de obra civil a través de un punto de información único, tal como establece la Directiva 2014/61/UE. De este modo, el operador con PSM podría reducir sus costes de cumplimiento, ya que podría no tener que mantener una base de datos o un portal web separados a efectos reglamentarios. Los solicitantes de acceso que pagan por acceder a la base de datos o al portal web del operador con PSM también podrían reducir sus costes, ya que el acceso al punto de información único es gratuito como norma general. Los solicitantes de acceso también podrían mejorar la eficiencia, ya que el punto de información único contendría información no solo sobre las infraestructuras de obra civil del operador con PSM, sino también sobre las infraestructuras físicas existentes de otros operadores de redes y organismos del sector público.

(25)

Las ANR que consideren la posibilidad de imponer obligaciones de control de precios con respecto a las redes de muy alta capacidad deben evaluar cuidadosamente la idoneidad y proporcionalidad de dichas obligaciones, teniendo en cuenta, en particular, su posible impacto en los incentivos para invertir en redes de muy alta capacidad y la necesidad de proteger la competencia. Al llevar a cabo esa evaluación, las ANR deben tener en cuenta las iniciativas de mercado, en particular los compromisos vinculantes propuestos por los operadores con PSM en virtud del artículo 79 de la Directiva (UE) 2018/1972, que permiten a las partes diversificar el riesgo de inversión al tiempo que fomentan una competencia sostenible en los mercados descendentes. A la hora de evaluar si resulta adecuado no imponer la regulación de precios a los insumos de acceso al por mayor de las redes de muy alta capacidad, debe tenerse debidamente en cuenta la aplicación de la separación funcional o voluntaria, de conformidad con el artículo 78 de la Directiva (UE) 2018/1972.

(26)

Cuando existan dudas sobre la tasa de materialización de la demanda para la prestación de servicios de muy alta capacidad, es importante, a fin de promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad, así como su adopción, permitir a los operadores que invierten en redes de muy alta capacidad cierto grado de flexibilidad de precios cuando existan suficientes salvaguardias de competencia, como se menciona en el considerando 193 de la Directiva (UE) 2018/1972. Esta flexibilidad en la fijación de precios es necesaria para que los operadores con PSM puedan analizar los puntos de precios y aplicar unos precios de penetración adecuados. De esta manera, los operadores con PSM y los solicitantes de acceso podrán compartir parte del riesgo de la inversión diferenciando los precios del acceso al por mayor según el nivel de compromiso elegido por los solicitantes de acceso. Ello podría dar lugar a precios más bajos en los acuerdos a largo plazo con garantías de volumen, lo que podría reflejar el hecho de que los solicitantes de acceso están asumiendo algunos de los riesgos asociados a la incertidumbre de la demanda. Por otra parte, la flexibilidad de los precios al por mayor puede ser una buena manera de permitir que tanto el solicitante de acceso como la división minorista del operador con PSM introduzcan diferenciación de precios en el mercado minorista de banda ancha para responder mejor a las preferencias de los consumidores y mejorar la penetración de los servicios de banda ancha de muy alta velocidad. Dado que la competencia, y en particular la competencia en infraestructuras, ha progresado significativamente en muchos mercados y zonas de toda la Unión desde la adopción de la Recomendación de la Comisión 2013/466/UE (13), podría haber margen, dependiendo de las circunstancias, para aplicar la flexibilidad de precios a una escala significativamente mayor que hasta ahora.

(27)

Con respecto a las redes de muy alta capacidad, las ANR deben considerar la posibilidad de no imponer o eliminar las obligaciones de control de precios con arreglo al artículo 74 de la Directiva (UE) 2018/1972, siempre que se den unas condiciones específicas y, en particular, existan suficientes salvaguardias en materia de competencia. Estas salvaguardias en materia de competencia son necesarias para evitar que dicha flexibilidad de precios dé lugar, bien a precios excesivos en mercados en los que se haya identificado un PSM, bien a prácticas que socaven la competencia, bien a ambas cosas.

(28)

En particular, debe existir una presión demostrable sobre los precios minoristas resultante de la competencia en infraestructuras, de un anclaje de los precios derivado de otros productos de acceso regulados, o de ambos. Si un operador siguiera teniendo PSM, tal presión demostrable sobre los precios minoristas no sería lo suficientemente fuerte como para justificar la conclusión de que el mercado al por mayor de referencia es realmente competitivo. Sin embargo, esa presión en materia de precios minoristas debe impedir que el operador que tenga PSM a nivel mayorista fije unos precios minoristas excesivos. Además, la flexibilidad de precios debe ir acompañada de salvaguardias adicionales para proteger la competencia. A tal fin, las obligaciones efectivas de no discriminación deben complementarse con la garantía de replicabilidad económica de los productos del mercado descendente.

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Además, una presión demostrable sobre los precios al por menor también puede resultar de un anclaje de precios derivado de otros productos de acceso regulados que están sujetos a una orientación en función de costes. Cuando los productos basados en cobre (incluidos los productos de acceso local virtual desagregado suministrados a través de una red de cobre mejorada) sigan siendo capaces de ejercer una presión demostrable en los precios minoristas sobre las redes de muy alta capacidad con carácter prospectivo, dichos productos deben definirse como el anclaje regulado. Cuando el producto ofrecido por el operador con PSM en la red de acceso heredada ya no pueda ejercer una presión demostrable sobre los precios minoristas del producto mayorista de muy alta capacidad (por ejemplo, en caso de una desconexión de la red de cobre, o cuando la ANR considere que los productos minoristas suministrados a través de redes de cobre no son sustituibles por los suministrados a través de redes de muy alta capacidad), este podría sustituirse por un producto basado en redes de muy alta capacidad, como un producto de fibra básico. Cuando la ANR llegue a la conclusión de que la definición de un producto basado en cobre o de un producto de fibra básico podría ser insuficiente para ejercer una presión efectiva sobre los precios del PSM, la ANR debe tener la posibilidad de definir un anclaje efectivo. Dicho anclaje podría ser, atendiendo al criterio de la ARN, una combinación de anclajes (cobre y redes de muy alta capacidad) o una cartera de productos regulados que sea suficientemente representativa de la demanda de los consumidores y de la arquitectura de la red. El rendimiento técnico de dicho producto regulado debe limitarse a lo necesario para ejercer una presión demostrable sobre los precios minoristas. Por lo tanto, la ANR debe identificar las características técnicas del producto o productos de anclaje virtual o activo con el fin de garantizar que se mantenga la flexibilidad de precios para otros productos basados en redes de muy alta capacidad que ofrezcan niveles de rendimiento más elevados.

(30)

Para determinar si los solicitantes de acceso pueden replicar económicamente una oferta descendente del operador con PSM utilizando los insumos al por mayor regulados disponibles, cuando no se imponga la regulación de los precios al por mayor, la ANR debe llevar a cabo un análisis de replicabilidad económica. Este análisis no afecta a los análisis ex post sobre estrechamiento de márgenes realizados en virtud de la legislación sobre competencia, ya sea por la Comisión, ya por las autoridades nacionales competentes, o por ambas.

(31)

Además, cuando sea necesario, las ANR podrán aplicar igualmente un análisis de estrechamiento de márgenes ex ante a los insumos al por mayor regulados, en particular: i) en el contexto de precios a largo plazo y descuentos por volumen; o ii) para garantizar una separación económica suficiente entre los diferentes insumos al por mayor regulados. Las ANR deben especificar de antemano la metodología que seguirán para llevar a cabo dichos análisis. Las orientaciones facilitadas en la presente Recomendación sobre el análisis de replicabilidad económica no deben aplicarse a estos casos.

(32)

El objetivo del análisis de replicabilidad económica es garantizar, en combinación con otras salvaguardias de la competencia, que los operadores con PSM no abusen de la flexibilidad de precios para excluir del mercado a los competidores reales y potenciales.

(33)

Las ANR deben garantizar que el margen entre el precio minorista ofrecido por el operador con PSM y el precio del insumo al por mayor de redes de muy alta capacidad cubre los costes descendentes incrementales y un porcentaje razonable de los costes comunes. Cuando no se imponga la regulación de los precios de insumos al por mayor de redes de muy alta capacidad al operador con PSM y se apliquen salvaguardias adicionales de conformidad con la presente Recomendación, la falta de replicabilidad económica se puede probar demostrando que la propia división minorista descendente del operador con PSM no podría obtener beneficios sobre la base del precio en el mercado ascendente cobrado a sus competidores por la división operativa ascendente del operador con PSM (análisis OIE, o del «operador igual de eficiente»). El uso del criterio OIE permite a las ANR respaldar las inversiones de los operadores con PSM en redes de muy alta capacidad y supone un incentivo a la innovación en los servicios basados en redes de muy alta capacidad.

(34)

La posibilidad de aplicar un ajuste de escala al análisis de replicabilidad económica debe utilizarse cuando esté justificado por circunstancias específicas del mercado. Este podría ser especialmente el caso cuando la entrada en el mercado o la expansión se hayan frustrado en el pasado o cuando existan desequilibrios muy significativos en términos de economías de escala y de alcance entre el operador con PSM y sus competidores. En tales casos, las ANR deben determinar cuidadosamente el factor de escala a fin de garantizar que la entrada competitiva eficiente y la replicabilidad económica sean una perspectiva realista.

(35)

Tras un análisis de mercado, la ANR debe establecer y publicar por adelantado, en su decisión por la que establece soluciones, el procedimiento y los parámetros que vaya a aplicar para llevar a cabo el análisis de replicabilidad económica ex ante. La ANR puede efectuar el análisis antes del lanzamiento de una nueva oferta minorista por el operador con PSM, por ejemplo si la ANR considera apropiado armonizar el calendario del análisis de replicabilidad económica y del análisis de replicabilidad técnica en caso de que también se realice antes del lanzamiento. No es necesario que la ANR lleve a cabo el análisis para todas y cada una de las nuevas ofertas minoristas, sino solo para los productos emblemáticos que determine. Una ANR podrá llevar a cabo el análisis: i) por propia iniciativa, por ejemplo, en las fases iniciales de aplicación de una medida que permita la flexibilidad de precios de las redes de muy alta capacidad (en particular, cuando en el pasado se impusieron precios de acceso al por mayor regulados); o ii) para responder a los cambios en la estructura del mercado, por ejemplo como consecuencia de avances tecnológicos.

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El análisis de replicabilidad económica puede aplicarse: i) a productos individuales, que pueden ser, bien ofertas agrupadas (que también pueden incluir productos no regulados), bien ofertas únicas (por ejemplo, una oferta de solo internet); o ii) a una cartera de productos, que es un conjunto de productos individuales. Centrarse en la cartera de productos ofrece al operador con PSM más flexibilidad a la hora de fijar los precios de los productos individuales y puede reflejar mejor las realidades del mercado, por ejemplo en los Estados miembros con mercados de redes de muy alta capacidad disputables y en los que la competencia en los segmentos pertinentes del mercado de productos afecta principalmente a un conjunto específico de productos minoristas en cada segmento. Sin embargo, en los Estados miembros con mercados de redes de muy alta capacidad menos disputables y que se caractericen por un alto grado de concentración o un alto grado de poder de mercado del operador con PSM, o ambas cosas, el enfoque de la cartera puede no ser adecuado. En cualquier caso, las ANR deben discutir con los operadores afectados el alcance y la naturaleza de un análisis de replicabilidad económica ex ante y, sobre la base de las circunstancias nacionales, decidir si los operadores deben considerar la posibilidad de realizar el análisis antes del lanzamiento efectivo del producto o productos minoristas.

(37)

El análisis de replicabilidad económica propuesto previamente por la ANR debe estar suficientemente detallado e incluir como mínimo un conjunto de parámetros pertinentes a fin de garantizar la previsibilidad y transparencia necesarias para los operadores. Las ANR deben aplicar un modelo de costes incrementales a largo plazo más costes comunes (LRIC+), teniendo en cuenta al mismo tiempo los costes auditados del operador con PSM en el mercado descendente. Las ANR deben asimismo evaluar el margen sobre los productos minoristas más relevantes, incluidos los servicios de banda ancha (productos emblemáticos), en comparación con el insumo de acceso a redes de muy alta capacidad regulado más utilizado o identificado. Esto deben hacerlo, con arreglo a un enfoque orientado al futuro, como el enfoque más adecuado para suministrar los productos minoristas durante el período de revisión del mercado en cuestión. El diseño del análisis, aplicando los costes auditados del operador con PSM en el mercado descendente y solo para los productos emblemáticos, debe tener por objetivo garantizar que las inversiones en redes de muy alta capacidad y el efecto de la flexibilidad tarifaria recomendada no se vean obstaculizados por esta salvaguardia. Con el fin de evitar subvenciones cruzadas entre diferentes productos de un paquete o cartera, las ANR no solo pueden llevar a cabo un análisis de un solo nivel, a saber, entre los servicios minoristas y el insumo de acceso de muy alta capacidad más pertinente para los solicitantes de acceso (por ejemplo, acceso de fibra en el cuadro o desagregación virtual), sino que deben también tener la posibilidad de someter cada insumo al por mayor pertinente a un análisis de replicabilidad económica; en consecuencia, podría haber varios análisis de nivel único entre un producto minorista y diferentes insumos al por mayor pertinentes. Sin embargo, un nuevo insumo de acceso a redes de muy alta capacidad puede volverse más pertinente con el tiempo (por ejemplo, desagregación de la fibra en el repartidor óptico). En ese caso, el análisis de replicabilidad económica debe realizarse con referencia al nuevo insumo en lugar de con referencia al insumo inicialmente más utilizado. En caso de que las circunstancias competitivas nacionales presenten una diferencia entre zonas geográficas en cuanto al insumo de acceso a redes de muy alta capacidad utilizado (por ejemplo, entre zonas rurales y zonas densamente pobladas), las ANR deben modificar el análisis basándose en los insumos específicos considerados más pertinentes. En ese caso, el análisis de replicabilidad económica debe tratar de garantizar que los precios de los servicios minoristas emblemáticos dejen a los competidores un margen económico suficiente en relación con el precio o los precios de los principales productos de acceso al por mayor con PSM que podrían utilizarse para producirlos en cada zona geográficamente diferenciada.

(38)

Es posible que las ANR no puedan encontrar las salvaguardias en materia de competencia mencionadas en el considerando 27 de la presente Recomendación en todo el mercado definido. Si la ANR no puede concluir que las diferentes condiciones de competencia son estables a lo largo del tiempo, y tampoco puede concluir que estas sean tales que puedan justificar la decisión de que se trata de mercados subnacionales, las ANR deben estudiar, no obstante, la posibilidad de responder a esa disparidad de condiciones de competencia aplicando soluciones diferenciadas. Estas soluciones diferenciadas podrían incluir la supresión de la regulación de los precios al por mayor solo en aquellas zonas en las que se aplican las salvaguardias necesarias en materia de competencia. Cuando una ANR considere que las condiciones competitivas y reguladoras son tales que el operador con PSM está sujeto a suficientes presiones a la hora de fijar sus precios, podrá abstenerse de imponer la regulación de precios en relación con los productos mayoristas basados en redes de muy alta capacidad.

(39)

Cuando no se cumplan las condiciones para la flexibilidad de precios y cuando esté justificada la imposición de precios de acceso al por mayor regulados, las ANR deben garantizar, a través de precios regulados predecibles y estables, que la metodología de cálculo de costes proporcione un claro incentivo para la inversión.

(40)

La recuperación de costes es un principio clave, que garantiza que los operadores puedan recuperar los costes en los que incurran de manera eficiente y recibir un rendimiento adecuado del capital invertido.

(41)

Una metodología de cálculo de costes que proporcione la señal adecuada de «construir o comprar» logra un equilibrio adecuado entre la eficiencia estática y la eficiencia dinámica. La eficiencia estática significa garantizar una entrada eficiente. La eficiencia dinámica significa garantizar incentivos suficientes para invertir y, en particular, desplegar redes de muy alta capacidad y, por lo tanto, garantizar suficientes incentivos para prestar servicios de banda ancha nuevos, más rápidos y de mejor calidad.

(42)

La metodología de cálculo de costes recomendada debe garantizar la transparencia y la coherencia en toda la Unión, al tiempo que refleja las circunstancias nacionales específicas. A este respecto, las ANR han seguido en gran medida las orientaciones sobre la metodología de cálculo de costes facilitadas en la Recomendación 2013/466/UE, y los principios fundamentales de esa metodología siguen siendo pertinentes, incluida la posibilidad de tener debidamente en cuenta las condiciones económicas específicas imperantes y previsibles. Por lo tanto, las orientaciones deben ajustarse, en particular para reflejar el cambio progresivo hacia las redes de muy alta capacidad.

(43)

La metodología ascendente de costes incrementales a largo plazo más costes comunes (BU LRIC +) cumple mejor ese objetivo a la hora de establecer los precios de los servicios de acceso mayorista en los mercados en cuestión. Esa metodología modeliza los costes incrementales de capital (incluidos los irrecuperables) y de funcionamiento soportados por un operador hipotéticamente eficiente en la prestación de todos los servicios de acceso y añade un margen para la recuperación estricta de los costes comunes. Por lo tanto, la metodología BU LRIC+ permite recuperar todos los costes contraídos de manera eficiente.

(44)

La metodología BU LRIC+ calcula con carácter prospectivo (concretamente, basándose en las tecnologías más modernas, la demanda prevista, etc.) los costes que contraería actualmente un operador de redes eficiente para construir una red moderna de muy alta capacidad capaz de prestar todos los servicios requeridos. Por lo tanto, la metodología BU LRIC + proporciona señales eficientes y fiables para la entrada.

(45)

Cuando el cable, la fibra [fibra hasta el hogar («FTTH») o fibra hasta el edificio («FTTB»)] y, en menor medida, las redes inalámbricas compiten con las redes de cobre, los operadores con PSM suelen reaccionar sustituyendo progresivamente su cobre por redes de muy alta capacidad. Por lo tanto, dado que en la actualidad ningún operador crearía una red de cobre, la metodología BU LRIC+ calcula los costes corrientes del despliegue de una red de muy alta capacidad eficiente y moderna.

(46)

Una red de muy alta capacidad eficiente de este tipo sería capaz de alcanzar los objetivos establecidos en la Decisión (UE) 2022/2481. En la práctica, una red de muy alta capacidad moderna y eficiente sería, por lo general, una red FTTH.

(47)

La valoración de los activos de esta red de muy alta capacidad a costes corrientes es la que refleja mejor el proceso competitivo subyacente, y en particular la replicabilidad de esos activos.

(48)

A diferencia de lo que sucede con activos como los equipos técnicos y el medio de transmisión (por ejemplo, la fibra), es improbable que puedan replicarse los activos de obra civil (a saber, conductos, zanjas y postes). No se espera que el cambio tecnológico y los niveles de competencia y de demanda minorista permitan a operadores alternativos desplegar unas infraestructuras de obra civil paralelas, al menos tales que permitan reutilizar los activos de infraestructuras de obra civil heredados para desplegar una red de muy alta capacidad.

(49)

La base reguladora de activos (RAB, por sus siglas en inglés) correspondiente a los activos de obra civil no debe valorarse al coste de reposición, sino al coste registrado en las cuentas reglamentarias auditadas del operador con PSM, una vez deducidas las amortizaciones. Los costes considerados deben estar bien documentados y estar claramente relacionados con el gasto en activos de obra civil. Se tendría así en cuenta la vida útil transcurrida de los activos y, por tanto, los costes ya recuperados por el operador con PSM regulado. Este enfoque envía señales eficientes de entrada en el mercado para las decisiones de construcción o compra, evitando al mismo tiempo el riesgo de recuperación excesiva, especialmente en el caso de las infraestructuras de obra civil heredadas reutilizables. No estaría justificada una recuperación excesiva de costes para garantizar una entrada eficiente y preservar los incentivos a la inversión, pues la opción de construcción no sería económicamente viable en esta categoría de activos.

(50)

Para calcular tales costes amortizados, debe aplicarse el método de indexación. Este método es preferible debido a su viabilidad, solidez y transparencia. Se basaría en: i) datos históricos sobre el gasto, la amortización acumulada y la enajenación de activos, disponibles a través de la contabilidad y los informes financieros exigidos por la ley o los reglamentos al operador con PSM regulado; y ii) un índice de precios, como el índice de precios al consumo (IPR), que está públicamente disponible.

(51)

Por lo tanto, la RAB correspondiente a los activos de obra civil se debe fijar según el valor de la contabilidad reglamentaria, después de deducir la amortización acumulada en el momento del cálculo, indexado según un índice de precios apropiado, como el IPC. En el caso de los nuevos activos de obra civil, tanto la depreciación neta como el IPC serán nulos o cercanos a cero porque habrá transcurrido poco tiempo, o ninguno, desde su despliegue.

(52)

La RAB inicial debe bloquearse y desplegarse de un período regulatorio al siguiente para garantizar que, una vez amortizado completamente un activo de obra civil, ese activo deje de formar parte de la RAB inicial y, por lo tanto, de representar un coste para el solicitante de acceso, como tampoco lo representa ya para el operador con PSM. Este planteamiento garantizaría, además, una remuneración suficiente para el operador con PSM, y simultáneamente proporciona seguridad normativa a lo largo del tiempo tanto al operador con PSM como a los solicitantes de acceso.

(53)

Podría utilizarse un enfoque alternativo en situaciones en las que la ANR haya constatado que el método de indexación sería inadecuado, en particular cuando los registros históricos del operador con PSM no sean fiables. En tales casos, la RAB correspondiente a los activos de obra civil heredados reutilizables puede valorarse sobre la base de los costes corrientes ajustados en concepto de amortización a lo largo de la vida útil de los activos. La ANR debe velar por que el método de valoración de activos utilizado sea tal que no se reproduzcan, en general, los activos de infraestructuras de obra civil.

(54)

La fijación de precios de acceso a infraestructuras de obra civil de nueva construcción del operador con PSM para el despliegue de redes de muy alta capacidad por parte de operadores alternativos podría repercutir en los incentivos del operador con PSM para construir nuevas infraestructuras de obra civil con capacidad suficiente para albergar redes alternativas. Cuando las nuevas infraestructuras de obra civil del operador con PSM se hayan desplegado dentro del ámbito geográfico del mercado o en las zonas claramente delimitadas dentro del ámbito geográfico del mercado, y cuando coexista con las infraestructuras de obra civil heredadas, las ANR deben fijar precios individuales para el acceso a los activos de infraestructuras de obra civil de nueva construcción, aplicables en la zona de que se trate. En principio, las infraestructuras de obra civil simplemente reparadas, renovadas o mantenidas no deben considerarse de nueva construcción. El precio del acceso a las infraestructuras de obra civil de nueva construcción debe reflejar las condiciones actuales del mercado y basarse en la totalidad de los costes reales soportados por el operador con PSM, siempre que se garantice una estricta no discriminación en los términos y condiciones de acceso a dichas infraestructuras. Este enfoque proporcionaría los incentivos adecuados para invertir en nuevas infraestructuras de obra civil. Además, dependiendo de las circunstancias del mercado, la construcción de nuevas infraestructuras importantes de obra civil puede representar para el operador con PSM un perfil de inversión de riesgo superior al perfil de riesgo asociado a la reutilización de las infraestructuras de obra civil heredadas. Ese perfil de riesgo implicaría riesgos en términos de costes contraídos y de ingresos previstos. Las ANR deben evaluar cuidadosamente las circunstancias pertinentes del mercado y, cuando proceda, recompensar el perfil de inversión de riesgo mayor y cuantificable mediante una prima de riesgo (más elevada).

(55)

El número de líneas de cobre activas está disminuyendo, pues los clientes van migrando al cable, la fibra o las redes móviles. La modelización de una red de muy alta capacidad única y eficiente para los productos de acceso al cobre y los productos de acceso a las redes de muy alta capacidad neutralizaría el efecto de volumen inflacionario que se produce cuando al modelizar una red de cobre los costes de red fijos deben repartirse entre un número decreciente de líneas de cobre activas. Es posible transferir progresivamente el tráfico del cobre a las redes de muy alta capacidad mediante su despliegue y el cambio a estas. Solo el tráfico que se desplaza a otras infraestructuras (por ejemplo, cable, telefonía móvil) daría lugar a un aumento de los costes unitarios.

(56)

A la luz tanto del principio de neutralidad tecnológica como de las diferentes circunstancias nacionales, las ANR necesitan suficiente flexibilidad para modelizar este tipo de red de muy alta capacidad eficiente. Por ello, la red de muy alta capacidad podría basarse en cualquiera de las diferentes tecnologías de acceso y topologías de red disponibles para que los operadores desplieguen una red de muy alta capacidad.

(57)

Una red FTTH o FTTB podría considerarse la forma típica de una red de muy alta capacidad moderna y eficiente. Según este enfoque, el coste calculado para la red de muy alta capacidad debe ajustarse para reflejar las diferentes características de una red de cobre cuando sea necesario para determinar el precio de acceso al por mayor a la red de cobre. A tal fin, las ANR deben estimar la diferencia de costes entre un producto de acceso basado en una red de muy alta capacidad y un producto de acceso basado en cobre, realizando los ajustes pertinentes de configuración de la red en el modelo de red de muy alta capacidad.

(58)

Si la topología de la red de muy alta capacidad que se va a modelizar es diferente de la correspondiente a la red de cobre hasta el punto de que no sea viable el ajuste en el modelo de configuración de la red de muy alta capacidad, las ANR podrían obtener el coste del cobre modelizando una red superpuesta en la que dos redes paralelas (cobre y fibra) compartan en cierta medida la misma red para las infraestructuras de obra civil. Según este enfoque, el efecto de volumen inflacionario se neutralizaría para los activos de obra civil, ya que las redes de cobre y fibra modelizadas compartirían el uso de esos activos y, por lo tanto, se mantendrían estables los costes unitarios de tales activos. Sin embargo, excepto en el caso de los activos de obra civil, la modelización de dos redes paralelas (cobre y fibra) podría seguir dando lugar a un efecto de volumen inflacionario para los activos de cobre debido a la disminución del tráfico en la red de cobre.

(59)

Los descuentos por volumen y los acuerdos tarifarios de acceso a largo plazo pueden constituir herramientas importantes para favorecer la inversión en redes de muy alta capacidad, en particular cuando su adopción por los consumidores aún es reducida. Las ANR pueden aceptar descuentos por volumen y acuerdos tarifarios de acceso a largo plazo por parte de los operadores con PSM en sus propias empresas descendentes si dichos descuentos o acuerdos no excluyen la entrada en el mercado de competidores eficientes (incluida la competencia en infraestructuras) y no socavan la posición de mercado existente de competidores eficientes. Esto es lo que sucede cuando los descuentos por volumen y los acuerdos tarifarios de acceso a largo plazo ofrecidos por un operador con PSM a su división minorista no superan el descuento, o cuando los acuerdos no son mejores que los ofrecidos de buena fe a terceros solicitantes de acceso.

(60)

El coste medio ponderado del capital («CMPC») empleado debe reflejar la situación actual del mercado. Si el CMPC aplicable no tiene suficientemente en cuenta las condiciones económicas del momento, podría ser pertinente actualizar el CMPC aplicable, garantizando así el uso de parámetros macroeconómicos pertinentes para el CMPC aplicable.

(61)

El rendimiento del capital permitido ex ante para la inversión en redes de muy alta capacidad debería conseguir un equilibrio entre la aportación de incentivos suficientes para que los operadores inviertan (lo que implica una tasa de rentabilidad suficientemente elevada) y el fomento de la eficiencia en la asignación de recursos, la competencia sostenible y un máximo de beneficios para el consumidor (lo que implica una tasa de rentabilidad que no sea excesiva).

(62)

Si existen obligaciones de control de precios con respecto a los productos de acceso mayorista a redes de muy alta capacidad en un mercado específico, la rentabilidad regulada permitida debe reflejar adecuadamente tanto el coste del despliegue de la red como el riesgo asumido por el operador con PSM en el momento de la inversión. Si el riesgo adicional y cuantificable de invertir en nuevas redes de muy alta capacidad no se refleja adecuadamente, el inversor frenará las inversiones en detrimento de los usuarios finales y de la conectividad general de la sociedad.

(63)

El despliegue de redes de muy alta capacidad, en particular en zonas rurales y escasamente pobladas, implica comprometerse con importantes inversiones de capital, con unos beneficios previstos que se prolongan considerablemente hacia el futuro, aumentando así la exposición a los riesgos de la demanda. También es probable que la demanda de servicios avanzados, como los que permiten las redes de muy alta capacidad, sea más sensible a los cambios en los ingresos de los hogares. Como consecuencia de ello, es probable que las inversiones en redes de muy alta capacidad expongan a los operadores a mayores riesgos en comparación con sus inversiones en infraestructuras heredadas.

(64)

Los operadores con PSM que invierten en distintos proyectos de redes de muy alta capacidad pueden enfrentarse a una amplia gama de posibles riesgos. Estos riesgos pueden variar considerablemente según el tipo de proyecto y la zona geográfica. Teniendo esto en cuenta, las ANR deben reconocer el riesgo adicional de cada proyecto emprendido por el operador con PSM. En principio, estas consideraciones pueden dar lugar a la aplicación de múltiples primas de riesgo, a saber, una prima para cada proyecto específico de redes de muy alta capacidad, o, si los proyectos son suficientemente similares, una prima de riesgo común. Correspondería a la ANR decidir si una única prima de riesgo común cubre suficientemente las diferencias en cada zona o si deben aplicarse varias primas de riesgo al mismo tiempo. Con independencia del enfoque adoptado, añadir la prima de riesgo específica del proyecto al CMPC aplicable da como resultado el CMPC específico del proyecto.

(65)

Para garantizar la máxima transparencia, la prima de riesgo debe aplicarse, cuando proceda, además del CMPC aplicable. Este enfoque tiene por objeto subrayar que la prima de riesgo solo abarca y recompensa el riesgo adicional y cuantificable específico en la situación para la que se destina.

(66)

Un CMPC específico del proyecto debe evaluarse en el momento de la inversión y proporcionar estabilidad y coherencia al operador con PSM. Los riesgos e incertidumbres cambian con el tiempo y, por lo tanto, puede cambiar la percepción por parte de la ANR de la prima de riesgo permitida para el proyecto específico.

(67)

Para garantizar que los inversores sean recompensados por el riesgo asumido en el momento de la inversión, las ANR deben permitir una prima de riesgo estable para el proyecto específico durante un período de tiempo suficientemente largo.

(68)

La presente Recomendación tiene asimismo por objeto proporcionar orientaciones a las ANR sobre la aplicación del artículo 81 de la Directiva (UE) 2018/1972 en situaciones en las que todo el bucle de cobre heredado se desmantele y los usuarios finales se trasladen a una red de muy alta capacidad. Las mejoras incrementales de las redes de cobre no se incluyen en el ámbito de aplicación de la presente Recomendación.

(69)

La Directiva (UE) 2018/1972 introdujo el objetivo de promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad, así como su adopción, y ha declarado que deben evitarse los retrasos injustificados en la migración a las redes de muy alta capacidad. Por lo tanto, el artículo 81 de la Directiva (UE) 2018/1972 prevé la posibilidad de retirar las obligaciones de acceso a la red de cobre para permitir su desconexión. Este artículo debe aplicarse de manera que el proceso de migración y desconexión del cobre sea lo más fluido y rápido posible, preservando al mismo tiempo una competencia eficaz.

(70)

Una vez que se satisfagan las condiciones del artículo 81, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 y se cumpla un plazo de notificación pertinente, podrán suprimirse las obligaciones de acceso a la red de cobre para permitir su desconexión. Además, para fomentar la migración, algunas obligaciones reglamentarias ya pueden suavizarse antes de la supresión total de las obligaciones de acceso. Un requisito previo para la relajación de determinadas obligaciones de acceso es que los usuarios finales y los solicitantes de acceso en los que la relajación tendrá un impacto deben tener un acceso efectivo a los productos en redes de muy alta capacidad que constituyan alternativas adecuadas a los productos suministrados a través de la red heredada, de conformidad con el artículo 81, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972. Una vez que se haya establecido efectivamente dicho acceso, debe fomentarse la migración y debe autorizarse la desconexión en un plazo razonable. La duración de cinco años contemplada en la Recomendación 2010/572/UE de la Comisión (14) ya no corresponde al ritmo de despliegue de las redes de muy alta capacidad ni a la migración del cobre a las redes de muy alta capacidad. Por lo tanto, dicha duración debe reducirse a un período comprendido entre 2 y 3 años y, en determinadas situaciones, en función de las circunstancias nacionales, a un período aún más corto.

(71)

Las ANR deben garantizar la disponibilidad de productos alternativos suministrados a través de la red de muy alta capacidad de una calidad al menos comparable a la de los suministrados a través de la red heredada sobre la base del artículo 73 de la Directiva (UE) 2018/1972. En función de sus características y de las condiciones en que se ofrezcan, los productos de acceso al por mayor suministrados a través de una red de muy alta capacidad sobre una base comercial o por un operador distinto del operador con PSM pueden considerarse una alternativa pertinente a los productos de acceso al por mayor suministrados a través de la red heredada.

(72)

Como parte de la relajación gradual de las obligaciones reglamentarias antes de la supresión de todas las obligaciones, un cierre comercial de la red heredada fomenta la migración y puede constituir un paso intermedio importante hacia la desconexión total.

(73)

La previsibilidad es un factor clave para garantizar un marco favorable para la inversión en el despliegue de la red de muy alta capacidad. La metodología de cálculo de costes recomendada contribuye a este objetivo neutralizando, total o parcialmente, el efecto inflacionista de la migración de los usuarios finales de las redes heredadas a las redes de muy alta capacidad sobre los precios de acceso al por mayor a redes de cobre.

(74)

Una vez que el operador con PSM haya notificado un plan de cierre de la red heredada de conformidad con el artículo 81, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972, y cuando se cumplan las condiciones establecidas de conformidad con el artículo 81, apartado 2, de dicha Directiva en una zona determinada, la existencia de un calendario y condiciones transparentes para el proceso de desmantelamiento garantizará la previsibilidad para todas las partes interesadas. Como parte de la relajación gradual de las obligaciones reglamentarias antes de la supresión total de dichas obligaciones en el contexto del desmantelamiento de la red de cobre, las ANR pueden tener en cuenta el efecto inflacionista en los costes de la red de cobre de la migración de los clientes de las redes de cobre a las redes de muy alta capacidad. Las ANR pueden hacerlo permitiendo que el operador con PSM aumente los precios de los productos de acceso al por mayor a redes de cobre en zonas en las que los clientes mayoristas y minoristas presentes en la red de cobre tengan efectivamente la posibilidad de migrar a una red de muy alta capacidad. Esto permitiría tener en cuenta las ineficiencias económicas resultantes del mantenimiento paralelo de dos redes, con el fin de incentivar al operador con PSM de la red heredada a presentar un plan de desmantelamiento y proceder efectivamente a realizarlo lo antes posible. Al acercar potencialmente los precios del cobre a los precios de la red de muy alta capacidad, esto también incentivaría la migración de los usuarios finales y de los solicitantes de acceso a la red de muy alta capacidad antes de la desconexión de los servicios en la red heredada.

(75)

Este incremento de precios debe ser una medida transitoria, sujeta a un compromiso vinculante y exigible del operador con PSM de desmantelar su red de cobre, que solo se aplicaría en las zonas en las que haya comenzado el plazo de preaviso para la desconexión de la red de cobre. La ANR debe garantizar que la aplicación del incremento de precios no se prolongue debido a retrasos indebidos en la aplicación del plan de desconexión. Para ello, la ANR pueda considerar, por ejemplo, la aplicación de sanciones o la adopción de un mecanismo de recuperación. Cuando se aplique una medida de este tipo, debe ir acompañada de salvaguardias suficientes para preservar la competencia, tal como se indica en el punto 81 de la presente Recomendación.

(76)

Al tiempo que promueven la relajación o el levantamiento total de las obligaciones reglamentarias cuando la evolución del mercado lo justifique, las ANR deben permanecer vigilantes, supervisar la evolución del mercado e intervenir cuando esté justificado para preservar la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales.

(77)

Las Recomendaciones 2010/572/UE y 2013/466/UE deben dejar de aplicarse y, en su lugar, debe aplicarse la presente Recomendación en razón de la evolución de las condiciones del mercado observada desde la adopción de dichas Recomendaciones y de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2018/1972.

1.

2.

3.

a) cuando el operador con PSM haya ofrecido compromisos de coinversión en nuevas redes de muy alta capacidad de conformidad con el artículo 76 de la Directiva (UE) 2018/1972;

b) cuando el operador con PSM sea un operador exclusivamente mayorista en el sentido del artículo 80 de la Directiva (UE) 2018/1972.

4.

5.

6.

a) se han celebrado de forma duradera;

b) son sostenibles; y

c) mejoran la dinámica competitiva.

7.

a) acceso a las infraestructuras de obra civil;

b) acceso desagregado a los bucles locales de cobre y fibra, o al subbucle de cobre;

c) acceso virtual a la red;

d) acceso de banda ancha al por mayor (servicios de acceso indirecto) a través de redes de cobre, cable coaxial y fibra.

8.

9.

Además, se entenderá por:

10.

11.

12.

13.

14.

a) los costes incrementales y los retrasos en el cumplimiento derivados de la aplicación de la EdI o la EdP, incluidos los costes de vigilancia de la no discriminación;

b) el posible efecto de la no imposición de precios de acceso al por mayor regulados a las redes de muy alta capacidad;

c) el efecto potencialmente positivo que la aplicación de una estricta no discriminación en forma de EdI o EdP podría tener en la inversión en redes de muy alta capacidad, la innovación y la competencia;

d) todo compromiso voluntario del operador con PSM de proporcionar insumos al por mayor a los solicitantes de acceso sobre la base de la EdI o la EdP, siempre que dicha oferta voluntaria cumpla las condiciones establecidas en la presente Recomendación;

e) el número y el tamaño de los operadores con PSM;

f) la experiencia adquirida en el marco de las normas aplicadas actualmente.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a) si los insumos al por mayor correspondientes o los destinados al encargo, la entrega y la reparación, necesarios para que un operador eficiente desarrolle o adapte sus propios sistemas y procesos a fin de ofrecer nuevos servicios minoristas competitivos, se ponen a disposición de los solicitantes de acceso durante un período de tiempo razonable antes de que el operador con PSM o su división minorista descendente ponga en marcha su propio servicio minorista correspondiente;

b) la disponibilidad de los ANS y los ICR correspondientes.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

a) un conjunto completo de ICR, ANS y GNS;

b) sus términos y condiciones, incluido un plazo adecuado para actualizar los ICR, los ANS y las GNS.

27.

28.

29.

a) sus prácticas para evitar el intercambio de información sensible entre sus divisiones mayorista y minorista;

b) cualquier alegación de infracción;

c) las medidas correctoras que haya adoptado.

30.

31.

32.

a) el operador con PSM tiene el control de amplias infraestructuras de obra civil que permiten a los operadores alternativos desplegar sus propias redes de muy alta capacidad hasta las instalaciones de los usuarios finales, sin que ello afecte al uso compartido del cableado interno de conformidad con el artículo 61, apartado 3, de la Directiva (UE) 2018/1972;

b) ha surgido un grado suficiente de competencia basada en las infraestructuras de extremo a extremo o existe una perspectiva viable y realista de que dicha competencia surja en el período cubierto por la revisión del mercado.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

a) la ANR impone obligaciones de aplicar EdI, o EdP, tras haber constatado que las obligaciones de EdI serían desproporcionadas y que las obligaciones de EdP serían suficientes para garantizar una no discriminación efectiva;

b) la ANR impone obligaciones relativas a la replicabilidad técnica y a mecanismos de seguimiento adecuados, de conformidad con los puntos 18 a 24 de la presente Recomendación, cuando no se aplique plenamente la EdI;

c) la ANR impone obligaciones relativas al análisis de replicabilidad económica, aplicadas de conformidad con los puntos 46 y 47 de la presente Recomendación;

d) existe una presión demostrable sobre los precios al por menor derivada de uno de los siguientes factores:

 i) competencia basada en infraestructuras consecuencia de la prestación de servicios minoristas a través de una o varias infraestructuras alternativas que no estén controladas por el operador con PSM;

 ii) compromisos claros y realistas, resultantes de los estudios geográficos, por lo que respecta al despliegue de redes alternativas para cubrir una parte significativa de la zona durante el período de revisión del mercado, especialmente si están respaldados por acuerdos de acceso efectivo a las infraestructuras de obra civil controladas por el operador con PSM, o si el despliegue ya ha comenzado;

 iii) un anclaje regulado, definido por la ANR de conformidad con los puntos 41 a 45 de la Recomendación y sujeto a una obligación de control de precios de orientación a costes, aplicada con arreglo a la metodología de cálculo de costes recomendada establecida en los puntos 48 a 59 de la presente Recomendación.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

a) La medida debe incluir los detalles del análisis de replicabilidad económica ex ante que aplicará la ANR. Estos detalles deben especificar, como mínimo, los siguientes parámetros, cuando proceda, de conformidad con las orientaciones que figuran en el anexo III de la presente Recomendación:

 1) los costes en el mercado descendente pertinentes que se han tenido en cuenta;

 2) la norma de costes pertinente;

 3) los insumos al por mayor regulados pertinentes y los precios de referencia;

 4) los productos minoristas pertinentes;

 5) el período pertinente para llevar a cabo el análisis;

 6) la metodología utilizada para determinar los productos emblemáticos;

 7) si se pretende analizar los productos emblemáticos de forma individual o como cartera;

 8) el enfoque que se utilizará para cualquier producto no regulado que forme parte del paquete emblemático.

b) La medida también debe incluir el procedimiento que seguirá la ANR para llevar a cabo un análisis de replicabilidad económica ex ante, especificando que la ANR:

 1) podrá iniciar el procedimiento por iniciativa propia o a petición de terceros, en cualquier momento, pero a más tardar tres meses después del lanzamiento del producto minorista de que se trate;

 2) realizará y concluirá el análisis lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de cuatro meses a partir del inicio del procedimiento. No obstante, si la ANR tiene que abordar asuntos complejos, como el análisis de una cartera de productos, o hacer un seguimiento de los cambios en los productos emblemáticos o revisar el resultado del análisis de replicabilidad con arreglo a la información actualizada, ese período de cuatro meses podrá prorrogarse en la medida adecuada, siempre que la ANR justifique debidamente la necesidad de esta prórroga. Además, si también se requiere un análisis de replicabilidad técnica, el calendario de los dos análisis (a saber, el análisis de replicabilidad técnica y el análisis de replicabilidad económica) debe armonizarse en la medida de lo posible.

El procedimiento debe dejar claro que el análisis de replicabilidad económica ex ante que las ANR deben llevar a cabo según el punto 38, letra c), de la presente Recomendación, es diferente de cualquier análisis relativo al estrechamiento de márgenes que se pueda realizar ex post en virtud de la legislación sobre competencia y sin perjuicio de dichos análisis;

c) la medida también debe incluir la solución que la ANR adoptará cuando la oferta del operador con PSM no supere el análisis, utilizando los instrumentos de ejecución previstos en la Directiva (UE) 2018/1972 para garantizar el cumplimiento. Cuando proceda, esta solución debe incluir una solicitud al operador con PSM para que aborde la cuestión de la replicabilidad económica de conformidad con las orientaciones de la ANR y sobre la base de los resultados del análisis de replicabilidad económica ex ante realizado. Cuando la ANR considere que una oferta minorista que no es económicamente replicable supondría un perjuicio significativo para la competencia, debe exigir al operador con PSM, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 30, apartado 3, párrafo segundo, letra b) de la Directiva (UE) 2018/1972, que suspenda o retrase la oferta minorista pertinente a la espera del cumplimiento del requisito de replicabilidad económica.

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60.

a) al fijar precios de acceso orientados a los costes;

b) al desarrollar la metodología de costes recomendada establecida en los puntos 48 a 59 de la presente Recomendación (en lo sucesivo, «metodología de costes recomendada»);

c) al aplicar la metodología de cálculo de costes una vez finalizada.

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a) incertidumbre relativa a la demanda minorista y mayorista;

b) incertidumbre en relación con los costes de despliegue, los trabajos de obra civil y la ejecución administrativa;

c) incertidumbre relativa al progreso tecnológico;

d) incertidumbre relativa a la dinámica del mercado y a la evolución de la situación competitiva; por ejemplo, el grado de competencia basada en las infraestructuras;

e) incertidumbre macroeconómica.

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a) la ANR debe establecer de antemano las normas detalladas aplicables a dicho incremento de precios;

b) deben cumplirse las condiciones mencionadas en el artículo 81, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2018/1972, en particular la disponibilidad de los productos suministrados a través de las redes de muy alta capacidad para todos los usuarios finales en las zonas afectadas por el aumento de precios, a fin de garantizar que los usuarios finales y los solicitantes de acceso puedan migrar efectivamente a la red de muy alta capacidad;

c) el aumento de los precios no debe dar lugar a unos precios minoristas excesivos que obstaculicen las condiciones de competencia en el mercado;

d) el incremento de precios no debe ser discriminatorio y no debe permitir el estrechamiento de márgenes;

e) el incremento de precios debe estar sujeto a un compromiso vinculante y exigible por parte del operador con PSM en cuanto a la fecha de finalización de todos los servicios prestados a través de la red de cobre;

f) el aumento de precios no debe durar más tiempo que el plazo de preaviso para la desconexión del cobre.

Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

1)

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3)

4)

5)

a) los datos que debe facilitar el operador con PSM;

b) el nivel de detalle y la regularidad de las actualizaciones;

c) las condiciones en las que la información del directorio, la base de datos o el portal web gestionados por un tercero está disponible para los solicitantes de acceso.

6)

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11)

a) mediciones de los retrasos en respuesta a las peticiones de información sobre la disponibilidad de determinados elementos de las infraestructuras, incluidos conductos, postes, otros activos físicos (por ejemplo, bocas de inspección) o puntos de distribución;

b) mediciones de las respuestas a las peticiones sobre la viabilidad de utilizar determinados elementos de las infraestructuras;

c) capacidad de respuesta a la hora de tramitar las peticiones de acceso a determinados elementos de las infraestructuras y su utilización;

d) capacidad de respuesta para los procesos de resolución de averías.

1)

2)

a) el tamaño de los mayores competidores en relación con el del operador con PSM;

b) el número de competidores que es probable que sean sostenibles en cada nivel de la cadena de valor;

c) el IHH actual (1) en cada nivel de la cadena de valor y su evolución prevista a lo largo del tiempo;

d) el tamaño del mercado de redes de muy alta capacidad en el Estado miembro (que podría influir en el número de competidores que pueden ser económicamente sostenibles).

3)

4)

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15)

a) los costes descendentes anualizados con arreglo a un método de amortización adecuado para el activo en cuestión y la vida media económica de los activos correspondientes necesarios para las operaciones minoristas (incluidos los costes de red que no están incluidos en el servicio de acceso al por mayor de muy alta capacidad);

b) otros costes descendentes que normalmente no se anualizan (por lo general, los costes de adquisición de abonados) y en los que incurre el operador para ganar clientes, que pretende recuperar a lo largo de la vida media de la clientela.

16)

17)

1)

2)

3)

a) los precios con compromisos a largo plazo reflejan solamente la reducción del riesgo del inversor;

b) a lo largo de una escala temporal adecuada, existe un margen suficiente entre los precios al por mayor y al por menor para permitir la entrada en el mercado de un competidor eficiente en el mercado descendente.

4)

5)

a) se calcula un único descuento por volumen por zona, adecuadamente dimensionada por la ANR teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y la arquitectura de la red, y se aplica igualmente a todos los solicitantes de acceso que, en dicha zona, desean comprar al menos el volumen de líneas que hace acreedor al descuento;

b) el descuento por volumen refleja solamente la reducción del riesgo para el inversor;

c) a lo largo de una escala temporal adecuada, existe un margen suficiente entre los precios al por mayor y al por menor para permitir la entrada en el mercado de un competidor eficiente.