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JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
El artículo 6 de la Constitución de 1978, configura los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política. Existe así un reconocimiento expreso en nuestra norma fundamental de la relevancia de los mismos, en tanto son expresión del pluralismo, y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Pese a ello, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación homogénea y completa de un aspecto tan importante para el normal funcionamiento de los partidos políticos como es su financiación.
La actual legislación contempla únicamente aspectos aislados y fragmentarios sin regular, en general, los recursos económicos de todo tipo de los partidos políticos, ni contener las normas que garanticen la regularidad y transparencia de su actividad económica. La presente Ley tiene así como objetivo fundamental el establecer el marco normativo básico que discipline, con arreglo a principios de suficiencia y publicidad, dicha actividad.
Para ello, y en primer lugar, se regulan las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, estableciéndose una subvención estatal anual, no condicionada, para atender los gastos de funcionamiento ordinario, que ha de servir de apoyo a la independencia de los partidos. Tal subvención se configura sin perjuicio de las establecidas en normativas específicas, en especial, por gastos electorales y subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.
En materia de financiación privada, se recoge como norma general la licitud de las aportaciones financieras a los partidos políticos, con las limitaciones necesarias que se derivan de los principios de publicidad e independencia, en especial en relación con las aportaciones anónimas.
Respecto de las obligaciones contables, la Ley establece la necesidad de llevar registros detallados, obligación que permitirá conocer en todo momento la situación financiera de los partidos y el cumplimiento de las obligaciones que en esta materia les sean exigibles, sin que ello obste al carácter no público de la afiliación a los partidos políticos.
Por último, la Ley establece un riguroso sistema de control, tanto interno como externo, a cargo este último del Tribunal de Cuentas, lo que garantiza la regularidad, transparencia y publicidad de la actividad económica de los partidos políticos.
La financiación de los partidos políticos se ajustará a lo dispuesto en la presente Ley.
Los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por:
1. Recursos procedentes de la financiación pública:
a) Las subvenciones públicas por gastos electorales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General.
b) Las subvenciones estatales a los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los terminos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, y las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Autonómicas, según establezca su propia normativa.
c) Las subvenciones estatales anuales reguladas en la presente Ley.
2. Recursos procedentes de la financiación privada:
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados.
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio.
c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones previstos en la presente Ley.
d) Los créditos que concierten.
e) Las herencias o legados que reciban, y, en general, cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.
Uno. El Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento ordinario.
Dos. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las ultimas elecciones a la indicada Cámara.
Para la asignación de las indicadas subvenciones, se dividirá la correspondiente consignación presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de ellas se distribuirá en proporción al numero de escaños obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados, y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. No se computarán los votos obtenidos en aquellas circunscripciones en que no se hubiere alcanzado el 3 por 100 de los votos válidos, exigido en el artículo 163, 1, a), de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Tres. Las subvenciones a que hacen referencia los números anteriores, serán incompatibles con cualquier otra ayuda económica o financiera incluida en los Presupuestos Generales del Estado, salvo las señaladas en los apartados a) y b) del número 1 del artículo dos de la presente Ley.
Uno. Los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas, dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley.
Dos. Las aportaciones procedentes de personas jurídicas requerirán acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto.
Tres. No obstante lo anterior, los partidos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente:
a) Aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para atender la subvención pública a los partidos políticos prevista en el artículo anterior.
b) Aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año.
c) Aportaciones procedentes de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública.
Uno. Los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas, procedentes de personas extranjeras con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley, y siempre que se cumplan, además, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales.
Dos. No obstante lo anterior, los partidos no podrán aceptar cualquier forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos públicos extranjeros, sin perjuicio de las subvenciones de funcionamiento establecidas por el Parlamento Europeo.
El importe de las aportaciones a que se refieren los artículos cuatro y cinco, se abonará exclusivamente en cuentas de entidades de crédito, cuyos únicos ingresos serán los procedentes de las mismas.
El incumplimiento por los partidos políticos de las prohibiciones establecidas en los artículos cuatro y cinco, dos, será sancionado con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada.
Solo podrán resultar comprometidos por los partidos políticos hasta el 25 por 100 de los ingresos procedentes de la financiación pública contemplada en los apartados b) y c) del artículo dos, 1, para el pago de anualidades de amortización de operaciones de crédito.
Uno. Los partidos políticos deberán llevar registros contables detallados, que permitan en todo momento conocer su situación financiera y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.
Dos. Los libros de Tesorería, Inventarios y Balances deberán contener, conforme a principios de Contabilidad general aceptados:
a) El inventario anual de todos los bienes.
b) La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo las siguientes categorías de ingresos:
1. Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados.
2. Rendimientos procedentes de su propio patrimonio.
3. Ingresos procedentes de las aportaciones a que se refieren los artículos cuatro y cinco de esta Ley.
4. Subvenciones estatales.
5. Rendimientos procedentes de las actividades de partido.
c) La cuenta de gastos, consignándose como mínimo las siguientes categorías de gastos:
1. Gastos de personal.
2. Gastos de adquisición de bienes y servicios (corrientes).
3. Gastos financieros de préstamos.
4. Otros gastos de administración.
5. Gastos de las actividades propias del partido.
d) Las operaciones de capital, relativas a:
1. Créditos.
2. Inversiones.
3. Deudores y acreedores.
Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos.
Uno. La fiscalización externa de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, corresponderá exclusivamente al Tribunal de Cuentas.
Dos. Los partidos políticos que reciban la subvención estatal regulada en el artículo tres presentarán ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo de seis meses, a partir del cierre de cada ejercicio, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos. Asimismo, el Tribunal de Cuentas podrá requerir a los partidos políticos para que, en el plazo que les indique, presenten una relación de las aportaciones a que se refieren los artículos cuatro y cinco, que contendrá el importe de cada una de ellas y, en su caso, los nombres y direcciones de las personas que las han realizado.
Tres. El Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses desde la recepción de la documentación señalada en el número anterior, se pronunciará sobre la regularidad y adecuación a lo dispuesto en la presente Ley, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que pudieran deducirse de su incumplimiento.
Uno. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación, salvo en lo que se refiere a las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento ordinario de los partidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aplicándose desde el 1 de enero de 1987 el procedimiento de distribución regulado en el artículo tres, dos, de esta Ley.
Dos. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley.
Por tanto
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Palacio del la Zarzuela, Madrid, a 2 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
