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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 28 de marzo de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 265/1992 en el que son partes, de una, como demandantes, doña María Remedios González Pérez y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 26 de septiembre de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 24 de abril de 1992, sobre integración en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la representación de doña María Remedios González Pérez, don José Luis Ocampo Bote, doña Mercedes Martín del Hoyo, doña Ana María Martínez Moreno, doña María Teresa Tamayo Pascual, doña Irene González Iturriaga, doña María Natividad Decorpas Masedo, doña Rosa María Portilla Castell, doña María Concepción Romeo López, doña Julia Cereceda Pérez, doña María Cristina Hernández López, doña Gregoria Alicia Hernández Cruz, doña Angela Lozano García, doña María Josefa Casado Pedrajas y doña Alicia Portilla Castell, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 4 de junio y 26 de septiembre de 1991, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que se consideran ajustadas al ordenamiento jurídico, declarando su confirmación, en la denegación de la integración pretendida por los recurrentes en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV.II.

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado», del 22).-El Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.