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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 10 de noviembre de 1993, en el recurso contencioso-administrativo número 852/1989, en el que son partes, de una, como demandante, doña María Teresa García Gómez, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de 10 de febrero de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de fecha 3 de noviembre de 1988, sobre integración en el grupo B.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Teresa García Gómez, representada inicialmente por el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo López Villamil y luego por el también Procurador de los Tribunales don Luis Suárez Migoyo, contra la Resolución del Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, de 3 de noviembre de 1988, y que le denegó la clasificación en el grupo B, y contra la de 10 de febrero de 1989 que desestimó el recurso de alzada, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones no ajustadas a Derecho, anulando las mismas, acordando por el contrario la integración de la actora en el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; sin hacer especial imposición de las costas del recurso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, y en lo que al marco de sus competencias se refiere, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spinola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.