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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 13 de junio de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1474/92, en el que son partes, de una, como demandante, don José Francisco Santoalla Mansilla, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 19 de mayo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 17 de marzo de 1992, sobre plazas adjudicadas a funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de especialidades Agrarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que estimamos el presente recurso interpuesto de don José Francisco Santoalla Mansilla, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 17 de marzo de 1992 y la confirmatoria de 19 de mayo siguiente, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas no ajustadas al ordenamiento jurídico, en cuanto a los extremos que han sido impugnados y sustanciados en estas actuaciones, declarando su anulación respecto a las plazas adjudicadas de Inspectores Técnicos, de nivel 22, de la Agencia para el Aceite de Oliva en Madrid, a los funcionarios de nuevo ingreso en la convocatoria de 22 de noviembre de 1990, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en especialidades Agrarias, doña María Belén Contreras Matamala, don Juan Ignacio Valle Aguado y doña María del Mar Ruiz del Río, y que por el contrario se reconoce el derecho del recurrente a que le sean ofrecidas dichas plazas, concediéndoseles la que le corresponda según su opción y méritos, mediante el oportuno concurso, con los efectos administrativos y económicos de la fecha, en que fueron indebidamente concedidas dichas plazas a los funcionarios aludidos, de nuevo ingreso.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 19 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.