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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 26 de junio de 1995, en el recurso de apelación número 9.763/1992, en el que son partes, de una, como apelante, doña Amparo Martín Arranz, y de otra, como apelada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1.224/1988, sobre nombramiento de funcionarios en prácticas del Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado. El cumplimiento de la citada sentencia de instancia fue ordenado por este Departamento Ministerial con fecha 5 de diciembre de 1990.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la indebida admisión del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Amparo Martín Arranz contra la sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 1990 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trubunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso tramitado ante la misma con el número 1.224 de 1988, y la firmeza de la expresada sentencia; sin declaración sobre las costas en este recurso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.