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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 25 de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.599/1992, en el que son partes, de una, como demandantes, don José Luis Rodríguez Blas y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 29 de abril de 1992, que desestimaba los recursos de reposición, interpuestos contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 20 de diciembre de 1991, sobre integración en Cuerpos de Tecnologías de la Información.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 1.599/1992, interpuesto por la representación de don José Luis Rodríguez Blas, don Carlos García Codina, doña María del Carmen Pérez Arnaiz, doña María José Rodríguez Camarena, don Avelino Borregán Moreno, don José Luis Molina Delgado, doña Carmen de la Peña López, doña María Teresa Monteso Chaguaceda, doña Carmen Angulo Rivas, don Carlos Enrique Muñoz Marín, doña María Isabel García Olmos, doña María Pilar Albizu Rodríguez, doña Inmaculada Arandilla Astigarraga, doña Encarnación de Marcos López, don Jesús García Saldaña, doña Rosa Herreros Gárgoles, doña Carmen Yagüe Martín, don Luis Antonio Vázquez Cabrer, don Carlos Peláez-Campomanes Gavilán, don José Griña Zapata, don Miguel Torralbo Estrada, don José Ignacio Gómez Raya, don Carlos Cantarero Guijarro, don José Menéndez Alvarez, don Jesús Rupérez Bermejo, don Fernando Larrocha Clerencia, doña María Elisa Martín del Olmo, don Francisco Benito Benito, don Pedro García Capella, doña Gloria Bautista Vega, don Rafael Aranaz del Río, don Hilario Juarranz de la Fuente, don Antonio de la Llave Berna, doña Paloma Caballero García, don Orlando Carmona Cormano, don Pedro Agustín Mangas Ruiz, don Fernando Casas Aybar, don José Arturo González-Pola Fuente, don Rafael García Herrero, don Julio Nuevo Blanco, don Manuel Lucas Alonso, don Ricardo Perera Manzanedo, don Paulino Mateo Palacios, doña Carmen Romero Garat, doña Soledad Jiménez Fuentes, doña María del Mar Vázquez García, don Alfredo Cocero Avellón, doña Mercedes Jorge Lleida, don Eloy M. Ríos Almazán, doña María Milagros Sánchez Sastre, doña María Ángeles Vega Rueda, doña Marcelina Nicolás Ortiz, don Rafael de Mingo Rojo, doña María del Carmen Casado Moncada, don Antonio Torrado Gómez, don Jesús Ayuso Merchán, don Julio Martínez Sansa, don Antonio Carlos Cantarero Guijarro, don Antonio Bueno Lázaro, doña María Lilia Vacas Santorum, don Manuel Ramírez Andújar, don Enrique Ruiz Gordillo y don Guillermo García Maldonado, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 29 de abril de 1992, descrita en el primer fundamento de derecho, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22): el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Administración Pública.