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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 8 de marzo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.101/93, en el que son partes, de una, como demandantes, doña Mercedes Abad Gómez y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución de 8 de junio de 1993 de la Dirección General de la Función Pública, sobre reconocimiento de la condición de funcionarios.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contienen el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Rechazamos la inadmisibilidad pretendida por el Abogado del Estado, y resolviendo el fondo desestimamos íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo número 3/1.101/93, interpuesto por doña Mercedes Abad Gómez, doña María Jesús Alonso Otero, doña María Dolores Antón Gonzalo, doña Ana Barriuso Vázquez, don Armando Calvo Herrera, doña Paulina Calvo López, doña María Isabel Castaños Panero, don Miguel Angel Cazaña Alcántara, don Alberto Crespo Cuspinera, doña María Delia Domínguez Álvarez, don Ernesto Estefanía de la Riestra, doña María Teresa García-Rojo Arias, doña María Dolores López Alonso de Nora, doña María Concepción Martín Martín, doña Josefa Meseguer Reverte, doña Rosa Moreno Buitrago, don Fernando Reigosa Blanco, doña María Dolores Robredo Barrio, don Antonio Gabriel Rosón Alonso, doña María Carmen Braña Pino, doña Ana María Chamorro García, doña Julia del Barco Pérez, doña Consuelo Pinagua Portillo, doña Teresa Porres Barrenechea, doña Ana María Calvo Martínez, doña Aurora Smet Corres, doña Sagrario Gómez Albarrán, doña Carmen de Torres Peralta García y doña Soledad de la Serna Inciarte, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 8 de junio de 1993, que contesta a los 29 escritos de los actores sobre reconocimiento de la condición de funcionario en atención a los trabajos realizados como personal laboral fijo (descrita en el primer fundamento de derecho), por ser dicho acto combatido conforme con el ordenamiento jurídico, por lo que lo confirmamos, absolviendo a la Administración General del Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin condena expresa en las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.