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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 9 de octubre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 5/2.064/1992, en el que son partes, de una, como demandante, don Rafael Cuesta López, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 3 de septiembre de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 1 de julio de 1991, sobre efectos económicos y administrativos de la integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso 2.064/1992, interpuesto por la representación de don Rafael Cuesta López contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas descrita en el primer fundamento de Derecho, la anulamos por ser contraria al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que su nombramiento como funcionario del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos administrativos de 11 de marzo de 1985 y a que se retrotraigan los correspondientes efectos económicos a los cinco años anteriores a su reclamación inicial de 29 de junio de 1992.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.