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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 16 de octubre de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número 1.504/1987 en el que son partes, de una, como demandante, don José María López Aparicio, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 5 de octubre de 1986, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, de fecha 30 de enero de 1986, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José María López Aparicio, contra la resolución de la Subsecretaría del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 5 de octubre de 1986, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que denegó la compatibilidad para el ejercicio de los dos puestos de trabajo citados por el demandante, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nulidad de la resolución impugnada, por ser conforme a derecho y, en consecuencia, que no hay lugar a la declaración del derecho a la compatibilidad solicitada, ni al abono de indemnización por tal declaración, sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 16.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.